Derechos Humanos

Violencia institucional20.11.2017

Otra vez contra los pibes

Detuvieron y arrestaron a un menor cuando estaba por entrar a la escuela, en Lomas de Zamora. “Los pibes entran en el arquetipo de lo que para ellos es un ladrón y por eso actúan así”, señaló el titular de la seccional local de Suteba, Emanuel Ríos.

“Nuestros pibes tienen miedo de salir a la calle”, dijo el secretario general de Suteba Lomas de Zamora, Emanuel Ríos, al repudiar un nuevo hecho de violencia institucional que, esta vez, tuvo lugar en este partido del sur del conurbano bonaerense.

Todo sucedió el jueves pasado cuando un pibe de sólo catorce años que estaba por entrar a clase, en la Escuela Técnica 5, fue detenido violentamente por personal policial que lo acusaba de haber robado un teléfono móvil.

Los integrantes de La Bonaerense y de la policía local, lo interceptaron cuando el alumno estaba en las inmediaciones del edificio escolar, en la plaza San Martín de Turdera, junto a algunos de sus compañeros, esperando para entrar a la clase de educación física.

Ahí lo golpearon, esposaron y se lo llevaron a una comisaría donde fue demorado durante más de dos horas, pero también fue amenazado para “que confesara”. Y esto no es todo: le abrieron una causa por desacato a la autoridad.

El episodio se originó en una denuncia de una mujer que dijo que alguien que se trasladaba a bordo de una bicicleta le arrebató el móvil. Esto desencadenó la actitud policial que salió al boleo a buscar alguien a quien responsabilizar. Y lo encontró entre los alumnos de la Escuela Técnica, contra quienes emprendió una cacería que terminó con la detención.

Este nuevo hecho de violencia policial que –como ya es recurrente- se objetivó contra adolescentes, fue repudiado por el centro de estudiantes de la Técnica 5 y por el Suteba-Lomas que exigió “respuestas urgentes de las autoridades educativas provinciales, regionales y distritales, así como también acompañaremos a los jóvenes y a sus familias a realizar las denuncias pertinentes”.

Vale recordar que no es la primera vez que, desde que gobierna el tándem Macri-Vidal, se perpetra un hecho de este tipo. Seis meses atrás, personal policial se metió sin autorización en una sede de la Universidad de Lomas de Zamora y un poco antes uniformados intentaron llevar detenidos a dos menores, ambos estudiantes de la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield.

Nada es casual

“No es casual que ataquen al Enam, que ataquen a una técnica, porque son escuelas que tienen centros de estudiantes fuertes, están involucradas con todo lo viene pasando desde 2015 con este gobierno y que, además, resistieron el Plan Aprender”, aseveró Ríos.

El dirigente de Suteba consideró también que este tipo de persecución a estudiantes se realiza “porque los pibes entran dentro del arquetipo de lo que ellos creen que es un ladrón y, en este contexto de represión, es lógico que van a atacar primero a los chicos de nuestros de los barrios”.

Y fue claro cuando hizo hincapié en que, “los pibes son los primeros por los que van” por eso “están armando una marcha antigorra que, desde Suteba, vamos a acompañar para defender sus derechos ante la violencia policial”.

 

 

CARTA A SUS JUECES16.11.2017

Dignidad postal

Mientras se detenía a su contadora con pruebas dudosas, Milagro Sala publicó una carta a sus jueces en la que denunció la persecución política de estos tiempos.

En el día de ayer, la contadora de la Tupac Amaru, Claudia Trenque, fue detenida en el marco de una causa en que las pruebas son dudosas y en que se trata de incriminar a los hijos de Milagro Sala en hechos delictivos. La dirigente política, que hace poco tiempo debió volver, pese a las exigencias de la ONU y la Cidh, a la cárcel de Alto Comedero, sobrelleva la situación sin cejar y denunciando la persecución política que padecen tanto ella como la organización que lidera.

Lo hizo, también ayer, mediante una sentida carta, en la que, además, fustigó abiertamente al gobierno provincial jujeño y, sobre todo, el accionar de la Justicia local, que la tiene prisionera sin haberle comprobado un delito y en contradicción con organismos de derechos humanos y los reclamos internacionales.

Le dijo a los jueces que la mantienen detenida, Isidoro Cruz y Pablo Pullen Llermanos: “ustedes saben que soy una perseguida política”. Y les imputó a ellos y con ellos a la Justicia jujeña no esgrimir un solo acto judicial que, previamente, no estuviera “decidido por el gobernador Gerardo Morales”.

“Ustedes saben que soy una perseguida política”, les apuntó. Agregó: “saben que las causas judiciales contra mí fueron armadas en la gobernación” y “ustedes obedecieron y fueron, y son, instrumentos de esa persecución”. También los acusó de, a los detenidos por sus relaciones con la Tupac Amaru, “canjearles la libertad por una declaración” en su contra. En ese sentido, dijo: “al que declara contra Milagro Sala le da la libertad y el sobreseimiento, al que no acepta le espera la prisión indefinida”.

“No solo buscan nuestra prisión por muchos años, buscan destruirnos como personas y buscan desterrar toda obra social y popular que hizo la Tupac Amaru”, observó tras señalar que las causas en su contra fueron “armadas”. Después adujo saber que será condenada “porque esa es la decisión de Morales y ustedes la obedecen”.

La carta está firmada así: “con las convicciones intactas. Milagro Sala. Presa política.”.

Al cien por cien con Milagro

Desde el PC jujeño en voz de su secretario, Leonardo Rosales, salieron a defender la posición de Sala diciendo que “la condición de presa política de Milagro se sigue sosteniendo y a todo lo que ella expresa en esa carta lo compartimos al cien por cien”.

Recordó que desde la fuerza política ya se denunciaba en diciembre de 2015 la intromisión en el Superior Tribunal de Justicia de militantes radicales (del partido del gobernador Morales). En ese sentido, señaló que entonces se modificó el número de miembros del tribunal, pasando estos de cinco a nueve, siendo dos de los agregados diputados radicales que votaron a favor del nuevo número y que después renunciaron para incorporarse, como jueces, al nuevo cuerpo judicial creado a gusto del gobernador.

“Se ve toda la concentración de poder que tiene Gerardo Morales en Jujuy y cómo interfiere y designa todas las decisiones de la Justicia a través de activos militantes radicales que están dentro del poder judicial”, agregó el dirigente y puntualizó que “eso lleva a que haya un importante hostigamiento contra Milagro Sala y la organización”.

Por otro lado, también habló de las situaciones actuales que el caso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado permitió que salieran a la luz. Dijo de este triste episodio: “es una clara evidencia de estos gobiernos que avanzan contra los derechos del pueblo, de los trabajadores, de tener a la Justicia totalmente coptada”. Agregó que ello “bien se marca en torno a los manejos que se dan en el caso”.

Enfatizó que en este marco se está avanzando “de manera selectiva” en la Justicia contra funcionarios del gobierno anterior precedente “mientras se evidencian funcionarios actuales con casos internacionales de corrupción o cuentas en el exterior”.

“Es llamativo y frecuente que el gobierno utilice la Justicia para disciplinar”, apuntó Rosales y, acto seguido, recordó la detención de Trenque, a la que adjudicó a “la intención de seguir acumulando causas contra Milagro Sala y su círculo más íntimo”.

“Hay una perversión marcada del gobierno, que a criterio de muchos, entre los que nos incluimos, busca que Milagro llegue a atentar contra su vida”, consideró y expresó: “la situación que ejerce el Ejecutivo de la provincia busca llevar a la compañera a una situación donde pueda atentar contra su integridad física”.

Palabra de la Liga15.11.2017

“Los derechos humanos del macrismo son derechos de clase”

Pedro Dinani, abogado de Ladh, dio su opinión sobre el Plan presentado por Avruj ante la ONU y no dudó en afirmar que se trata de una “jugada internacional” para revertir la mala imagen que tiene el gobierno en el mundo en materia de derechos humanos. Y alertó: “el macrismo tiene un doble estándar en la materia que es peligroso para todos los ciudadanos”

Desde diciembre de 2015 a esta parte los ciudadanos ven erosionadas sus libertades individuales y democráticas como pocas veces sucedió durante gobiernos democráticos. A pedro Dinani, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) la afirmación no sólo le parece certera sino que profundiza y sostiene que “hoy en la Argentina no hay garantías constitucionales, por eso hacen esta puesta en escena para pintar una realidad que es opuesta”.

Este panorama es el que le permite afirmar que “esta iniciativa se puede leer como un manotazo de ahogado por parte del gobierno ante la comunidad internacional para revertir la imagen que la Argentina tiene actualmente en la materia”.

En el marco de un proyecto político que tiene como objetivo el rediseño económico-social del país, “somos testigos de un impresionante despliegue de poder por parte del gobierno, desde la administración del Estado, contra opositores, dirigentes gremiales y de derechos humanos”.

Para estos “no hay garantías constitucionales que protejan el debido proceso y la presunción de inocencia”, por el contrario, “acá se están realizando juicios que no son más que una formalidad jurídica para cumplir con determinados requisitos en el marco de procesos viciados por las maniobras del gobierno y sus socios en la justicia”. Así es como “se atropellan derechos constitucionales básicos como el derecho a la libertad, a la integridad física, al debido proceso y el derecho de defensa”, ejemplificó el dirigente.

Así las cosas, “se pueden advertir serias restricciones sobre los derechos de las personas en diferentes ámbitos de la vida social y personal”. La violencia institucional que ejercen las fuerzas de seguridad en las calles, comisarías y cárceles se complementa con la actividad de persecución y espionaje interno ensayado por los servicios de inteligencia contra todos aquellos que se opongan al gobierno. La persecución contra usuarios de redes sociales que se manifiestan contra el presidente, que ha llegado incluso al punto de concretarse detenciones ridículas, es un claro ejemplo de ello.

Práctica versus concepto

Dinani fue tajante al afirmar que “hay dos casos muy graves que muestra a las claras cuál es la política de derechos humanos del macrismo: el encarcelamiento de Milagro Sala y la muerte -con posterior desaparición- de Santiago Maldonado”.

En el caso de Milagro Sala “no sólo no hay motivos para mantener presa a la dirigente política sino que además se violan sus derechos y se desconoce las recomendaciones y exhortos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)”.

Por su parte, “el caso Maldonado expuso como ningún otro como la maquinaria que desapareció personas y justificó esas desapariciones durante la última dictadura continúa intacto y bien aceitado”.

El abogado analizó que “ambos temas demuestran que más allá de cualquier definición que ellos tomen sobre el concepto de derechos humanos, existe una práctica que demuestra que los derechos humanos del macrismo son derechos para una sola clase social: la empresaria”.

Por ello, “una cosa es la definición que adopte el macrismo y que presente en conferencias internacionales, ante la ONU y la Cidh y otra muy distinto es lo que sucede en la práctica”.

Sin más, “estamos frente a un proyecto político que se asienta en la violación sistemática de los derechos humanos” enfatizó y aclaro que “esta es una idea que cuesta entender”, pero es fácil advirtiendo un doble estándar: “los derechos que gozan los miembros del gabinete con causas de corrupción son un privilegio; esos derechos no existieron para Santiago Maldonado ni existen para Milagro Sala, Luis Delia, Boudou o De Vido”. En cambio, “desde Macri hasta funcionarios como Aranguren, Caputo y Arribas gozan de derechos que no deberían ser un privilegio sino garantías para todos los ciudadanos”.

En este contexto, mención aparte merece como el macrismo ha tratado -desde siempre- las causas y las luchas por memoria, verdad y justicia. “El gabinete está plagado de funcionarios que ante la mínima oportunidad cuestionan la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura, despliega argumentos a favor de la teoría de los dos demonios y se pronuncian a favor de un indulto y amnistía para aquellos condenados en los juicios por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado”. En esto si el discurso se condice con la práctica.

Vienen por los derechos humanos15.11.2017

Un Plan a medida de la derecha

Junto a una comitiva “especializada” el Secretario de derechos humanos Avruj presentó en Ginebra un Plan Nacional de Derechos Humanos ¿Por qué esta iniciativa busca redefinir los límites y contornos del concepto derechos humanos? ¿Cómo se relaciona con los intentos por parte del gobierno de efectuar un profundo cambio cultural?

En el marco del Paquetazo, envalentonado por los resultados electorales del 22 de octubre y con el objetivo de profundizar el cambio cultural que el bloque de poder dominante ansía imponer en el país para perpetrar, con los menor sobresaltos posibles, el proyecto de ajuste, entrega y represión de Washington, el gobierno nacional se presta a presentar un “Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos” que propone una redefinición de la política en esta materia que el Estado impulsó en los años del kirchnerismo.

El rediseño de la política de derechos humanos es algo que salta a la vista desde diciembre de 2015 a esta parte. Una redefinición que afecta en concepto y práctica uno de los polares más sólidos que construyó el campo popular desde 1983 a esta parte. Por eso la intención del gobierno no es caprichosa: busca lesionar a los sectores populares y a los organismos de derechos humanos con una política que erosiona en su seno gran parte de la fuerza vital del movimiento popular.

Este “Plan Nacional de Derechos Humanos” fue presentado por el Secretario de Estado, Claudio Avruj, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra en una reunión donde el Estado nacional debió rendir cuentas sobre sus acciones en la materia.

Se trata de una estrategia internacional de la derecha para reconstruir la imagen de la Argentina ante la comunidad internacional, la cual, viene cuestionando las violaciones a las libertades civiles y democráticas que el gobierno viene implementando. El encarcelamiento ilegal de Milagro Sala y la muerte de Santiago Maldonado en el marco de una cacería desatada por la Gendarmería fueron hechos de extrema gravedad que motivó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), la ONU, Amnistía Internacional y el Comité contra la Tortura, entre otros.

Además, el gobierno había sido alertado por la situación en las cárceles del país, especialmente las bonaerenses que, por el hacinamiento y la violencia, se convirtieron en verdaderos centros de tortura contra las personas. A ello se le suma el crecimiento exponencial de la violencia institucional, fundada en gran parte, por la carta blanca que el Ministerio de Seguridad le dio a las fuerzas represivas que sostienen un operativo de saturación de las calles con la excusa de la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

En su discurso de presentación en Suiza, el Secretario Avruj brindó algunas coordenadas que permiten discernir los verdaderos objetivos del gobierno con este Plan. Desde su estrado y rodeado de funcionarios de diversos ministerios que lo acompañaron, exclamo que ”para nosotros Derechos Humanos es política de Estado” y agregó que “hoy podemos decir que tras años de triste y frustrante auto aislamiento, hoy Argentina es un país abierto al mundo, que estamos dejando atrás el populismo y el relato como y que estamos construyendo un nuevo tiempo de fortalecimiento democrático, de plena vigencia de las instituciones y teniendo como faro el valor sagrado de la verdad”.

¿Quién podría oponerse a la implementación de una política pública que busque fortalecer la democracia? ¿No es acaso esa una de las principales banderas del movimiento histórico de derechos humanos del país? ¿Y no es también, acaso, este gobierno electo democráticamente el que mayor daño le ha hecho a la democracia en tan solo dos años? Las respuestas, claras a esta altura, a estas preguntas permiten aclarar el panorama: el gobierno no sólo busca mejorar su imagen en el escenario internacional, sino que, en el marco de la construcción de una nueva hegemonía política, busca redefinir el concepto de derechos humanos y constituir nuevos límites y contornos como parte del cambio cultural que el bloque de poder dominante precisa consolidar para llevar adelante el rediseño económico-social del país.

Nadie puede negar que existe un sesgo conservador y reaccionario en cada una de las políticas anunciadas por el gobierno, en como los principales medios de comunicación presentan las medidas y en un sector de la sociedad que se presenta muy permeable a la propagación de discursos y prácticas xenófobas, segregacionistas y discriminatorias. Sobre estos elementos se monta la derecha vernácula para construir un nuevo sentido común que naturalice la violencia institucional, la persecución contra los luchadores populares, la teoría de los dos demonios, el doble estándar en las causas por corrupción, el saqueo de los recursos económicos y naturales y toda una batería de políticas e intervenciones sobre la sociedad para habilitar la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital y de la periferia al centro.

Cinismo de la derecha

¿En qué consiste el “paquetazo” en derechos humanos presentado por Avruj en Ginebra? Como ya es costumbre en cada una de las medidas que anuncia el gobierno, la presentación del “primer plan de derechos humanos de la historia” -tal como pudo leerse en las páginas y portales de los principales medios de comunicación que reproducen y construyen el discurso oficialista- navega en medio de una cantidad enorme de generalidades y significantes ante los que, a priori, nadie podría estar en desacuerdo, pero que exhiben una fuerte contradicción con la práctica que el gobierno despliega en esta materia.

En su primer párrafo el plan ya muestra un fuerte desfasaje entre teoría y práctica. El mismo es presentado bajo el objetivo de transformar al país en una “república de puertas abiertas” afirmación que se contradice con la reforma migratoria impulsada por el gobierno nacional y que multiplicó las deportaciones: desde que asumió Macri, las mismas crecieron un 3150 por ciento. Lo irrisorio de esta cifra confirma que la derecha decidió hacer añicos uno de las principales características de nuestro país, plasmada en la Constitución Nacional e impulsada por las propias clases dominantes al momento de conformar el Estado nacional bajo la célebre premisa que sostiene que los derechos consagrados por ella son “para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

El plan también afirma defender los derechos de las personas con discapacidad pese a haber efectuado un brutal ajuste sobre las pensiones al punto de quitar los beneficios económicos y sanitarios a las personas con discapacidad de los sectores populares. Pero el cinismo de Avruj y sus cófrades no culmina allí: en medio de la imposición de la reforma previsional recomendada por el FMI que afectará a millones de jubilados, el Ejecutivo plantea proteger y promover los derechos de los adultos mayores mediante “el impulso a la reparación histórica”, el cual, fue exhibido como “un hito que quedará entre los logros de la gestión”. Como ya quedó demostrado, la “reparación histórica” no sólo no permitió que la mayoría de los jubilados con trámites judiciales contra el Estado cobren sus reparaciones, sino que en casi todos los casos los que accedieron a este “beneficio” terminaron percibiendo montos inferiores a los correspondientes.

Hasta el momento estos son algunos de los detalles que se conocen sobre el plan que el gobierno plantea presentar en el país el mes próximo, en cercanías al 10 de diciembre, fecha cara a la historia argentina y su democracia. Aunque para algunos resulte paradójico, será una fecha en la cual la derecha hará lo único que sabe hacer con los derechos humanos: bastardearlos y violarlos aunque su discurso señale lo contrario.

 

Por Memoria, Verdad y Justicia14.11.2017

Juicio a los represores del Sheraton

Son seis ex policías y ex militares imputados por crímenes de lesa humanidad perpetrados en este centro clandestino que funcionó en La Matanza.

“Es de suma importancia que se pueda llevar a cabo este juicio, sobre todo en este contexto neoliberal, es una lucha que hay que dar”, dijo el secretario del Partido Comunista de La Matanza, Rafael Nino Massimo, al referirse al comienzo del juicio a seis represores que se desempeñaron en el Sheraton, uno de los catorce centros clandestinos que funcionó en este partido bonaerense durante la última dictadura.

Son cuatro militares y dos ex policías, quienes desde ayer están sentados en el banquillo acusados de perpetrar delitos de lesa humanidad contra dieciocho víctimas, entre ellas Héctor Oesterheld, secuestrado en 1977, cuyos restos mortales fueron encontrados casi íntegros en un cementerio municipal de Tucumán.

Ellos son el ex general Héctor Gamen –actualmente con arresto domiciliario-, quien fue condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en El Vesubio, mientras que Rodolfo Enrique Godoy, ex segundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela, está preso en la cárcel de mujeres de Ezeiza.

La nómina de militares se completa con el coronel (R) Manuel Antonio Luis Cunha Ferré, oficial de Inteligencia que también cumple condena en su domicilio, y el coronel (R) José María Mainetti.

También están imputados los ex policías Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano, que disfruta de un plácido arresto en el club de campo Saint Thomas, en Esteban Echeverría.

Todos ellos actuaron en la subcomisaría de Villa Insuperable, dependiente de la Comisaría 3 de Villa Madero, que estaba, a su vez, bajo el control de la Unidad Regional de Morón. En el marco del plan criminal, esa estructura policial tenía relación con el Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela Brigadier General Iriarte.

En este contexto, el titular del PC matancero no dudó cuando hizo hincapié en que, “cuando en el país vivimos un momento donde, desde el propio gobierno se desacredita todo aquello en lo que se avanzó en materia de derechos humanos, es importantísimo que se pueda realizar este juicio”.

Y fue contundente a la hora de fustigar a quienes, desde el ejecutivo y sus propaladoras massmediáticas, “se empeñan en intentar frenar todo tipo de enjuiciamiento a los responsables del genocidio que se cometió en el país”, algo que “debe mantenernos alerta y movilizados”.

Oesterheld, el auténtico Eternauta

Héctor Germán Oesterheld, nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1919. Fue un guionista de historietas y escritor de numerosos relatos breves de ciencia ficción y novelas, entre las que se destaca El Eternauta, como su obra maestra.

Su trabajo contuvo sutiles críticas al capitalismo, el colonialismo y el imperialismo. Mientras crecía su producción literaria, crecía también su compromiso político y su ideología se vuelve más fácilmente reconocible.

Su compromiso político aumentó aún más en la década de 1970, lo cual se refleja en su decisión de unirse a la agrupación Montoneros y en los guiones de sus últimas obras, particularmente en el caso de El Eternauta II -que ilustró Solano López- y debió finalizar mientras en la clandestinidad.

En 1977 fue secuestrado por personal de las fuerzas armadas. Fue visto por última vez en un centro clandestino de detención conocido como Sheraton. Ahora, algunos de los responsables de su muerte, se sientan en el banquillo.

Magistrados con coronita08.11.2017

La justicia faltó a la cita

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba les hizo precio a cuatro ex integrantes del Poder Judicial imputados por su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad.

“Se intentó que no quede ningún tipo de condena y lo que quedó es irrisorio ante los niveles de responsabilidades de los hechos cometidos”, dijo la secretaria del Partido Comunista de Córdoba, Solana López, al rechazar las leves condenas y absoluciones con que el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba benefició a los ex jueces Carlos Otero Álvarez y Miguel Ángel Puga, así como al ex fiscal Antonio Cornejo y Ricardo Haro, quien fuera defensor oficial.

Todos ellos habían sido imputados en una causa que se popularizó como el Juicio a los Magistrados, en la que se investigaron delitos de lesa humanidad perpetrados dentro del centro clandestino de detención denominado Unidad Penitenciaria 1 (UP1), en el año 1976.

Pero la decisión del tribunal integrado por Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino no fue la esperada, ya que dictó sólo dos condenas a tres años para Puga y Cornejo, al tiempo que absolvió a Otero Álvarez y a Haro.

Vale recordar que a estos ex integrantes del Poder Judicial se los acusó de delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento” en casos que afectaron a 75 víctimas. Entre los crímenes analizados, figuran fusilamientos en falsos intentos de fuga a treinta personas que estaban detenidas como presos políticos de la UP1.

Por estos crímenes de lesa humanidad, en 2010, fueron condenados Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros.

¿Justicia?

La referente del PC cordobés, aseguró también que, “evidentemente, la Justicia es un poder que se sostiene a lo largo de todos estos años bajo la impunidad”, por lo que sin dudarlo recalcó que “hay un pacto de silencio, además de un pacto hacia adentro del Poder Judicial, para no enjuiciarse ni condenarse entre sí cuando hay responsabilidades de este tipo”.

En este sentido, aseveró que “de aquí para adelante tenemos que poder visibilizar en la sociedad cuáles son las consecuencias de las políticas que lleva adelante este gobierno, también, en materia de Derechos Humanos”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “hay que trabajar mucho con nuestro pueblo, repensar cuáles son las consecuencias de la pérdida de la democracia, porque como decimos en el Partido, éste es un gobierno cada vez más autoritario, cada vez más parecido a un régimen autoritario con máscara democrática”.

 

 

ULTIMÁTUM A LA SUPREMA CORTE06.11.2017

Supremos apercibidos

La Corte Interamericana intervino en la Justicia argentina exigiendo al máximo tribunal de nuestro país reparar las irregularidades en un fallo contra la libertad de expresión.

La Corte Interamericana emitió un ultimátum dirigido a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país para que repare, en febrero del año que viene, todas las irregularidades que procedieron en un fallo contra el grupo mediático que encabeza Jorge Fontevechia. Es porque esa medida de la Suprema Corte, tal cual lo entiende la Corte Interamericana, atenta contra la libertad de expresión en Argentina.

El fallo del máximo tribunal argentino había sido emitido a instancias de juzgados inferiores. Sin embargo, es importante destacar que por pactos y convenciones internacionales, la Corte Suprema de nuestro país se encuentra, desde comienzos del gobierno del ya fallecido presidente Raúl Alfonsín, obligada con la Corte Interamericana, que no es la primera vez en estos años que ha debido volver a prestar atención al accionar de la Justicia argentina.

Así, nuestro más importante tribunal fue apercibido porque todavía no reparó todo lo que ocasionara con su sentencia en el llamado “caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, emitida por el dicho cuerpo de magistrados cuando ya estaba compuesto por los mismos jueces que tiene ahora. Es decir, cuando ya integraba la Corte el juez Carlos Rosenkrantz, ideólogo del beneficio del dos por uno para los genocidas condenados.

Exactamente, la resolución de la Corte Interamericana es del 18 de octubre y se titula “Supervisión de cumplimiento de sentencia”. Dice, entre otras cuestiones que en este caso “el Estado no ha dado cumplimiento a la reparación relativa a dejar sin efecto la condena civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, así como todas sus consecuencias”.

En este sentido, la Justicia argentina queda en tela de juicio no ya ante la opinión pública de nuestro país, que cada vez confía menos en sus jueces, sino también ante la mirada de los magistrados que integran los principales estamentos judiciales del mundo, hacia los cuales nuestro país y su Justicia deben rendir cuentas y observar debido a compromisos ya adquiridos.

Comprometidos y en deuda

Marcelo Boeykens, abogado y miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, sostuvo que lo que llamó “fallo Fontevechia” es “importante” porque “señala que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorios para Argentina, que no podría operar en realidad como una cuarta instancia y que la última palabra la tiene la Corte Suprema”.

Recordando así la medida de la Suprema Corte por la cual esta fue apercibida, el abogado recalcó: “esto va en contra de las convenciones y de la propia creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en definitiva es el último intérprete o intérprete final de las distintas convenciones”.

Remarcó que “en nuestro país tenemos un sistema de control de constitucionalidad y de convencionalidad” en el que está “inserto cualquier órgano de la Justicia, cualquier tribunal, cualquier juez de primera instancia, incluso órganos administrativos y cualquier rama de la administración pública que tenga que aplicar una norma”.

Explicó que “cualquier juez puede interpretar las distintas convenciones internacionales, incluso las de derechos humanos y, finalmente, si hay una falta de criterio o de armonización de criterio, es la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos quien va a zanjar esta diferencia”. Y agregó: “las convenciones internacionales obligan al Estado en su conjunto, independientemente de sus tres poderes y de los tres Estados, nacional, provincial y municipal”.

Boeykens luego valoró el rol actual de la Corte Interamericana expresando que esta y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “están jugando un rol de garantes de los derechos laborales y humanos no solamente en nuestro país sino en todo el sistema interamericano”. “En nuestro país, estamos viendo que hoy por hoy juegan otro rol la Corte y la Comisión, rol que antes no era necesario porque Argentina era una suerte de ejemplo en materia de derechos humanos”, le sumó.

Repuso que, en la vereda contraria, “la Corte Suprema de Justicia está abriendo la puerta a las políticas de ajuste que pretende implementar el gobierno nacional”. Ante ello pidió estar a la espera de lo que resuelva la Corte Interamericana. Dijo en ese camino que “puede llegar a meternos algún tipo de sanción que tenga que ver incluso con la desafectación y expulsión de la Argentina del sistema interamericano”.

MASIVO RECLAMO DE JUSTICIA02.11.2017

Santiago sigue movilizando al pueblo

Las plazas del país volvieron a llenarse por Santiago Maldonado. En todos lados se recordó que fue desaparecido y que el Estado es el responsable.

La aparición del cuerpo muerto de Santiago Maldonado, buscado en y por todo el país durante casi 80 días, lejos de cerrar el caso por su desaparición forzada a manos de Gendarmería ha fortalecido la certeza de que el Estado es el principal responsable de esta muerte, sentida por millones a lo largo y ancho del país.

Por eso, la jornada de ayer volvió a ser una demostración del poder multiplicador de voces que tiene el pueblo movilizado. En efecto y ya confirmada la muerte de quien permaneció desaparecido más de dos meses y medio, el reclamo que se sintió fuerte en toda la nación fue el de Justicia, un reclamo que, a su vez, expresó, como pocas veces en estos años, que en la Argentina de las calles y el pueblo, no hay olvido.

En Buenos Aires, unas 150 mil personas se dieron cita en la Plaza de Mayo, en donde los organizadores, entre los que estuvieron la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) y los familiares de Santiago Maldonado, emitieron un mensaje claro al gobierno: el de que el pueblo sabe las responsabilidades que le caben a las derechas en el poder. Y no sólo eso: no faltaron en la multitudinaria plaza los carteles que pedían la renuncia de Patricia Bullrich o que enfatizaran el rol del empresariado en esta muerte. En ese sentido, fue clara la condena a la familia Benetton.

Allí estuvo, presente con una nutrida columna organizada en torno de una gran bandera-cartel, el Partido Comunista y la FJC. También el MTL, que acercó al acto a un gran número de sus militantes. En tanto, José Schulman, secretario de la Ladh, estuvo en el escenario con familiares de Maldonado, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otras organizaciones y personalidades.

Pero la cosa sigue oscura

Pese al masivo reclamo de Justicia, que podría ilustrarse en unos 300 mil argentinos movilizados ayer en todo el país en pos de él, desde el poder se sigue jugando la carta del olvido. En efecto, al día siguiente (hoy) supimos que la fiscal Silvina Ávila, que atiente en el caso por la muerte de Santiago Maldonado, apartó a la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) de las actuaciones, aunque había sido de las primeras entidades que obraron para saber dónde estaba Santiago cuando se supo la noticia de su desaparición.

Vale destacar que la Procuvin es el único cuerpo del Ministerio Público que investigaba las irregularidades del accionar de la Gendarmería cuando la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia. También resulta interesante observar que la fiscal recibió la causa de manos del juez Otranto, oportunamente recusado en las actuaciones.

Si: fueron plazas “políticas”

“No vamos a descansar, vamos a pedir justicia todos los días. Todos los días. Hasta que se sepa la verdad”, afirmó ayer Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en una Plaza de Mayo plena de gente. La afirmación confirma que las manifestaciones que se dieron por el joven han logrado articular un espectro político y social que se propone no dejar de obrar en el mismo sentido, que se puede afirmar que, a esta altura, es abiertamente opositor al gobierno.

Así las decenas de miles de personas que se movilizaron ayer en la capital cordobesa, marcha que según Solana López, secretaria del PC provincial, “expresó una masividad que nos sorprendió porque veníamos de militar la campaña electoral”. Recordó que hubo movidas similares en ciudades del interior provincial.

“Fue convocada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, que es el espacio donde participamos todas las organizaciones políticas y sociales del campo popular de Córdoba”, explicó y le sumó que esos miles de manifestantes son “un arco político que por suerte nos viene encontrando en unidad en las últimas luchas, tanto en el caso de Santiago Maldonado como también en el caso de Milagro Sala”.

“A pesar de todos los embates del gobierno nacional y la persecución de la que somos objeto, las tergiversaciones y la manipulación a la que nos someten como pueblo, la resistencia está de pie”, dijo López y consideró que aunque “nos quieren instalar el pesimismo en torno al avance que están llevando a cabo, está claro que hay una resistencia organizada con capacidad y potencia para poder derrotarlos”.

También fue muy importante la marcha en Rosario, en donde se reunieron 15 mil personas reclamando Justicia. Al respecto, Norberto Champa Galioti, secretario político del PC rosarino, quien valoró la notable representación sindical en esta movilización que, a través de organizaciones como la Mesa Sindical Rosarina, no dudaron también en cuestionar en la marcha el ajuste macrista sobre los trabajadores.

En ese sentido, apuntó que en Rosario “confluyeron el reclamo por el Juicio y Castigo” con “el repudio a los anuncios del presidente, hechos el lunes pasado y por eso en esa columna hubo una parte importante de trabajadores sindicalizados”. “El espacio que estamos comenzando a conformar es un frente opositor que pretendemos sea aún más abarcativo”, le sumó el dirigente comunista.

Destacó la participación del PC y el hecho de que tanto en la cabecera de la marcha, como en el documento que fue leído en la ocasión, estuviera la Ladh.