DERECHOS
HUMANOS
ENTREVISTA A LAURA GINSBERG
"LA LUCHA CONTRA LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA AMIA ES CLAVE PARA COMBATIR LA
IMPUNIDAD"
Dirigente
de Apemia (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia),
Laura Ginsberg, entrevistada por Propuesta, se refiere al estado de la causa
y sus consecuencias para la política argentina y para el movimiento popular
-¿Cómo se llega a la situación actual, con la amenaza de que en julio de
este año prescriba la causa?
-Después de doce años de impunidad en la masacre de
nuestros familiares en la Amia; impunidad que se fue construyendo desde el mismo
día del atentado. Pocas horas después de la explosión, Carlos Ruckauf, por entonces
ministro del Interior, hacía declaraciones en Estados Unidos después de haber
mantenido reuniones con el FBI, afirmando que la Amia había sido volada por
una camioneta Traffic y que la responsabilidad era de Irán. Fue el antecedente
de la "semiplena prueba iraní" que 24 horas después sostenía Menem. La directiva
venía directamente del FBI. Si a esto le agregamos el hecho de que el estado
argentino sabía que el ataque iba a ocurrir, pues había tenido advertencias
previas del espía brasileño Wilson Dos Santos y de otros países como Chile,
y no hizo nada para evitarlo, se puede empezar a comprender el porqué de tantos
años de encubrimiento, sin ningún culpable, y con una causa al borde de la prescripción.
Desde Apemia pensamos que el estado argentino está implicado, no sólo en el
"encubrimiento agravado" del que participaron los tres poderes del estado -y
del que se hicieron responsables ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Cidh) hace un año-, sino también en el acto criminal mismo. El Poder
Ejecutivo puso sus fuerzas de seguridad e inteligencia al servicio de la comisión
y del posterior encubrimiento del ataque, mientras acusó alternativamente a
Irán y/o Siria, incluso hasta hoy en día, sin tener una sola prueba en su contra.
Sigue siendo el encargado de articular y perpetrar el encubrimiento, que hoy
se refleja en el ocultamiento tanto de los archivos secretos como de la prescripción
misma. Por eso decimos que el ataque a la Amia es un crimen de terrorismo de
estado perpetrado bajo un régimen constitucional.
El Poder Legislativo colaboró en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Investigaciones de los atentados con el único fin de preservar al ex juez Galeano
en todas las irregularidades y delitos que cometió.
Entretanto, el Poder Judicial cumplió y continúa cumpliendo con las instrucciones
del Ejecutivo. Negoció con los imputados, ocultó y destruyó pruebas, las hizo
aparecer y volver a "desaparecer", amenazó testigos, limitó las declaraciones
de los espías de la Side para (explícitamente) no inculpar a servicios secretos
extranjeros a lo largo de un juicio oral fraudulento, entre otras cosas. Es
más: el mismo fiscal del juicio oral, que también había acompañado a Galeano
durante la instrucción, es hoy el titular de la Fiscalía Especial Amia, Alberto
Nisman, quien trabaja para imponer la responsabilidad iraní en el ataque. Lo
hace a pedido de Kirchner, la Daia/Amia y el Comité Judío Americano. El resultado
que explica esta interacción macabra está a la vista: no hay un solo procesado
o condenado por la voladura de la Amia. Facilitaron la libertad de Telleldín
y la exculpación de la maldita policía. Y después de reconocerse como "encubridor
agravado", no hay un solo funcionario de estado responsable por tamaño encubrimiento,
ni procesado ni preso. En estas condiciones se llega al plazo en el cual prescriben
las denominadas "causas complejas". Y de manera deliberada, el gobierno de Kirchner,
la dirección judía local, algunos organismos de derechos humanos y los medios
de comunicación masivos hacen un silencio brutal para ocultar la prescripción
que se viene. Es la coronación de la "vergüenza nacional" que Kirchner, hace
tres años, prometió combatir.
-¿Cuál es la actitud de la Daia y la Amia? Y qué plantea Apemia?
Nada de todo esto hubiera sido posible sin el apoyo
internacional de otros estados, como Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel,
y sin la complicidad nacional de la dirección judía local de Daia/Amia. Las
políticas de las direcciones de Daia/Amia y de la embajada de Israel siempre
han acompañado las políticas oficiales, buscando orientarlas en una proyección
internacional "antiterrorista" que salvara la participación del estado nacional
en este crimen. Vale decir que son, al menos, corresponsables en el encubrimiento
del papel del estado argentino en el ataque. Su papel no fue menor: negaron
que el estado fuera la conexión local del atentado y facilitaron las maniobras
de los tres poderes con Telleldín. O sea, militaron contra los reclamos de los
familiares. Ahora siguen agitando contra el régimen iraní, esta vez de la mano
de Cristina Kirchner. Después de doce años de fracasos sistemáticos de aquellos
que debían esclarecer el atentado, Kirchner promueve la prescripción de la causa
Amia y estas organizaciones mantienen la boca cerrada. Es la coronación de la
impunidad como política de estado… Y después nos hablan de "vergüenza nacional".
Desde Apemia nos ocupamos en lanzar una campaña unitaria con las organizaciones
políticas, estudiantiles y sociales, con la consigna "No a la prescripción"
, para que no quede impune el mayor crimen político que hemos sufrido los argentinos
desde el retorno de la democracia. Creemos que es necesario exigir la apertura
de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Independiente para que
investigue la responsabilidad del estado en este crimen.
-Con respecto a esta situación, ¿cuál es el mensaje de Apemia para la sociedad
y en primer lugar el movimiento popular, político, de derechos humanos, obrero
y estudiantil?
-La masacre de la Amia es un hito de la impunidad nacional y es una causa testigo
de la criminalidad política del estado. El "encubrimiento agravado" no significa
otra cosa que el encubrimiento del aparato criminal del estado, el que secuestró,
torturó y desapareció 30000 estudiantes y trabajadores, que arrebató niños,
que reprimió y asesinó luchadores sociales e instauró la era de la criminalidad
policíaca.
No es sólo un tema de los judíos, como los distintos gobiernos y la dirección
de la comunidad judía quisieron presentarlo. A inicios de la década del 90,
la Argentina se convirtió en un laboratorio de preparación de las políticas
de lucha contra el terrorismo internacional implementadas durante todos estos
años. Por eso la complicidad de los estados amigos y la participación directa
del estado argentino en estos crímenes de terrorismo de estado. Después de la
embajada y la Amia, hubo otros crímenes de terrorismo de estado: la voladura
de la Fábrica Militar de Río 3º y, a su manera, los muertos del 19 y 20 de diciembre
y los asesinatos de Kosteki y Santillán. La lucha contra la prescripción de
la causa Amia y por el esclarecimiento y el castigo a todos los culpables es
clave en la lucha contra la impunidad en la Argentina. Esperamos que las organizaciones
sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos debatan este tema y
se sumen a esta campaña por el "No a la prescripción". Instalemos el debate
sobre este tema y organicemos una comisión para impedir la prescripción.
CONTINUIDAD Y ENCUBRIMIENTO
-Desde el atentado han pasado varios gobiernos: ¿hubo cambios de uno al otro
en cuanto a la causa, sobre todo respecto de Kirchner, que cultiva una imagen
de defensor de los derechos humanos?
-Ha habido una continuidad política y de encubrimiento
de las responsabilidades criminales del estado. Primero -con Menem- le pagaron
a Telleldín. Y con la Alianza sancionaron una ley del arrepentido a la medida
de los acusados, para facilitarles la libertad. Hasta los diputados la llamaron
"Ley Telleldín". Llegaron al colmo de firmar un decreto, que luego se transformó
en ley, para convertir a los imputados en testigos de "identidad reservada".
A pesar de una orden judicial, Duhalde prohibió a los espías declarar en el
juicio oral. Kirchner lo permitió, pero antes negoció con los jueces los límites
de esas declaraciones. Entre los dos, firmaron una veintena de decretos que
mantienen cerrados los archivos y limitaron a los jueces en sus facultades para
interrogar a los espías de la Side durante el juicio. Este es el resultado del
"compromiso K" con el tema Amia. Kirchner fue el encargado de liquidar el juicio
oral liberando a todos (2004), de acordar una "solución amistosa" ante la Cidh
para que el estado no fuera condenado ni siquiera por "encubrimiento agravado"
(2005), y ahora impulsa la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional para ocultar
aun más los secretos de estado, con la excusa de la causa Amia (2006). Este
gobierno terminó de preparar el terreno sembrado por los gobiernos anteriores
buscando, con la prescripción, poner un punto final en la causa Amia. A diferencia
de los gobiernos anteriores, el actual cuenta con un mayor consenso de algunos
organismos de derechos humanos que, como el Cels, reivindican la "legalidad
vigente" de este repodrido estado de derecho, aun cuando con ella facilitan
la prescripción.
A.B.