POLITICA NACIONAL

EL PODER CUESTIONADO

UN ACCIDENTE URBANÍSTICO LLAMADO CONGRESO

Las recientes sesiones en el Senado y en Diputados, donde se aprobaron los superpoderes y se comenzó el tratamiento de la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia, marcan el poco efectivo papel de poder independiente, que incumple su papel de legislar y controlar y que funciona cada vez más a espaldas de los intereses populares.

Hace cien años se terminó de construir este hermoso edificio que está enclavado en la manzana comprendida por las avenidas Entre Ríos y Rivadavia y las calles Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos.
Sin dudas se trata de uno de los edificios emblemáticos de la cara urbana de la Argentina, pero también uno de los símbolos de la descomposición de la clase dirigente nacional. Desde el asesinato de Enzo Bordabehere, en 1935, hasta la utilización de cafeteros y empleados para ocupar bancas, dar el quórum necesario y aprobar la desregulación que posibilitó la privatización de Gas del Estado, decenas de hechos de diferente magnitud palidecieron la imagen de un ámbito que debiera ser el lugar de reunión de los representantes del pueblo, para defender precisamente esos intereses.

FICCIÓN Y REALIDAD

Giuseppe di Lampedusa fue un escritor italiano, autor de la célebre novela Gatopardo, que dejó para la posteridad el consejo de que "es necesario que todo cambie, para que todo siga igual".
Las coincidencias del destino dirán que Di Lampedusa murió un 23 de julio de 1957, exactamente veintidós años después que en plena sala del Senado argentino fuera asesinado Enzo Bordabehere, senador electo y colaborador directo de Lisandro de la Torre. En el recinto se interpelaba a los ministros de Hacienda, Federico Pinedo, y de Agricultura, Luis Duhau. En medio de las discusiones por los contratos que De la Torre denunciaba en el marco del comercio de carnes con Inglaterra, escándalo conocido como el Pacto Roca-Runciman, se produjo un tumulto que posibilitó que Ramón Valdez Cora disparara contra el senador y le diera muerte a Bordabehere.
Las ventajas otorgadas a los ingleses y la actitud del gobierno en relación con los frigoríficos extranjeros fue uno de los principales motivos de la batalla parlamentaria que durante esa Década Infame encabezó Lisandro de la Torre denunciando la corrupción en el gobierno.
Horas después del asesinato de Bordabehere, De la Torre diría que "se conoce el nombre del matador, falta conocer el nombre del asesino".
A este Congreso modelo 2006, pegando un salto de siete décadas en el relato y parafraseando al dirigente demócrata progresista que se suicidara en 1939, se le conocen los nombres de los ejecutores, de las caras visibles. Ahora, ¿quién conoce el nombre de quien da las órdenes para que todo funcione como funciona?

UN PODER DELEGATIVO

El jueves por la madrugada, hora en que la mayoría de los trabajadores duerme, el Senado aprobó el proyecto de ley que reglamenta el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), iniciativa redactada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria-Buenos Aires) y rechazada por todo el arco opositor, que la considera un "retroceso institucional".
Ahora, la norma deberá ser debatida en la Cámara de Diputados para que sea convertida en ley.
La importancia que tiene esta sanción para la administración K la explicó del siguiente modo el senador socialista por Santa Fe Rubén Giustiniani: "El manejo del gobierno está basado en decretos y en el crecimiento de Fondos Fiduciarios. Cada vez hay menos partidas con implicación presupuestaria y eso es una tendencia negativa, ya que si bien los fondos son auditados por la Auditoría General de la Nación y la Sigen, la administración sana dice que estos temas deben discutirse en el Parlamento. Vamos a la tendencia de que el presupuesto nacional sea un dibujo".
Lo cierto es que esos fondos fiduciarios, verdaderas cajas de repartir favores y comprar voluntades en el siempre sospechado terreno de la obra pública, y los mecanismos de control están, desde hace tiempo, en el centro de las miradas. Para muestra basta un botón: Alessandra Minnicelli es una abogada de 43 años, que desde hace veinte años trabaja cerca de Néstor Kirchner. Primero en la provincia de Santa Cruz, donde ocupó diversos cargos y ahora en la Sindicatura General de la Nación, desde donde debe controlar las acciones de, por ejemplo, el Ministerio de Planificación Federal que comanda su marido Julio De Vido. Todo queda en familia.
Pero, hablando de la familia, la esposa del presidente tiene una relación casi personal con el tema de los DNU. Durante el año 2000, a esta altura mucho más lejos en el tiempo político de lo que denuncian los calendarios reales, la entonces diputada por Santa Cruz presentó un proyecto de ley que finalmente no prosperó. Allí, al igual que ahora, se buscaba algo que estaba pendiente desde la Reforma de la Constitución en 1994: reglamentar el modo en que el Congreso debía fiscalizar el proceso de vigencia y legalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

UN MECANISMO PARA GOBERNAR

El artículo 99 inciso 3 prevé el trámite legislativo que deben seguir los decretos de necesidad y urgencia. Para garantizar la intervención del Poder Legislativo en la materia, el artículo 99 creó la denominada Comisión Bicameral Permanente, encargada de elaborar un dictamen para su expreso tratamiento por ambas cámaras.
Pero gran parte de la discusión se centra en el criterio a seguir en cuanto a los tiempos de los que dispondría esa Comisión Bicameral y, en definitiva, el Parlamento para convalidar o rechazar un DNU. El texto es cuestionado porque no establece plazos fijos para que ambas cámaras se expresen sobre cada decreto. Para la oposición, de esa manera el oficialismo, apelando a su mayoría parlamentaria, podrá dilatar sin fecha el debate parlamentario sobre cada decisión que el Poder Ejecutivo adopte mediante esa controvertida herramienta jurídica.
Este proyecto oficial, que contó con la voz cantante de la Primera Ciudadana, difiere en los modos y en los tiempos en que lo había presentado hace seis años. En ese momento el país era administrado por la Alianza, con un tal Fernando de la Rúa como presidente, y la esposa de un lejano gobernador patagónico se mostraba como una verdadera díscola dentro, inclusive, del mismo Partido Justicialista. En ese contexto Cristina Fernández intentó poner un freno a un mecanismo usado cientos de veces en esa última década (ver recuadro). Pero ahora es su propio marido el responsable de firmarlos y no será ella quien lo controle. Pero como este gobierno se caracteriza por una doble máscara a la hora de decir y de hacer, el proyecto de regulación de los DNU es un traje hecho a la medida los intereses oficiales. Roberto Iglesias, jefe del bloque de diputados radicales, señaló días pasados que "no tiene justificación, porque ella estuvo en contra de los DNU cuando el país estaba en crisis y hoy que ya no lo estamos, está a favor". Más allá de lo que Iglesias entienda por crisis, es verdad que el giro cristinesco es también visible en este tema.
Queda entonces ver cómo se desarrollará el debate en Diputados, donde el oficialismo no posee una mayoría tan cómoda como en la Cámara Alta y habrá que ver cómo se resuelve el tema del silencio del Congreso. ¿Qué es esto del silencio? El contrapunto entre oficialismo y oposición acerca de que si el Congreso no trata los DNU, su silencio se interpreta como una sanción ficta (tácita) del decreto. Pasando a hechos concretos, el gobierno se puede dar el lujo de avanzar con una iniciativa como la de aumentar las tarifas de los servicios públicos (el acuerdo que se firmó con la empresa energética Transener, por ejemplo), que significaría un 27 por ciento de incremento retroactivo a enero, ya que el Congreso nada dijo al respecto. Todo, claro, se hizo por Decreto de Necesidad y Urgencia y el silencio no será salud, pero en este caso es para el gobierno la comprobación que el título de este artículo no es una creación periodística sino el reflejo de la realidad.

POR EL PODER DE NÉSTOR

El abogado Ricardo Monner Sans señala que desde la Constitución británica de 1215 está en discusión la administración del gasto con lo recaudado por impuestos. Dijo que con la conformación de los parlamentos "se acabó con la discrecionalidad del rey". Además atribuyó al Pacto de Olivos haber "legitimado" tanto los Decretos de Necesidad y Urgencia como la delegación de facultades hacia el Poder Ejecutivo, con la consecuente "devaluación" del Poder Legislativo. De todos modos, advirtió que la Constitución sanciona severamente a quien "entregue la suma del poder público", recordando que el soberano es el pueblo y "el poder es una delegación, pero no para hacer lo que se da en gana".
Dicen que después de la Constitución Nacional, la norma fundamental es la Ley de Presupuesto. A juzgar por las maniobras del oficialismo en las cámaras parlamentarias se está planteando una doble violación: de la Carta Magna y de sus propias decisiones. El diputado nacional de la CTA Claudio Lozano por su parte sostiene que "el gobierno pretende sancionar una ley anticonstitucional, que transforma en permanente la delegación de facultades que, anualmente, suele pedirle al Parlamento".
Esto, agrega el diputado, "implica eliminar las restricciones que la Ley de Administración Financiera y la de Responsabilidad Fiscal le plantean al jefe de Gabinete en la administración de las partidas presupuestarias, consumando así un proceso donde el debate parlamentario del presupuesto, lejos de tener el valor que la Constitución le asigna, es transformado en una verdadera ficción democrática". Lozano dice que durante el año 2005 el Poder Ejecutivo gastó $15.399 millones más que los originalmente presupuestados. Sin embargo, de estos gastos solo el treinta por ciento fue realizado vía facultades delegadas al jefe de Gabinete. El resto, $10.789 millones, fue incorporado al Presupuesto mediante los DNU. En la práctica, por esta vía, durante los años 2004, 2005 y 2006 el Ejecutivo ha logrado administrar discrecionalmente $32.000 millones.
"Nuestra especial preocupación es que los $9.000 millones de excedente presupuestario que el gobierno debe administrar durante el 2006 vuelvan a tener como destino el pago de deuda y no la atención de las urgencias sociales en nuestro país, por ejemplo, el crecimiento de la pobreza infantil". Esta última reflexión de Lozano tiene un asidero más que le pone el broche de oro a esta trilogía del terror que conforman algunas acciones/inacciones del Congreso: por un lado, la entrega de la capacidad de legislar al Poder Ejecutivo mediante los DNU, por el otro, la facultad de modificar partidas presupuestarias a gusto y piaccere, que le brinda al jefe de Gabinete absoluta discrecionalidad a la hora de decidir en qué se gastan los fondos públicos y, por último, siguiendo el razonamiento de Lozano, acerca de si los fondos no se usan para pagar la deuda externa, el abandono por parte del Congreso del Artículo 75 de la Constitución, que en su inciso 7l le otorga la atribución de "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación".
Una deuda que no está saldada, sin dudas, y eso es responsabilidad del pueblo en su conjunto, es la de dotar al Legislativo de la capacidad de defender efectivamente nuestro derecho de construir una Argentina libre y legisle a favor de los intereses nacionales y populares que tantas veces quedaron en la puerta del recinto, esperando que por una vez las sesiones tengan un final feliz.
Mientras tanto, cambiarán los nombres, algunas caras serán impedidas de asumir (y está muy bien, como Antonio Bussi o recientemente Luis Patti), pero en la práctica seguirán dándole la espalda al pueblo y, parafraseando a Di Lampedusa, haciendo gatopardismo de mala calidad.

LOS DECRETOS

El mismo Juan Manuel de Rosas se hubiera horrorizado en este punto. Si desde su época, donde se puede decir que se comienzan a contabilizar los decretos de necesidad y urgencia, hasta el año 1983 se utilizaron solo en 25 oportunidades, sólo Raúl Alfonsín los firmó en diez ocasiones. Y de ahí en adelante cada uno de los que ocupó la Casa Rosada buscó batir el récord.
Durante el gobierno de Alfonsín hubo diez DNU, mediante los cuales se implementaron el Plan Austral (decreto 1096/85), la declaración del estado de sitio (decreto 2069/85), el régimen de emergencia en materia previsional (decreto 2196/86) o la suspensión de la intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación (decreto 1411/87).
Carlos Menem a lo largo de sus dos mandatos fue quien más DNU firmó, llegando a 545 decretos. La historia es conocida: privatizaciones, desregulación económica, limitación del derecho de huelga, eliminación de asignaciones familiares, modificaciones a las leyes previsionales, reducción del gasto público, etcétera. Fernando de la Rúa firmó 73 en sus dos años de gobierno, entre los que se destacan la reducción del trece por ciento en los salarios (decreto 430/00), el establecimiento de un tope para jubilaciones y pensiones (decreto 85/01) y el "corralito financiero" (decreto 1570/01).
Eduardo Duhalde dictó 158 DNU, entre los que se destacaron el "corralón financiero" (decreto 214/02) y la compensación a los bancos por la pesificación (decreto 910/03). La aplicación de los decretos de necesidad y urgencia en el período de Néstor Kirchner tuvo un aumento considerable. La mayoría de los DNU que dictó Kirchner tienen que ver con el manejo discrecional de los recursos públicos. Las modificaciones de las partidas del Presupuesto Nacional y los temas salariales o jubilatorios (incremento de haberes mínimos, asignaciones no remunerativas, etcétera) encabezan el ránking. Le siguen los beneficios fiscales de distinta índole (promoción industrial, incentivos, etcétera), las obras y servicios públicos y la deuda pública.
Pero además ahora existe la impresión que se gobierna y se legisla por decreto. Esto surge claramente de la comparación de la cantidad de DNU dictados y los proyectos de ley enviados al Congreso. Si se excluyen los proyectos de ratificación de tratados y acuerdos internacionales (que deben necesariamente enviarse al Congreso como parte del trámite parlamentario de su vigencia), Kirchner envió 56 proyectos de ley contra 67 DNU durante su primer año de gestión, 45 proyectos de ley y 73 DNU durante el segundo y por último 35 proyectos de ley contra 61 DNU.

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