DERECHOS HUMANOS

CAUSA ALMIRON

ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS QUIEREN SER QUERELLANTES

Así se lo hicieron saber al juez Norberto Oyarbide diferentes organizaciones entre las que se encuentra el Partido Comunista. Fue en un encuentro que sostuvieron hace días y en el que estuvo Patricio Echegaray.

Una delegación de miembros Justicia Ya Buenos Aires, conformada por integrantes del Partido Comunista (estuvo su secretario general, Particio Echegaray), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Fidela, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, AGD-UBA, la Federación de Entidades Gallegas, Hijos Zona Oeste, Asociación Ahaní, Comisión de Derechos Humanos de uruguayos en la Argentina y Vecinos Contra la Impunidad de San Cristobal, visitó días atrás al juez federal Norberto Oyarbide.
Algunas de las organizaciones que reúnen condiciones para ello, tal es el caso del PC, la Liga, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Fidela, solicitaron constituirse como querellantes en la causa de extradición a Ricardo Almirón, sustanciada por los delitos de lesa humanidad perpetrados por la Triple A, mientras que las demás adhirieron a la presentación realizada en la oportunidad.
Asimismo, estas organizaciones intentaron, aunque sin éxito, entrevistarse con el juez Torres que es quien entiende en la causa Esma, para interiorizarse en aspectos vinculados a la situación del represor Ricardo Miguel Cavallo.
Por tal motivo, las organizaciones que son querellantes en la causa Esma -la Asociación de Ex Detenidos, la Liga, Fidela, AGD-UBA y la Federación de Entidades Gallegas- presentaron un escrito por el que se pide que se solicite la extradición de Cavallo por los hechos acontecidos en la Esma; al tiempo que manifestaron su molestia por la decisión del juez de no recibirlos.

IMPORTANCIA

En tal sentido, el responsable de la Comisión de Derechos Humanos del PC, José Ernesto Schulman, destacó la importancia de esta presentación colectiva realizada por Justicia Ya Buenos Aires, en la que "solicitaron ser considerados querellantes en la causa que se ha abierto por la extradición de Almirón, uno de los jefes de la Triple A, que fue identificado y denunciado en España por nuestro compañero Pérez Leira, un argentino-gallego que ha militado en nuestras filas hace muchos años y hoy es uno de los principales dirigentes de la organización Argentinos en el exterior que es una de las asociaciones que luchan desde Europa por la causa de la justicia en Argentina".
Sostuvo Schulman que la reapertura de la causa de la Triple A, a partir de la reaparición pública de Almirón, uno de los más conocidos jefes de esa organización terrorista, "nos abre perspectivas muy importantes de esclarecimiento de los verdaderos hechos ocurridos previamente al golpe de Estado de 1976", pero también "a la naturaleza del terrorismo de Estado en nuestro país y al papel jugado por los partidos ordenadores del sistema, el PJ y la UCR".
Asimismo, recordó "los sufrimientos que a raíz del accionar de la Triple A sufrió el PC, que en principio se ve reflejada en veintidós militantes comunistas asesinados entre el 20 de junio de 1973 y marzo de 1976"; como también "atentados con bombas, de atentados terroristas y un número mayor de compañeros amenazados".
Por lo que, puntualizó, "en la dirección del Partido que fue la que tomó la determinación de presentarse como querellante, vemos esta tarea como un gran desafío que de ningún modo podrá ser resuelto solo por un equipo de derechos humanos, sino que plantea un desafío para todo el Partido: a recopilar datos, juntar pedacito de nuestra historia y recuperar cada una de las historias de los compañeros asesinados, amenazados, aquellos que debieron esconderse y exiliarse". Pero este compromiso, tal como describió el responsable de Derechos Humanos del PC, tiene que ver también con la necesidad de actuar. "Debemos hacerlo como lo que somos, víctimas y querellantes, de la Triple A y del terrorismo de Estado".
Valoró Schulman que la presentación haya sido colectiva y recalcó que "se ha reabierto el debate sobre cómo acelerar los juicios, y llama la atención que la discusión se instale solo en qué podemos pedirle al Estado, un debate conceptualmente bastante atrasado. No se trata solo de imaginar qué le podemos pedir al Estado, que, por supuesto, podemos pedirle que cumpla los convenios internacionales de protección a testigos y militantes de derechos humanos, que no deje que el Poder Judicial siga apañando las maniobras de impunidad de los abogados de los genocidas y que desarticule los grupos del terrorismo de Estado que actúan de modo prácticamente abierto".
Pero fundamentalmente, recalcó, "se trata de instalar un debate en el movimiento popular que plantee qué es lo que puede hacer el movimiento popular para enfrentar la impunidad de los grupos de terrorismo de Estado", y puntualizó que "una de las cosas que se puede hacer es que haya una presentación masiva de organizaciones sociales que se presenten como querellantes, que le digan a la Justicia de que es hora de acelerar los juicios, de juzgar a todos los criminales y de crear un clima social en el que estos grupos puedan actuar".

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