EDITORIALLA LUCHA POR LA CREDIBILIDAD
Oficialmente, la inflación total en el 2006 fue apenas del 9,8 por ciento según el Indec. Sin embargo, la percepción generalizada es que la inflación real es mucho más alta que la que reflejan las estadísticas oficiales. El propio gobierno admite que el índice no refleja todo lo que pasa con los precios. Hay un dato que resulta fundamental: la base de medición de la inflación está desactualizada ya que corresponde a la Encuesta de Gasto y Consumo de los Hogares de 1996/1997. El temor principal de los funcionarios oficiales, sin embargo, no es que la gente viva peor o mejor que antes, sino que se pierda la confianza en los indicadores oficiales de inflación. Esta creciente pérdida de confianza en el índice oficial podría tener varios efectos derivados.
Por un lado, y de cara a las elecciones, pondría en cuestionamiento la capacidad del gobierno para sujetar los precios y mejorar la equidad distributiva. El otro efecto, aun más preocupante para el gobierno, es que la clase empresaria ya anticipa que el 9,8 por ciento será considerado como un "dibujo" por los sindicatos y, por tanto, no será tomado como parámetro en las discusiones salariales que vienen. Por eso, el tema clave es cómo se procesará esta valoración del índice oficial de inflación cuando comiencen a discutirse los aumentos salariales para el año que arranca.
Más aún cuando, tras permanecer casi sin cambios a lo largo del año, los precios de la canasta básica de alimentos se dispararon en los últimos meses, en una secuencia ascendente: 0,9 por ciento en octubre, 2 por ciento en noviembre y 2,8 por ciento en diciembre. Con relación con diciembre de 2001, antes de la devaluación, los precios de la canasta acumulan una suba del 121,9 por ciento, que supera a la inflación "promedio" del 91,3 por ciento. Así, a fines de 2006, una familia tipo necesitó reunir ingresos cercanos a los 900 pesos para no caer en la pobreza.
Finalmente, el gobierno ha basado su política inflacionaria en el relevamiento y acuerdo de precios con el estricto y excluyente fin de preservar la construcción del índice (IPC), pero persisten las dudas sobre la eficacia real de esa intervención. No tanto por la hipótesis ultraortodoxa de que así se genera "inflación reprimida", sino, más bien, porque los grupos empresarios han encontrado mecanismos para evitar o burlar el corsé estatal, por ejemplo, segmentando mercados con el lanzamiento de nuevos productos que no son controlados, un argumento que refuta tanto la hipótesis conservadora de la existencia de una "inflación reprimida", como la supuesta (y autocelebrada) eficacia oficial para controlar efectivamente el alza del costo de vida.