POLITICA
SINDICAL
RECHAZO A MEDIDAS DEL GOBIERNO
CAMBIAN ALGO PARA NO CAMBIAR NADA
Con la sanción en el Congreso del proyecto enviado por el Ejecutivo que reforma
la Ley 19032, se habilitó una nueva conformación de la dirección y administración
del Pami que constituye, tal como lo denuncia la Mesa Coordinadora, "una verdadera
intervención y despojo de la obra social a sus legítimos dueños: trabajadores
activos y jubilados que son quienes la sostenemos".
Cabe recordar que, de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, la dirección
del Pami quedó conformada por cuatro miembros que serán designados por el gobierno,
uno de ellos será quien la presida con derecho a doble voto, uno por la CGT,
otro por la CTA y habrá solo dos jubilados.
La Mesa recalcó en tal sentido que "de esta manera los jubilados quedamos como
un mero decorado, cuando tal como lo indicaba nuestro proyecto que fue defendido
por quince diputados que honraron su banca deberíamos tener mayoría en este
órgano de dirección, en el que, además, deberían estar representados el Estado
y los trabajadores". El Legislativo también aprobó una iniciativa del Ejecutivo
que "expresamente viola el artículo 14 bis de la Constitución, ya que mantiene
en pie el sistema de jubilación privada", por lo que denunció la Mesa que "se
trata de una cortina de humo la modificación del artículo 31 de la Ley 24241,
que permite por 180 días, que los trabajadores puedan pasar de la jubilación
privada a la del Estado. Esto es cambiar algo para que todo siga igual".
"De este modo se pretende hacernos creer que el gobierno se preocupa por los
jubilados -enfatizó la Mesa-, pero mantiene el status quo dejando a más de tres
millones sin respuestas, a pesar del requerimiento de la Suprema Corte de Justicia
de que se establezca la movilidad de los haberes tal como lo indica la Constitución".
DERECHO
Al respecto, la Mesa puntualizó que "en un fallo al que adherimos la Corte Suprema
dice que es deber del Parlamento fijar el contenido concreto de la movilidad,
ajustándose a lo que indica en lo relativo a proveer al desarrollo humano y
progreso económico con justicia social".
Pese a esto la Mesa sostiene que "el aumento del trece por ciento no determina
ninguna fórmula de movilidad, sino que seguirá primando la discrecionalidad
e incertidumbre en esa materia"; al tiempo que denuncia que "tampoco se contempla
la deuda acumulada con los jubilados, previa y posteriormente a 2001".
De este modo, destacó la Mesa que el Congreso convalidó "el achatamiento previsional
y el incremento del mínimo en detrimento del resto de las prestaciones", por
lo que reafirmó que "la movilidad verdadera debe ser análoga y vinculante con
las leyes que la contenían, por lo que exigimos que se anulen y deroguen por
inconstitucionales las funestas leyes del tándem Menem-Cavallo que aún continúan
vigentes".