EDITORIAL
EDITORIAL
ESTE NO ES EL CAMINO
El miércoles pasado, 6 de junio de 2007, el Senado
de la Nación aprobó por una aplastante mayoría (con la honorable excepción del
voto en contra del senador del Partido Socialista Rubén Giustiniani) el proyecto
de modificación del Código Penal elaborado por el Poder Ejecutivo y elevado
a tratamiento con la firma del doctor Néstor Kirchner el 20 de diciembre pasado,
que establece gravísimas modificaciones regresivas en un Código Penal que arrastra
el impacto reaccionario de las propuestas Blumberg, aprobadas en su momento
con la misma aplastante mayoría, y que pone en riesgo a los propios preceptos
constitucionales. Resalta entre otras, la propuesta de crear la figura de "asociación
ilícita terrorista" mediante la sanción de un nuevo artículo 213 ter que propone
considerar como actos terroristas a los cometidos para "aterrorizar a la población
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto
o abstenerse de hacerlo" para lo cual se realice una "acción de propagación
del odio étnico, religioso o político", "organizados en redes operativas internacionales"
y "disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos
o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de
un número indeterminado de personas" lo que abre la posiblidad de que se intente
sancionar como acto terrorista a cualquier acción popular que pretenda modificar
alguna decisión gubernamental, supongamos que se proponga suspender el pago
de la deuda externa como parte de una campaña del Foro Mundial Social, y que
en el transcurso de las movilizaciones, la policía o los servicios de inteligencia
"descubran" con su labor de "investigación" que alguien tiene una granada de
gas o alguna pistola (tal como ya ha ocurrido en el movimiento popular chileno
sobre la base de la misma legislación). Si a esta nueva figura le sumamos la
ampliación de atribuciones para la Unidad de Investigación Financiera (UFI),
a la que se le encomienda la investigación de acciones vinculadas con el "narcoterrorismo",
para lo cual se modifican artículos de las leyes 21241 y 21246, se podrá advertir
la gravedad de los cambios propuestos, al permitir que se califique a militantes
populares con la figura de terroristas por parte de los servicios de inteligencia
y las fuerzas represivas, que el mismo presidente Kirchner denunció en diciembre
pasado como contaminadas por nostálgicos del Terrorismo de Estado y las mafias.
Tal como se reconoce en el mensaje presidencial, la sanción de las modificaciones
forma parte de una secuencia de acciones internacionales que se remontan a 1999,
pero que claramente tienen un salto de calidad a partir de la llamada Guerra
contra el Terrorismo que el gobierno de los EE.UU. desplegó a partir de setiembre
de 2001 y que ha llevado a que la Argentina firme todos los convenios propuestos
y se sume a todas las instancias supranacionales tales como el Grupo de Acción
Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (Fatfgafi) que es el que amenaza
con sanciones para imponer las modificaciones votadas. Pero nadie debe engañarse,
no estamos hablando de control de operaciones financieras mafiosas sino de control
social y persecución a militantes populares, estamos hablando de legitimar en
el discurso de Estado la figura del narcoterrorismo bajo cuya insignia se libran
las batallas contrainsurgentes del siglo 21. Ya se investiga entre nosotros
a los colaboradores de las Farc de Colombia y no faltarán quienes vuelvan a
"encontrar" rastros de Marulanda en las movilizaciones populares. El chantaje
imperialista no es justificativo de la concesión que se propone. La arremetida
de Blumberg y la derecha de Bergoglio, Macri y Bendini de estos días no se enfrentan
con acciones como ésta, sino todo lo contrario, yendo a fondo contra los genocidas
en los juicios y democratizando el sistema jurídico y penal argentino. En su
momento el Ministerio de Justicia conformó un equipo encabezado por el reconocido
jurista David Baigún para elaborar un proyecto de modificación del Código Penal
que subsanará el desquicio del "continuismo judicial" que arrastramos desde
la dictadura, potenciado por las reformas Blumberg producidas en un Código que
no sólo es reaccionario, clasista y sexista, sino que ha perdido sentido de
proporcionalidad entre delito y pena. Estas medidas apuntan seriamente a una
democracia progresivamente restringida y funcional a un proyecto de país para
nada soberano y con justicia social, sino injusto y subordinado a los poderes
internacionales. El proyecto se elaboró, pero lejos de someterlo al debate social,
el gobierno Kirchner optó por "congelarlo" y enviar la propuesta de modificación
reaccionaria que ahora aprueba el Senado y que anuncia graves peligros para
la democracia, peligros que deberán ser enfrentados con firmeza y amplitud de
miras para impedir que se sancione la ley y si lo hacen, para comenzar ya la
lucha por impedir que se aplique y lograr su pronta anulación para impedir que
la lógica imperialista de la Guerra contra el Terrorismo se "naturalice" en
la agenda cotidiana. La lucha contra estas maniobras de restricción democrática
forman parte de la construcción de un proyecto alternativo de país con desarrollo
equitativo inconcebible sin democracia participativa y protagónica.