POLITICA
NACIONALLEY ANTITERRORISTA
CUESTIONAMIENTO DE JURISTAS
En una declaración conjunta, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la Asociación Americana de Juristas-Rama Argentina se pronunciaron sobre la norma recientemente sancionada.
La Asociación de Abogados de Buenos Aires (Aaba) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) emitieron una declaración ante la reciente sanción de la denominada Ley Antiterrorista por parte del Congreso Nacional, que fue suscripta por el presidente y el secretario general de Aaba, Beinusz Szmukler y Eduardo Tavani, y por el titular y la secretaria general de la AAJ-Rama Argentina, Ernesto Moreau y Cristina Hammermüller.
Indican estas asociaciones que la iniciativa que en tal sentido presentó el Ejecutivo Nacional fue remitida al Legislativo "bajo la presión pública y notoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la del gobierno de los EE.UU., que pretende uniformar internacionalmente los conceptos liberticidas de su Patriot Act".
Esta norma, puntualizan, introduce en el Código Penal una pretendida tipificación laxa del "terrorismo", "a diferencia de los organismos internacionales que lo intentaron sin lograrlo, debido a que conforme principios elementales del derecho penal universalmente aceptados es inadmisible la creación de un tipo penal sobre la base de un verbo polisémico como 'aterrorizar'".
Asimismo explican que la Ley posee un artículo para caracterizar la "asociación ilícita terrorista" con penas a las que califican de absurdamente elevadas, "aun cuando ésta no procurase la comisión de algunos de los crímenes incluidos en los Pactos añejos de los últimos cuarenta años".
Recuerdan también que "la historia argentina está plagada de leyes de excepción que no impidieron ninguno de los actos terroristas que asolaron nuestro país ni la impunidad de sus autores, y sólo han servido para la represión política y social. En cambio es perentoria una modificación global del Código Penal para expurgarlo, entre otras, de las denominadas leyes Blumberg, para lo cual debe elevarse a tratamiento del Congreso el anteproyecto elaborado por la Comisión de reforma del Código Penal designada por el Poder Ejecutivo e integrada por prestigiosos especialistas, que luego de un año de trabajo y ser presentado oficialmente en acto público el 18 de mayo de 2006, fue abandonado irrespetuosamente y sin explicación alguna".