Un nuevo modo de privatizar
“El Gobernador de Santa Cruz, actuando como vocero
de las diez provincias petroleras reclamó: 'Respetamos a las posturas
de los legisladores que están en desacuerdo con la Ley de Privatización
de YPF, pero que den quórum”.
(Clarín, 23 de setiembre de 1992).
Enarsa fue presentada como la respuesta oficial a la emergencia de la crisis energética, una nueva empresa estatal que haría de “testigo” en el sector de energía para compensar los “déficit” del mercado. Sin reestatizaciones ni otras medidas “arcaicas y fracasadas”, se actuaría de un modo “racional y moderno”, combinando la acción del sector público con el privado. No pocos le dieron la bienvenida al proyecto y creyeron ver en esta iniciativa una nueva demostración del “cambio de modelo”.
El debate se profundizó entre quienes habían cuestionado la iniciativa del gobierno a raíz de las modificaciones introducidas por los diputados en el proyecto original, esquema que contó con el apoyo de más de 120 diputados y el rechazo de otros 80. Muchos de los que habían cuestionado duramente el proyecto oficial, interpretaron las modificaciones introducidas como un logro de los sectores populares, asimilando algunos cambios jurídicos en la formas legales de Enarsa como un reaseguro político hacia el futuro, cambios que –suponían- por sí mismos impedirían su posterior privatización o su funcionalidad con el esquema legado por el menemismo.
Entre quienes así opinaron, están los que consideran que el futuro de Enarsa depende de la estrategia oficial en el área de energía y creen que la definición de la política sectorial aún es materia pendiente y, por tanto, campo de un disputa. Sin embargo, los sectores que defienden esa opinión, no asumen que ya existe una política sectorial y que, de hecho, mantiene sin alteraciones el modelo privatizador de los recursos estratégicos heredado de los noventa.
En verdad, no es posible encontrar reorientaciones ni cambios palpables en la política energética oficial, más allá de alguna intervención debida a urgencias coyunturales impuestas por el quiebre de la convertibilidad y la iniciativa de capturar a través de las retenciones una ínfima parte de la “superrenta petrolera” que generan en la Argentina los actuales precios internacionales del crudo. No obstante, la superrenta petrolera es fabulosa y desde el propio Ministerio del área se reconoce que el costo petrolero en nuestro país es de 8 dólares el barril, mientras su precio internacional supera hoy los 50 dólares. Y peor aún: esa enorme renta ni siquiera ingresa al erario porque las normas vigentes autorizan a las empresas a dejar fuera del país el 70% del monto de sus exportaciones. Paralelamente, se están imponiendo diversos ajustes tarifarios en el suministro de energía eléctrica. En definitiva, el marco general que regula las actividades de las privatizadas, heredado del menemismo, no parece estar en discusión.
Aunsencias claves
Ni de los fundamentos ni de los aspectos específicos legales de la creación de Enarsa emerge conceptualmente una estrategia que implique una real voluntad de cambio, algo que debería comenzar por considerar a los hidrocarburos como un bien estratégico vinculado a la seguridad nacional y al desarrollo económico y social. Ello supone reconocer el carácter social de los bienes energéticos y concebir a todo el ciclo económico de los hidrocarburos como un servicio público, tendiente a garantizar para todos el acceso a las prestaciones. En el mismo sentido, los precios y tarifas no pueden depender de las cotizaciones internaciones sino que deben ser determinados por el Estado en base la a consideración de las condiciones sociales y económicas de la población.
La igualdad de oportunidades, en esta área como en otras, se vincula con un desarrollo geográficamente equilibrado y socialmente equitativo, algo que solo puede obtenerse con la más absoluta autonomía política. No son, precisamente, ejemplos de autonomía la reciente sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal (merced a las imposiciones del FMI), ni la redolarización e indexación del precio del gas en boca de pozo concedida a las petroleras, ni el sostenimiento del negocio de las exportaciones de gas (al tiempo que los argentinos debemos pagar el producto importado de Bolivia), ni tampoco el costo de las obras de infraestructura -como los nuevos gasoductos-, que debían ser realizadas por las privatizadas.
Por otro lado, ¿cómo concebir una “empresa testigo” sin poder de intervención eficaz y determinante en el mercado?. Tal como está prevista la conformación de Enarsa, con veinticinco agentes y su futura acción centralizada en las bolsas y mercados de valores, resulta difícil -sino imposible- que pueda tener esa eficacia. En el mismo sentido, la proyección de una auténtica empresa pública de energía requiere cuantiosas inversiones. Sin embargo, dado que los recursos estratégicos que generan ingresos están en manos privadas, y que el actual gobierno no tiene la menor intención de recuperarlos para el manejo estatal, ¿de dónde saldrán los recursos requeridos? Desde el gobierno se ha deslizado la idea de que empresas petroleras de primer nivel mundial invertirán en ENARSA, aunque sin tener poder de decisión en la misma. Pero ningún especialista medianamente serio en política energética considera eso factible, porque cualquier capital extranjero encontraría menos riesgoso invertir en acciones de Repsol-YPF que, por otro lado, pagan importantes dividendos en efectivo.
Además, tras el anuncio de la creación de Enarsa, todavía no se dispone de instrumentos reales que permitan monitorear los costos de las empresas; ni siquiera para contar con cifras absolutamente confiables de reservas, pese a que las empresas privadas trabajan sobre áreas concesionadas, es decir, de propiedad estatal.
En el terreno jurídico, debe destacarse que la forma legal adoptada para la creación de ENARSA ha sido cuestionada por resultar violatoria de las leyes de sociedades comerciales y de hidrocarburos, las normas de la Comisión de Valores y la propia Constitución Nacional. Las figuras legales adoptadas tienden a ocultar la realidad de ENARSA, porque el gobierno sabe que la defensa abierta de las privatizaciones de las riquezas nacionales hoy no goza de consenso popular. No obstante, la ley abre la posibilidad de privatizar la plataforma submarina argentina. Así, muchos de los que hace una década impulsaron la privatización de YPF, inventan hoy un camino tortuoso, con visos de ilegalidad, encarnado por ENARSA, para continuar el mismo modelo.
Esto resulta particularmente grave en la actual conyuntura internacional, caracterizada por la violenta apropiación de las mayores fuentes de hidrocarburos del planeta por parte de las naciones más poderosas, a lo que se suma la tendencia a la irreversible declinación de las reservas mundiales. Por esa razón, países para nada “estatistas”, como Inglaterra, han determinado que los hidrocarburos debían volver a manos del Estado, sencillamente porque es un resorte estratégico en el escenario mundial que se viene.
Sinceramiento
La ausencia de cambios de fondo respecto del modelo privatizador de los noventa se refleja en las propias declaraciones de los funcionarios oficiales. Por ejemplo, Luis Corsiglia, que sería designado por el gobierno para integrar el Directorio de ENARSA, dijo que el proyecto "no es un capricho ni una vuelta al pasado" y enfatizó que la principal tarea es "controlar e incentivar la exploración petrolera, lo cual no se hace en Argentina desde hace cinco años", afirmó.
Asimismo, confió en que los altos precios del petróleo en el mercado mundial y la gran demanda de China incentiven a las grandes transnacionales a la prospección marítima y adelantó que Repsol YPF y Petrobras se interesaron al conocer el nacimiento de la empresa. En cuanto a inversiones por parte del estado, afirmó que el principal capital lo constituirá más de un millón de kilómetros cuadrados de plataforma por explorar.
Antes que Corsiglia, Alberto Fernández había argumentado -alejándose de los discursos de barricada del presidente- que "es difícil emplazar al capital privado a que invierta donde no quiere invertir, pero sí es posible buscar alternativas de asociación para que la inversión se vuelva atractiva para ellos. Ese es el sentido que tiene la creación de Enarsa”.
Hasta tal punto hay continuidad con el esquema neoliberal que el criterio rector de la nueva Enarsa será... la rentabilidad. De este modo, al considerar cada proyecto de la empresa como una unidad de negocios que producir en sí misma una “adecuada rentabilidad”, seguramente se dejará de lado la función esencial de una verdadera empresa pública de energía, que es asegurar el abastecimiento de las necesidades energéticas, con calidad adecuada y precios que capten y redistribuyan las rentas de los recursos naturales utilizados, a efectos de promover el desarrollo autónomo del país.
Enarsa surge así en el contexto de una política global que no rompe los trazos esenciales legados por el memenismo y su esterilidad transformadora producirá una consecuencia política significativa: el establishment sigue tratándola como una empresa del Estado al viejo estilo y ha pasado a la ofensiva utilizándola como excusa para denostar cualquier proyecto que involucre la acción del Estado en la economía. La inoperancia de esta iniciativa para superar la crisis contribuirá a deslegitimar cualquier intervención del Estado, y no solo aquella forma de intervención pública que caracterizó al reinado de la tristemente recordada Patria contratista. En consecuencia, su ineficacia para modificar el modelo privatizador y su incapacidad para cuestionar las bases del modelo neoliberal servirán, en los hechos, para dar aliento a aquellos que sostienen la dominación del poder financiero en las áreas estratégicas.
Un nuevo modo de privatizar
El proyecto de creación de ENARSA, tal como ha sido aprobado en el Senado, es un nuevo modo de privatizar los recursos naturales que aún quedan en manos públicas. De esta manera, bajo el ropaje de un discurso público que promete el regreso del Estado a la economía, se abre el camino para hacer posible la privatización de la cuenca submarina. Paradojicamente, el debate acerca de cómo renacionalizar el complejo petrolero-gasífero- energético ha sido desplazado en beneficio de la continuidad del modelo privatizador.
Se considera “atrasada” y “perimida” la defensa del dominio estatal sobre el petróleo y las fuentes de energìa. También se supone una “etapa superada” que el Estado deba quedarse con la renta petrolera y redistribuirla en función de las necesidades sociales de los argentinos, o que se pretenda utilizar los recursos naturales estratégicos con el objetivo prioritario de impulsar el desarrollo de nuestro pueblo. Como en los noventa, se aduce que como el Estado no cuenta con recursos económicos, no podrá hacerse cargo de la explotación de la cadena petrolera y energética. Y, como conclusión, se sentencia que aquellos que defendemos la propiedad pública del petróleo de hecho terminamos propiciando que la riqueza “duerma” bajo la tierra sin ser explotada. Sin embargo, el Estado dispone de ingentes recursos, como lo demuestran los datos oficiales de recaudación fiscal y reservas.
El retorno a manos del Estado de las áreas privatizadas permitiría recuperar más del 90% de la reservas, así como el poder de decisión sobre la producción de gas y de petróleo y, por supuesto, la capacidad de fijación de los precios de acuerdo a las necesidades sociales y de desarrollo económico de la población, y no en base a los vaivenes del precio internacional o del interés empresario de maximizar los beneficios a cualquier precio. De ese modo, gran parte de las rentas que hoy “toman el camino del mar” y se fugan al exterior para engordar las cuentas de unas pocas transnacionales, se quedarían en el país. Sería un paso significativo en la recuperación de nuestra soberanía energética.
Patricio Echegaray - Secretario General
Partido Comunista de Argentina