Economía

Los aumentos no se detienen07.09.2017

Una olla a presión

Entre las Paso y la desaparición de Santiago Maldonado, que gracias a la movilización popular logró posicionarse como el tema más importante en la agenda pública, la inflación siguió marcando el ritmo en el deterioro del nivel de vida de los sectores populares. Por su parte, el Banco Central no puede detener los incrementos de precios a pesar de apelar a medidas ultra ortodoxas como tasas de interés altísimas y récords en la colocación de bonos como las Lebacs, cuyo stock ya superó el billón de pesos

A tres semanas de las Paso, con los resultados sobre la mesa -y la ratificación de la victoria de Cristina Fernández de Kirchner en los comicios en la provincia de Buenos Aires- y el caso Santiago Maldonado en el centro de la escena, mucha agua ha corrido debajo del puente en materia económica.

Más allá de los análisis sobre los resultados electorales, hay fenómenos de índole económico y social generados o profundizados por la administración Cambiemos que permiten afirmar que para la derecha el único camino posible es la profundización de las políticas de ajuste, entrega y represión. El objetivo sigue siendo el mismo: consolidar el proceso de redistribución regresiva del ingreso en el país como parte de una estrategia regional del imperialismo yanqui a la que el gobierno tributa.

En todos los casos, el camino parece inevitable: profundizar la política de ajuste con medidas tales como la reforma laboral, nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos, profundización en la política de endeudamiento y la creación de mejores condiciones para que el capital siga ganando terreno por sobre el trabajo.

En este contexto el gobierno nacional tiene planeado una serie de aumentos para después de octubre que impactarán, una vez más, sobre el bolsillo de los trabajadores. Entre los rubros con aumentos previstos se encuentran aquellos que más afectan a los precios de la economía: transporte público, naftas, servicios públicos como luz y gas, expensas, telefonía móvil, monotributo, peajes, prepagas y hasta cigarrillos.

En estos casos se trata de aumentos que se contabilizarán en las mediciones de noviembre y diciembre. Para ese último bimestre del año, el techo inflacionario planteado por el gobierno se encontrará ampliamente perforado. Así se desprende de un informe presentado por el Instituto Economía y Trabajo de la Fundación Germán Abdala que sostiene que en agosto la inflación mensual fue del 1,6 por ciento. Así, el acumulado en lo que va en el año ya trepa al 14,8 por ciento, siendo agosto el mes con mayor inflación desde febrero. Por su parte, el acumulado interanual -agosto de 2016 a agosto 2017- es del 24,1. Según consta en el informe, el alza general se vio impulsado por los aumentos en el rubro esparcimiento (4,8 por ciento), atención médica (3,2) y transporte y comunicaciones (3,0).

En lo que respecta a los aumentos de agosto, el ITE sostiene que fueron determinantes "la escalada del tipo de cambio, la suba de las naftas, la medicina prepaga y la estacionalidad positiva en esparcimiento (por el receso invernal)".

Lebacs: una bomba de tiempo

Junto al aumento de precios que mantiene el ritmo creciente y acelerado de la inflación en la Argentina, el Banco Central de la República Argentina (Bcra) -la máxima entidad monetaria del país- aumenta el stock de Lebacs a récords históricos: en agosto de 2017, por primera vez, el stock en estos bonos superó el billón de pesos y en tan sólo un semestre la colocación creció un sesenta por ciento en comparación al año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Qué, tal como argumentan los economistas del establishment, es mentira que “enfriando” la economía y reduciendo la liquidez se logra combatir, con efectividad, la inflación.

Por el contrario, el caso argentino desnuda los mitos de la ortodoxia neoliberal ya que, no sólo crece el stock de moneda nacional en Lebacs y la tasa de interés de referencia es la más alta en décadas, sino que esta aspiradora de pesos cabalga a caballo de una inflación cuyo costos son asumidos por los sectores populares que con sus bolsillos financian la timba financiera. Pérdida del poder adquisitivo del salario y destrucción del mercado interno es la contracara del agresivo proceso de valorización financiera del capital al que está siendo sometido nuestro país en base a endeudamiento externo y fuga de capitales.

El fracaso de la política monetaria del gobierno está a la vista. Por el momento, con el grifo del endeudamiento externo aún abierto, el macrismo puede sostener su política económica sin mayores sobresaltos: cuenta con dólares para financiar la fuga de capitales y la bicicleta financiera, el stock de Lebacs en pesos lo mantiene lejos del default porque cuenta con la maquinita de imprimir billetes y la tasa alta de interés evita, por el momento, una corrida cambiaria.

Sin embargo, pese a estas ventajas coyunturales, el gabinete económico no puede controlar la inflación. Además, como si no bastara, la política monetaria del Bcra desestimula la inversión y la generación de empleo. Eso explica que el gobierno tenga que recurrir al espiral ascendente de las Lebacs -una verdadera bola de nieve que mientras rueda se agranda para terminar volviéndose en contra- y la represión a la protesta social. Sucede que todo aquello que no se puede sostener con el endeudamiento externo y la bicicleta financiera, como el poder adquisitivo del salario y el empleo, se sostiene con represión y disciplinamiento. La desaparición de Santiago Maldonado, el encarcelamiento de Milagro Sala o el intento de reforma laboral tributan a la conformación del mismo esquema económico-social que se sustenta en el endeudamiento y la fuga de capitales, cuyo objetivo no es más que el de agrandar las desigualdades sociales y profundizar el proceso de concentración de la riqueza.

Incrementos en sectores claves07.09.2017

Todo aumenta

Prepagas, monotributo, telefonía celular y cigarrillos son algunos rubros que impulsarán la perforación del techo inflacionario impuesto por el gobierno para este año.

La inflación es un verdadero pacman en el bolsillo de los trabajadores. El gobierno nacional montó parte de su campaña electoral bajo la promesa de erradicar lo que, ciertamente, era y es un grave problema para los asalariados del país: los incrementos de precios.

Sin embargo, desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2015, la inflación -al contrario de lo que había prometido y garantizado- se disparó: de esta manera, la Argentina está sumergida en el proceso inflacionario más severo desde los coletazos de la crisis de 2001 a esta parte. Sólo en 2016, la inflación fue del 42 por ciento.

Los aumentos de precios en el país vienen cabalgando al ritmo de dos fenómenos claramente identificados y que, lejos de apaciguarse, siguen marcando la cancha: devaluación y aumentos en las tarifas del transporte y los servicios públicos. En Argentina, dada la estructura económica dependiente moldeada por el modelo agroexportador y la importancia que tienen determinados insumos importados para la actividad agroindustrial, el precio del dólar es una de las variables fundamentales que afecta, rápidamente, el índice de precios.

Por ello no extraña que, según dio a conocer el propio Indec durante agosto, la inflación en precios mayoristas durante el mes de julio haya sido del 2,6 por ciento. La cifra no hace más que poner blanco sobre negro respecto a una verdad evidente a la luz de los hechos: la imposibilidad del gabinete económico para cumplir con la meta inflacionaria establecida por el Banco Central en un 17 por ciento anual.

La fuerte devaluación del 15 por ciento en casi dos meses producida en el período junio-julio, impactó fuertemente en este segmento de la economía, que velozmente influye en el precio de los alimentos y artículos de consumo popular. Contrariamente a lo que argumentan los miembros del gabinete nacional, y sus escuderos mediáticos, las variaciones del dólar impacta sobre los precios de la economía.

Los beneficiados de siempre

Si para octubre se espera que, definitivamente, la meta inflacionaria del 17 por ciento impuesta por el Banco Central sea superada, el proceso inflacionario contará con un trimestre de “yapa” para seguir su curso. El panorama no es alentador ya que, como adelantamos, se espera que el gobierno habilite una batería de incrementos sensibles para la estructura de precios tras los comicios generales de octubre. Prepagas, monotributo, telefonía celular y cigarrillos son algunos rubros de la economía que ayudarán a perforar la meta inflacionaria durante el último trimestre.

Sin dudas que el rubro salud es uno de los que mayores impacto tiene. Ya para agosto el gobierno había autorizado un nuevo incremento -el cuarto en lo que va del año- del 5 por ciento en las cuotas de las prepagas. En resumidas cuentas, hasta la fecha, estos aumentos superan con creces la meta inflacionaria en al menos 4 puntos. El gobierno autorizó subas del 6 por ciento en febrero, igual cifra en julio, 5 por ciento en agosto y otro tanto en septiembre. El acumulado es del 21 por ciento y las empresas del sector presionan para que el gabinete económico habilite uno más durante octubre, rozando así el 30 por ciento anual.

También se esperan cambios en el monotributo y las tarifas de la telefonía móvil. En este último caso se espera que Personal, la compañía que ahora quedó en manos del Grupo Clarín a través de la integración de Cablevisión con Telecom, aplique un aumento promedio del 4 por ciento en los precios de los abonos. Por su parte Movistar, del grupo Telefónica, se adelantó y comenzó a aplicar aumentos del casi 13 por ciento durante este mes de septiembre.

En paralelo, el poder adquisitivo de los salarios, asignaciones, pensiones y jubilaciones disminuye día a día, lo que amplía los índices de pobreza e indigencia en todo el país. La crisis se sabe cuándo y cómo empieza pero no cuando y como termina, aunque la historia argentina tiene precedentes que permiten avizorar las consecuencias que tiene la profundización de los procesos inflacionarios, siempre presente en las mayores crisis económicas del país.

Listos para seguir ajustando15.09.2017

Un presupuesto para después de octubre

El proyecto del ejecutivo ratifica su identidad y el rumbo del Gobierno Macri, al tiempo que deja en claro quiénes integran el selecto club de ganadores del modelo que intenta imponer el tándem de poder real que se instaló en La Rosada en diciembre de 2015.

Con la expectativa de que los resultados electorales de octubre construyan un Congreso proclive a votarlo casi a libro cerrado, por medio del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ejecutivo presentaba -al cierre de esta edición- su proyecto de Presupuesto 2018.

Según se pudo saberse, el proyecto de Presupuesto que debe ser debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado por Cambiemos, Luciano Laspina, prevé un crecimiento económico del 3,5 por ciento y una inflación anual del diez, dentro de una banda que contempla un máximo del 15,7 y un piso del ocho.

En lo inherente al comercio exterior, la proyección es optimista: un crecimiento del 6,5 por ciento en exportaciones como en importaciones, aparece como un porcentaje demasiado presuntuoso tras un año que va a cerrar con un déficit de alrededor de ocho mil millones de dólares.

Por otra parte, de acuerdo al texto gubernamental, está previsto un déficit fiscal del 3,2 por ciento del PBI y un nuevo endeudamiento, ya que solicita autorización para tomar otros treinta mil millones de dólares, de los que veinte mil millones van a destinarse a cubrir el déficit fiscal y el resto al pago de intereses. Otro punto interesante es el que señala que, según la estimación de La Rosada, el tipo de cambio va a oscilar entre los 19 y 20,50 pesos por dólar.

Sin dudas el proyecto de Presupuesto 2018 es ambicioso, pero también se choca de bruces con algunos datos duros de la realidad que lo vuelve poco creíble.

¿Es que si la previsión de inflación tiene un techo del 15,7 por ciento, por qué la tasa anual de referencia que paga el Banco Central está en el orden del 27 por ciento?

Un ejercicio elemental indica cuál es la maniobra ¿Qué cree usted que haría con estas condiciones una persona o grupo que se dedica las finanzas? Sí, la respuesta es clara: transformaría sus pesos en Lebacs y, tras un año, cambiaría las letras por dólares y con la diferencia en el bolsillo se va del país, a menos que el gobierno vuelva a ofrecerle posibilidades para interesarlo en retomar la rueda de la timba.

Pero claro, el incentivo va a tener que ser cada vez más extremo. Entonces, lo que se propicia es la profundización del proceso de hiper-endeudamiento emprendido por La Rosada desde que Mauricio Macri es presidente que, tal como lo reconoce –aunque modestamente- el proyecto de Presupuesto tiene como objetivo rutilante el pago de intereses y tapar el agujero fiscal al que le endilga ser el factor determinante de la inflación.

Pero el monto de los intereses crece conforme se va acabando el crédito que le dejó -al Gobierno Macri- el proceso de desendeudamiento llevado a cabo durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Y también crece el agujero fiscal y cuasi-fiscal, entre otras cosas, porque para pagar deuda el gobierno toma el camino más sencillo que le dicta su conciencia de clase y hace caer el peso del ajuste sobre el universo del trabajo.

Así las cosas, el avance de la desocupación es un dato que explica, en parte, la caída del consumo interno. El círculo vicioso se cierra con otro derivado de esta suerte de regulador social en que el Gobierno transformó a la Lebacs.

Es que al mantenerlas en los índices actuales, se obstruye la posibilidad de que el crédito para inversión sea un factor dinamizante de la economía ¿Quién tomaría deuda para destinarla a la producción a una tasa del cuarenta por ciento cuando puede poner su dinero en Lebacs y hacer la plancha mientras espera quedarse con la diferencia que, respecto a la inflación que anuncia el gobierno, paga esta letra? Y, además, así se evita pagar impuestos porque -como se recordará- la renta financiera sigue sin estar gravada.

De ahí que quede claro que, por este camino el costo de bajar la inflación lo van a seguir pagando los sectores populares. El gobierno festeja que la inflación de agosto –de acuerdo al Indec- se haya colocado en el 1,7 por ciento, pero oculta que esa cifra es un promedio y que se hinca el cuchillo a hueso se advierte que la canasta de alimentos básicos, aquella en la que emplean prácticamente la totalidad de sus ingresos los sectores populares, trepó en ese período al 2,7.

Negro sobre blanco

Entonces y como no podía ser de otra manera, el presupuesto ratifica la identidad y el rumbo del Gobierno, al tiempo que vuelve a dejar en claro quiénes integran el selecto club de ganadores del modelo que intenta imponer el tándem de poder real que se instaló en La Rosada en diciembre de 2015.

El ochenta por ciento de los participantes en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) que se desarrolla en Bariloche estima que, durante 2018, va a incrementar la rentabilidad de sus empresas. Así se desprende de un relevamiento realizado por la consultora Ernst & Young Argentina, en el marco de ese encuentro donde, días atrás, el presidente del Iaef, Alejandro Oberts, dijo que el sector al que representa “cruza los dedos” para que “se apruebe la reforma laboral” ya que, recalcó, “los costos laborales siguen siendo muy altos”.

Pero el optimismo se diluye cuando se observa otro trabajo, en este caso de la consultora Manpower, que en un relevamiento realizado entre ochocientas empresas de sectores como agricultura, industria, construcción y comercio señala que ocho de cada diez no piensa contratar empleados en lo inmediato.

Queda claro que, como en los 90, la maximización de la tasa de ganancia es una especie de verdad canónica y que, como entonces, la variable es el universo del trabajo y a eso apunta la regulación regresiva que -cada vez con mayor desparpajo- anuncia el gobierno y el poder real que lo sustenta como eje central de la agenda post-electoral.

¿Mercado Libre?15.09.2017

No...libre mercado

La cultura emprendedora tiene la palabra ¿Someter a los trabajadores a peores condiciones que las perpetradas por la contrarreforma laboral brasilera va a generar más empleo?

“Viendo la reforma laboral brasilera, Argentina puede: imitarla, salirse del Mercosur o resignarse a perder millones de empleos a Brasil”. La frase –que suena a amenaza- fue dicha por el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, quien reclamó que nuestro país avance en un esquema de flexibilización laboral similar al que Brasil concreto este año a instancias de las “recomendaciones” del Banco Mundial y el FMI.

Los dichos de Galperín se inscriben en un contexto que se viene construyendo desde los think tank que apuntalan al Gobierno y desde la propia Rosada, en consonancia con el rediseño regresivo que, en la relación trabajo-capital, se intenta imponer en el mundo y, particularmente, en nuestra región.

Entre otras cosas, la contrarreforma brasilera retira al sindicato de la negociación entre trabajadores y patronal a la que habilita a despedir sin indemnización y, simultáneamente, contratar nuevos trabajadores con menos salario y menores beneficios.

También se eternizan los contratos temporales y la jornada de trabajo sin pago de horas extra. Se exime a la patronal de la obligación de dotar de indumentaria adecuada para la tarea que se realiza y se faculta al empleador a parcelar el período vacacional. Y se legaliza la tercerización, esto es, empresas que contratan empresas, lo que destruye el diseño piramidal de las relaciones laborales, hasta el punto de que no quede claro quién es el que contrata y, por lo tanto, a quién debe reclamarse.

En síntesis, crece la superexplotación, cae el salario y sube la maximización de tasa de ganancia. Y, sobre todo, se debilita letalmente el rol del sindicato como actor en la negociación entre trabajadores y patronales, así como ante el propio Estado.

Incertidumbre

Galperin fundó Mercado Libre y es uno de los más importante exponentes que en Argentina tiene la “nueva economía”, ese término asociado al auge de las empresas punto-com, que devino en el nacimiento del Nasdaq.

Esto es, una economía fundamentada en la fabricación de bienes de tecnología virtual y reproducción de la industria del conocimiento, que pretende surfear sobre las turbulencias a las que los ciclos macroeconómicos del capitalismo somete a otros rubros.

Y no le va nada mal. En poco más de una década, Mercado Libre pasó estar valuada en trece mil millones de dólares, lo que la coloca como la cuarta compañía de nuestro país.

Con poco más de cuarenta años, este amigo –y hombre de consulta- del presidente Macri se ganó su lugar en el Círculo Rojo, pero también es un claro exponente del grupo Endeavor que, tal como lo señala su sitio web, está desde 1998 en Argentina, “contribuyendo al desarrollo del país a través de la promoción de la cultura emprendedora”.

Y es aquí donde los dichos de Galperin toman relevancia. El modelo que merced a la connivencia de algunos jeques de la burocracia sindical se estableció en el sector primario de la economía, amenaza con avanzar y consolidarse en los restantes.

En este diseño caracterizado por descentralización, deslocalización, inestabilidad y rotación de trabajadores, así como por la flexibilidad laboral, el empresariado es libre para modificar las condiciones y reducir plantillas de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, es decir, de su interés por maximizar ganancias.

Así, la subcontratación como un derivado necesario de los modelos empresarios en red que sustituyen a los piramidales, quiebra la relación entre empresario-empresa y trabajador, por lo que la unidad productiva deja de ser el lugar de disciplinamiento y resistencia, es decir el escenario de la lucha de clases.

Todo esto provoca precariedad jurídica y estructural, ya que afecta todo el horizonte de las personas como sujetos, pero también lo hace en tanto sujetos sociales que poseen identidad de clase.

Es que en este postfordismo con sus empresas en red derivadas de subcontratos de subcontratos y trabajo a tiempo parcial, se verifica la consolidación de un cambio en el que el paradigma del trabajo es la individualización superlativa que promueve la descolectivización. Por eso el riesgo que trae aparejada la flexibilización lo asumen personas individuales que, aunque puedan compartir el mismo entorno laboral, lo hacen bajo contratos de diferentes características, lo que fragmenta cualquier posibilidad de resistencia.

Pero para que esto sea posible, es preciso internalizar socialmente que el proceso por el que se crea la fantasía de que los trabajadores se convierten en empresarios –en sus propios patrones-, es una alternativa viable y, además, buena.

De ahí a aseverar que el trabajador industrial despedido puede ponerse al frente de un prometedor emprendimiento para fabricar cerveza artesanal, hay sólo un paso. Lo importante no es decirlo, sino que les crean y en esta dinámica del pustch argumental, Galperin es un ejemplo paradigmático que se busca exhibir.

Y aunque desde cualquier perspectiva sensata se debe aceptar que este camino de la cultura emprendedora puede repartir prosperidad entre muy pocos, lo importante es que muchos crean que al que le toca es a uno mismo. Es como jugar al Quini, pero mucho más peligroso.

El “debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla” que deslizó el candidato por Cambiemos, Esteban Bullrich, es un instructivo del lugar hacia donde el Gobierno pretende llevar a las relaciones entre los universos del trabajo y el capital, pero también a las relaciones sociales.

Este elogio a la managementización es un paradigma del “cambio cultural” que, construido como discurso dominante a partir de fórmulas ligadas a autoayuda new-age, pretende como válido esto de que -a partir del camino de individualización- vale la pena enfrentar los ataques del entorno como si no fueran producto de la lucha de clases y, por lo tanto, aceptar el “desafío” que plantea resignar las regulaciones estatales heredadas del fordismo.

Pero asimismo intenta imponer la idea de que es preciso aceptar que el Estado deje de regular como lo venía haciendo, para regular sólo en favor del capital porque, de acuerdo a este discurso, hay que flexibilizar ya que los costos fijos retrasan la competitividad.

La idea que subyace es permitir que las empresas externalicen y licuen entre toda la sociedad la responsabilidad que -hasta ahora- asume el Estado. De ahí el feroz ataque al Fuero Laboral y la ansiedad que tienen por modificar el cuerpo de la legislación que regula la relación entre trabajo y capital.

Pero para esto necesitan desarticular a los trabajadores y a sus organizaciones, porque aquello a lo que apuntan, no es otra cosa que a destruir la conciencia de clase, esto es, avanzar en la tarea de transformar el proletariado en precariado.

 

La mirada de Apyme15.09.2017

¿Recuperación, qué recuperación?

Lejos de lo intenta mostrar el Gobierno, las micro, pequeñas y medianas empresas padecen el estancamiento de la demanda en el mercado interno, la importación de bienes de consumo, el ahogo impositivo por la falta de facilidades, el bajo acceso al crédito y las continuas subas de insumos y tarifas, puntualizó la entidad que agrupa a pequeños y medianos empresarios de todo el país.

La Asamblea de Pequeños y Medianos (Apyme) advirtieron que la situación del sector es preocupante, por lo que instó al gobierno nacional a reconocer la emergencia productiva y social, al tiempo que recalcó que es preciso que se declare la emergencia nacional Mipyme.

“Lejos de la recuperación que intenta mostrar el Gobierno, el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas continúa padeciendo el estancamiento de la demanda en el mercado interno, la importación de bienes de consumo, el ahogo impositivo por la falta de facilidades, el bajo acceso al crédito y las continuas subas de insumos y tarifas”, puntualizó la entidad que agrupa a pequeños y medianos empresarios de todo el país.

Tras lo que insistió en que “la supuesta ‘recuperación’ de la actividad, sólo es levemente positiva en relación con las cifras de 2016 y sólo para algunos rubros” pero no alcanza los niveles de 2015. Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “la mayoría de las empresas están cada día más cerca del cierre que la recuperación”.

En este contexto, Apyme lamentó que la Ley Pyme que promociona el Gobierno, “no tiene en cuenta los factores reales que afectan al sector”, algo que “queda demostrado en que sólo una parte ínfima del universo Pyme llega a aprovechar algún beneficio”.

Y ejemplificó: “en estos días se informó que, en Mendoza, de 34.665 pymes registradas hasta agosto de este año, sólo 12.129 están ‘categorizadas’ para poder acceder a los beneficios de la mencionada ley”, en tanto que de ellas “sólo 91, el 1,5 por ciento, fueron alcanzadas por los beneficios del impuesto a las ganancias y bono de IVA crédito fiscal”, mientras que el beneficio del impuesto al cheque alcanzó sólo 2.195.

Mientras tanto, en esta provincia cerraron 958 comercios durante el último año por incidencia de los “viajes compras” a Chile.

Por este camino, no

Así las cosas, Apyme solicitó que el ejecutivo nacional “tome nota de la verdadera situación económica y social y escuche a todos los sectores”, ya que en el actual modelo “hay unos pocos beneficiados: el complejo agroexportador, las empresas mineras y de energía y el sistema financiero especulativo”.

Tras lo que resaltó que es mentira que se carezca de alternativas para aspirar a la recuperación y al crecimiento con equidad social, pero para avanzar en esa dirección “debe modificarse la orientación de las políticas en curso”.

Por lo que reclamó que se adopten medidas tendientes a fomentar la demanda en el mercado interno, impulsar y proteger la industria nacional, facilitar la regularización fiscal de las Pymes, abordar una reforma tributaria progresiva y dar prioridad al crédito productivo “en lugar de sostener altísimas tasas alientan la especulación y el endeudamiento del Estado”.

Asimismo expresó la preocupación del sector por las negociaciones que, en el marco de la OMC, está llevando a cabo el Gobierno para avanzar con un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que tendrían “alcances imprevisibles para la industria local”.

Las tarifas de servicios y transporte también van a aumentar07.09.2017

Ajuste después de octubre

El gobierno nacional tiene diseñado una batería de aumentos para después de las elecciones en sectores claves como transporte, energía, luz, agua y naftas. De esta manera, busca consolidar un esquema social regresivo donde el acceso a los servicios básicos sea cada vez más costoso para los trabajadores, los cuales, deberán devengar una porción cada vez más grande de sus ingresos para cubrir transporte y servicios

En octubre, el gobierno nacional buscará consolidar un esquema social regresivo fundamentado en la profundización de las desigualdades sociales. Una de las herramientas que emplea para ello es el despliegue de un modelo tarifario que carga sobre la espalda de los trabajadores las cuantiosas ganancias de empresas que ostentan la explotación de servicios públicos fundamentales que debería proveer el Estado, como el agua, luz, gas, combustible y transporte de pasajeros y mercancías.

Este proceso coincide con la política de eliminación de los subsidios que viene emprendiendo el gabinete económico en diversos ámbitos de la economía nacional. Nuevo esquema tarifario y quita de subsidios es el coctel explosivo que explica, en gran medida, el ritmo inflacionario bajo el que está sumergido en el país mientras las principales empresas con intereses en el transporte y los servicios públicos multiplican obscenamente sus ganancias.

Los incrementos en las tarifas van desde peajes hasta colectivos, trenes, taxis y subtes pasando por naftas, luz, gas y agua. De esta manera los aumentos más sensibles, ya pautados por el Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren, tiene ganadores y perdedores nítidos y no son más que los que, a grandes rasgos, se vienen beneficiando desde que la Ceocracia administra el Estado nacional, el cual, se encuentra consolidando su perfil liberal burgués.

Como se sabe el aumento de tarifas en los servicios y el transporte público impacta rápidamente en todos los precios de la economía, lo que se traduce en un aumento sostenido de la inflación en toda la estructura económica del país. A su vez, el encarecimiento del costo de vida redunda en una caída del consumo, la cual, golpea drásticamente al mercado interno por lo que aumenta el desempleo y a causa de ello la pobreza y la indigencia. Se trata de un combo letal para los sectores populares que absorben los costos de la transferencia de recursos que se hace hacía las principales empresas vinculadas a los servicios públicos y la logística.

Las consecuencias inevitable de este modelo es el de la contracción del mercado interno y una profundización de la brecha social entre los que pueden utilizar los servicios públicos y los que no, hechos todos confirmados por las decenas de informes y estudios que se vienen analizando en los artículos y notas publicados por este diario.

Se viene el boletazo

El segmento transporte es uno de los más sensibles para los sectores populares, ya que se trata de la única vía posible que tienen millones de personas en el país para llegar a sus lugares de trabajo, realizar trámites y acceder a espacios de recreación y esparcimiento. Es un gasto cotidiano imposible de evitar y que, en el día a día, con los aumentos, se transforma en un “gasto hormiga” que explica que, en muchos casos, familias enteras tengan que restar un plato de comida diario en la mesa familiar para afrontar algo tan elemental como la carga de la tarjeta Sube.

Mientras, las empresas del sector son cada vez más rentables. La paradoja es que, a contrapelo de lo enunciado durante la campaña electoral y del sentido común que la derecha busca instalar en la población, los subsidios para los pasajes de tren y colectivo son los únicos que crecen mes a mes. Por ello, el gobierno buscará reducir el déficit de cara a fin de año y lo hará absorbiendo recursos de los bolsillos de los trabajadores a través del aumento de tarifas en este segmento.

Desde el Ministerio de Transporte se admite que es “viable” un aumento antes de fin de año y consultoras privadas ya vienen hablando de un boleto de colectivo a 11 pesos, es decir, un aumento del 73 por ciento, casi cuatro veces más que la inflación de este año. Lo mismo ocurre con trenes y subterráneos. En el caso del sistema a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vale recordar que Sbase -Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado- había calculado que, para este año, el pasaje de metro debería rondar los 15 pesos, el doble que el precio actual.

En el sector energético también se esperan incrementos que, como en el caso de las naftas, se trasladaran rápidamente al resto de la economía, especialmente a aquellos que incluyen en su costo el traslado en fletes. En el caso de la luz, el agua y el gas, los aumentos ya se encuentran pautados por el Ministerio de Energía y Minería pero no se descarta que, un buen rendimiento electoral de Cambiemos en octubre, habilite al gabinete económico a modificar las escalas previstas para subir el piso de los mismos.

Estos nuevos tarifazos se producirán en un año marcado por fuertes subas en el sector. Por ejemplo, en menos de un año, las tarifas de gas en el conurbano bonaerense aumentaron hasta un 500 por ciento. A causa de este aumento, los bonaerenses han recibido facturas de gas por hasta 4500 pesos y a partir de octubre se podrían volver a disparar.

El caso de las tarifas de gas es de lo más llamativos, no sólo porque el ministro a cargo de regular el mercado tiene intereses económicos directos con una de las empresas más grande del mundo en el sector como lo es Shell, sino también porque preveé una inflación del 11 por ciento en dólares.

Como si no fuera poco, para el mes de diciembre el cronograma estipula un aumento en las tarifas de gas para transporte y distribución, que en la actualidad representa el 40 por ciento de la factura que paga el consumidor. En este caso, como sucede también con la nafta, el incremento impactará rápidamente en todos los productos de la economía que incluyen entre su costo el traslado en flete.

En el caso de las tarifas eléctricas también se esperan incrementos, tanto para el consumo residencial como industrial. El Ministerio de Energía y Minería ansía aumentar el precio estacional que actualmente rige en el país, fijado en 640 pesos por megavatio/hora. En tanto Edenor y Edesur, que concentran la distribución eléctrica en el área metropolitana, tienen previsto aumentar los precios de las boletas a partir del 1 de noviembre.

 

 

Apertura de importaciones 29.08.2017

Que el último apague la luz

Un nuevo paso en la quita de aranceles para productos extranjeros va a provocar que haya dos mil personas más sin trabajo en Argentina. Apyme convocó a la unidad de los sectores productivos y sociales perjudicados por la política económica.

La nueva quita de aranceles para importaciones de bienes de capital usados pone en zona de riesgo a dos mil empleos. Así lo advirtió el flamante titular de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (Cappitel), Eugenio Hadges, quien no ocultó su preocupación por la decisión gubernamental de eliminar posiciones en el Régimen de Incentivo Fiscal y de aranceles para importaciones de bienes de capital usado.

Días atrás, por medio del decreto 593/2017, el ejecutivo sacó del listado de posiciones que integran el Régimen de Incentivo Fiscal. La posición arancelaria en cuestión, la 9406.00.92, corresponde a construcciones prefabricadas que incluye galpones y módulos habitacionales para las industrias de la energía, el petróleo, minería y construcción.

En este sentido, Hadges dijo que “se desconoce con qué criterio fueron excluidas las posiciones, ya que no fueron convocados los sectores involucrados para evaluar el impacto de esta decisión”, tras lo que hizo hincapié en que con esta decisión, el Gobierno provoca una situación en la que muchas pymes que hasta ahora abastecían un debilitado mercado interno, van a tener que competir desde una posición absolutamente desventajosa con importaciones, fundamentalmente chinas.

La cosa en sencilla. Además de la pérdida de puestos de trabajo que originará, la importación de bienes de capital implica la salida de dólares del país, por lo que el Estado recauda menos ingresos por impuestos lo que pone, aún más, en tensión al déficit fiscal. Pero para eso, el Gobierno Cambiemos tiene una receta: el endeudamiento a cualquier precio.

“Por cada mil pesos de facturación de una pyme, el Estado percibe 390 en concepto de impuestos, que al importarse esos productos dejan de ingresar”, precisó el dirigente gremial empresario y remarcó que esta decisión se suma a la medida por la que se elimina el arancel al ingreso de bienes de capital usados para las industrias petrolera y minera”.

Apyme

En este contexto, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) convocó a la unidad de los sectores productivos y sociales perjudicados por la política económica que impone el gobierno que advirtió, intenta exhibir índices de actividad que señalarían algún grado de crecimiento económico durante los últimos meses pero sólo son “un rebote respecto del pozo de 2016 y están muy lejos de beneficiar al grueso de la producción y el consumo local, fuente de ingresos de las Pymes”.

Apyme recordó que, incluso de acuerdo a los datos del Indec, la actividad continúa un 1,1 por ciento por debajo del registro de 2015. “Aun en la Construcción, un rubro favorecido por la obra pública preelectoral, el aumento del 13,2 respecto del año pasado es inferior en 5,5 por ciento respecto de 2015 y se perdieron 21 mil puestos de trabajo”.

Tras lo que resaltó que en lo inherente a la actividad industrial, “pese a la mejora interanual, aún está 5,3 por ciento debajo de las cifras oficiales de hace dos años” y añadió que en rubros enteros como el calzado, textiles, línea blanca y madera, entre otros, se está lejos de cualquier señal de recuperación, comportamiento similar al que se advierte en actividades de servicios vinculadas con el consumo, como el comercio, hoteles y restaurantes, entre otras.

Asimismo, puntualiza que la caída promedio en las ventas es constante como consecuencia de un mercado interno destruido y la constante suba de importaciones. Por eso, “lejos de ganarle ‘por goleada’ a la inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores privados y estatales fue en julio un 7,5 por ciento menor al observado en noviembre de 2015”, en tanto que desde que Mauricio Macri es presidente, el salario real mediano acumuló, en promedio, un retroceso del seis por ciento.

De ahí que Apyme advierta que la mayoría de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el trabajo nacional “siguen al margen de una política que no los contempla” y que por este camino “el crecimiento no llegará a todos, sino que seguirá beneficiando a una cúpula de grandes corporaciones en perjuicio del entramado productivo local”.

Y aclara que “son las mismas que en nombre del ‘republicanismo’ no dudan en influir sobre las instituciones, en una actitud antidemocrática que demuestra sus verdaderos intereses, ajenos al bienestar del conjunto de los argentinos”.