Desde La Habana, el periodista, politólogo y analista internacional, Tony López, reflexiona sobre la situación que atraviesa Colombia y su impacto en la región.
El pasado viernes 17 de mayo el diario New York Times, denunció que el jefe del ejército colombiano, general Nicasio Martínez Espinel, había decretado una orden que orientaba a los mandos militares a intensificar las acciones militares y exigía resultados sin importar que las bajas y heridos fueran inocentes civiles.
Al efecto, indica “a inicios de año, a los generales y coroneles se les pidió firmar un compromiso por escrito de intensificar los ataques” e instruye a “los soldados que exijan perfección al momento de ejecutar ataques letales”. Sectores militares opuestos a esa orden señalaron que “implica reducir las normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados y ya ha ocasionado muertes sospechosas”.
La reacción no se hizo esperar el propio comandante en jefe del Ejército, sin perder tiempo y a cinco días de emitir la orden y publicada la denuncia, reconoció que su orden fue malinterpretada y ordenó su modificación, según declaró al periódico El Tiempo de Bogotá y la instrucción de aumentar las capturas, muertes y rendiciones quedó anulada, pero que no habría cambios en otras órdenes claves, indicó el ministro de Defensa Guillermo Botero.
Sin embargo, las modificaciones plantean atemperar la orden, pero no la esencia de ella y al parecer se mantiene en vigor pues instruye a los oficiales a no “exigir perfección” al ejecutar las acciones letales, incluso si hay dudas considerables respecto a los objetivos sobre los que se despliegan. “Hay que lanzar operaciones con un setenta por ciento de credibilidad y exactitud”, dice la orden militar. Quiere decir que, del cien por ciento de acciones, hay un treinta por ciento que pueden ser un “falso-positivo”.
Durante la segunda mitad del pasado siglo 20, los pueblos de América Latina fueron víctimas de crímenes y desapariciones de miles de sus ciudadanos, al sufrir horrorosas dictaduras militares. La humanidad conoció el apoyo de EE.UU. a esos ilegítimos gobiernos de facto y muchas de ellas, organizadas desde Washington, como la dictadura de Augusto Pinochet, en la cual estuvieron seriamente comprometidos el ex presidente Richard Nixon y el secretario Henry Kissinger.
La gran mayoría de los generales y altos oficiales vinculados a esas criminales dictaduras, están pagando cárceles, pero aún hoy a 70 años de aquellas barbaries, miles de familias en nuestra región piden justicia para las víctimas. Nada diferente a lo que sucede en Colombia, donde supuestamente existe una “democracia” y un estado social de derecho.
Esas imperdonables y dolorosas experiencias, al parecer no han calado en la conciencia de algunos sectores castrenses en Colombia, sobre todo en los altos mandos, cuyo objetivo estratégico debía ser la defensa de la soberanía del país y de sus habitantes y ha sido todo lo contrario, las fuerzas militares son utilizadas desde hace medio siglo para combatir a la oposición política interna.
La denuncia del diario estadounidense New York Times es una alerta para no repetir los horrores vividos durante los ocho años de los falsos-positivos (2002- 2010) durante el Gobierno militarista de Álvaro Uribe Vélez, según el Times, se calculan más de cinco mil jóvenes inocentes asesinados, de acuerdo a informes de la ONU. Sin embargo, sus familiares y la sociedad colombiana aguardan aún, para que los máximos responsables de dicho Gobierno y jefes militares sean juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI).
Considerados crímenes de lesa humanidad, estos deben ser juzgados por la CPI lo cual no ha sido posible por la negativa de la Fiscalía General de la Nación a entregar los expedientes de altos mandos militares complicados en dichos crímenes, y pone de manifiesto la complicidad e impunidad en la actuación del sistema judicial colombiano y del poder ejecutivo, no solo del actual gobierno sino de las anteriores administraciones.
La denuncia del NYT, fue rechazada por el sector uribista, entre ellos por la senadora María Fernanda Cabal, que llegó a caracterizar al diario neoyorquino de pasquín, demuestra el mediocre nivel y analfabetismo político de una congresista, que lejos de preocuparse, investigar y verificar la certeza de que se cometen tales actos criminales por los uniformados de su país, la emprende contra el diario estadounidense. Ella debía buscar justicia y velar por que no haya impunidad, para eso fue elegida por una parte de la población y no para convertirse en una defensora a ultranza de un sector que lejos de defender a su pueblo, está defendiendo la impunidad con la que actúan las fuerzas del orden en un conflicto, cuyas cifras de muertos y heridos se resumen en el libro de la Memoria Histórica: Basta Ya. El informe permite confirmar que entre 1958 y el 2012 el conflicto social y armado interno ha ocasionado la muerte de 220,000 mil ciudadanos colombianos.
Senado
El Senado de la nación tiene la tarea de evaluar a los generales que serán ascendidos al grado inmediato superior, once de ellos y sus hojas de vida, están siendo revisados por el Gobierno, luego de la denuncia del NYT, pues se encuentran señalados como violadores de Derechos Humanos por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Human RightsWatch (HRW) y la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, algunos tendrían procesos en la Fiscalía General de la Nación y otros se han postulado a la Justicia Especial de Paz.
Siempre según el Times, documentos publicados por HRW, el gobierno de Duque nombró a nueve oficiales vinculados a asesinatos a mediados de la década del 2000, incluidos algunos que ahora ocupan los cargos más altos dirigiendo ofensivas militares en toda Colombia. Según ese grupo, uno de los oficiales vinculados a los asesinatos es el general Martínez, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, acusación que desmiente el general.
En medio de este serio escándalo, surge la oposición de un importante grupo de senadores, que cuestiona la propuesta del ministro de Defensa, de judicializar las protestas sociales, propuesta nada diferente a la que aplicaron los gobiernos fascistas de Franco en España, Mussolini en Italia y las dictaduras militares en América Latina, en décadas pasadas. ¿Es acaso que, realmente en Colombia, existe una democracia y un estado social de derecho como proclama el gobierno? Respóndase usted mismo querido lector.
Resulta contraproducente, esas órdenes y la agresividad de los altos mandos militares, cuando solo mediante el diálogo y no por las acciones militares se pudo lograr que las Farc-EP, con un importante sentido político y vocación de paz decidieran establecer los diálogos en La Habana y firmado los Acuerdos de Paz hace ya dos años y seis meses y que sólo un veinte por ciento de lo acordado se haya cumplido y ahora se trate de imponer cambios y trampas a lo ya acordado. Deja mucho que desear esa conducta no solo del Gobierno, del que se sabía era enemigo de la paz, pero sí de las fuerzas políticas colombianas que deben exigir desde sus bancadas en el Congreso el cumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz, eso sería lo honorable y lo que espera el pueblo colombiano que merece vivir en paz.
Se sabe que este movimiento guerrillero era considerado el mayor, mejor armado y preparado en el país, y que los Acuerdos de Paz no furon producto de una derrota militar, sino el interés en responder pacíficamente a los clamores del pueblo agotado por cincuenta años de guerra. El gesto de haber entregado sus armas, si bien fue algo plausible, pero estratégicamente errado, que el histórico comandante en Jefe de las Farc, Manuel Marulanda, no hubiera accedido, salvo que la contraparte reciprocara con coherencia a un verdadero interés por la paz, como hubiese sido liberar a todos los prisioneros políticos e iniciar el Acuerdo de la Reforma Rural Integral, importantes elementos que se han cumplido parcialmente en el caso de los prisioneros y nada o casi nada sobre el tema de la Reforma Rural.
Tampoco Jacobo Arenas o Alfonso Cano hubieran aceptado entregar las armas que es la garantía de que se cumplan los Acuerdos. Actualmente esa masa guerrillera es una tropa inerme y desarmada. La conducta del Gobierno de Santos y Duque debió tomar en cuenta ese gesto y haber reaccionado con mayor agilidad y sin burocratismo a las necesidades de estos combatientes, que hoy muchos de ellos se sienten traicionados. Trabajar por la paz fuertemente en el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, debe ser tarea priorizada del gobierno de Iván Duque, así como acceder, a dar continuidad a los diálogos con el ELN y lograr al igual que con las Farc un acuerdo de paz.
Reconocer que las Farc sin recibir ningún beneficio a cambio, concentraron sus fuerzas en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr), centros donde la guerrilla no tiene, según quienes lo habitan, las más mínimas condiciones para una vida higiénica y digna y sufriendo ataques a sus miembros que ha conllevado al asesinato de 115 ex guerrilleros y 31 miembros de sus familias, incluyendo niños; conociendo el proceder del gobierno y el Poder Judicial en el caso de Jesús Santrich, al desconocer la decisión de la JEP de ponerlo en libertad y estas graves noticias del proceder de las fuerzas militares es lógico queocasione en los desmovilizados profundas preocupaciones ante la evidente falta de garantías para sus vidas y futuro.
Estos elementos debían ser tomados en cuenta, no solo por el Gobierno, que está obligado a cumplir lo que está avalado por la ONU, con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad para que se cumpla la implementación de los Acuerdos de Paz, también por la sociedad colombiana y sus Partidos políticos y sus organizaciones sociales. Esperemos que se actúe con la coherencia y la sensatez de quienes tienen las altas responsabilidades en el Gobierno y contribuir a que los Acuerdos, se conviertan en una verdadera política de Estado.
Combatir con todas las armas legales y ordenar a la fuerza pública que tome las medidas correspondientes para extirpar la violencia narco-paramilitar que es hoy, la fuerza que está provocando la desestabilización del país, con los horrendos crímenes que están cometiendo contra el movimiento social y político colombiano. Solo así, Colombia podrá escribir páginas de gloria con toda la fuerza e inteligencia que tiene su pueblo y ponerla no solo al servicio de su país, sino también a toda la región.