Economía

 

Economìa

02.10.2017

 

Consejos

Domingo Cavallo volvió al Banco Central, esta vez invitado por su discípulo, Federico Sturzenegger, para participar de las jornadas monetarias y cambiarias organizadas –esta vez- sólo con la presencia de investigadores, consultores y funcionarios adscriptos a la corriente neoliberal.

 

Importaciones

De acuerdo a un relevamiento de la Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero y Afines, en este sector, las importaciones se incrementaron un 41,5 por ciento durante los primeros ocho meses del año. Esto significó un aumento de ocho millones de unidades más que las ingresadas en 2016.

 

Construcción

En este sector, la actividad mejoró en agosto un trece por ciento, pero respecto a igual mes de 2016 cuando el sector atravesaba su peor fase. Para el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción del Indec, en el acumulado del año presenta un crecimiento del 9,5 por ciento respecto a idéntico período de 2016 arrastrado por la obra pública, pero está cuatro puntos debajo del 2015.

 

Ajuste

“Hay que acelerar el ritmo”, dijo economista jefe del Banco Mundial para América latina y el Caribe, Carlos Vegh, al referirse al ajuste. La frase provocó aplausos entre la audiencia convocada para oírlo en una conferencia organizada por Fiel que compartió con Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

 

Caída libre

66.000 puestos de trabajo del sector industrial se cayeron desde que Mauricio Macri es presidente de acuerdo al propio Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto representa casi el 6% del empleo manufacturero total.

La siguen juntando en pala06.10.2017

La tajada, cada vez más grande

Las empresas energéticas tienen un rol protagónico en el esquema de ajuste que el gobierno desea profundizar tras las elecciones del 22. A fuerza de tarifazos, condonaciones de deuda y absorción de fondos públicos, los grupos económicos de este segmento de la economía se quedan con una tajada grande de la torta ¿el denominador común? Todas amigas del presidente y la ceocracia

A poco más de dos semanas de las elecciones del 22 de octubre, se va develando la intención por parte del gobierno nacional de pisar el acelerador y profundizar las políticas de ajuste y represión de cara a la segunda mitad del mandato del presidente Mauricio Macri.

Como parte de esta arquitectura montada para favorecer a los grupos económicos en detrimento de los sectores populares, el gabinete económico confirmó que el Estado nacional compensará con 355 millones de pesos a Edenor y Edesur en “reconocimiento de las obras ya realizadas”.

Se trata de una nueva medida adoptada por el ejecutivo nacional tendiente a favorecer a las dos empresas distribuidoras de energía eléctrica que monopolizan el sector en el Gran Buenos Aires y Capital Federal. Si en términos liberales este oligopolio da cuenta de la falta de competencia en el mercado de la distribución eléctrica, este desembolso por “compensación por obras” que realiza el Tesoro Nacional va directo a engrosar la tasa de ganancia de ambas.

Si la intervención del Estado en la economía es “perjudicial” para la libre competencia, está claro que para los liberales no lo es tanto cuando se trata de aspirar recursos públicos para un sector de la economía en donde de por si tienen la rentabilidad garantizada debido al carácter oligopólico del segmento.

Pero eso no es todo. Mientras por un lado el gobierno transfiere directamente y sin escala 355 millones de pesos a Edenor y Edesur, por el otro, se esperan para después de octubre aumentos siderales en las tarifas de servicios públicos. Como adelantamos en Nuestra Propuesta, para noviembre la luz en el Área Metropolitana aumentaría hasta un 50 por ciento y el gas natural, según trascendió en las últimas horas, un 40. Estos incrementos se producen en el contexto inflacionario más alto del país desde la crisis del 2001 a esta parte, con los precios de los combustibles liberados a los caprichos del mercado y el desplome del poder adquisitivo del salario.

Una vez más, el combo es fabuloso para los grupos económicos y letal para los sectores populares: para estos, las nuevas tarifas de servicios públicas resultan confiscatorias de sus ingresos. No es para menos: según confirmo el mismo Indec a través de la Encuesta Permanente de Hogares, la mitad de los asalariados cobra menos de 10 mil pesos mensuales. Así no hay bolsillo que resista.

Los que sí tienen sus cuentas holgadas son los grupos económicos vinculados al sector energético. Edenor y Edesur recibieron subsidios por más de una década mientras fugaban las ganancias en vez de invertir en el tendido de energía. Esta falta de inversión se hizo evidente en los cortes de suministro que se repitieron durante los últimos veranos del kirchnerismo, que nunca desarrolló una política sería en materia energética ni obligó a las empresas a invertir las partidas presupuestarias que recibían vía subsidios.

Con nombre y apellido

Esta situación ventajosa de la que partieron Edenor y Edesur -sólo por nombrar a las dos empresas más emblemáticas- se vio fuertemente favorecida por la política económica del gobierno. Y como todas las medidas económicas favorables a los grupos económicos, se explican con nombre y apellido. En el caso del sector energético los protagonistas son el ex ceo de Shell y actual ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, el amigo personal del presidente y accionista de Pampa Energía Joe Lewis y Marcelo Mindlind, dueño de Edenor y comprador de la subsidiaria de Petrobras en Energía. Este último, además, es dueño de Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país y de TGS, una de las empresas de gas más grandes del país.

Pero eso no es todo: el empresario favorito del presidente compró este año Iecsa, empresa que se sospecha como propiedad de la familia Macri y cuyo testaferro era, hasta abril de este año, el primo del presidente Angelo Calcaterra.

Midlin es, además, como Lewis, socio de los Irusta Cornet -dueños de Araucaria y Spi Energy- y forman parte de las casi ochocientas grandes empresas que por ser “usuarios electrointensivos” quedaron exentos de los tarifazos y pagan la energía a un costo mucho menor que el de cualquier argentino de a pie.

Tarifas y disciplinamiento social

Con la profundización del nuevo esquema tarifario y los beneficios que reciben las empresas prestadoras de servicios públicos, queda bien en claro quiénes son los ganadores y perdedores del modelo económico del gobierno.

Recientemente consultado por la prensa, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, justificó los aumentos, reafirmó que hasta 2019 los habrá en todos los trimestres y se excusó bajo el pretexto de que “es costoso, es duro, pero es la única manera que podemos crecer, sin que los servicios se corten, y que quienes vienen a invertir puedan producir y generar empleo”. ¿Tiene razón el ministro? ¿No existe otro esquema que no sea el de cargar sobre las espaldas de los trabajadores las variaciones en el precio del costo de los servicios públicos?

Alternativas existen y todas ellas exigen romper con dos pilares fundamentales sobre los que se sostiene el proyecto económico de la derecha en el país: la ruptura de la relación simbiótica entre corporaciones y Estado tendiente a profundizar el proceso de concentración de la riqueza y la implementación de un nuevo modelo económico basado en la soberanía energética, la inversión pública en infraestructura y la expansión de un sistema de transporte estatal no sólo de pasajeros, sino también de mercancías. Es un esquema que incluye la nacionalización total de YPF, el desarrollo de un nuevo modelo minero no extractivista y de expropiación a las multinacionales que saquean la riqueza de nuestro suelo.

La enumeración realizada sirve tanto para establecer una breve hoja de ruta sobre el camino que debería seguir la Argentina para comenzar a romper la dependencia estructural de su economía como para entender por qué es una vía que nuestro país tiene obturada mientras esté sometido a la hegemonía de un bloque de poder integrado, entre tantas otras, por empresas vinculadas al sector energético y del transporte.

Como se sabe el aumento de tarifas en los servicios y el transporte público impacta rápidamente en todos los precios de la economía, lo que se traduce en un aumento sostenido de la inflación en toda la estructura económica del país. A su vez, el encarecimiento del costo de vida redunda en una caída del consumo, la cual, golpea drásticamente al mercado interno por lo que aumenta el desempleo y a causa de ello la pobreza y la indigencia. Se trata de un combo letal para los sectores populares que absorben los costos de la transferencia de recursos que se hace hacía las principales empresas vinculadas a los servicios públicos y la logística.

De esta manera el factor tarifario se presenta como una herramienta clave para ordenar el escenario social y productivo, ya sea por medio de la regulación y subvención estatal para favorecer que los que menos ingresos tienen o por medio de esquemas regresivos de tarifas que tienden a aumentar las ganancias de las empresas del sector y limita el consumo en hogares de bajos recursos y en pequeñas y medianas empresas que, ante cuentas impagables, comienzan echando trabajadores y luego cerrando.

La consolidación del perfil liberal burgués del Estado nacional bajo la administración macrista escribe un nuevo capítulo en el que se fortalece y reafirma.

Diseño para el saqueo06.10.2017

Reglas desiguales

El gobierno nacional avanza en un diseño económico-social destinado a favorecer una distribución regresiva del ingreso. La profundización de las desigualdades sociales y económicas tiene como complemento la pérdida de los derechos políticos y gremiales de los trabajadores a fuerza de represión y disciplinamiento

La arquitectura montada por el gobierno nacional para garantizar la fenomenal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, como es lógico, trasciende el ámbito energético: implica todo un rediseño económico-social al servicio de los grupos económicos, especialmente de las oligarquías financieras y agrarias que son dos de las fracciones de clase que componen el bloque de poder real que más se benefician con la política económica del gobierno.

Este rediseño implica una transformación profunda de algunas dimensiones del Estado y la sociedad civil y en otras una profundización del perfil liberal burgués de las mismas. Para ello, el gobierno viene implementando toda una serie de medidas que afectan a la economía pero también al tejido social que la derecha busca degradar.

En el ámbito económico la devaluación, el endeudamiento externo, la fuga de capitales, la baja o quita de retenciones a las exportaciones agrarias, los tarifazos y los techos a las paritarias desempeñan un rol organizador de las relaciones sociales que agobia a los sectores populares y a la pequeña y mediana industria nacional allí donde más se siente: el bolsillo.

Pero sobre esta arquitectura económica se erige otra de orden normativo y simbólico que tiene como objetivo consolidar la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, habilitando un cambio cultural que legitime el proyecto social de la derecha en el país. Forman parte de los cimientos de esta edificación políticas represivas de fuerte carácter simbólico como lo son el encarcelamiento de Milagro Sala o la desaparición –con todo lo que ello implica en la Argentina- de Santiago Maldonado. Pero también se inscriben en la misma lógica el proyecto de reforma laboral que discutirá este año –o el próximo- el Congreso y que el gobierno da por hecho con la anuencia de la burocracia sindical.

Esta breve enumeración por lo que son los pilares fundamentales sobre el que se asienta el programa de ajuste, entrega y represión que impulsa el gobierno sirve para exponer ante los desprevenidos, si es que todavía quedan, de que no existen los hechos aislados ni las equivocaciones en ninguna de las medidas que implementa la ceocracia desde la administración del Estado. Por el contrario, se trata de un plan perfectamente orquestado en el que cada fracción del bloque de poder real juega su rol.

Este plan requiere una precisión quirúrgica de todos sus componentes: la embajada norteamericana aportando ideas, recursos y logística para reprimir el conflicto social; el poder económico transnacional con intereses en el país haciendo negocios, dirigiendo el ajuste y disciplinando al movimiento obrero; el poder político cuyo elenco proviene del sector privado, administrando el Estado y fortaleciendo su perfil liberal burgués; el poder judicial generando el marco jurídico que habilita la represión, la impunidad y el saqueo; y el poder mediático disputando la producción social de sentido para afianzar una hegemonía que se viene tejiendo desde hace tiempo y para la cual hay mejores condiciones desde que con el macrismo llegó a La Rosada.

Claro está que en la práctica, las fronteras que definen cada uno de estos roles se muestran muchos más difusos gracias al fuerte entramado que existe entre los grupos económicos y el Estado, pero un simple repaso sobre como el gobierno viene encarando sus principales batallas alcanza para establecerlos.

¿La madre de todas las batallas?

El contexto de ajuste, entrega y represión que se vive en la Argentina presenta un escenario propicio para que derecha avance con su reforma laboral. El objetivo es claro: aumentar la tasa de ganancia de los sectores patronales ajustando los derechos laborales. Como se sabe, es vox populi que las modificaciones de las relaciones laborales es una de las principales metas que los grupos económicos –muchos de ellos con funcionarios en el gabinete nacional- esperan de este gobierno antes del 2019.

Para ello el gobierno espera jugar su carta más importante desde que asumió y es el de consolidar y traducir en norma jurídica la fuerte flexibilización laboral que se viene implementando de hecho desde hace años en el país.

De todo esto queda claro que el tándem del poder real busca dar un paso más hacia delante en su estrategia de favorecer una transferencia regresiva de la riqueza desde el trabajo hacia el capital.

Parte del mismo esquema es la política de endeudamiento externo y fuga de capitales. En gobiernos neoliberales como el actual estos dos ordenadores se presentan como los principales organizadores sociales y económicos, ya que su dinámica influye directamente en el crecimiento del desempleo, la precarización, la destrucción de la industria, del poder adquisitivo del salario y del mercado interno.

Vale recordar que la política de endeudamiento en un contexto de creciente fuga de capitales es un camino suicida que la Argentina conoció en la década del noventa. En realidad es suicida para el país pero no para los grupos económicos que giran utilidades a sus casas matrices, para la oligarquía financiera que incrementa su renta al ritmo de la bicicleta y para los inversores que vienen a comprar bonos al país con la tasa de interés local más alta de los países emergentes.

 

Radiografía de los ganadores06.10.2017

Corren con el caballo del comisario

A continuación Nuestra Propuesta diario de noticias te presenta a los ganadores de los tarifazos y a los principales interesados de que este modelo económico se perpetúe a costilla de los trabajadores

Las empresas del sector energético, tanto generadoras como transportadoras y distribuidoras, son las que mayor tajada vienen sacando en el proceso de transferencia de recursos que el gobierno viene operando desde que asumió en diciembre de 2015.

Así se desprende de los balances presentados por las empresas del sector ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores, según el ejercicio del primer semestre del 2017.

Las ganancias siderales de las energéticas se debe a la cantidad impresionante de recursos que recibieron durante el último año y medio gracias a dos medidas trascendentales del gobierno: los tarifazos –con tarifas especiales para las empresas electrointensivas- y la condonación de deuda por parte de Cammesa –Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A- a distribuidoras como Edenor, Edesur y Edelap.

Cammesa condonó en 2016 19 mil millones de pesos a las empresas eléctricas, pese a prosperar los tarifazos. Así las cosas, a Edenor se le condonaron 1229 millones de pesos, a Edesur 429 y a Edelap 1798. Lo que resulta claro que para el oficialismo la política tarifaria se centra en la reducción de subsidios a los consumidores mientras se amplían los beneficios para las empresas de energía.

Esta condonación de deuda fue fundamentado con artículo ridículo incluido en el presupuesto 2017: según el artículo 15 se le reconocía a las empresas provinciales estatales y privadas del sector la diferencia de dos años entre tarifa congelada y los nuevos precios tras los tarifazos. Es decir, surgió de un cálculo de diferencia entre lo que cobraron y lo que hipotéticamente podrían haber cobrado. Para los cálculos alcanzó con declaraciones juradas de los grupos económicos y no se exigió ninguna documentación que avale y justifique los números presentados.

Las facilidades a las que pudieron acceder las empresas distribuidoras de energía son la contracara de las dificultades que encontraron los usuarios para hacer frente a los nuevos costos de los servicios públicos. Al ser estos esenciales, la población tuvo que hacer frente a los incrementos en un contexto de galopante inflación y paritarias a la baja.

Una vez más el ejemplo más paradigmático es el de Pampa Energía, empresa propietaria de Edenor, cuyos principales accionistas son Lewis y Mindlin. Pampa declaró ganancias por 2.539 millones de pesos. Estos guarismos implican un 241por ciento por encima de la rentabilidad obtenida durante el mismo período del 2016 cuando registró 673 millones.

Otro amigo del presidente que reconoció ganacias extraordinarias fue Nicolás Caputo que, son la constructora Mirgor ganó 325.456 millones, lo que significó un crecimiento de 62,12 por ciento respecto a los 200.740 millones del año pasado.

Nuevos jugadores

Gracias a las facilidades que otorga el gobierno, los principales grupos económicos con intereses en el país apuestan al sector energético. Según la subsecretaria de Energías Renovables dependiente del Ministerio de Energía y Minería, durante el 2016 fueron varias las empresas nacionales e internacionales que se acercaron al mercado energético para sacar tajada.

Entre ellas se destacan Geneia, propiedad del Grupo Brito, la Corporación América de Eduardo Eurnekian –socio de la estatal Invap y del gobierno de Río Negro para desarrollar un parque eólico en esa provincia, el ya mencionado Grupo Pampa Energía del empresario Marcelo Mindlin dueño de Edenor y Petrobras Argentina y el Grupo IMPSA de Enrique Pescarmona.

A esas empresas locales se sumaron rápidamente corporaciones transnacionales tales como Enel Green Power -principal operador de generación hídrica e eólica de América latina-, la italiana IES Biogás que junto Adecoagro crearon una empresa para participar negocio de biogás en Santa Fe y Dow Región Sur de América Latina que se encuentra incursionando en el negocio del agua y la energía.

Una endeudadora serial suelta en Buenos Aires05.10.2017

El precio de una buena sonrisa

Macri está a la cabeza pero Vidal también aparece en el Ranking Bloomberg ¿Qué va a pasar cuando se agote el ciclo de políticas monetarias expansivas y llegue el momento de pagar?

Sólo opacada por la ferocidad de la deuda contraída por el gobierno que encabeza Mauricio Macri, sesenta kilómetros al sur de La Rosada, María Eugenia Vidal sigue los pasos de su mentor y ya logró que la provincia de Buenos Aires ingrese a la élite del ranking de tomadores compulsivos de deuda elaborado por la estadounidense Bloomberg Limited Partnership.

Es que de acuerdo al relevamiento de Bloomberg, desde el primer día de enero de 2016 hasta el 18 de septiembre de este año, Argentina colocó 42 mil millones de dólares de deuda de los 596.400 millones que –en total- colocaron los países de economías emergentes.

Así, el Gobierno Macri ubicó a nuestro país en el primer lugar del podio de los emisores de deuda, superando incluso a la República Popular China que en ese período se endeudó un poco por debajo de los cuarenta mil millones.

Claro que si se compara el PIB chino con el argentino y el uso que se da en ambos casos los dólares que se piden, queda claro que lo que en un caso es parte de una estrategia de crecimiento, en el otro es sólo un mecanismo perverso y de corto aliento.

Es que, Argentina, toma deuda para tapar déficit que se provoca porque, deliberadamente, el gobierno cada vez le cobra menos impuestos a los que debería cobrarle.

El letal impacto que tiene en las arcas públicas la quita de retenciones al agronegocio y la minería, así como los crecientes beneficios que se brindan al sector financiero –cuya renta sigue sin tributar- se suma al efecto que produce la apertura indiscriminada de importaciones ya que, unidad productiva que cierra, deja de tributar.

Todo esto en sintonía con una constante contracción del consumo interno, motorizada por la creciente carestía y desocupación: menos consumo significa menos IVA, pero también retracción de la producción y cierre de unidades productivas.

Y la frutilla del postre la pone el Banco Central que, al fijar una tasa de referencia ridículamente elevada, absorbe pesos que en lugar de transformarse en capital que produzca bienes exportables, va a parar a las bodegas de Federico Sturzenegger. Pero claro, sin exportación no hay dólares frescos, por lo tanto hay que seguir pidiendo y, paso cañazo, continuar ampliando la masa monetaria para que en el corto plazo cierren los números.

Como se ve, esta rueda mágica fomentada desde el propio ejecutivo lleva a que, inexorablemente, se profundice el sobreendeudamiento en un mecanismo perverso pero que –además- deja buenas comisiones. Y si no que le pregunten a Norberto Quintana, socio del estudio neoyorkino Holland & Knight LLP que participó en el cuarenta por ciento de las colocaciones de deuda de distintas provincias, desde que Macri es presidente. Norberto es hermano de Mario Quintana, accionista de los grupos Clarín y Techint, además de vicejefe de Gabinete del Gobierno nacional.

Déficits gemelos

En épocas de déficits gemelos el gobierno corre compulsivamente detrás de la entrada de capital financiero externo, pero también fomenta que las provincias hagan lo propio.

Desde que gobierna Cambiemos, según revela un reciente análisis del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, la deuda contraída por las provincias en moneda extranjera creció en el orden de los 11.600 millones de dólares. Otro tanto pasó con diferentes municipios: la deuda comunal trepó alrededor de 150 millones.

Por ahora en el mercado financiero global hay liquidez, algo que lleva a esta fruición por colocar deuda ¿Pero qué va a pasar cuando esta ronda se agote, cuando el ciclo de políticas monetarias expansivas concluya y, entonces, llegue el momento de pagar?

Más allá de la sonrisa de su gobernadora, en el ranking de Bloomberg aparece la provincia de Buenos Aires y lo hace en un puesto relevante, sobre todo si se tiene en cuenta que no es un estado nacional y que comparte grilla con pesos pesados como México, la República de Corea, Turquía y Rusia.

Y es prudente resaltar aquello de que Buenos Aires es una provincia y no un país, porque esta diferencia hace que en el caso bonaerense se le va a hacer más complicado conseguir recursos frescos que en el de cualquiera de los países con los que comparte este selecto grupo.

De acuerdo al ranking, la deuda externa en divisa de la provincia de Buenos Aires creció alrededor de 8.660 millones conforme avanzaba la Gestión Vidal.

¿Pero hay con qué pagar? ¿Cuál es la capacidad de pago real que tiene hoy la provincia?

El año inicial de Cambiemos en el gobierno bonaerense dejó una situación de recesión con un decrecimiento de la economía del orden del 2,3 por ciento. Así lo revela un análisis del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Buenos Aires (Idesba), dependiente de la CTA de los Trabajadores donde se indica que, además, 2017 está atravesado por el estancamiento, pese a ciertas recuperaciones sectoriales que no logran alcanzar los niveles de 2015

En este contexto destaca casos testigo como el de la industria manufacturera que siguió su tendencia negativa con una caída interanual de 1,3 por ciento durante el primer trimestre.

Asimismo, recalca que las exportaciones crecieron en un 4,2 interanual, resultado que se explica sólo por el incremento de los precios, ya que en cantidades, las exportaciones se retrajeron casi un cuatro por ciento.

Por otra parte, el Idesba advierte que en lo que va del año se profundizó la dinámica de endeudamiento con gran componente de deuda en moneda extranjera que se desencadenó junto a la asunción de Vidal como gobernadora. 45,7 por ciento y 85,3 por ciento interanual es un porcentaje que alarma, pero lo es más aún cuando se nota que la provincia sigue sin generar recursos genuinos para hacer frente a los vencimientos y que las amortizaciones e intereses de esta deuda se multiplican vertiginosamente en un orden del 422,3 y 177 por ciento interanuales.

Y es precisamente esta dinámica la que impacta de forma determinante y negativa en el resultado fiscal financiero donde se registra una caída del 81,2 por ciento, algo que el Gobierno provincia optó por resolver por medio del ajuste, fundamentalmente, en salarios a trabajadores estatales e inversión social. Estos dos segmentos se ubican este año por debajo de la inflación y no tuvieron recuperación respecto a la pérdida de 2016.Tampoco hubo recuperación del consumo de bienes vinculados a necesidades básicas y esto se explica –en gran medida- porque el empleo registrado privado volvió a caer en el territorio bonaerense durante el trimestre inicial del año, algo que también ocurrió con los salarios reales que tuvieron una retracción en relación al deterioro de 2016 que en el conurbano alcanza a 2,2 por ciento interanual y es del 0,5 en el interior de la provincia.

Así las cosas e independientemente de la suerte que Cambiemos pueda correr el 22 de octubre, vale preguntarse qué a pasar cuando se restrinja el chorro de dólares financieros que utiliza para tapar agujeros y, sobre todo, cuando llegue la cuenta de esta festichola ¿Acaso alcanzará con la sonrisa de Vidal o volverán a ajustar sobre el ajuste para poder pagar?

Lo que no dicen02.10.2017

Crece la desigualdad

Las diferencias entre los que más y menos ganan se profundizan en el contexto de un proyecto económico diseñado para favorecer una redistribución regresiva de la riqueza a favor de los sectores patronales y en detrimento de los trabajadores. Como si fuera poco, el gobierno ansía avanzar con su proyecto de reforma laboral

El optimismo del gabinete económico y de la mass media afín al proyecto económico-social de la derecha en el país ignora -adrede- dos fenómenos de la economía real: el crecimiento de la desigualdad y el acelerado deterioro de los salarios.

Para medir la desigualdad, el índice de Gini -que indica menor desigualdad cuando el índice se acerca a cero- es una de las metodologías más recurrentes. Según el propio Indec durante el segundo trimestres de 2017 el coeficiente de Gini subió al 0,428, lo que representa un leve crecimiento interanual, ya que en el mismo período del año pasado el índice marcó 0,427. Entre abril y junio de 2015 el guarismo llegaba 0,410. Es decir, en Argentina desde el 2015 a esta parte crece sistemáticamente la desigualdad entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre, lo que evidencia el acelerado proceso de redistribución regresiva de la riqueza a la que está siendo sometida la economía argentina.

Según se desprende de las estadísticas elaboradas por el gobierno, el 10 por ciento que más gana se apropia un tercio del total de los ingresos, mientras que el 10 más pobre percibe apenas el 1,4.

Por otro lado, la mitad de los trabajadores perciben remuneraciones menores a los 10 mil pesos mensuales, lo que habla a las claras de los niveles actuales de explotación del capital sobre el trabajo. Por ello no sorprende que la brecha entre la pobreza y la indigencia se haya profundizado: entre la segunda mitad del 2016 y el primer semestre del 2017 la brecha de la indigencia pasó del 40,1 al 41,7 por ciento, en tanto que el de la de la pobreza subió del 37 al 37,7 por ciento. En otras palabras, esto quiere decir que cada vez es más difícil para las personas que se encuentran sumergidas en la pobreza e indigencia salir de ellas, por lo que se consolida el carácter estructural de estos fenómenos.

Esta brecha da cuenta de la heterogeneidad de la pobreza y de las divisiones internas en cada segmento que la componen, ya que para una familia no es lo mismo estar a unos pesos de mejorar su calidad de vida que estar a miles. Para el frío cálculo estadístico es lo mismo el pobre que está a un peso de salir de la pobreza que el que está a mil, pero lo que demuestran las brechas consolidadas en los índices de pobreza e indigencia es que cada vez más personas se encuentran más lejos de superar los umbrales en los que se encuentran.

Las familias de trabajadores necesitan cada vez más pesos para mejorar sus condiciones materiales de existencia. Sin embargo, el poder adquisitivo del salario se desploma por segundo año consecutivo por primera vez del bienio 2001-2002 y el gobierno ya avisó que para el año que viene el techo de las paritarias será del quince por ciento y no se aplicarán cláusulas gatillo.

Una carta a futuro

El contexto de ajuste, entrega y represión que se vive en la Argentina es una situación propicia para que el bloque de poder real avance en una reforma laboral. El objetivo es claro y es vox populi que las modificaciones de las relaciones laborales es una de las principales metas que los grupos económicos –muchos de ellos con funcionarios en el gabinete nacional- esperan del gobierno antes del 2019.

Si el gobierno logra disciplinar al movimiento obrero combativo y continúa haciendo buenas migas con la burocracia sindical, el techo del 15 por ciento a las paritarias puede ser un objetivo plausible de cumplir tras dos años en los que logró homologar acuerdos salariales por debajo de la inflación real.

De lograrlo nuevamente, sería el primer año en una década en el que los aumentos salariales se ubiquen -en promedio- por debajo del veinte por ciento pero en condiciones distintas. Si el gobierno logra mantener los votos conseguidos en las Paso, es verosímil afirmar que codificará esos resultados como un cheque en blanco para avanzar en su plan de ajuste, entrega y represión.

En ese camino el ejecutivo nacional espera jugar su carta más importante desde que asumió: el proyecto de reforma laboral con el que busca darle consistencia jurídica a la flexibilización laboral que se viene implementando de hecho desde hace años en el país.

De todo esto queda claro que el tándem del poder real busca dar un paso más hacia delante en su estrategia de favorecer una transferencia regresiva de la riqueza desde el trabajo hacia el capital. Para ello necesita traducir en norma jurídica la fuerte avanzada sobre los derechos de los trabajadores que se evidencia en la fuerte precarización laboral que se vive en diversas ramas de la industria, en el sector servicios y en el empleo público.

¿Qué hay detrás de los números del Indec?02.10.2017

Hacia la indigencia estructural

El proyecto económico-social de la derecha basado en tarifazos, pérdida del poder adquisitivo del salario y destrucción de fuentes de trabajo de calidad en un contexto de fuerte flexibilización desemboca en un fortalecimiento de la indigencia en nuestro país. Si la pobreza estructural, ratificada en los informes elaborados por el mismo organismo que coordina Jorge Todesca, es un fenómeno presente a lo largo de la historia argentina, la indigencia comienza a consolidarse en el marco de una realidad económica que ahoga a los que menos tienen

La contabilidad creativa del gobierno y la “astucia informativa” de los principales medios de comunicación del país presentaron una noticia que, a primera vista, parecía confirmar la aparición de los primeros brotes verdes que el gabinete económico viene prometiendo desde el segundo semestre de 2016. Según se pudo leer en las portadas de los dos matutinos más importantes del país sobre el cierre de la semana pasada, 600 mil personas habrían salido de la pobreza en el primer semestre del 2017 ¿Esto fue así realmente? ¿Cuál es el punto de partida para semejante afirmación en un contexto de contracción del consumo y pérdida del poder adquisitivo del salario?

Según informó el Indec durante la primera mitad del año el índice de pobreza para todo el país fue un 28,6 por ciento. Comparado con los guarismos del segundo semestre del 2016 -el peor año en materia económica desde la debacle del 2001-, el informe oficial presentó una leve mejoría, ya que el año pasado cerró con un índice de pobreza de 30,3 por ciento, es decir, un descenso del 1,7 ¿Cómo se explica este descenso en medio de tarifazos, inflación galopante, pérdida del poder adquisitivo del salario y destrucción de las fuentes de trabajo? ¿Que esconden las cifras oficiales diseñadas por Jorge Todesca, director del Indec?

En primer lugar hay que recordar que la primer mitad del año pasado transcurrió en medio de un “apagón estadístico” por parte del instituto que no elaboró estadísticas ni informes respecto a los índices de pobreza e indigencia ya que se encontraba “diseñando” una nueva metodología.

El trabajo encargado al flamante director demoró casualmente el tiempo que tardó en impactar los tarifazos, que incluyeron aumentos confiscatorios de más del 500 por ciento para una franja enorme de la población que, sólo teniendo en cuenta está variable, pasó a engrosar el número de pobres en el país, aunque el gobierno nunca informó de cuantos se trató realmente.

Con alzas en las tarifas de los servicios públicos y con la devaluación e inflación más alta desde la crisis del 2001 a esta parte, la realidad económico-social de los sectores populares se vio fuertemente deteriorada, aumentando sensiblemente la carestía de la vida, lo que redundó en una abrupta caída del consumo que llevó al cierre de miles de comercios como así también de pequeñas y medianas empresas. Esto se vio reflejado en un incremento estrepitoso del desempleo en los principales conglomerados urbanos del país.

De esta manera el 2016 culminó con más de 10 puntos de desempleo en todo el territorio nacional -en los sectores más bajos el índice escaló hasta el 14-, con más del 30 por ciento de la población sumergida en la pobreza y con niveles de indigencia alarmantes como en el Gran Córdoba (casi 11 por ciento) o Concordia (8,7). En total, en Argentina el porcentaje de indigentes, es decir de personas que no llegaron si quiera a satisfacer las necesidades mínimas para la subsistencia, superaba el 6 por ciento.

Heterogeneidad de la pobreza

Una de las explicaciones a esta leve mejoría presentada por el Indec respecto al primer semestre del 2017 hay que buscarla en dos fenómenos: en el “apagón estadístico” durante la primera mitad del 2016 y en la profunda crisis social en la que quedó sumergida gran parte de la población tras los tarifazos y la devaluación. Es por ello que, tal como valoró Agustín Salvia -Director del Observatorio de la Deuda Social en la Argentina perteneciente a la Universidad Católica Argentina- si hay menos pobres es por qué la situación fue tan calamitosa en el 2016 que una leve mejoría en un sector de la población se vio reflejado en el informe estadístico.

En otras palabras, lo que se está evidenciando es una fuerte “heterogeneidad” de la pobreza. Así lo sostiene el sociólogo e investigador del Conicet Daniel Schteingart, quien explicó que “los pobres extremos profundizan su condición de escasez, en tanto que los que están justo por debajo de la línea de pobreza mejoran su situación”.

Lo que queda claro es que si la pobreza es un problema estructural en la Argentina atribuible a las condiciones en las que se desarrolla el capitalismo en nuestro país, ahora con el proyecto económico-social del macrismo el eje se corre hacia abajo, siendo la indigencia uno de los fenómenos que más se viene consolidando desde diciembre de 2015 a esta parte ¿vamos hacia una indigencia estructural?

Los índices de indigencia -escalón inferior al de la pobreza- siguen siendo mayores a los números que “heredó" Mauricio Macri cuando se sentó en el sillón de Rivadavia. Como si fuera poco, el mismo informe del Indec confirma que comparado con el segundo semestre del 2016 la indigencia aumentó. En otras palabras, sin eufemismos, el gobierno nacional logró reducir la pobreza aumentando la indigencia, apelando a una especie de malthussianismo social moderno donde si lo que importa es la cantidad de pobres, mejor esconderlos debajo de la alfombra y empujarlos a la pobreza extrema.

Los datos son elocuentes: si por un lado, respecto al mismo período del año pasado -primer semestre- la población en situación de pobreza descendió al 28,6 por ciento, lo que data de un descenso de 3,6 puntos, por el otro, más de dos millones de personas persisten sumergidas en la indigencia.

La leve mejoría en el índice de pobreza no se debe a los brotes verdes ni a una recuperación económica estructural. El rebote estadístico que se puede observar en algunas dimensiones de la economía se debe a que “el 2016 fue desastroso y crítico” para los sectores populares y el país en general.

Contabilidad creativa

Una de las patas necesarias para la implementación del proyecto económico social del macrismo en Argentina es la contabilidad creativa de Todesca al frente del Indec. Los propósitos planteado por el tándem del poder real necesitan "mostrar resultados” en medio del ajuste, la entrega y la represión. Tarea difícil para cualquiera que no cuente con la complicidad del aparato mediático y de gran parte de la oposición en el Congreso nacional. Sin embargo, en la actualidad argentina, esa dificultad no se le presenta al gobierno nacional, el cual maneja casi la totalidad del mapa mediático -la compra de Indalo Media por parte del Grupo Terranova coloca al gobierno en un escenario de excepcionalidad sin precendentes- y disciplina a gobernadores, senadores y dirigentes de la oposición con la billetera del Tesoro Nacional.

Este es el contexto que permite al Indec diseñar su metodología de medición sin cuestionamientos y, por ende, que no sean cuestionados los informes elaborados en base a esa metodología engañosa.

Más allá de las cuestiones técnicas en torno al diseño de las variables utilizadas y como se conforman las canastas básicas que establecen los límites entre la pobreza y la indigencia, lo cierto es que ambas siguen siendo una realidad estructural presente y fortalecida en el escenario económico argentino.

Lo que el gobierno no puede esconder es la pobreza estructural y el inmoral crecimiento de la indigencia desde que Macri asumió la primera magistratura. Para ser claros y hablar con números sobre la mesa: la pobreza afecta a 11,3 millones de habitantes y la indigencia impacta en 2,4 millones de personas. Vale destacar que los niveles de indigencia se explican, fundamentalmente, por el empeoramiento sistemático de la situación social en el conurbano bonaerense, donde el índice escaló desde el 6,4 por ciento al 7,1.

Los datos estadísticos difundidos por el Indec confirman, una vez más, que en el capitalismo la cantidad de personas que ingresan y salen de la pobreza puede ser flexible según las coyunturas económicas pero que de la indigencia, una vez que se cae en ella, es mucho más difícil. El mito de la movilidad social ascendente sintetizado en el american life dream es una realidad bastante alejada para las millones de personas que no logran satisfacer sus necesidades básicas.

Pero el problema no culmina allí. Si son más de dos millones los indigentes en todo el país, hay motivos suficientes para pensar que en el corto plazo ese número se puede engrosar sensiblemente: más de la mitad de los asalariados cobra menos de 10 mil pesos, cuando la canasta básica para no ser pobre es de 15.245 pesos, mientras que la que define el nivel de indigencia se ubica en 6.247. Si se tiene en cuenta que la pérdida del poder adquisitivo ronda los siete puntos y que el trabajo informal crece en detrimento del empleo registrado, el escenario es desalentador y permite preguntarse, con fundamentos de sobra ¿la Argentina recorre un camino inexorable hacia la indigencia estructural?

 

El termómetro del consumo02.10.2017

En caída libre

Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) el consumo volvió a caer en septiembre y en lo que va del año el desplome supera el dos por ciento. Pese a ello, el gobierno insiste con la mejora de la economía que, si bien en algunos sectores experimenta un efecto rebote, en todas sus variables se encuentra peor que en 2015

El consumo es un termómetro de la economía real, especialmente para los sectores populares que son los que destinan la totalidad de sus ingresos en la compra de productos de consumo masivo. Como se sabe, en un contexto donde la pobreza estructural se fortalece, el empleo se deteriora y el poder adquisitivo del salario se desvanece, los ingresos de los trabajadores están destinados exclusivamente a satisfacer demandas tales como alimentación, vivienda, transporte, vestimenta y servicios públicos.

En agosto y septiembre se sintió fuerte las caídas de las ventas asociadas al consumo masivo, que en julio consolidaron su tendencia a la baja confirmando un retroceso de 1,4 por ciento anual, en línea con los datos oficiales de ventas de supermercados (descenso de 1,2) y centros de compra (baja de 5,1). Según el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, “la debilidad del consumo estaría asociada, entre otros factores, a la generación de puestos de trabajo en actividades de bajos ingresos salariales, en detrimento de aquellas de mayor remuneración”. El informe del Indec que afirma que la mitad de los trabajadores perciben un salario menor a los 10 mil pesos confirma esta tendencia.

Mientras el consumo no da signos de recuperación, el empleo continúa como uno de los frentes más delicados para el gobierno, ya que los puestos de trabajo que se están creando en el sector privado, por ejemplo, son de baja calidad y peor salario de los que se están destruyendo. Esto fortalece un escenario de fuerte precarización laboral de hecho que el gobierno busca profundizar con el proyecto de reforma laboral que tiene en la gatera para después de las elecciones.

La merma en el consumo no sólo afecta a los trabajadores. Si la gente no compra, el comerciante y pequeño empresario no vende. Por ello, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) informó con preocupación que las ventas minoristas durante el mes de septiembre retrocedieron un 0,1 por ciento y que el desplome en el consumo ya acumula una baja anual de 2,3 puntos. En comparación al mes de agosto, la caída es del 1,9.

Liberan el precio de la nafta28.09.2017

Para que vuelvan a mandar los privados

El ejecutivo nacional decidió adelantar la liberalización del precio interno de la nafta y el gasoil –algo que estaba previsto para el año que viene- y así dio una fuerte señal de cara a las elecciones de octubre: el sector privado manda por sobre el público o, lo que es lo mismo, los grupos económicos le brindan una hoja de ruta a un Estado decidido a favorecer a los ganadores de siempre.

“El impacto en los precios será mínimo” vociferó Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, tras anunciar que a partir de este domingo se liberará el precio de las naftas por lo que cada petrolera podrá fijar a piacere el precio del combustible en el surtidor.

La medida, que estaba prevista para el año que viene, fue adelantada para octubre y se espera, en sentido contrario a lo planteado por el ministro de los tarifazos, que redunde en un incremento en el precio de los combustibles y, por ende, un aumento general sobre los precios de la economía. Así, el gobierno da un nuevo impulso a la escalada inflacionaria del último trimestre para romper, definitivamente, el techo discursivo del 17 por ciento impuesto por el Banco Central y el gabinete económico para este año.

La decisión del gobierno sujeta al país a las consecuencias ya conocidas cuando se entrega a la voluntad del libre mercado variables económicas de suma importancia. En ese sentido, la medida que será implementada a partir del 1 de octubre tiene como complemento la falta de regulaciones que impongan un tope al traslado del precio internacional del petróleo a los surtidores nafteros.

Está liberalización del precio de la nafta se anuncia en el marco de una nueva escalada del dólar que lleva ya una semana consecutiva en alza y que volvió a superar la barrera de los 18 pesos. ¿Cómo evitará el gobierno que se reflejen en los precios locales las fluctuaciones en el valor del barril y la moneda estadounidense? A simple vista este parece ser un punto que no conmueve al gobierno y cuya lógica se asienta en la convicción de que la mano invisible del mercado es la que regula los precios de la economía y las relaciones sociales. Es el mismo paradigma que la ceocracia quiere imponer con la confección de un nuevo marco normativo para las relaciones laborales, es decir, para sostener uno de los principales objetivos de la derecha: el proyecto de flexibilización laboral.

En realidad, como lo demuestra el devenir de los acontecimientos históricos, la mano del mercado puede ser invisible pero no es neutra. Este postulado, núcleo duro del armazón ideológico del liberalismo, es más un discurso que una práctica. El caso de los Estados Unidos, campeones mundiales del neoliberalismo, es paradigmático y el propio presidente Mauricio Macri lo sufrió este año con las trabas a las exportaciones de limones argentinos, al tiempo que su cófrade estadounidense lograba destrabar las exportaciones de carne de cerdo a nuestro país.

Un nuevo capítulo de esta batalla de intereses entre el imperialismo yanqui y el bloque de poder dominante se libra en torno a la entrada de biodiesel argentino a los Estados Unidos, cuya decisión de subir los aranceles sobre el agrocumbustible nacional tensó la relación con Washington. La situación es tal que desde el Departamento de Comercio yanqui recomendaron a los funcionarios nacionales que revisen el esquema de retenciones a las exportaciones de soja hasta eliminarlas. “Las naciones amigas deben cumplir las reglas”, siempre diseñadas para favorecer a los más poderosos, había exclamado el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. En el caso de las naftas, el gobierno nacional parece seguir esta recomendación, ya que el “precio sostén” o “barril criollo” cumplía la misma función que cumplen las retenciones a las exportaciones de soja: cuidar al mercado interno de las cotizaciones internacionales para que las mismas no impacten en los bolsillos de los trabajadores.

Pero una vez más el gabinete económico optó por escuchar las demandas de los sectores patronales que venían solicitando hacía tiempo la liberalización del precio interno para absorber de esa manera los costos de la devaluación y la falta de inversión estructural en el sector, a pesar de las cuantiosas ganancias que transnacionales de la talla de Shell o Pan American Energy obtuvieron en la última década.

Apertura indiscriminada

La decisión de liberalizar el precio de los combustibles forma parte del proyecto de consolidación del Estado liberal burgués en el país. La medida altera el escenario económico actual y profundizará la redistribución regresiva del ingreso que impulsa el gobierno. El aumento sin tope en el precio del combustible servirá para aumentar la rentabilidad de empresas como Shell y encarecerá el costo del transporte público, los fletes y servicios como el gas natural. No es difícil imaginar las consecuencias inflacionarias que ello tendrá sobre la estructura económica del país, altamente dependiente, con gran parte de sus insumos a precio dólar y con mercancías que se transportan de forma casi exclusiva por vía terrestre mediante camiones y furgonetas.

Esta desregulación del mercado de hidrocarburos coincide con la fusión de Pan American Energy y Axion, petroleras que integradas verticalmente controlaran el 76 por ciento del mercado. Además, se permitirá a las refinerías comprar petróleo en el exterior cuando por el precio internacional sea más barato importarlo que producirlo.

Esta apertura indiscriminada en la importación de crudo y la liberalización del precio de nafta en surtidor, en el contexto de un mercado cada vez más concentrado, implicará mayor rentabilidad para las petroleras -especialmente para las internacionales como Shell o Pan American- que fugarán los ingresos a sus casas matrices con los dólares que el gobierno adquiere vía endeudamiento externo.

Como si fuera poco, la posibilidad de comprar en el exterior hará descender la producción local. Una cosa lleva a la otra: menor producción implica menos inversiones y una disminución del empleo en el sector o, lo que es lo mismo, la destrucción de los puestos de trabajo en una industria librada “al azar” -por decisión macroeconómica del gobierno- de las fluctuaciones del precio internacional del petróleo y la cotización del dólar.

De esta manera el gobierno da un paso más hacia delante en el objetivo de someter al Estado a los intereses de los grupos económicos y el gran capital a costa del bolsillo de los sectores populares.

Más nafta a la inflación28.09.2017

Gobernar sobre tierra arrasada

Si algo faltaba para que la inflación rompa el techo del 17 por ciento pautado para este año era la liberalización del precio de la nafta en el último bimestre. Sin embargo, conociendo de ante mano la medida, el gobierno proyectó una baja sensible de la inflación para el año que viene, según se desprende del presupuesto 2018. No es una apuesta alocada, ya que la ceocracia impulsa la vía más ortodoxa de todas para lograrlo: la contracción masiva del consumo.

La destrucción del mercado interno vía erosión del poder adquisitivo del salario terminará permitiendo al gobierno esgrimir que ganó la lucha contra la inflación. Sin embargo, los costos sociales que están a la vista no forman parte de la realidad discursiva creada por el gobierno. Bajar la inflación por contracción de consumo es el equivalente a curar una dolencia amputando el miembro afectado.

En este contexto la liberalización del precio de la nafta implicará que la cotización de la misma dejará de ser potestad del Estado y estará en manos privadas. Se trata de una decisión política que resume como pocas la orientación económica que el gobierno quiere imprimirle a la Argentina. La medida no es caprichosa: la cotización de la nafta, ahora fijada por el precio internacional del barril y el tipo de cambio, imprimirá el ritmo de la economía en un año en el que el gobierno espera que, por fin, la inflación comience a descender ¿Podrá?

Los intentos por parte del Banco Central para dominar el escenario inflacionario durante este 2017, aún con un techo autoimpuesto del 17 por ciento que puede ser considerado alto en relación a la velocidad con la que se destruye el mercado interno, podría por fin empezar a dar resultados durante los últimos dos años de mandato macrista. Con una pérdida del poder adquisitivo promedio de más del 7 por ciento para los trabajadores este año, el proceso inflacionario podría detenerse por contracción de consumo. Que se dé por esta vía no es un daño colateral ni un efecto no deseado, sino que es la vía ortodoxa por antonomasia de los gobiernos neoliberales para inclinar la balanza sobre los sectores patronales en la puja distributiva.

Que la inflación no cese a pesar de la pérdida del poder adquisitivo del salario y la caída del consumo es una muestra clara de la celeridad con la que el tándem del poder real realiza su cirugía sobre la estructura económica del país. Pocos fenómenos como la inflación exponen la densidad de la puja distributiva en el marco de una sociedad dividida en clases, como también pocas agresiones del capital sobre el trabajo son tan elocuentes como la actual en nuestro país.

Según datos proporcionados por el mismo Indec se evidencia un fuerte retroceso de los trabajadores respecto a la participación en el ingreso desde 2015 a esta parte. El proceso se agudizó este año: durante la segunda parte del año la diferencia entre el ingreso familiar promedio del diez por ciento de los hogares más pobres y el diez por ciento más rico fue de 19,6 veces. Estos guarismos empeoran las marcas registradas durante el 2016, cuando la diferencia fue de 18,9.

Impacto interno

En el corto plazo la medida tiene dos consecuencias de fuerte impacto en la estructura económica del país: aumentos de precios en naftas y gasoil y disminución abrupta en las inversiones del sector. Esto último se debe a que el precio internacional del barril de petróleo invita a desinvertir en Argentina y a comprar en el mercado internacional más barato que el costo de producción interna. Esta reedición de la división internacional del trabajo sistematizada por David Ricardo, fundador de la economía política burguesa, tiene implicancias gravísimas en un mundo cimentando en relaciones de desigualdad entre el centro y la periferia, entre países desarrollados y subdesarrollados.

La eliminación del “precio sostén” -o barril criollo- no sólo permitía al Estado regular el mercado hidrocarburífero, sino que obligaba a las empresas a invertir en exploración y producción, por lo que se generaba puestos de trabajo genuinos en un sector clave de la economía nacional. Las provincias más afectadas por la medida y que engrosaran sus índices de desempleo serán Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

De esta manera el país pierde capacidad de maniobra frente al escenario internacional. En otras palabras, se trata de una nueva pérdida de soberanía frente a los grupos económicos.

Vale recordar que el antecedente inmediato en materia hidrocarburífera no es el mejor. Cuando en la década del noventa se liberalizó el precio de los combustibles, lo primero que sucedió fue una merma pronunciada en la producción, una caída en la actividad de los pozos petroleros que terminó incidiendo en la crisis energética del 2009-2010 que el kirchnerismo intentó saldar con la compra por parte del Estado del 51 por ciento de las acciones de YPF con el objetivo de recuperar la capacidad de autoabastecimiento.

Una de las pocas certezas que garantiza este anuncio es que cuando el precio internacional del petróleo suba ese incremento se verá reflejado en el precio local de las naftas y el gasoil pero difícilmente cuando baje esa disminución llegue a los surtidores, en un mercado con empresas inflexibles a la baja. Por qué lo único que se ajusta son los bolsillos de los trabajadores.

Los ganadores de siempre28.09.2017

Festejaron los mercados

La política monetaria y las altas tasas de interés internas hicieron a la Argentina una plaza apetecible en el mercado inversor para que los especuladores posen sus ojos, e inviertan su capital, en las Lebacs. Como si fuera poco, ahora con la decisión de liberar el precio de la nafta, el gobierno logró poner bajo la mira de los especuladores las acciones de YPF, la empresa más importante del país

La reacción de “los mercados” es un índice infalible a la hora de determinar el grado de perjuicio que una medida económica puede tener sobre los sectores populares: cuando los que festejan son los grupos económicos, los trabajadores tienen motivos de sobra para preocuparse.

Por eso la algarabía vivida en la bolsa de Nueva York desde que el ejecutivo nacional anunció la liberalización del precio de la nafta en surtidor alcanza para demostrar quienes son los ganadores y perdedores del modelo económico del macrismo. Las acciones de YPF se dispararon con subas de hasta el 6 por ciento -para luego promediar casi un 4- en el mercado de valores neoyorquino donde cotiza la empresa mixta más importante de la Argentina.

De esta manera los inversores, que en otra cartera de negocios como son las Lebacs vienen haciendo su agosto mes a mes, dejaron traslucir la expectativa que despierta en los especuladores el modelo de país que el gobierno nacional viene construyendo.

Si Argentina cuenta con la tasa de interés local más seductora de todo el mundo emergente -que motivó el boom de los bonos en menos de dos años- ahora también se convierte en una excelente plaza para apostar sobre la suerte de la empresa más importante, por su peso estratégico y económico, del país.

La suerte de YPF se encuentra atada a las variaciones del tipo de cambio. Con un dólar promedio a 19 pesos -según el presupuesto 2018 presentado por Dujovne en la Cámara Baja- y el precio atado al valor internacional del barril de petróleo, los inversores apuestan a una “revalorización” de YPF. Si el negocio es apetecible con el tipo de cambio fijado en el presupuesto 2018, mayor es si -como sucede en diversos ámbitos de la economía- la realidad es diferente a la planteada por el gabinete económico. La cantidad de pesos invertidos en Lebacs -equivalente al 120 por ciento de la base monetaria nacional- y la fluctuación del tipo de cambio es una bomba de tiempo, una olla a presión, a punto de estallar.

Como venimos advirtiendo, la posibilidad de una corrida cambiaria está a la vuelta de la esquina. No en vano el Banco Central se esfuerza todos los meses para mantener alta la tasa de interés -de 26,25 a 26,50 por ciento anual- e invierte miles de millones en pagar religiosamente los vencimiento que su política económica genera. El presupuesto 2018, donde las partidas destinadas a financiar la política de endeudamiento externo aumentan un 15 por ciento por encima de la inflación proyectada, una vez más es una clara muestra de ello.

Si el endeudamiento externo y la fuga de capitales son las principales variables económicas bajo las cuales el gobierno busca ordenar su proyecto político-social, la liberalización del precio en surtidor de la nafta busca dar un mensaje claro a la sociedad y los grupos económicos. Otra vez será el sector privado el que dirigirá los destinos de la economía pero con una peculiaridad única en la historia argentina: como nunca antes ahora lo hará de los dos lados del mostrador, definiendo también los marcos normativos y políticos desde la administración del Estado. La relación simbólica entre grupos económicos y Estado liberal burgués es llevada, una vez más, al máximo de sus posibilidades.