El poder judicial de Gerardo Morales en Jujuy condenó a Milagro Sala a trece años de prisión en la causa Pibes Villeros.
“Este juicio forma parte de la persecución política de parte del gobierno de Jujuy y Nacional”, aseveró Carlos Diego Cruz, miembro del MTL y presidente de una cooperativa de trabajo que forma parte de la Tupac Amaru, radicada en la ciudad de Palpalá, quien estaba imputado en la misma causa que Milagro. Afortunadamente, fue absuelto por “beneficio de la duda”.
La dirigente de la Tupac Amaru fue condenada por los delitos de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado, junto a otros quince militantes de organizaciones sociales y ex funcionarios públicos. Esto, pese a que las querellas impulsadas por el Ejecutivo provincial y la fiscalía, no pudieron aportar pruebas fehacientes que acrediten la responsabilidad de la referente de la Tupac Amaru en los hechos.
Se trata del cuarto juicio que Sala afronta desde que fue detenida, hace casi tres años. La condena es la primera que, de quedar firme, la mantendría encerrada, por eso la defensa de la militante social adelantó que apelará el fallo en todas sus instancias.
Entre las irregularidades, hay un marco temporal de los delitos de asociación ilícita y de extorsión impuestos a Milagro, así como la carencia de validez de las pruebas documentales en las que la fiscalía se basó para acusarla de defraudación al Estado; todas fotocopias sin el aval de ningún escribano.
Además, durante los alegatos, la defensa denunció que para imputarla, el Ministerio Público de la Acusación jujeña “inventó” hechos que no figuraron en la elevación a juicio.
Una muestra alevosa de que el poder judicial es el brazo de Morales es que María Alejandra Tolaba –la presidenta del tribunal- fue designada a dedo tras haber reprobado concursos en dos oportunidades.
Este miércoles Sala cumple tres años de encierro bajo el régimen de prisión preventiva sin que pese sobre su persona condena firme alguna. Por esa misma razón, el equipo jurídico que la representa solicitará entonces, a pesar de su sentencia condenatoria, que sea puesta en libertad hasta que esta condena sea confirmada por todas las instancias judiciales.
Sin embargo, no fue la única condenada en el juicio, que tuvo a 30 cooperativistas, integrantes de organizaciones sociales jujeñas y ex funcionarios provinciales en el banquillo de los acusados. Al compañero de Sala, Raúl Noro, que sufre una enfermedad terminal, le impusieron una pena de tres años en suspenso. Una decena de los acusados, todos cooperativistas, resultaron absueltos por el beneficio de la duda.
Justicia “independiente”
El militante del PC y del MTL, Carlos Diego Cruz, fue contundente cuando dijo que “esta sentencia es injusta”. En este sentido, apuntó contra el gobernador Gerardo Morales y aseguró que “es una causa armada, con muchísimas irregularidades, todo está basado en fotocopias ni siquiera avaladas por un escribano”.
En esta línea, dejando a la vista el manejo impune del poder judicial por parte del ejecutivo, Cruz fue claro cuando remarcó que “abogados que nada tienen que ver con organizaciones políticas, aseguraron que si se hubiesen guiado por el derecho y lo que dice la ley, tendrían que haber sido absuelto todos”.
El hostigamiento a las luchas y las causas populares por parte del gobierno jujeño no es nuevo, comenzando desde multas millonarias y hostigamiento al sindicato de Ledesma, porque los trabajadores de ese ingenio salieron a cortar rutas, y despidos de la empresa La Esperanza en San Pedro, persecución a pueblos originarios, trabajadores estatales y organizaciones sociales.
En el marco de un año electoral y con una crisis que se acrecienta todos los días un poco más, el militante del PC jujeño, sin dudarlo, aseveró que “hay que unir a los sectores populares para vencer a Macri”.
“Estamos trabajando de manera frentista y amplia en la construcción de un espacio que sirva de herramienta para derrotar a este gobierno”, contó Cruz. Asimismo, llamó a “no dejar solos a los compañeros injustamente condenados”, y a “pelear por su libertad.