La inflación anual fue del 47,6 por ciento. En tan solo tres años, la inflación acumulada por el gobierno de Macri alcanza un 158 por ciento. Lejos de esos números, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, jubilaciones y pensiones cayó un 20 por ciento. En plena campaña presidencial, Macri había dicho que bajarla era una tarea “fácil” ¿Se lo propuso o no pudo?
Esta semana el Indec confirmó lo que el bolsillo de los trabajadores sufrió a lo largo de todo el año: la inflación del 2018 fue de casi el 48 por ciento, la más alta desde 1991. Una vez más, como a lo largo de los tres años de gobierno de Macri, lo que más se deterioró fue el poder adquisitivo del salario, que ya lleva una pérdida del 20 por ciento. Queda claro que la inflación marca el ritmo de la puja distributiva en el país y sus índices señalan claramente quienes son los ganadores.
Que en la Argentina la inflación es un problema macroeconómico que afecta, como ningún otro, la economía cotidiana de la población es sabido. En ese marco, el contraste entre las políticas económicas del kirchnerismo y el macrismo es radical.
Al kirchnerismo puede achacársela la falta de voluntad política para construir una correlación de fuerzas favorable a los sectores populares y desde allí impulsar cambios estructurales que permitiesen combatir a los especuladores, formadores de precios y exportadores. Pero no se puede negar que, si la inflación fue un problema presente especialmente durante los dos gobiernos de Cristina Fernández, desde el Estado se intentó desplegar una serie de políticas y medidas tendientes a garantizar el poder adquisitivo del salario: paritarias en relación con los incrementos de precios, tarifas de servicios públicos y transporte subsidiado y un control de cambio regulado según las necesidades económicas del país.
Todas estas medidas de contención fueron eliminadas por el macrismo. El programa económico de la derecha no hizo más que estimular el proceso inflacionario como ningún otro en los últimos 30 años. El objetivo siempre fue claro: realizar la mayor transferencia de riqueza desde el trabajo hacía el capital en el menor tiempo posible. Para ello el gobierno inicio un acelerado proceso de erosión del poder adquisitivo del salario que redundó en un aumento en las ganancias de los sectores concentrados de la economía, especialmente exportadores, el capital financiero y el segmento más privilegiado por la administración cambiemita: las empresas prestadoras de servicios públicos.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, jubilaciones y pensiones fue de un 20 por ciento. En contrapartida, las ganancias de los sectores financieros, energéticos y agroexportadores fueron siderales. Estas ganancias se fundamentan en las mismas medidas macroeconómicas que explican la merma del salario real de los trabajadores: tarifazos y desregulación del mercado cambiario, lo que produjo una mega devaluación que en tres años llevó al dólar de los 9 a los 40 pesos.
A estas dos medidas de carácter ordenador y estructural, el macrismo sumó otras de igual o mayor impacto en la economía real, como la desregulación de las importaciones y el endeudamiento externo masivo. Si la liberalización de las importaciones destruyó fuentes de trabajo genuinas en el país, el endeudamiento externo masivo destinado a fomentar la timba financiera y la fuga de capitales redundó en una altísima tasa de interés que inhabilita, por definición, cualquier tipo de inversión productiva.
Así las cosas, el gobierno no sólo destruyo el empleo que ya existía en sectores en las que se había impuesto la sustitución de importaciones como el textil, el metalúrgico y alimenticio, sino que además invalidó cualquier posibilidad de generar nuevas fuentes de trabajo. Para colmo la inversión extranjera directa no llegó en forma de “lluvia de inversiones” y la inversión en general disminuye mes a mes. Según un informe del Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala “en noviembre, el Indicador Mensual de la Inversión (IMI) registró una caída de 24,9 por ciento anual. En términos mensuales sin estacionalidad presentó una contracción de 10,1 por ciento respecto a octubre, marcando una dinámica similar a las magnitudes registradas en la crisis de 2001 y 2008”.
El cierre del año
La inflación en diciembre fue de un 2,6 por ciento por lo que el acumulado anual cerró en un 47,6. En el último mes del año, las ramas en donde mayor se sintió la subida de precios fue en comunicación, salud, vivienda, agua, electricidad, combustibles, transportes, alimentos y bebidas.
Según los datos difundidos por el Indec, la inflación de diciembre en el Gran Buenos fue más alta que en el resto del país: 2,8 por ciento. En la Patagonia fue de 2,6, en Cuyo y el Noreste 2,5 y en la región pampeana alcanzó el 2,3.
Sin embargo, en la sumatoria anual fue en la Patagonia donde la inflación golpeo con fuerza, superando el 50 por ciento. En cuyo fue del 49,5; en el norte este y oeste de 47,6 y en el Gran Buenos Aires de 47,1.
Más allá de los matices, es innegable que la carestía de la vida es un problema nacional agravado por la inflación. En casi ningún caso y en ninguna región las paritarias de los trabajadores lograron empatar o superar en la carrera a los precios. El encarecimiento del costo de vida que viene siendo traccionado por los tarifazos, el aumento del precio de los alquileres y alimentos se conjuga con la pérdida del poder de compra del salario.
En plena campaña presidencial, Macri había dicho que bajarla era una tarea “fácil” ¿Se lo propuso o no pudo? Una pregunta que se contesta fácil cuando se observa quienes ganan y quienes pierden con el modelo económico que provocó la inflación más alta en 30 años.