¿Puede el universo del capital cumplir un pacto de caballeros? Macri le prende velas a que sus socios de clase se conformen con dormir sobre el colchón de lo acumulado hasta las elecciones ¿Qué se viene después del acting?
Un megapaquete de medidas tendientes “a traer un poco de alivio a los argentinos”, fue presentado hoy por el gobierno nacional que -para hacerlo- eligió una conferencia de prensa a cargo de los ministros Stanley, Dujovne y Sica y un video guionado en el que Mauricio Macri aparece “visitando a una vecina”, a la que le dice que la iniciativa viene a “derrotarla definitivamente”. Se supone que habla de la inflación.
Pero más allá de la actuación -con nena incluida- las medidas que Stanley presentó como “un acuerdo de caballeros”, suman acuerdo de precios y tarifas, un segmento dedicado al sector pyme y otro que busca facilitar el acceso al consumo para jubilados, pensionados y personas que reciben AUH.
En lo inherente a los precios, se informó que hubo fumata blanca con 16 empresas para congelar -durante seis meses- precios de “sesenta productos esenciales de la canasta básica”, que se espera estén disponibles en 2.500 puntos de expendio.
Por su parte, en lo que hace a las tarifas, La Rosada promete que no va a aumentar hasta fin de año las de gas, electricidad y transporte público de pasajeros, y va a mantener la tarifa plana. En el caso de la telefonía móvil, la tregua es hasta el 15 de septiembre.
Para las Pymes se prevé un plan de pagos -con tasa preferencial- de hasta sesenta cuotas, con el que se buscará favorecer la regularización de deuda tributaria vencida. También se señala que el plazo en el que reciben el dinero de las ventas con crédito los comercios minoristas, se va a reducir de 19 a diez días hábiles, al tiempo que los bancos dejarán de cobrar la comisión de hasta el dos por ciento, que perciben para recibir efectivo a las pymes.
Asimismo, las que exporten menos de cincuenta millones de dólares, quedarán exentas del régimen de retenciones.
Quienes perciben la AUH y aquellas personas incluidas en los programas Proyectos Productivos Complementarios, Más Vida y Hacemos Futuro podrán acceder a descuentos de hasta el setenta por ciento en medicamentos, en una red de cinco mil farmacias.
Y se va a crear un mecanismo que prevé permitir que jubilados y pensionados tengan descuentos de hasta el 25 por ciento en supermercados y casas de venta de ropa, entre otro tipo de comercios. Otro punto es el que contempla la ampliación de oferta de Créditos Anses.
¡Piedra libre al FMI!
Está claro que ante una situación límite como la que se desprende del 4,7 por ciento de inflación a la que el Gobierno Cambiemos llevó al país en marzo, cualquier paliativo puede traer alivio.
Pero no es menos cierto que las bases sobre las que se sustenta el anuncio son, al menos, endebles.
¿Por qué debería funcionar esté acuerdo de precios, cuando no se recuerda un pacto similar entre los universos del capital y el trabajo que lo haya hecho?
Incluso los antecedentes inmediatos permiten ser pesimistas: durante la Presidencia Macri hubo dos pactos (¿serían también de caballeros?) entre esos universos. En esos casos eran “para garantizar que no haya despidos” y los protagonistas fueron la CGT, el gobierno y empresarios que -al día siguiente- ya estaban borrando con el codo lo que acababan de escribir.
En ambos casos el ejecutivo hizo la vista gorda ante el incumplimiento del sector empresarial.
Por otra parte, el acuerdo no habla de retroactividad, cuando está claro que desde que La Rosada comenzó a divulgar que avanzaba en este camino, los formadores de precios espiralizaron de forma todavía más brutal la remarcación, lo que explica la inflación del 1,5 por ciento que deja la primera semana de abril, a la que debe sumarse la de los días posteriores.
Por otro lado, nadie aclara que instrumentos se van a utilizar para garantizar que el abastecimiento de estos productos en todo el país, sobre todo, después de que fuera este mismo gobierno quien desmanteló la estructura de control que funcionaba dentro de la Secretaría de Comercio.
Mientras tanto, las empresas prestadoras de servicios públicos también hicieron un colchón fenomenal con un acumulado promedio del 3.600 por ciento.
El desagregado señala que en el rubro energía eléctrica fue de 3.624 por ciento, de 2.401 en gas natural y de 1.025 en agua. Por su parte, en lo que hace al transporte público, los peajes pican en punta con un 1.118 por ciento, seguido del boleto de tren con 601, 494 en colectivo y para el subte.
Y esto no es todo: en el caso del gas, no se alterará el aumento que se aplica desde este mes y va escalonado durante los tres siguientes a razón de diez por ciento en abril, nueve en mayo y ocho para junio.
Para las pyme, las medidas suenan a paliativo insuficiente para un sector al que las políticas gubernamentales dejaron contra las cuerdas, hasta llevarlas a que esté ociosa casi la mitad de su capacidad instalada. Alrededor de diez mil pymes cerraron desde diciembre de 2015, según coinciden asociaciones del sector.
Pero quizás lo más cruel de todo, sea el capítulo referido a jubilados y personas que sobreviven con la AUH y otros programas sociales.
Las medidas destinadas a este segmento, se parecen demasiado a las que el Gobierno Cambiemos sacó de la galera de cara a los comicios de medio término.
Esa vez, las líneas de crédito al consumo significaron un alivio que brindó optimismo. Muchos que accedieron entonces, todavía están viéndose en figurillas para pagar y se tuvieron que sobreendeudar, esta vez, para poder comer o comprar medicamentos.
Y, encima, la ministra Stanley celebra que las tasas de los créditos que ofrece el plan, “no van a superar el cincuenta por ciento”.
Así las cosas, La Rosada deja en claro que la tregua que pretende establecer tiene fecha de vencimiento, y es pronto.
“Se trata de darles herramientas en el corto plazo, mientras lo de fondo funciona”, dice Macri ante la mirada atenta de su patiño de ocasión, en el acting que eligió para presentar el paquete de medidas.
¿Pero qué será “lo de fondo”? Más que “lo de fondo”, el presidente debió decir “lo del Fondo” y, sobre eso, no puede quedar ninguna duda de qué va la cosa.
Corría noviembre de 2016, cuando al dar a conocer sus conclusiones sobre la revisión de las cuentas nacionales que -autorizado por el Gobierno Cambiemos- hizo sobre Argentina, el FMI fue claro a la hora de brindar pistas sobre lo que vendría...y vendrá.
Después de los elogios de rigor hacia la “transición” emprendida por la Presidencia Macri, el equipo presidido por Roberto Cardarelli, dijo que es preciso profundizar “las reformas estructurales” y la “infraestructura del mercado financiero”, al tiempo que instó a “continuar recortando el déficit fiscal, lo que constituye una importante prioridad”.
Para ello, recomendó “la racionalización del gasto público, incluido el gasto salarial; la eliminación de subsidios energéticos mal focalizados y distorsivos; y el restablecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema previsional”.
Y algo no menor: el Fondo recomendó “la reducción de la participación del gobierno en las industrias privadas” ¿Cómo se traduce esto? Que el Estado se desprenda -cosa que está haciendo- de su participación accionaria en empresas, que heredó con la nacionalización de las Afjp.
Esto significaría un golpe letal al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De ahí a la privatización del sistema jubilatorio, sólo habría un paso.
Este documento sirvió de instructivo para el acuerdo en el que, meses después, el ejecutivo avanzó con el Fondo, lo que permitió que se habilite un Stand-by por 57.100 millones de dólares del que gran parte ya se fue por la cloaca de la fuga de divisas y cuyo último segmento sigue el mismo camino, a partir de la autorización del FMI para que el Central subaste sesenta millones diarios.
¿Pero hasta cuándo alcanza? La respuesta se obtiene de un sencillo cálculo y su respuesta es: hasta principios de diciembre, esto es, pocos días después de la fecha estipulada para la segunda vuelta electoral.
Entonces, queda claro que la expectativa gubernamental se acota a que -al menos esta vez- los empresarios que controlan el precio de la canasta básica, le permita mantener la tregua hasta las elecciones y que, reventando dólares hasta el balotage, pueda mantener la pax cambiaria.
¿Y después? Después, se habrá acabado la tregua, ya no va a quedar un centavo, los empresarios dejarán de comportarse como caballeros y saldrán disparados de sus gateras para cobrar la gauchada y, entonces, va a entrar en funcionamiento la segunda fase del plan (Ver ¿Cambiemos controla precios? y Fondo, inflación...¿y después?)
Entonces será el tiempo del Fondo y la segunda fase de la aplicación de su receta que se traduce en más ajuste -esto es menos consumo-, recorte salarial, reformas regresivas en lo laboral y previsional, así como en una nueva ley antimonopolio.
Dos años atrás, con una movida incluso menos ampulosa que ésta, el Gobierno Cambiemos logró pasar con calma una elección de medio término que, a priori, se le presentaba complicada. A la vuelta de la esquina estaba el peor ajuste que sufrió nuestra sociedad. Ahora, nadie puede decir que no está avisado.