El proyecto de ley va a presentarse el 28 de mayo “Gran parte de esta pulseada va a correr por cuenta del movimiento feminista y de la capacidad de movilización, de debate y la iniciativa de toda la sociedad”, dijo al respecto la abogada Silvina Perugino.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, informó que el 28 de mayo se presentará el nuevo Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), iniciativa que es la síntesis de un trabajo de la Campaña, que comenzó a pocos días de haber sido rechazada por el Senado -en agosto de 2018- la iniciativa presentada en 2016.
Al respecto, la docente y abogada feminista Silvina Perugino, recordó que “el feminismo y el movimiento de mujeres en Argentina, viene presentando proyectos a favor del derecho al aborto, desde la vuelta de la democracia” pero, esta vez, “se hace con una gran expectativa alimentada principalmente por la media sanción en Diputados, lograda el año pasado, que nos mueve a pensar que, tal vez, estemos un poco más cerca de la ley”.
La iniciativa, así como el anterior, reconoce como sujeto de derecho a la IVE, no sólo a las mujeres sino también a otras identidades con capacidad de gestar. La IVE se establece hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional y las excepciones al plazo, son los casos donde el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. En estos casos la IVE puede realizarse incluso más allá de la semana catorce.
Cuestión de salud
De acuerdo al proyecto, la IVE debe realizarse en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento y toma la concepción de Salud, conforme a la definición que establece la Organización Mundial de la Salud, que señala que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades.
Al referirse al proyecto, Silvina Perugino dijo que “es muy importante que dentro de la iniciativa no se hable de la objeción de conciencia” y evaluó que “haber eliminado ese punto es esencial”, ya que “el derecho al aborto es un derecho humano, la ley una vez aprobada es política pública, y para los funcionarios públicos, debe ser una obligación por lo que aquí no puede haber lugar para la objeción de conciencia”.
Si bien la iniciativa establece garantizar la práctica en el sector público, también obliga a las obras sociales que presenten servicios médico-asistenciales.
Con respecto a los profesionales de la salud, se pena al que provocare un aborto sin consentimiento de la mujer y a quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
Asimismo, queda establecido que no es delito realizar un aborto con consentimiento de la mujer.
Consultada acerca de las expectativas puestas en la posible aprobación del proyecto, la abogada Perugino reconoció que “este contexto político, con un gobierno que administra a espaldas del pueblo, no es el mejor”, pero aclaró que “sabemos que las luchas se ganan en la calle” por eso “estoy convencida de que gran parte de esta pulseada va a correr por cuenta del movimiento feminista y de la capacidad de movilización, de debate y la iniciativa de toda la sociedad”.