El posible desdoblamiento de las elecciones bonaerenses es el principal debate político por estos días. Pero ¿qué se discute con ello? Más allá de los cálculos electorales y las estrategias políticas del gobierno, quién cuenta con las herramientas político-institucionales para acomodar el escenario a su favor, es necesario alertar que desde la óptica de los sectores populares el debate pasa por cómo vencer el proyecto político de la derecha en el país y la región.
Cada año en el que en la Argentina se celebran elecciones generales, la provincia de Buenos Aires pasa a ocupar el centro de la escena. El Gran Buenos Aires es la región de mayor peso electoral del país: los 40 municipios que componen la región metropolitana albergan a algo más de 10 millones de votantes. Aquí se concentra el 25 por ciento del padrón metropolitano y el 43 por ciento de la población total urbana del país.
De la centralidad electoral de la provincia de Buenos Aires surge la convicción entre las huestes del bloque de poder real, representado en el macrismo, de que el proyecto político de la derecha se dirime, en primer lugar, en la región metropolitana. La tentativa puesta en marcha por parte del gobierno para desdoblar la elección bonaerense respecto a la nacional confirma dicha centralidad.
Desde aquí queremos advertir sobre la peligrosidad de caer en este debate sin considerar el problema de fondo: la crisis económica que atraviesa el conurbano bonaerense. Y dada su importancia, es evidente que se trata de un debate y una crisis nacional.
Desde el gobierno saben que los votantes ejercen el sufragio cada dos años. Y también saben que, entre elección y elección, las personas que conforman el padrón comen, viajan, trabajan, pagan los servicios, etc. Y allí es donde los cálculos electorales empiezan a hacer agua y corren el riesgo de estrellarse contra la realidad de los sectores populares. No hay ninguna otra región del país en la que las políticas de ajuste y represión hayan golpeado tanto a la población como en el área metropolitana.
Esta afirmación no implica minimizar las consecuencias que el modelo económico del macrismo está teniendo sobre las economías regionales y los centros urbanos de las provincias. La destrucción del mercado interno es total, la caída del consumo estrepitosa y la pérdida del poder adquisitivo del salario para los trabajadores histórica: en relación con 2015, los sueldos, las jubilaciones y las pensiones perdieron un 20 por ciento.
La magnitud del impacto en el Gran Buenos Aires no es solo una cuestión cuantitativa, también cualitativa. En el 2018 la caída del PBI fue de 1,4 por ciento y la inflación superó los 45 puntos. Es fácil deducir el impacto de la crisis económica en el conurbano y alrededores: aumento en la carestía de la vida, incremento del desempleo y por tanto un ascenso de la mano de obra desocupada, ahora disponible para trabajar por salarios cada vez más bajos y condiciones más infrahumanas.
Más del 60 por ciento de la población bonaerense vive en el conurbano. Allí según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, más del 50 por ciento de los niños y niñas viven por debajo de la línea de la pobreza, el 10 por ciento es indigente y casi el 65 por ciento no tiene acceso al agua potable o cloacas.
De lo que no quedan dudas es que la pobreza en el conurbano crece más rápido que en el resto del país. Entre los 40 municipios que conforman el conglomerado bonaerense los índices de pobreza superan el 32 por ciento, cuando la media nacional ronda el 27. En total, se trata de algo más de siete millones de personas que en el día a día no llegan a juntar los 21 mil pesos mensuales que necesita una familia tipo para cubrir las necesidades básicas.
Según una investigación del diario Tiempo Argentino elaborada por Alfonso de Villalobos, en el primer semestre del 2018 las políticas del gobierno nacional y provincial inauguraron una verdadera fábrica de pobres en el conurbano: del total de nuevos pobres en todo el país, el 60 por ciento vive en el área metropolitana bonaerense, cuando la población de este conglomerado representa el 43 por ciento del total nacional.
Ante este escenario, el gobierno nacional y provincial diseñó una política tarifaria que saquea los bolsillos de los trabajadores y aumenta sideralmente las ganancias de las empresas prestadoras de servicios públicos. Los tarifazos y la devaluación son las dos grandes políticas macroeconómicas sobre las que se asienta el programa de ajuste a los sectores populares y maximización de las ganancias del sector privado que implementa el gobierno.
Discusión de fondo
El escenario descrito, a primera vista, parecería complicar las aspiraciones electorales de Cambiemos en el conurbano bonaerense y, por ende, en toda la provincia. Así lo entiende la gobernadora Vidal y el grupo de funcionarios que la asesoran, como así también aquellos sectores de poder que vienen apoyando a regañadientes a Macri y cada vez más se inclinan por activar el Proyecto Vidal 2019 a nivel nacional.
Pero a no engañarse. Quienes buscan plantear un “enfrentamiento político” entre el presidente y la gobernadora olvidan que esta no solo replica a nivel provincial las políticas de ajuste de Macri y el FMI, sino también que no ha habido en tres años de gestión macrista provincia que haya sido más beneficiada que Buenos Aires en la distribución de fondos por parte del Tesoro Nacional.
Entonces, más que “enfrentamiento” lo que parece prevalecer es una estrategia conjunta dedicada a revalidar electoralmente el proyecto económica del establishment para los próximos cuatro años. Claro está, nadie puede culpar las ambiciones de Cambiemos: son coherentes en relación con los intereses que defienden. El problema parece estar más bien del lado de las organizaciones políticas que aspiran a representar los intereses de los sectores populares, los cuales vienen siendo perjudicados por el rediseño económico-social que ensaya el gobierno desde diciembre de 2015.
Para ser claros: los cálculos electorales que comenzaron a rodar bajo la especulación de que Vidal está decidida a desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires no pueden correr del centro de la escena el problema de fondo: la profunda crisis económica bonaerense. Y cuando se pone el acento en la crisis económica de la provincia, no hablamos del endeudamiento del Estado provincial que no ha hecho más que aumentar sideralmente con la gestión de Vidal; ni siquiera de la falta de fondos para garantizar el mínimo de atención sanitaria en los hospitales públicos o atender a las necesidades de la comunidad educativa, como pueden ser los sueldos docentes o la infraestructura escolar, problemas a esta altura históricos en la provincia.
Cuando hablamos de crisis económica nos referimos a la desesperante situación en la que se encuentran los más de 12 millones de habitantes que tiene el conurbano. Personas a las que cada vez se les hace más difícil viajar hasta sus lugares del trabajo por el costo del transporte público o comer por el aumento de precios en la canasta básica. Ni mencionar las condiciones habitacionales de la población: la gentrificación producida por el negocio inmobiliario y el aumento de los precios de los alquileres obliga a cada vez a más personas a vivir en las peores condiciones.
El escenario económico en la provincia invita a no caer en la trampa de la agenda Cambiemos. Es cierto que es mucho más cómodo discutir sobre el desdoblamiento electoral en la provincia que sobre cómo hacer para reconstruir la economía, no solo provincial sino del país.
Para ello, más que evocar logros pasados –por demás importantes– sería preciso poner sobre la mesa ante los ojos de la población el programa económico alternativo al saqueo neoliberal. Y como demuestra la experiencia reciente, no alcanza con políticas y medidas anticíclicas. La crisis es de tal magnitud que, para enfrentar los desafíos inmediatos –y entiéndase por desafíos evitar el colapso de gran parte de la población– será necesario implementar medidas realmente de fondo, estructurales: nacionalización del comercio exterior, desconocimiento de la deuda con el FMI por ilegítima, estatización de la industria y el transporte y reforma agraria para garantizar el acceso a la tierra y la alimentación de toda la población trabajadora. Medidas como estás dan cuenta del carácter revolucionario del programa a proponer y para ello hay que construir una nueva correlación de fuerzas con los que sufren las consecuencias del proyecto económico de la derecha.