Gracias a las políticas económicas del macrismo y del Fondo Monetario, la economía argentina atraviesa su peor crisis desde el 2001. Con la inflación más alta en los últimos 27 años y una pérdida del poder adquisitivo del 14 por ciento, el 2018 consolidó la caída. Pero el 2019 no será mejor. Según un informe del JP Morgan se consolidará la recesión: caída acumulada del 3 por ciento del PBI para el período 2015-2019, una inflación total de 211 puntos y una deuda bruta en dólares que alcanza el 91 por ciento del Producto Bruto ¿Cómo se levanta este muerto?
Las elecciones generales de este año se llevarán a cabo en medio de la crisis económica más profunda del país desde la debacle y el estallido del 2001. Así lo confirmó un estudio del JP Morgan publicado en Uruguay, que analiza la economía argentina de cara a los comicios de octubre. El informe del JP fue elaborado para alertar sobre la fragilidad de la economía nacional a inversores privados y tenedores de bonos. A pesar de tratarse de un informe desde el establishment para el establishment, las conclusiones del Morgan son lapidarias.
Las causas que detecta el JP para alertar sobre la gravedad de la situación son demoledoras: “hay muy poco poder de compra en pesos en la calle, treinta por ciento menos que a comienzos del período kirchnerista”. Así las cosas, queda claro que el principal problema de la economía argentina –esto dicho por el establishment financiero– es la destrucción del mercado interno. Ni más, ni menos.
Vale destacar que la destrucción del mercado interno no es un daño colateral del modelo económico del gobierno, tampoco consecuencia de crisis externas que impactan al interior de la economía. No, es una consecuencia lógica de un proyecto económico diseñado para el saqueo, cuyo principal objetivo es operar un cambio estructural en la economía argentina que no pueda ser remediado, en el caso que suceda, por un gobierno de corte neokeynesiano que aplique medidas “anticíclicas”. Nos referimos a la brutal transferencia de recursos que desde el trabajo se está haciendo al capital gracias a dos medidas de fondo: la devaluación y los tarifazos.
Sin embargo, el quid de la cuestión no está solo en estas medidas de corte estructural. Es cierto que la devaluación y los tarifazos explican la pérdida del poder adquisitivo del salario: solo en 2018, el poder de compra de los trabajadores cayó un 14 por ciento. En lo que va de la gestión Cambiemos, la caída supera los 17 puntos. Pero el meollo del asunto se encuentra en el ancla que deja el macrismo para el futuro de la economía.
Nos referimos al endeudamiento externo masivo, pilar fundamental del modelo económico, motor de la bicicleta financiera y la fuga de capitales. Las cifras son contundentes: la deuda bruta pasó del 53 por ciento del PIB en 2015 al 91 a fines del 2018. Por su parte, la deuda neta pasó del 22 al 56 por ciento. Solo para comparar, se puede recordar que en 2001 la deuda neta llegó al 54 por ciento.
Este escenario supone que para el período 2019-2023 el nuevo gobierno tendrá que enfrentar vencimientos de capital e intereses por más de 116 mil millones de dólares. La cifra equivale al doble del préstamo stand-by del FMI que Lagarde le otorgó a Macri para activar el respirador artificial que le permita llegar a este tercer ensayo neoliberal con chances de obtener la reelección.
¿Cómo encarar el desastre? ¿Hay chance de encauzar la economía y comenzar un proceso de reactivación en este contexto? La debacle se supone inevitable si se intenta ensayar salidas que no propongan alternativas al modelo de acumulación imperante en Argentina. No se trata solo de combatir la inflación con un programa de precios sugeridos o de capear la crisis con medidas anticíclicas como la regulación del mercado de capitales o las importaciones. Tampoco se trata de desconocer la efectividad que estas políticas pueden tener en el corto plazo, tal como quedó demostrado en la segunda parte del kirchnerismo. Pero también quedó demostrado que, en el mediano plazo, estas iniciativas se agotan ante la ofensiva del capital y los sectores agroexportadores.
Esto queda claro al repasar algunos números que dan cuenta de la dinámica de la actividad económica en los últimos años. La peor etapa económica del kirchnerismo (2012-2015) supuso un crecimiento del PBI de solo el 1,5 por ciento. Este magro rendimiento al lado de los números que dejará el macrismo –para iniciar un segundo gobierno o para entregar las llaves de La Rosada– son tasas chinas. Entre 2015 y 2019 la caída del PBI será del 3 por ciento.
Entonces cabe preguntarse ¿Es suicida el bloque de poder compuesto por el sector financiero, agroexportadores y empresas de servicios públicos? Para nada: el barco que están hundiendo no es en el que vienen navegando. Por eso es una trampa la explicación facilista que resuena por estas horas que afirma que para salir de la crisis hay que restaurar un capitalismo serio en detrimento de este capitalismo deshumanizado que instauró la banda de forajidos que encabeza Mauricio Macri. Creer que esta es la salida es aceptar que la crisis se explica por un cóctel que mezcla mala praxis con la voracidad propia de una fracción de clase acostumbrada a saquear al Estado para garantizar sus ganancias.
Por el contrario, habría que dar vuelta la taba y convencerse que mala praxis es en la que se puede caer si no se propone un programa de gobierno que, eufemismos aparte, plantee medidas revolucionarias como la nacionalización del comercio exterior, la expropiación de todas las empresas de servicios públicos en manos de privados, el desconocimiento –por ilegítima– de la deuda impuesta por el FMI y la reforma agraria, entre tantas otras de similar carácter.
Una vez más la disyuntiva parece ser reformas al capitalismo o revolución.