La crisis económico-social dejó de ser preocupante. Ya es intolerable y violenta. Más de catorce millones de personas por debajo de la línea de la pobreza y cuatro millones con problemas de empleo, entre desocupados y subempleados. La pobreza alcanza el 32 por ciento. Este escenario, obliga a pensar la salida por fuera de los paradigmas economicistas. La superación de la crisis es política antes que económica.
La crisis económico-social en la que se encuentra inmerso el país parece no encontrar freno. Los datos publicados esta semana por el Indec sobre la actividad económica, el desempleo, la pobreza y la inflación confirman que la crisis está lejos de ser superada. Por el contrario, el panorama a corto y mediano plazo es desesperanzador.
La crisis económica que atraviesa la Argentina obliga a pensar la salida por fuera de los paradigmas economicistas. La superación de la crisis es política antes que económica. En la política económica del macrismo residen los fundamentos del aumento de la pobreza, del desempleo, de la inflación galopante, la caída estrepitosa del poder adquisitivo del salario, la destrucción de la industria nacional, y la reducción dramática del mercado interno.
Las cifras son por lo demás elocuentes; la simple exhibición de los guarismos generará en el lector la inmediata sensación de un efecto dominó. No es para menos. La debacle tiene fecha de inicio y será muy difícil para el gobierno nacional expandir la nebulosa que le permita salir parcialmente airoso de la crisis antes de los comicios generales. Es que, más allá de la subestimación crónica sobre la población que vienen practicando los funcionarios del gobierno nacional a la hora de explicar el estado de situación, lo cierto es que las causas de la crisis pueden ser rastreadas en una serie de medidas concretas diseñadas e implementadas por el Ejecutivo, a saber: liberalización del mercado cambiario, desregulación del sector financiero, dolarización de las tarifas de servicios públicos y eliminación del sistema de control de importaciones.
Este conjunto de medidas provocó una catarata de consecuencias lógicas que el gobierno siempre estimó: mega devaluación, inversión del excedente en la especulación financiera por encima de la inversión productiva, aumento sideral de las tarifas de servicios públicos y destrucción de la industria nacional. A continuación, el comienzo de la espiral descendente que aún hoy continúa acentuándose: inflación, pérdida del poder adquisitivo del salario, desempleo, pobreza. Por ello, siempre fue un error hablar de mala praxis o de “daños colaterales”. El daño es adrede.
Efecto dominó
El Indec difundió esta semana una serie de estadísticas que dan cuenta de la espiralización de la crisis económico-social: el PBI (actividad económica) se derrumbó un 5,8 por ciento en lo que va del año. El desempleo, por primera vez en 15 años, superó los dos dígitos: 10,1 por ciento. Dos millones de desempleados más dos millones de trabajadores subempleados. Por su parte, en la actualidad la pobreza alcanza al 32 por ciento de la población, es decir, 14 millones de pobres. Esto significa un incremento de más de 7 puntos en relación con el índice de 2017 (25,7 por ciento). En lo que respecta al índice de indigencia, el mismo se ubica en el 6,7 por ciento, casi dos puntos más que en el 2017.
En gran medida, estos números se explican por el proceso inflacionario que, lejos de ceder como intenta plantear el gobierno, continúa con su proceso ascendente. Según el Indec, la inflación minorista de mayo fue del 3,1 por ciento, acumulando un interanual de 57,3. Sin embargo, la inflación mayorista fue más alta, trepando al 4,9 por ciento, por lo que es poco probable que en junio el porcentaje se coloque por debajo de los tres puntos. Visto en general, en términos interanuales, los números son contundentes: inflación mayorista 68,5 por ciento y un acumulado de la inflación núcleo de 59 puntos.
Así las cosas, no sorprende que la canasta básica total (CBT) supere los 30 mil pesos para una familia tipo y que el precio de la canasta básica alimentaria (CBA) sea de 12.086 pesos. La inflación de la CBA, en los últimos doce meses, es del 61,7 por ciento. En sintonía con la dinámica inflacionaria, se desarrolla su contracara: la pérdida del poder adquisitivo del salario. En el 2018, la capacidad de compra de los trabajadores del sector privado se redujo un 16,5 por ciento; el de los trabajadores no registrados un 22,1; y el de los empleados públicos un 15,6.
Contra estos índices, el gobierno continúa manteniendo su política contractiva sostenida en una tasa de interés de referencia irrisoria para cualquier economía: 71 por ciento anual. Las tasas de interés, la apertura de las importaciones y los tarifazos explican, en gran medida, el nivel de ociosidad de la capacidad industrial instalada del país: 38,4 por ciento. Es decir, cuatro de cada diez máquinas se encuentran paralizadas por la destrucción del mercado interno y la industria nacional. Aquí reside una de las principales explicaciones de por qué la crisis lejos de apaciguarse continuará profundizándose. Con un mercado interno sin músculo, la estructura productiva del país y su principal motor, la pequeña y mediana empresa, no hay posibilidad de reactivación en el corto plazo.
Sin más, el escenario en el corto plazo se vislumbra, por lo menos, dantesco. Según un estudio realizado por el centro de análisis Economía Política para la Argentina (Eppa), el próximo gobierno tendrá que afrontar una deuda total que asciende a los 160 mil millones de dólares. Se trata de vencimientos de intereses y bonos para los que la futura administración, del signo político que sea, no contará, por ejemplo, con los dólares del crédito de alto acceso del Fondo Monetario.
Un simple repaso general que dé cuenta del uso que hizo el gobierno de Macri sobre los dólares que ingresaron al país vía endeudamiento externo, despeja todo tipo de dudas en torno a las intenciones de la política macroeconómica de Cambiemos. En menos de cuatro años el gobierno nacional adquirió 187 mil millones de dólares en el mercado internacional de crédito. De esos 187 mil millones, 68 mil –el 36 por ciento– se destinó a financiar la fuga de capitales; en lo que va del 2019 ya se retiraron más de 7 mil millones que duplican el presupuesto nacional destinado a salud. Mientras el pago de intereses representa al día de hoy el 20 por ciento del presupuesto nacional. Esto último no es un detalle menor; en perspectiva se puede realizar una mejor lectura sobre las prioridades políticas del gobierno de Macri: en 2015 el peso de los intereses de la deuda representaba apenas el 6 por ciento, mientras que el presupuesto –en términos reales– de obra pública desminuyó un 53 por ciento en el mismo período y los fondos de educación se redujeron –también en términos reales– un 23 por ciento. Mientras, en un año la política cambiaria del gobierno (avalada por el FMI en una práctica inaudita para la propia historia del organismo) se fagocitó más de 19 mil millones de dólares de las reservas del Banco Central, cifra que representa casi un tercio del crédito total que Macri pactó con Lagarde.
Futuro complejo
La crisis económico-social que atraviesa la Argentina desde los últimos tres años no es solo un dato del presente; es también el anticipo de un futuro complejo en materia económica. Los datos difundidos por el Indec no hacen más que confirmar una de las certezas que mantiene a gran parte de la población en la más absoluta desesperanza: el daño es estructural y las heridas profundas.
Un estudio reciente realizado por la consultora D’Alessio IROL difundió un informe sobre algunas variables de la economía “doméstica” de los trabajadores en Argentina que no deja de ser significativo: 8 de cada 10 personas se encuentran endeudadas y deben pagar cuotas mensuales. Así las cosas, según el informe, el 80 por ciento de las personas debió recurrir al endeudamiento para afrontar gastos corrientes, ya sea con una tarjeta de crédito o en una entidad bancaria. El costo promedio de este endeudamiento representa el 30 por ciento de los ingresos familiares. El mismo estudio estima que, dependiendo del ritmo de la economía, los deudores tardarían entre uno y tres años en saldar sus deudas.
El estudio D’Alessio IROL es ilustrativo de la situación generalizada que atraviesa el país. El crecimiento del endeudamiento de las personas no obedece, como es notorio, a condiciones crediticias favorables o a una estrategia de mercado por parte de las tarjetas de crédito para ganar clientes. Por el contrario, las condiciones financieras son las peores para tomar crédito en lo que va del siglo XXI: la tasa de interés de referencia establecida por el Banco Central para la emisión de Bonos y Letras ronda el 71 por ciento anual; mientras, las entidades bancarias otorgan créditos personales a tasas que superan el 120 por ciento y el costo financiero total de las tarjetas de crédito, para financiar saldos, también se encuentra en los tres dígitos.
A primera vista, hacer foco en el devenir de las tasas de interés de la economía pareciera una cuestión de segundo orden cuando la situación económico-social de la población es calamitosa y golpea en los sectores más vulnerables, como es el caso de niños, trabajadores no registrados, beneficiarios de asignaciones, pensionados y jubilados. Sin embargo, ambas dimensiones se encuentran profundamente relacionadas. No se trata de una relación analítica ni abstracta, sino del impacto que tienen en la economía real las variables macroeconómicas fijadas por el gobierno. Entonces, queda claro que el problema radica en el diseño de la política económica del macrismo y en su principal objetivo: modificar la correlación de fuerzas en la estructura económico-social argentina para operar una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital que, no solo sea cada vez más favorable a los sectores patronales (agroexportadores, oligarquía financiera y prestadoras de servicios públicos) sino que, además, la transformación sea tan profunda como irreversible.