El déficit habitacional es un problema histórico en Argentina que se agravó por las políticas de ajuste del gobierno. En la Ciudad de Buenos Aires, el setenta por ciento de los inquilinos queda debajo de la línea de la pobreza tras pagar alquiler y expensas.
La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (Caphai), alertó sobre un problema que miles de inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano padecen cada mes: el aumento de las expensas que trae incremento en la morosidad de pagos. Según la Caphai, en la actualidad más del cuarenta por ciento de los inquilinos paga las expensas fuera de término.
La morosidad se entiende cuando se contrasta esta situación con la realidad con la que se encuentran los trabajadores tras pagar las expensas: según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, una vez que se pagan los gastos de vivienda (alquiler más expensas), el setenta por ciento de las familias queda por debajo de la línea de pobreza. Esta situación lleva a miles de personas a buscar alternativas antes de terminar en una pensión o, como se viene observando, en las calles de Buenos Aires. Para ello, muchas familias deciden mudarse al conurbano bonaerense –segundo y hasta tercer cordón– donde, en principio, los gastos son más bajos. Así lo confirma un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires, que advirtió que a raíz de los gastos en alquiler y expensas se mudaron sesenta mil personas desde la Ciudad al conurbano.
De esta manera, la crítica situación económico-social que atraviesa el país -por el ajuste y entrega del gobierno- pone sobre la mesa la profundización de uno de los problemas estructurales que mayor incidencia tiene sobre la calidad de vida de las personas: el déficit habitacional.
En Argentina hay alrededor de cuatro millones de personas con problemas de vivienda. Según la Federación Nacional de Inquilinos, en lo que va del siglo 21 la cantidad de personas que alquilan aumentó un once por ciento.
Las estadísticas oficiales son muy claras al respecto. En Argentina viven actualmente 44,5 millones de personas en 13,3 millones de hogares. Según el Indec, “un hogar se define como persona o grupo de personas que viven bajo un mismo techo y comparten los gastos de alimentación”. El problema del déficit habitacional puede calibrarse en su justa medida cuando se tiene en cuenta que desde el 2000 se generaron alrededor de 210 mil hogares nuevos, de los cuales 35 mil no llegaron a tener un techo propio.
Dentro de este esquema, una porción cada vez mayor de asalariados tiene dificultades para ahorrar o acceder a créditos hipotecarios -bajo sistema UVA- para comprar vivienda, por lo que el alquiler pasa a ser la alternativa más viable para sostener un proyecto familiar. Sin embargo, según estadísticas del mismo Indec, en Argentina uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda, es decir, o no puede independizarse de su hogar de origen o en el caso de lograrlo, lo hace en condiciones no aptas para el desarrollo de una buena calidad de vida.
Así las cosas, en momentos de profunda crisis económica el déficit habitacional crece, las condiciones de acceso al alquiler se dificultan cada vez más y la posibilidad de contar con un techo disminuyen para una porción cada vez más grande de la población.
Entonces ¿cómo alquilar en un contexto de tarifazos y de pérdida del poder adquisitivo? En los últimos doce meses los alquileres subieron más del 35 por ciento, mientras que la pérdida del poder adquisitivo del salario es de 18 puntos.
Así las cosas, ya no sólo son los trabajadores precarizados, los que cobran el salario mínimo y los desocupados, los que están “condenados” a vivir como sea, en condiciones indignas de hacinamiento y sin acceso a los servicios.
Estas dificultades alcanzan a los trabajadores registrados y a una parte cada vez más grande de la “clase media” –desde profesionales a trabajadores calificados y pequeños comerciantes-, que ven derrumbarse ante sus ojos el sueño de la casa propia. Para estos últimos, pero también en menor medida para los primeros, el macrismo ofrece un modelo de ciudad y país, en el que los inquilinos se reproducen al ritmo del crecimiento del negocio inmobiliario.
En la Argentina, las casi cuatro millones de personas que sufren el déficit habitacional viven en condiciones inhumanas, hacinadas, en zonas no aptas para el hábitat -donde escasea el acceso a los servicios públicos básicos como red cloacal, agua, luz, gas- y en viviendas precarias que ponen en peligro la integridad física de sus residentes. En su gran mayoría, se trata de viviendas que son alquiladas u ocupadas por trabajadores de bajos ingresos, trabajadores informales, estudiantes e incluso jóvenes profesionales.
Estas condiciones permitieron que con el paso de los años se produjera un crecimiento exponencial de los grandes conglomerados urbanos. En Argentina, más del noventa por ciento de la población vive en ciudades. En las zonas periféricas a las principales urbes del país, se multiplicaron los barrios y asentamientos que fueron testigo del encuentro entre trabajadores rurales, expulsados de las zonas agrarias por la expansión del monocultivo y la extensión de los latifundios, y trabajadores urbanos a los que cada vez se les hace más difícil sostener el costo de vida, primero por las dificultades para acceder a la casa propia y, luego, por los altos precios de los alquileres y los tarifazos.
Este proceso es, en parte, consecuencia del boom del negocio inmobiliario y la concentración en la propiedad de la tierra. Ambos están relacionados y existen fenómenos coyunturales que los acentúan, como la fragilidad del sistema financiero mundial, que hizo que una porción muy grande de las cuantiosas ganancias de los sectores agroexportadores se trasladen al negocio inmobiliario.
La valorización inmobiliaria de la renta financiera es un fenómeno creciente que explica, en gran parte, la cantidad de viviendas ociosas que hay en la actualidad. San Miguel de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario e incluso Esquel, Bariloche y Ushuaia son conglomerados urbanos más allá del Amba que pueden dar cuenta de ello.
Por un lado, viviendas ociosas, timba financiera e inmobiliaria y negocios para las grandes constructoras aliadas del gobierno. Por el otro, déficit habitacional, alquileres impagables y tarifazos insoportables.
La Ciudad, un modelo PRO
El año pasado un estudio de la UBA sobre la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires había revelado que el déficit habitacional es una problemática que se profundizó con la gestión del PRO, imponiendo un modelo de ciudad para pocos en un distrito cuyo PBI per cápita supera ampliamente al resto de las ciudades del país.
Es en este distrito de grande recursos, donde el déficit habitacional se profundiza y muere gente en situación de calle por el frío de las últimas semanas.
El informe -elaborado por Centro de Estudios de la Ciudad de Fsoc- es contundente: en la Comuna I del centro porteño se da un fenómeno propio del modelo de ciudad PRO.
En esta se registran, según datos de la investigación, los mayores índices de viviendas desocupadas y, al mismo tiempo, los mayores niveles de hacinamiento de la Ciudad.
En otras palabras, la Comuna I que comprende los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución, concentra en su seno la mayor cantidad de viviendas ociosas -que no pagan impuestos por ello y que su construcción se explica por el boom inmobiliario- y los mayores niveles de hacinamiento, especialmente en los barrios de Retiro, Constitución y Monserrat, que se explican por los precios de los alquileres y las condiciones leoninas impuestas por los propietarios a los inquilinos.
Los datos son muy claros: según un relevamiento realizado por la Federación de Inquilinos Nacional, en la Capital Federal el alquiler significa el 41 por ciento de los ingresos de una familia y ocho de cada inquilinos cree que nunca podrán acceder a una casa propia.
En la actualidad son más de ocho millones de personas las que alquilan una vivienda en el país, según confirma la Encuesta Permanente de Hogares, lo que equivale al 17 por ciento de la población.
Estas cifras se acentúan drásticamente en la Ciudad ya que el porcentaje asciende al 38 por ciento de la población, lo que convierte a la Capital en el distrito con más inquilinos.
Esto no es casualidad. Desde 2007 Macri y Larreta aprobaron permisos para construir más de doce millones de metros cuadrados en la Ciudad.
La cifra equivale a 250 mil departamentos de dos ambientes, sin embargo, y contra las premisas ortodoxas del liberalismo, el impresionante aumento de la oferta no disminuyó los precios de las viviendas –tanto para alquiler como para venta- ni tampoco solucionó el déficit habitacional. Por el contrario, este problema estructural que lleva un siglo en la Ciudad se ha visto acentuado por las políticas del macrismo.
Según cifras oficiales, en 2018 el 38 por ciento de los hogares porteños vivían bajo un techo alquilado, cifra que denota un aumento de un 62 por ciento respecto a 2001. Cada vez hay más propietarios y menos dueños, más inquilinos y más renta. La contundencia de los datos queda expuesta si se tiene en cuenta que la población de la Ciudad es estable desde hace años con casi tres millones de habitantes.
Otro dato que da cuenta de la gravedad del problema es el que desnuda el carácter especulativo de la construcción de viviendas en Buenos Aires: en una ciudad donde se estima que el déficit habitacional supera los 130 mil hogares, la cantidad de viviendas ociosas asciende a 120 mil. Los guarismos demuestran que, con decisión política para poner a disposición de los sectores populares esa capacidad ociosa, el Estado podría dar un paso serio para dar solución a la falta de vivienda en el distrito con mayores ingresos per cápita del país.
Sin embargo la falta de voluntad política para avanzar en ese sentido explica, en parte, las condiciones que permitieron a los grupos económicos vinculados a la construcción –Irsa, Roggio o Calcaterra- aumentar sus dividendos. Este escenario favorable para las corporaciones fue potenciado con las facilidades que otorga el modelo económico del gobierno nacional: blanqueo de capitales, exenciones impositivas, cesión de terrenos fiscales y mega-proyectos de “urbanización” como los de la Villa 31 que no son más que arreglos cosméticos pagados como obras colosales.
Un techo para pocos
Acceder a un techo, propio o alquilado, es un imposible en la Argentina macrista. El Presupuesto 2019 para Vivienda sufrió, como otras áreas del sector público, un ajuste atroz. Según el Presupuesto aprobado para este año, el ajuste en el área de Vivienda fue de más de 17.600 millones de pesos respecto al 2018. En total, se trató de un recorte del 48 para vivienda y urbanismo
Vale recordar que el propio presidente había pedido cajonear al ahora devenido en desgracia Daniel Lipovetzky el proyecto de ley sobre alquileres en Diputados, al tiempo que Cambiemos presentaba un proyecto para permitir “desalojos exprés” en 30 días contra aquellos que no pudiesen pagar el alquiler y que finalmente no prosperó.
Los recortes en áreas sensibles del Presupuesto 2019 fueron muy grandes, no solo en Vivienda. La reducción de la inversión social fue del 6 por ciento en servicios sociales; del 23 en educación y cultura; del 20 en promoción y asistencia social; del 8 en salud; del 17 en ciencia y técnica; del 20 en agua potable y alcantarillado.
En vivienda, los recursos para “Acciones de vivienda y Desarrollo Urbano” se vieron disminuidos en un 36,3 por ciento, y los fondos para “Acciones del programa Hábitat Nación”, en un 51,6. Vale aclarar que si se hubieran actualizado las partidas en el presupuesto en curso, sólo por el IPC proyectado para 2019 –30 puntos, muy por debajo de la inflación estimada–, hubiera correspondido una financiación para ambos programas por más de 42 mil millones de pesos. En lugar de eso, se les asignaron 25 mil millones. Así las cosas el ajuste real en el área de Vivienda ascendió a más de 17.600 millones de pesos.
El recorte en el área de vivienda no se produce en un contexto aislado. Por el contrario se inscriben, por un lado, en el marco de una política de ajuste brutal con casi cuatro años de recorrido y, por el otro, en el desarrollo de un modelo de ciudad que el PRO instaló en la Ciudad de Buenos Aires y que ahora pretende exportar a todo el país, especialmente al seno de los grandes conglomerados urbanos.
Así las cosas, el perfil liberal burgués que el macrismo le está imprimiendo al Estado nacional hace que el sueño de la casa propia sea cada vez más lejano. Como consecuencia de ello, se multiplican a pasos agigantados la cantidad de trabajadores que tienen que echar mano a impresionantes arquitecturas financieras para poder acceder a un alquiler y pagar los servicios públicos.
Como si fuera poco, en el caso en que estas arquitecturas a las que los trabajadores echan mano no sean suficientes para pagar servicios y alquileres, Cambiemos propuso una solución –que no prosperó pero que sin dudas intentará reimpulsar tras una posible reelección– acorde a su estirpe de clase: desalojos exprés de inquilinos en 30 días.