“Fue un acontecimiento chiquito” había afirmado el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, sobre la presencia del carapintada Aldo Rico en las celebraciones que el gobierno organizó, junto a las Fuerzas Armadas, por el 9 de Julio. José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) salió al cruce y dijo: La Tablada fue “una intentona de interrumpir el tránsito hacia una sociedad posdictatorial”.
La presencia de Aldo Rico en el desfile militar de la 9 de Julio, celebrado por la derecha como un verdadero “festival” del poder represivo del Estado, generó el repudio de amplios sectores de la sociedad. Hasta los radicales, integrantes de la alianza de gobierno, protestaron. En ese sentido, el que fue más a fondo fue Ricardo Alfonsín, hijo del por entonces presidente Raúl Alfonsín: “no tenés derecho a falsear la historia”.
El levantamiento carapintada en Campo de Mayo, comandado por Aldo Rico -entre otros- en abril de 1987, fue una acción llevada a cabo por las Fuerzas Armadas. Los objetivos fueron múltiples y, en parte, cumplidos. Después de que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final en diciembre de 1986, envalentonadas, las fuerzas militares se alzaron para exigir la finalización de los juicios por delitos de lesa humanidad y el “cese de la persecución”.
En realidad, lo que el poder militar expresaba era más profundo. José Schulman, Presidente de la Liga (Ladh) recordó que el principal objetivo carapintada consistió en “interrumpir el tránsito hacia una sociedad post dictatorial”. De esta manera, el dirigente comunista, salió al cruce de Aguad y de la política de Derechos Humanos. En declaraciones radiales en el programa de María O’donnell, el titular de Defensa justificó la presencia de Rico en el desfile militar del 9 de Julio y gatilló: el alzamiento carapintada “fue un acontecimiento chiquito”.
En contrapartida y en honor a la verdad y a las víctimas, no solo del terrorismo de Estado sino también de las víctimas de la represión en democracia y de las políticas económicas neoliberales, Schulman enfatizó que el alzamiento carapintada “fue tan importante que obligó a Alfonsín a cambiar su proyecto político y a salir de la idea de una democracia plena para ir a una negociación de la deuda que terminó con la aprobación de las leyes de impunidad y el fracaso de su gobierno”.
En definitiva, las declaraciones de Aguad no hacen más que “poner en palabras la verdadera política del gobierno de Cambiemos de legitimar a los represores, a los golpistas, a los que han intentado sostener la impunidad de los genocidas y que han sido ladrones de niños”, analizó Schulman.
Con sus justificaciones, Aguad no hace más que representar a “la parte civil que apoyó el golpe de Estado” fustigó Schulman. Es decir, no hizo más que explicitar la política de derechos humanos del macrismo que se encuentra articulada por el negacionismo y la búsqueda de impunidad para los genocidas, no solo en el ámbito judicial -en el que Garavano y compañía trabajan para dilatar los procesos y favorecer con la domiciliaria a los condenados- sino también en el histórico-cultural.
Borrar las huellas de la represión, la tortura y la desaparición forzada de personas es uno de los objetivos de Cambiemos: la impunidad sobre los crímenes del pasado reciente constituye el punto de partida que legitima la represión y el ajuste del presente.
En ese sentido, se puede afirmar sin equívocos que el balance de la gestión macrista en materia de derechos humanos es tenebroso. No se trata de casualidades: el rediseño de la estructura económica y social que está llevando a cabo el tándem del poder real en Argentina no puede ser posible si a la resistencia de los sectores perjudicados se la combate con represión.
El crecimiento exponencial en los casos de violencia institucional, informados en decenas de notas en este diario, da cuenta de ello. El caso de Milagro Sala quizás sea el ejemplo más paradigmático al respecto. Mientras no queda organismo internacional por reclamar su inmediata liberación -es unánime el consenso internacional de que se trata de una presa política- Gerardo Morales, gobernador nuevamente electo en Jujuy, con la complicidad del gobierno nacional, mantienen presa a la dirigente jujeña violando todo tipo de garantías y derechos consagrados en el Estado de Derecho.
La situación de Sala continúa siendo la punta de un iceberg que en su base se sostiene con represión a la protesta social, persecución política a militantes populares y violencia policial en los barrios. La imagen de la policía corriendo a personas en situación de calle con colchones en pleno Obelisco, habla por sí sola.