La comisión Mujeres y Diversidad, de la Cámara de Diputados, comenzó este martes el debate en torno al tratamiento de los distintos proyectos de Ley que abordan el acceso laboral de las personas trans y travestis.
“Desde la Corriente Nacional Lohana Berkins sostenemos la síntesis de los dos proyectos, el cupo para garantizar la medida concreta y la inclusión para que acompañe a la posibilidad de trabajo sea efectiva y real, que tenga en cuenta las condiciones socioeconómicas del colectivo travesti-trans”, aseveró la Secretaria de Género del PC, Solana López.
Lo hizo después de la reunión informativa del proyecto que tuvo lugar en Diputados que se llevó a cabo de forma virtual, con la participación de referentes de la comunidad LGTBQ+ de distintas provincias del país.
En marzo de este año ingresaron al Congreso Nacional dos iniciativas que ya habían sido presentadas anteriormente, que proponen dos perspectivas para abordar la problemática: la Ley Diana Sacayán, de cupo laboral travesti trans, y la Ley Lohana Berkins, de inclusión laboral formal trans y travesti.
En el país existen distintas normativas, tales como el Cupo Laboral Trans Diana Sacayan, aprobada en 2015 en la provincia de Buenos Aires pero reglamentada cuatro años después, en 2019, así como se han aprobado leyes similares en Santa Fe, Río Negro, Chaco y Chubut. Sin embargo, no existe hasta ahora una ley nacional que exija y reglamente la inclusión laboral formal de la población trans y travesti.
Ambos proyectos establecen que un porcentaje de los puestos de trabajo disponibles en el ámbito público -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- se reserven para personas trans y travesti. En el caso de la Ley de Cupo Diana Sacayán, el porcentaje es del 1 por ciento, tal como lo establece la Ley provincial bonaerense, mientras que en el caso de la Ley de Inclusión Lohana Berkins, se propone el 1,5 por ciento del porcentaje de puestos de trabajo disponibles.
Lo que agrega el proyecto de inclusión -Ley Lohana Berkins- es la creación de "incentivos impositivos para las empresas privadas radicadas en la República Argentina que ocupen a personas travestis y trans". Para esto, el artículo 9 del proyecto propone un sistema de porcentajes para regular estos incentivos según la magnitud de cada empresa.
Otro de los ejes en los que hace hincapié el proyecto es el hecho de enmarcar la situación como una "emergencia laboral", por lo que propone la prohibición, por un plazo de 18 meses, de "despedir sin justa causa a cualquier persona trans o travesti tanto en el ámbito público como privado".
En este sentido, López explicó la importancia de los dos proyectos y porque se necesita una síntesis de ambos. “El proyecto Diana Sacayan ese importante porque se fue realizando en un arco de unidad y alianzas muy importantes de distintos sectores de colectivo travesti-trans y del feminismo”.
Por otro lado, aseguró que “el proyecto Lohana Berkins sería una muy buena síntesis con el otro porque una plantea en términos cupo y el otro de inclusión”, tras lo que dejó en claro que “siempre es necesario dar el primer paso que en este caso fue el cupo, pero también es necesario una política de inclusión”. “Sin una mirada integral en términos de inclusión el cupo no alcanza”, remarcó López.
A su vez, como factor a tener en cuenta, López señaló que “una de las restricciones es el hecho de la idoneidad, pero mayoría de las compañeras no han tenido acceso a educación por lo que parten en un piso enorme desigualad”.
También, señaló que “es muy importante la perspectiva de género y de clase, porque por viven problemáticas más brutales represión, violencia, hambre, por lo que no se puede exigir como si partieran desde el mismo lugar que alguien que no tuvo que sufrir todo ese tipo de violencia”.
En esta línea, explayó que “por eso necesitan acceder a un puesto de trabajo mientras que al mismo tiempo sea acompañada de la formación pertinente con los criterios adecuados porque la mayoría a estar atadas a situaciones de explotación sexual tienen una salud frágil y por eso expectativa es de 35 años”. Además, alertó que “determinado trabajo pueden poner en riesgo su salud, y eso se ha visto”.
Mientras tanto, López remarcó que “es muy importante que la ley se sea de carácter nacional y abarque a todo el país, porque en los lugares que tienen alguna medida por el estilo, muchas veces son ordenanzas municipales que corren peligro en ser derogadas o de recorte de presupuesto”.