Rosa Herrera, abogada de la Lahd y defensora de las familias de la casa Santa Cruz 140 reflexiona sobre una situación que es un índice de una problemática que padecen miles de personas en la Ciudad.
“Los grupos inmobiliarios usan al Poder Judicial como brazo auxiliar para sus negocios”, aseguró la abogada e integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Lahd), Rosa Herrera, al referirse a la situación que atraviesan las 106 familias que viven en el edificio ubicado en Santa Cruz 140 de la Ciudad de Buenos Aires.
Son alrededor de 350 personas que desde hace diez años enfrentan un juicio que los amenaza con desalojarlos, a partir de una quiebra fraudulenta, en cuyo contexto el edificio fue rematado con sus habitantes adentro.
En este contexto, el juez Fernando Césari hizo lugar a su pedido del empresario hotelero Leonardo Ratuschny, un especulador inmobiliario que posee varios hoteles, quien resultó beneficiado por el resultado del remate y, ahora, pretende que se desaloje el edificio.
“Cuando compran un inmueble ocupado acuden al poder judicial para los desalojos, entonces el precio ya desalojado aumenta y es el triple de ganancias”, explica al respecto la abogada Herrera.
Pero en esta historia, también aparece otro sujeto político que es cómplice: el Gobierno de la Ciudad. “En los tiempos de macrismo se acentuaron los ataques a los derechos de las familias de sectores populares a quienes se les hizo más difícil acceder a una vivienda”, remarcó Herrera y añadió que desde el Poder Judicial “nunca voluntad de resolver el problema”.
Y recalcó que esto queda claro con los operativos policiales que rodean a los intentos de desalojos que amedrentan a las familias que defienden sus hogares.
Tras lo que hizo hincapié en que “estamos peleando la solución definitiva” ya que “el objetivo es que las familias puedan ingresar a los programas de la Ley 341 lo que les permitiría recibir créditos para comprar el edificio donde viven”. Y fue clara cuando destacó que “las familias están convencidas que Santa Cruz es indesalojable”.
Lucha y organización
Así las cosas, la abogada sostuvo que ante esto la tarea de la Lahd es “defender judicialmente y acompañar, concientizando que es necesario que se organicen y tomen un rol protagónico en la lucha por la vivienda digna”.
Esto se traduce en que, “cuando desde lo jurídico no pudimos hacer más nada, lo único que paró el desalojo fue la lucha popular de las familias y las organizaciones de Parque Patricios que son solidarias con el derecho a la vivienda”.
Vale mencionar que el derecho de la vivienda digna, tiene rango constitucional y está incluido en convenciones y tratados internacionales a los que adhiere Argentina.
“El articulo31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda”, recuerda la abogada de la Ladh y recordó que “presentamos un amparo para que Rodríguez Larreta garantice el derecho a la vivienda”.
Con este telón de fondo, la irrupción de la pandemia se hizo sentir en la Casa Santa Cruz. Ante esto, la Ladh y varios comuneros presentaron un para que el ejecutivo de la Ciudad garantice atención sanitaria y asistencia económica en los barrios populares y viviendas habitadas por familias vulnerabilizadas, como es el caso de la Casa Santa Cruz.
“Se han presentado protocolos para los barrios populares, pero también deben tenerse en cuenta casos como la Casa Santa Cruz y conventillos, donde las familias viven en condiciones de hacinamiento y emergencia habitacional”, alertó la abogada.