NUEVO JUICIO EN LA PLATA
Se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la Brigada de Investigaciones de San Justo.
En audiencias que llevará a cabo el Tribunal Oral en lo criminal Federal 1 de La Plata, comenzó el juicio por los crímenes perpetrados en la Brigada de investigaciones de San Justo durante la última dictadura. Se sentarán en el banquillo veinte imputados por el secuestro de 81 personas, de las cuales 31 permanecen desaparecidas.
En la primera audiencia se vio la presencia de un nutrido espectro militante. Estuvieron el PC y la Ladh (fue su copresidenta, Iris Pereyra de Avellaneda). También militantes de Hijos, CTA y Apdh entre otras organizaciones que, en la entrada, montaron una radio abierta.
El tribunal a cargo está formado por los jueces subrogantes Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Pablo Vega. Los dos últimos integraron el tribunal que absolvió a Juan José “Pipi” Pomares, quien estaba acusado de perpetrar crímenes de lesa humanidad cuando integrara la CNU, banda paraestatal de ultraderecha que actuó durante la década del 70. Por su lado, junto a Esmoris, Jarazo fue parte del tribunal que absolvió a otro represor: Alejandro Duret.
Vale recordar que el centro clandestino de detención que funcionara en la Brigada de Investigaciones de San Justo, integró –junto a otros treinta centros- el Circuito Camps y estaba a cargo de la Dirección General de Investigaciones que dirigía Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien está imputado en esta causa.
No rendirse
Los hechos arribaron a juicio luego de cuatro décadas. Esto fue visto por Romina Pereira, secretaria de organización del PC de La Matanza, asistente a la primera audiencia, como algo que “determina que no hay que bajar los brazos jamás”. “Nada es imposible si ponemos por delante los objetivos de los 30 mil”, sentenció y recordó que entre esas metas están “cambiar la realidad y transformar la Justicia”.
Adujo que el juicio va a ser “extensísimo” porque la Brigada “funcionó muchísimo tiempo y aún hoy sigue funcionando” y sólo se prevé el promedio de una audiencia por semana. “Uno de los reclamos es que deje de funcionar como brigada de investigaciones e inteligencia”, señaló la militante y, en ese sentido, objetó: “sigue funcionando con las mismas instalaciones que durante la última dictadura”.
Pereira en este punto agregó que “ese mismo espacio sigue funcionando como un lugar a donde si cualquier civil tiene que hacer una denuncia tiene que ir”. Repuso que “es un cuerpo alterado” y su existencia “es una incongruencia en sí misma”. “Para nosotros debería estar cerrado como espacio policial y debería funcionar como espacio de memoria, verdad y justicia”, apuntó.
Se quejó también de que a esta audiencia el genocida Etchecolatz llegara tarde, aunque debiera comparecer por videoconferencia. Resaltó que ello se dio “portando las garantías de una Justicia fascista y patriarcal que les permite a ellos estos privilegios”.