Economía

Presupuesto 201819.09.2017

Para una deuda todo, para la otra nada

Con la presentación del proyecto de presupuesto 2018 el macrismo echó por tierra el dicho popular que sostiene que lo importante “está en los detalles”. El trazo grueso del borrador es una oda a la consolidación del perfil liberal burgués del Estado: más fondos para endeudamiento, timba financiera y fuga de capitales y menos recursos para inversión social, programas de asistencia y políticas públicas. De esta manera el gobierno confirma una vez más que su compromiso es con tenedores de bonos, la oligarquía financiera y los grupos económicos y no con los sectores populares.

“Después de las elecciones de octubre se viene un gran ajuste” exclamó el domingo en Florencio Varela la candidata a senadora por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, poniendo sobre el centro de la escena la principal disputa abierta de cara a los comicios del 22. Como venimos advirtiendo desde diversos artículos publicados en este diario, las necesidades endógenas creadas por la política económica del gobierno nacional hacen que la profundización del ajuste, la entrega y la represión sea el único camino posible según la lógica del diseño económico-social impulsado por Washington en la región y al que tributa el bloque de poder dominante representado políticamente por Cambiemos.

Es por ello que más allá de los resultados electorales de octubre, por razones de “competitividad” el gobierno nacional intentará lanzar después de las elecciones una profunda reforma laboral inspirada en el modelo brasileño con un doble objetivo: flexibilizar las condiciones laborales para aumentar la tasa de ganancia de los sectores patronales y disciplinar al movimiento obrero. Como parte del mismo esquema, el gabinete económico tiene en agenda imponer una serie de aumentos en sectores claves como transporte, energía, luz, agua y naftas.

De esta manera, busca consolidar un esquema social regresivo donde el acceso a los servicios básicos sea cada vez más costoso para los trabajadores, los cuales, deberán devengar una porción cada vez más grande de sus ingresos para cubrir transporte y servicios.

Mientras, el endeudamiento público externo seguirá siendo la principal variable económica con la cual el tándem del poder real intentará someter la estructura económica nacional, tal como lo establecen las recetas más ortodoxas del tristemente célebre “Consenso de Washington”. Así se desprende del proyecto de presupuesto 2018 presentado por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el viernes último en la Cámara Baja. El texto de la “Ley de leyes” prevé un crecimiento de casi el 30 por ciento de los fondos destinados para endeudamiento externo con un techo inflacionario fijado en un 15 por ciento anual para Hacienda y 12 por ciento para el Banco Central. Es decir, que en términos reales, el gobierno nacional incrementará la cantidad de recursos orientados a sostener la política de endeudamiento, fuga de capitales y bicicleta financiera. Por su parte, y como no podía ser de otra manera, esta decisión macroeconómica implica el desfinanciamiento por parte del Estado de programas sociales, reducción de subsidios, y desinversión en trabajo, educación, ciencia, tecnología, salud y vivienda.

La “Ley de leyes” 2018 confirma el proceso de consolidación del perfil liberal burgués que el macrismo le imprime al Estado nacional. Así las cosas, la administración Cambiemos se sirve de las herramientas que tiene a su alcance como administrador del Estado para reorientar los recursos del mismo al pago de intereses de deuda, fuga de capitales y timba financiera mientras que erosiona su rol como garante para la población en el acceso a derechos tales como la salud, la educación y la vivienda.

La restauración conservadora a la que está siendo sometida la región en general, y el país en particular, implica que en la disputa entre un perfil de estado interventor y dinámico para paliar las desigualdades sociales y un estado al servicio de los intereses económicos de las oligarquías locales y los grupos económicos transnacionales, la balanza se esté inclinando en favor de estos últimos.

En estados fundados sobre la base de profundas desigualdades sociales como el argentino, el rol del Estado y su relación con los sectores populares no es un detalle menor sino que, por el contrario, es uno de los elementos más importantes que ordena la dinámica de la lucha de clases en el país. Como parte de esta lógica, el gobierno nacional elige orientar los recursos estatales al financiamiento del endeudamiento externo y desfinanciar las herramientas que posee para saldar la deuda social que el Estado tiene con sus habitantes, desentendiéndose de obligaciones constitucionales tales como garantizar el acceso universal a la vivienda, la salud y la educación. Para una deuda todo, para la otra nada.

Presupuesto para el saqueo

Un repaso por el diseño social que la derecha busca imponer para el año próximo mediante el presupuesto y las herramientas de intervención económica a las que apela para lograrlo muestra a las claras las prioridades establecidas por el gobierno. Entre ellas gana protagonismo, al igual que en la década del noventa, los montos destinados a sostener el endeudamiento, confirmándose así el rumbo económico que se quiere consolidar.

La proporción de fondos destinados a hacer frente a gastos de endeudamiento escalaron significativamente desde diciembre de 2015 a esta parte. Con la llegada de Macri a la Rosada, el endeudamiento se convirtió en la principal herramienta de ordenamiento macroeconómico utilizada por el gabinete. Según el Cepa (Centro de Economía Política Argentina), la proporción de gastos destinados al pago de intereses alcanzó en 2016 el 14,4 por ciento, más del doble de lo presupuestado para el período. En lo que va del 2017 la ejecución ya equivale al 12,3 por ciento y para el 2018 el gobierno estimó mediante el presupuesto un ratio de más del 10 por ciento, aunque como se sabe, esta es una de las pocas áreas donde el gabinete sobre-ejecuta las partidas.

Además la “Ley de leyes” del oficialismo confirma que para la derecha la única manera de hacer frente a los objetivos fiscales fijados es a través del recorte del gasto público en términos reales. Así las cosas, el texto ratifica la política de ajuste del gasto real que se repite por tercer año consecutivo en nuestro país (2016-2018).

Esto se debe, principalmente, a que el pago de intereses de la deuda se convirtió en el segundo ítem en importancia del gasto público, compitiendo con áreas sociales tales como subsidios, financiamiento de obra pública o incentivos a la industria y la agricultura familiar. Una vez más, el gobierno queda expuesto ante las tensiones propias de una sociedad dividida en clases ya que, como era de esperar, en el antagonismo capital-trabajo vuelca la balanza siempre para el mismo lado.

En términos de política económica, esta política del Ejecutivo implica la decisión de que el Estado destine enormes partidas presupuestarias a sostener la política de endeudamiento en detrimento de políticas sociales e inversión pública. En otras palabras, estamos frente a una administración que elige pagar la deuda con acreedores privados nacionales e internacionales que el mismo gabinete convoca a participar en la bicicleta financiera local y se desentiende de la deuda social que el Estado tiene con millones de argentinos con dificultades para acceder al empleo, la salud, educación, tierra y vivienda, transporte y esparcimiento.

Cancha marcada

En octubre, el gobierno nacional buscará consolidar un esquema social regresivo fundamentado en la profundización de las desigualdades sociales. Para ello apelará a mecanismos que poseen una fuerte capacidad disciplinadora sobre la economía y el movimiento obrero: tarifazos, endeudamiento, fuga de capitales y reforma laboral.

Este proceso coincide con la política de eliminación de los subsidios que viene emprendiendo el gabinete económico en diversos ámbitos de la economía nacional: el presupuesto lo confirma.

Endeudamiento externo masivo para fuga de capitales e inversiones en bonos y bicicleta financiera, concentración de la riqueza y saqueo de la economía versus tierra, techo, trabajo, salud, educación, soberanía científica y tecnológica. Esa parece ser una de las contradicciones más notables sobre la que derecha sumerge al actual momento histórico, en un contexto regional de fuerte contraofensiva conservadora. Al menos, de cara al 2018, parece ser el camino adoptado por el ejecutivo nacional.

Aumentos siderales en las partidas presupuestarias destinadas a deuda y pago de intereses es la contracara del recorte en subsidios, gastos sociales y políticas públicas. De lo que se trata es de una fuerte consolidación del perfil liberal burgués que el macrismo le imprime al Estado nacional como representante político del bloque de poder real que conduce los destinos de la Argentina en la actualidad.

Ajuste y endeudamiento serán las dos variables que organizarán la política el año que viene. La afirmación no es caprichosa. Del texto enviado a la Cámara Baja, se desprende un aumento de casi el 30 por ciento de los fondos destinados a endeudamiento, lo que redunda en una reducción de subsidios en sectores sensibles como energía, transporte, programas de asistencia a la industria, a las pequeñas y medianas empresas, a la agricultura familiar y productores pequeños y medianos como así también en la inversión en la construcción de viviendas, en ciencia y tecnología.

La vía elegida por el ejecutivo nacional resulta clara y está a la vista: cargar sobre los trabajadores, la pequeña y mediana empresa como así también en pequeños y medianos productores y la industria los costos del ajuste. En otras palabras, el gabinete económico diseñó una arquitectura destinada a solventar los gastos de endeudamiento y el recorte del déficit primario con los ingresos de los trabajadores, por lo que es fácil prever que el año próximo la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital se profundizará.

La parte por el todo

Del presupuesto se desprende que el grueso de la política económica y monetaria del 2018 girará en torno al endeudamiento y las obligaciones que está política macroeconómica demanda: pago de intereses y recorte de gastos sociales.

Según el informe presentado por el ministro Dujovne en la Cámara Baja, los costos de la emisión de deuda para el 2018 alcanzará los 285 mil millones de pesos (15 mil millones de dólares), lo que equivale a un aumento de 28 por ciento respecto a lo que se pagó en el 2017 en concepto de intereses. Además, queda claro que se seguirá apostando a la valorización financiera del capital, ya que la porción destinada a Seguros y Finanzas crecerá casi un 50 por ciento.

Sin ruborizarse, el gobierno reconoce en el presupuesto su expectativa respecto al pasivo de las cuentas públicas y declara esperar para el 2018 que el endeudamiento equivalga al 31 por ciento del PBI y que los intereses acumulen un 2 por ciento. Ante este escenario el panorama no es alentador y es el mismo proyecto el que brinda pautas en ese sentido. Por qué como se sabe, las predicciones neoliberales que suelen ser “buenas” y “optimistas” para “el país”, tienen consecuencias catastróficas sobre los sectores populares y sus condiciones de vida.

Una vez más, el mecanismo metonímico por antonomasia de tomar la parte por el todo es llevado al paroxismo por una ceocracia que vende la timba financiera como algo bueno, cuando en realidad se trata de ganancias para unos pocos. “La deuda se estabilizará en un 36 por ciento del PBI” para 2022 dijo Dujovne en el Congreso y admitió que en el 2019 “no superaría el 38 por ciento”.

A todas luces, las señales de alarma se encienden en un país con larga trayectoria en construir sus crisis económicas y sociales sobre la base del endeudamiento externo y la fuga de capitales.

Tijera furiosa

En términos reales el presupuesto estima un recorte en el gasto del uno por ciento en relación al PBI. Por su parte, la disminución en el gasto corriente estará motorizada por la quita de subsidios a los servicios. Por ejemplo, en el sector energético el recorte es de más del 20 por ciento y en transporte del 5. Además las partidas destinadas a salarios de la administración pública (16,4) estarán por debajo del techo inflacionario –que con el macrismo funciona como piso-, lo que redundará en una nueva pérdida del poder adquisitivo de los estatales.

Para Ciencia y Tecnología también habrá menos fondos, ya que el nuevo presupuesto estima un “incremento” del 13 por ciento para esta cartera. Sin embargo, con una inflación proyectada al 15 por ciento, en términos reales se trata de una reducción de dos puntos. Algo similar sucede en la cartera de Trabajo, Agroindustria y Producción, como en las secretarías de Vivienda y Urbanismo.

Endeudamiento y gasto público19.09.2017

La deuda como ordenador social

El gobierno nacional está dispuesto a cargarle toda la nafta posible a su política de endeudamiento externo como fuente de dólares para fuga de capitales y bicicleta financiera. Con la tasa de interés local más alta de los países emergentes, Argentina volvió a ser una plaza apetecible para los especuladores. El boom de las Lebacs y la falta de inversiones extranjeras confirman que nuestro país es un excelente lugar para “hacer negocios” especulativos a costa de los trabajadores que sostienen la timba de unos pocos.

El cóctel es explosivo por donde se lo mire: si todas las crisis económicas y sociales en nuestro país cabalgaron sobre el endeudamiento externo, la fuga de capitales y la concentración de la riqueza, el acelerado ritmo de endeudamiento que está impulsando el gobierno nacional se presenta como insostenible en el corto plazo.

Es tan grande la incertidumbre respecto a la magnitud de la crisis por venir como enorme la certeza que se erige sobre esta verdad histórica de cara al futuro, ya que, si es evidente que el actual modelo económico desembocará en una profunda crisis política y social cuando el grifo del endeudamiento externo se corte y la “anestesia” de los dólares frescos ya no opere sobre la estructura económica, también es evidente que las consecuencias de dicha crisis son impredecibles en su gravedad para los sectores populares que vienen financiando la timba financiera y la rentabilidad de las grandes empresas.

En gobiernos neoliberales como el actual el endeudamiento es la principal variable económica y, al mismo tiempo, el principal ordenador social, ya que su dinámica influye directamente en el crecimiento del desempleo, la precarización, la destrucción de la industria, del poder adquisitivo del salario y del mercado interno.

La decisión de financiar el déficit fiscal y la falta de brotes verdes en la economía, claramente comprobable en la escasa inversión extranjera directa que hay en el país, hicieron que el endeudamiento externo sea la principal fuente de divisas en la actualidad. Dólares que son utilizados para sostener la fuga de capitales, hacer frente a los gastos corrientes e impulsar la bicicleta financiera.

La ecuación es clara: la toma indiscriminada y masiva de deuda para financiar gastos corrientes, fuga de capitales y timba financiera sin “corregir” las causas que originan la necesidad de esos fondos para solventar los compromisos de la administración Cambiemos es el camino más fácil en el corto plazo, insostenible en el mediano y de gravísimas consecuencias en el largo, cuyos principales damnificados serán las generaciones de trabajadores que deberán afrontar la fiesta de la oligarquía financiera, los inversores y la ceocracia amiga del presidente con el valor generado con su trabajo.

Vale recordar que la política de endeudamiento en un contexto de creciente fuga de capitales es un camino suicida que la Argentina conoció en la década del noventa. En realidad es suicida para el país pero no para los grupos económicos que giran utilidades a sus casas matrices, para la oligarquía financiera que incrementa su renta al ritmo de la bicicleta y para los inversores que vienen a comprar bonos al país con la tasa de interés local más alta de los países emergentes. La tasa de interés del 26,25 por ciento -por encima de la inflación- y el precio del dólar hacen que el circuito dólares-pesos-Lebacs-pesos-dólares sea rentable como en ninguna otra parte del mundo. Ello explica el exponencial crecimiento de cuentas para fondo de inversión registradas en lo que va del 2017 (ver más abajo).

Esta lógica especulativa es una de las principales tensiones bajo la que está sumergida la estructura económica nacional. La espiralización de los intereses de la deuda demanda cada vez mayores partidas presupuestarias para hacer frente a estas obligaciones, restando así recursos a sectores sensibles como la asistencia social o restando recursos para obras de infraestructura que evitarían las inundaciones que en la actualidad afectan a la región pampeana.

Esta tensión está fielmente reflejada en el proyecto de presupuesto 2018 que presentó el ejecutivo. Ello es fácilmente comprobable al advertir que el pago de intereses de deuda es el área con mayor nivel de ejecución de la administración nacional, ya que en los primeros ocho meses del 2017 el pago de obligaciones asumidas por el tesoro nacional y el Banco Central se mostró como el componente más dinámico del gasto.

Esta lógica tiene consecuencias políticas ya conocidas para nuestro país: el crecimiento acelerado del endeudamiento implica que los vencimientos e intereses operan como una verdadera bola de nieve que rueda sobre la nevada. A su vez, el pago de las obligaciones es un requisito ineludible para acceder a nuevos créditos pero con una capacidad de pago cada vez menor, lo que redunda en una pérdida absoluta de soberanía política y económica ante los acreedores externos y los organismos multilaterales de crédito que, ante la necesidad del endeudamiento por parte del gobierno para sostener el modelo económico, tendrán una ascendencia cada vez mayor sobre las decisiones de Estado.

Además, recurrir al endeudamiento externo para hacer frente a los gastos corrientes no parece ser la vía más conveniente, ya que, los dólares que se obtienen mediante el endeudamiento después deben ser liquidados por el Banco Central que se ve obligado a “aspirar” pesos a través de las emisiones de Lebacs. Este ciclo endógeno de endeudamiento que no se detiene tiene enormes costos sociales, ya que la aspiradora de pesos es en realidad una potente amoladora que lima el poder adquisitivo de los salarios y el mercado interno cuyas consecuencias se pueden medir en el aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia.

El boom (explosivo) de las Lebacs

Argentina tiene la tasa de interés local más alta de los países emergentes, lo que convierte a nuestro país en una plaza excepcional para la bicicleta financiera. En ese marco, los terceros martes de cada mes el Banco Central debe afrontar vencimientos en letras propias que duplican la base monetaria.

Por ejemplo hoy vencieron, a una tasa del 26,25 por ciento, 487 mil millones de pesos en Lebacs, lo que equivale al 47 por ciento del stock total de estas letras emitidas por el Banco Central. Fue la penúltima liquidación antes de las elecciones del 22 de octubre.

La confirmación de que en la actualidad la Argentina es la mejor plaza posible para la timba financiera fue revelada por la Cámara Argentina de Fondos Comunes. Según informó la entidad, en lo que va del 2017 la apertura de cuentas para fondos de inversión se mantiene a un ritmo sostenido de 1200 cuentas nuevas por día. En tan solo este año el número de clientes creció un 72 por ciento: de 235 mil a 405 mil, lo que representa 170 mil cuentas nuevas en los primeros siete meses del año.

La comparación con el último tramo del gobierno de Cristina Fernández es una muestra cabal del cambio en la orientación económica del país: según el mismo informe a julio de 2014, casi 100.000 personas físicas poseían cuentas, y el monto total invertido apenas superaba los 6000 millones de pesos. A julio de 2017, el número ascendió a 360.000 individuos y a 102 mil millones moneda nacional. En cuanto a las cuentas corporativas, también se registró un aumento en los montos invertidos: de 92 mil millones a casi 500 mil millones de pesos.

En total, la suma de montos de todas las cuentas resulta de casi $ 100.000 millones para mediados de 2014 y asciende a cerca de $ 500.000 millones en la actualidad.

Por último, es interesante analizar estos números en relación a las declaraciones realizadas por Pablo Albina al diario El Cronista Comercial. El titular de una de las tantas consultoras del establishment, -Country Head Argentina de Schroders- afirmó que lo que se viene gestando en la Argentina es un “cambio cultural que implica a toda una generación que busca nuevas oportunidades de inversión para mantener su capacidad de compra”.

En pocas palabras, el dirigente empresarial logró sintetizar el verdadero objetivo político-social del proyecto económico del bloque de poder real en el país: realizar un cambio cultural que habilite, en el menor tiempo posible, la mayor transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital. En otras palabras, se trata de instalar la “cultura del endeudamiento” como sostén de la valorización financiera del capital. De los que quedan fuera de esta lógica se encarga con creces la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

 

Inflación, tarifazos y consumo19.09.2017

Una triada nociva

Los recortes en el gasto social y los subsidios, expuestos en el presupuesto, redundarán necesariamente en un aumento de tarifas que al mismo tiempo provocará inflación y por ende una caída en el consumo, fenómeno que ya sucede y es confirmado por diversas estadísticas. Una peligrosa triada que junto a endeudamiento y fuga de capitales, coloca a los sectores populares al borde del abismo.

El presupuesto defendido a capa y espada por Dujovne en la comisión de Diputados no sólo es una muestra acabada del diseño económico-social que la derecha desea consolidar en el país, sino que aviva el fantasma de un proceso estanflacionario en el país, es decir, de un fenómeno económico producto de la confluencia entre dos variables: inflación y estancamiento de la economía.

Si bien el presupuesto estima un crecimiento del 3 por ciento del PBI, lo cierto es que la quita de subsidios y el aumento de tarifas impactarán en los precios de la economía, al tiempo que no resulta claro que las variables que el gobierno tiene en cuenta para sostener tal crecimiento se comporten en ese sentido.

Uno de los termómetros fundamentales para medir el ritmo de la economía es el consumo, el cual, no termina de repuntar. En agosto se sintió fuerte las caídas de las ventas asociadas al consumo masivo, que en julio consolidaron su tendencia a la baja confirmando un retroceso de 1,4 por ciento anual, en línea con los datos oficiales de ventas de supermercados (descenso de 1,2) y centros de compra (baja de 5,1). Según el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, “la debilidad del consumo estaría asociada, entre otros factores, a la generación de puestos de trabajo en actividades de bajos ingresos salariales, en detrimento de aquellas de mayor remuneración”.

Mientras el consumo no da signos de recuperación, el empleo continúa como uno de los frentes más delicados para el gobierno, ya que los puestos de trabajo que se están creando en el sector privado, por ejemplo, son de baja calidad y peor salario de los que se están destruyendo. Esto fortalece un escenario de fuerte precarización laboral de hecho que el gobierno busca profundizar con el proyecto de reforma laboral que tiene en la gatera para después de las elecciones.

Tarifazos

Para febrero de 2018 las tarifas de Edenor y Edesur costarán un 50 por ciento más. Estos aumentos se deducen del proyecto de presupuesto presentado por el ejecutivo de cara al 2018. Se trata de un alza del 28 por ciento del precio estacional de la energía y dos cuotas de mejoras para las distribuidoras. Los incrementos tienen como correlato la quita de subsidios al consumo.

Al aumento de la energía estacional hay que agregarle las mejoras previstas en los precios al transporte y la distribución, ambos con incidencia en la factura que paga el consumidor final.

De esta manera, se confirma -una vez más- que el modelo socio-económico diseñado por el gobierno nacional es altamente regresivo, ya que se sustenta en una maximización de las ganancias de las empresas más importantes del país a costa de consumidores y trabajadores que cargan sobre sus espaldas la transferencia brutal de recursos desde el trabajo hacia el capital. Los datos son elocuentes: según se estima en el presupuesto, los usuarios se harán cargo mediante las tarifas del 64 por ciento del costo de generación. Toda ganancia para Pampa Energía y compañía.

Los incrementos en las tarifas se deben, en parte, a la política monetaria del gobierno y las "mini-devaluaciones" que viene sosteniendo desde que se hizo cargo de la administración del Estado, Sucede que en la actualidad el costo estacional de energía es de 71 dólares, pero si el presupuesto contempla un tipo de cambio promedio para el año que viene de 18 pesos, el precio del megavatio pasaría de 640 pesos a 818 para el caso de usuarios residenciales y pequeños establecimientos.

Estos incrementos están por fuera de los aumentos semestrales pautados en las audiencias públicas que el macrismo debió organizar para justificar los tarifazos que aplicó sin justificación. Los primeros fueron desdoblados entre febrero y marzo del 2017 y los segundos se esperan para noviembre-diciembre tras las elecciones.

Pero ello no es todo: el precio mayorista de la energía también se verá incrementado, en parte, por la quita de subsidios que planea el gabinete económico, lo que brindará a las empresas mayores márgenes de rentabilidad. Esta batería de aumentos son las que, sumadas, impactarán con incrementos de hasta 50 por ciento en tarifas que, desde diciembre de 2015 a esta parte, ya cuentan con alzas que promedian el 500 por ciento.

Inflación

A pesar de los esfuerzos del Banco Central por sostener la política ortodoxa de alta tasa de interés y sustracción de pesos de la economía real, lo cierto es que la entidad que encabeza Federico Sturzenegger está perdiendo la partida contra la inflación por goleada.

A los problemas que tiene el titular de la máxima autoridad monetaria del país para manejar los incrementos de precio, su colega del gabinete económico, Nicolás Dujovne, lejos de ayudarlo le “embarra” la cancha. Es que es inevitable que la quita de subsidios al transporte y los servicios públicos no redunde en tarifazos y por ende en una escalada inflacionaria en todos los precios de la economía. Es algo que ya pasó con los primeros tarifazos de 2016 y no existen motivos para pensar que tras estos aumentos no va a ser así.

Por su parte, la inflación de agosto, según el Indec, marcó un avance de 1,4 por ciento luego del 1,7, 1,2 y 1,3 de julio, junio y mayo respectivamente. El acumulado interanual ya superó el 23 por ciento, mientras que en lo que va del 2017 alcanzó el 15,6, un punto y medio apenas por debajo del techo fijado por el gobierno, cuando aún falta contabilizar el último trimestre del año.

Los principales incrementos se dieron en Salud (2,5 puntos); vivienda y servicios (2,2); alimentos y bebidas (2,1); y educación (2).

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el índice de Precios al Consumidor registró en agosto un incremento de 1,6 por ciento y acumuló un alza de 16,9 en lo que va del año. Con esta suba, en los últimos doce meses la inflación minorista fue del 25,9 en el distrito porteño. Las mayores subas se anotaron en los rubros salud, con un avance de 3,1 por el alza de la medicina prepaga; alimentos y bebidas, que creció 2,3; seguidos de vivienda, agua y electricidad, con 2,4, y educación, con 2,1.

El biodiesel y la deuda18.09.2017

Elemental mi querido Watson

Washington bajó la persiana ¿Problemas con la balanza? ¡Compre dólares! EE.UU.-Argentina: una relación carnal pero dolorosa.

“No es nada personal, son sólo negocios”. La frase que inmortalizó Francis Ford Coppola en El Padrino, volvió como fuerza de legitimación argumental, pero esta vez no fue en boca de Don Corleone, sino de Noah Mamet, quien fuera el último embajador de EE.UU. ante Argentina designado por Barak Obama.

Este lobbysta intentó justificar de esta manera la decisión de Washington de aplicar un arancel extraordinario al ingreso del biodiesel argentino, lo que obturó la cuarta parte del total de las ventas que nuestro país hacía a EE.UU.

Las trabas al biodiesel no deben ser tomadas “de manera personal”, aclaró Mamet al participar en la quinta edición del Latam Economic Forum, que días atrás se llevó a cabo en el Hotel Alvear, donde aprovechó para hacer público que sigue siendo “muy optimista” respecto a la política económica que lleva adelante el Gobierno de Mauricio Macri.

Pero lo cierto es que, más allá del optimismo de quien fuera embajador estadounidense ante nuestro país, y pese a que merced a un fallo de la OMC –el 7 de este mes- se volvió a abrir el mercado de la UE al biodiesel argentino, la exportación de este producto a Europa, sólo permitirá paliar parte de lo que se pierde con las trabas impuestas por EE.UU.

Y eso después de un tiempo, ya que tras cuatro años de prohibición va a llevar meses recomponer la cadena comercial que facilitará que, en el mejor de los casos, la UE compre sólo la mitad del biodiesel que se vendía a EE.UU.

Así las cosas, la restricción a la entrada de biodiesel dispuestas por Washington va a incrementar el déficit de la balanza comercial del país que ya está en zona de riesgo.

El primero te lo regalan

Para explicar esto, resulta interesante revisar qué está pasando con una industria nacional, letalmente agredida por la apertura indiscriminada de importaciones y la caída del consumo interno.

Es que una cosa va de la mano de la otra ¿Acaso podría esperarse otro efecto sobre el mercado interno cuando en lo que va de Presidencia Macri la industria ya perdió casi 63 mil puestos de trabajo?

Así lo revela un reciente trabajo del Observatorio del Derechos Social de la CTA Autónoma, donde se advierte que “desde septiembre de 2015 la cantidad de trabajadores registrados en la industria manufacturera ha venido disminuyendo ininterrumpidamente” y se explica que la caída roda el cinco por ciento, lo que supera el retroceso registrado durante la crisis de fines de 2008 y principios de 2009.

Se puede señalar que, tal como existe una línea inocultable entre destrucción de la industria y el empleo industrial, y la contracción del consumo interno, también la hay entre el déficit comercial y la toma de deuda.

La destrucción de la industria provoca que se exporte menos, por lo que entran menos dólares y se incrementa el déficit comercial que, así, acelera el déficit fiscal, porque la fuente de abastecimiento de divisas a la que se echa mano es la deuda, es decir, dólares financieros que no producen riqueza y, en el mediano plazo, se la llevan.

El endeudamiento de la periferia, lejos de ser un medio es un fin necesario para la reproducción de capital financiero, por lo tanto ficticio, que además destruye la soberanía económica y política de los Estados que la contraen que, inmersos en la dinámica perversa que plantea la toma de deuda constante deben recurrir al ajuste permanente que sólo puede imponerse con el avance de un Estado autoritario sobre las libertades democráticas y civiles, así como sobre los derechos ciudadanos y humanos.

Queda claro las relaciones internacionales del Estado argentino dieron un drástico giro con la llegada de Mauricio Macri a La Rosada. Pero al parecer, una vez más, el crimen no paga.

La reeditada etapa de relaciones carnales, llevó a que 2016 tenga un déficit comercial con EE.UU. del orden de los 2.500 millones de dólares. Detrás del “éxito” de los limones que –en el mejor de los casos- va a implicar exportaciones por cincuenta millones, sólo con la apertura del mercado argentino a los cerdos estadounidenses la balanza se anotará alrededor de setenta millones en favor de las barras y las estrellas.

Y, en el caso del biodiesel el fiel se va a correr otros 110 millones para EE.UU. con lo que el déficit proyectado para este año trepa a la friolera de 3.500 millones de dólares lo que quiere decir que, con Macri en La Rosada, el incremento de la balanza comercial en favor de los estadounidenses, se coloca por encima del cuarenta por ciento.

Y es aquí donde se explica el sentido de la otra relación, aquella que hay entre el déficit comercial y la toma de deuda.

Para resolver un crimen hace falta saber cuál fue el motivo que tuvo el criminal. Si no entran dólares genuinos por el lado del comercio exterior que genera la industria, tarde o temprano crece el déficit fiscal que se tapa con dólares financieros que vienen a renovar constantemente la ronda de endeudamiento. Busque usted al fabricante de los dólares y tendrá al asesino.

Vender poco e importar mucho18.09.2017

Desbalanceados

Entre enero y julio la balanza comercial tuvo un saldo negativo: 3.428 millones de dólares abajo significa un récord histórico en moneda corriente ¿Será hora de bajar el precio del salario para volver a exportar?.

¿Se acuerdan del “supermercado del mundo”? Sí, en eso se convertiría Argentina según las promesas del entonces candidato presidencial Mauricio Macri. Pero, al parecer, al promediar el mandato del ahora Presidente Macri, el supermercado tiene las góndolas vacías.

Así se desprende de un reciente informe elaborado por la consultora privada Investigaciones Económicas Sectoriales (IES Consultores) que señala la caída de las exportaciones de alimentos industrializados argentinos durante el primer semestre de 2017.

De acuerdo a este trabajo, en precios la venta de alimentos elaborados por empresas argentinas al exterior, fue de 7.837 millones de dólares durante el semestre inicial del año, lo que representa una baja de casi cuatro puntos respecto de los 8.150 millones de dólares de igual período de 2016.

Y, en cantidades, la venta al extranjero de alimentos manufacturados se derrumbó en un 5,5 por ciento. Pero esto no es todo: en este sector, la producción también bajó un 0,6 por ciento, esto es, veinte millones de toneladas contra 21,2 millones que se habían registrado durante los primeros seis meses de 2016.

Así las cosas, este estancamiento en el nivel de actividad, posee un correlato en el de la participación que este sector tiene en el total de las exportaciones de Argentina que –tras este período- se ubicó en el 27,9 por ciento, esto es un 4,5 por ciento menos que al finalizar el semestre inicial de 2016, algo no se salva ni siquiera si se consideran las ventas del rubro bebidas con las que el acumulado a junio llegaría a un 29,5 que se presenta como muy escaso respecto al mismo período de 2016 que -hay que citarlo- tampoco fue el mejor de los últimos años.

Caída del consumo interno y apertura indiscriminada de importaciones de alimentos manufacturados que se producen en el país, es sólo una parte de la explicación de un problema que es todavía más grave y en el que nada es casualidad.

Y aquí es donde PepsiCo vuelve a presentarse como un caso paradigmático: el cierre de la planta ubicada en Florida dejó en la calle a alrededor de seiscientos operarios, pero los balances de la empresa no eran malos ¿Por qué cerró entonces? La respuesta está en cualquier maxikiosco o super en el que comenzaron a proliferar los productos de esta firma, pero manufacturados en Chile.

La empresa sigue en el país, pero lo que cambia es el sistema de contratación y, por lo tanto, la relación que se establece entre trabajador y empleador que se vuelve mucho más laxa.

El caso de PepsiCo es sólo un índice de la situación que se verifica en el sector que, de acuerdo a un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), sumó casi ocho mil despidos y suspensiones sólo en 2016. De Cresta Roja a PepsiCo, pasando –entre otros- por Canale, Arcor, Nevares y Havanna la lista se incrementa y la cantidad de operarios echados crece semana tras semana.

De este modo se va dibujando un escenario propicio para que, tras los comicios de octubre y en tándem, las cámaras empresarias y el gobierno presionen para obtener las normas que necesitan para establecer una reforma laboral que le otorgue peso de ley a la feroz transferencia regresiva de riqueza que se viene perpetrando desde diciembre de 2015. Pero que, asimismo, aporte sustancialmente a esto que en La Rosada llaman “cambio cultural”, esto es, un escenario de relaciones sociales en la que los patrones sean patrones y los trabajadores, nada.

Business are business

Desde que comenzó 2017, las exportaciones de productos argentinos aumentaron un 1,4 por ciento en valor, pero cayeron 2,1 en volumen. ¿Entonces, les importa tanto si -tal como ocurre ahora- crece el déficit comercial que, en buena parte, se explica por la caída de la exportación de manufacturas?

Entre enero y julio la balanza comercial tuvo un saldo negativo: 3.428 millones de dólares abajo significa un récord histórico en moneda corriente y, en este sentido el déficit acumulado de enero a agosto con Brasil enciende luces de alarma, ya que 5.286 millones de dólares representan un rojo interanual del 74 por ciento, más que el que se registra con la República Popular China.

¿Pero dónde está la gracia de vender menos? Antes que nada debe quedar claro que, en este rubro, las empresas tienen en el mercado local un escenario propicio para ajustar su tasa de ganancia por medio del incremento de precios internos. Pero también es prudente recordar que el nivel de diversificación e imbricación que la cartera de negocios de estas multinacionales posee, les garantiza la maximización constante de su tasa de ganancia.

Queda claro que business are business. La clave está en que para financiar la balanza comercial deficitaria el gobierno recurre a la maximización de la ronda de endeudamiento externo en dólares e interno en Lebacs, esto es, inversión en pesos por la que el Banco Central paga una tasa exorbitante, cuyo producido se transforma en dólares que se fugan o vuelven a esta feroz bicicleta, eso si el gobierno vuelve a ofrecerle las mismas o mejores condiciones. En los dos casos, esto sólo significa más deuda.

A vuelo de pájaro puede decirse que el período 2001-2014 dejó un saldo de la balanza comercial con un superávit favorable de alrededor de once mil millones de dólares. Esto en un escenario en el que, entre 2004 y 2005, se utilizó parte del dinero que ingresaba en este concepto para el desendeudamiento.

Pero pese a esto y a la devaluación operada apenas Macri se instaló en La Rosada, el déficit se disparó y, al promediar el año, se coloca en el mismo rango que tenía en 1998, esto sin contar el cuatrimestre que todavía falta.

¿Qué cambió? Una respuesta se encuentra en la dinámica entre crecimiento industrial e importación de bienes de consumo que se modificó drásticamente a partir del Gobierno Cambiemos. Es que si bien, hasta 2015 se mantenía –y crecía- el ingreso al país de bienes de consumo, también lo hacía la producción manufacturera local, entre otras cosas, porque el salario crecía incluso por encima de la inflación. No era el mejor de los mundos y quizás que se puede cuestionar la sustentabilidad que en el tiempo podía tener ese diseño que, pese a todo funcionaba e incluía.

Desde diciembre de 2015 el Estado retiró prácticamente todas las regulaciones –aquellas por las que insultaban a Moreno- que operaban como un dique para la entrada de productos manufacturados que compitieran con otros que se producían en el país. Por eso ahora junto al exponencial crecimiento de la importación, también lo hace el reemplazo de bienes producidos en Argentina por otros que se fabrican en países donde el salario y las condiciones laborales extremas son la variable que garantiza “competitividad”.

“Problema-reacción-solución”, es el núcleo de uno de los puntos que plantea Noam Chomsky en su decálogo de herramientas a las que echa mano el Estado autoritario para manipular a la sociedad y obtener sus objetivos.

El problema ya fue creado y, sin pausa, se avanza en la generación de consensos que objetiven la solución del problema en el ajuste sobre universo del trabajo. La solución desde esta perspectiva, entonces, está a la vuelta de la esquina, es decir, después de octubre.

Balanza comercial18.09.2017

De rojo con la verdeamarela

Los primeros siete meses dejaron un saldo deficitario para la balanza comercial con Brasil. Es el peor récord desde 1994.

Uno de los aspectos más preocupantes del creciente déficit comercial es el que se viene profundizando con Brasil, país con el que durante años se había ido construyendo una trabajosa y compleja relación bilateral.

Pero las cosas, cambiaron, también en este caso, y la síntesis señala que de enero a agosto el déficit de la balanza comercial se ubica en el orden de los 5.286 millones de dólares, lo que representa un rojo interanual del 74 por ciento tal como lo revela un reciente un informe de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña de la República Argentina.

Esto no es poco, ya que Brasil es el principal socio comercial de nuestro país, lo que realiza un formidable aporte al déficit comercial de Argentina con el resto del planeta, que es el peor desde 1994.

Pero como para muestra alcanza con un botón, ahí está julio cuando nuestro país exportó a Brasil por sólo 787 millones de dólares contra los 1.579 millones de esa misma moneda que importó. La cuenta es clara: el saldo comercial deficitario fue de 792 millones, lo que representa un 142 por ciento más que en mismo período de 2016.

Entre enero y julio, un 27 por ciento de los productos importados desde Brasil fueron automotores, lo que representa un crecimiento de casi el cincuenta por ciento respecto a idéntico período de 2016.

Detrás se colocaron los bienes intermedios con un 27 por ciento lo que es un incremento del 17 por ciento respecto al mismo segmento del año anterior.

Mientras tanto, la importación de bienes de consumo creció un 22 por ciento traccionado por el calzado que se incrementó 51 por ciento respecto de los mismos meses de 2016 y la carne porcina cuya importación creció en el orden del 103 por ciento en el acumulado interanual.

 

Los aumentos no se detienen07.09.2017

Una olla a presión

Entre las Paso y la desaparición de Santiago Maldonado, que gracias a la movilización popular logró posicionarse como el tema más importante en la agenda pública, la inflación siguió marcando el ritmo en el deterioro del nivel de vida de los sectores populares. Por su parte, el Banco Central no puede detener los incrementos de precios a pesar de apelar a medidas ultra ortodoxas como tasas de interés altísimas y récords en la colocación de bonos como las Lebacs, cuyo stock ya superó el billón de pesos

A tres semanas de las Paso, con los resultados sobre la mesa -y la ratificación de la victoria de Cristina Fernández de Kirchner en los comicios en la provincia de Buenos Aires- y el caso Santiago Maldonado en el centro de la escena, mucha agua ha corrido debajo del puente en materia económica.

Más allá de los análisis sobre los resultados electorales, hay fenómenos de índole económico y social generados o profundizados por la administración Cambiemos que permiten afirmar que para la derecha el único camino posible es la profundización de las políticas de ajuste, entrega y represión. El objetivo sigue siendo el mismo: consolidar el proceso de redistribución regresiva del ingreso en el país como parte de una estrategia regional del imperialismo yanqui a la que el gobierno tributa.

En todos los casos, el camino parece inevitable: profundizar la política de ajuste con medidas tales como la reforma laboral, nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos, profundización en la política de endeudamiento y la creación de mejores condiciones para que el capital siga ganando terreno por sobre el trabajo.

En este contexto el gobierno nacional tiene planeado una serie de aumentos para después de octubre que impactarán, una vez más, sobre el bolsillo de los trabajadores. Entre los rubros con aumentos previstos se encuentran aquellos que más afectan a los precios de la economía: transporte público, naftas, servicios públicos como luz y gas, expensas, telefonía móvil, monotributo, peajes, prepagas y hasta cigarrillos.

En estos casos se trata de aumentos que se contabilizarán en las mediciones de noviembre y diciembre. Para ese último bimestre del año, el techo inflacionario planteado por el gobierno se encontrará ampliamente perforado. Así se desprende de un informe presentado por el Instituto Economía y Trabajo de la Fundación Germán Abdala que sostiene que en agosto la inflación mensual fue del 1,6 por ciento. Así, el acumulado en lo que va en el año ya trepa al 14,8 por ciento, siendo agosto el mes con mayor inflación desde febrero. Por su parte, el acumulado interanual -agosto de 2016 a agosto 2017- es del 24,1. Según consta en el informe, el alza general se vio impulsado por los aumentos en el rubro esparcimiento (4,8 por ciento), atención médica (3,2) y transporte y comunicaciones (3,0).

En lo que respecta a los aumentos de agosto, el ITE sostiene que fueron determinantes "la escalada del tipo de cambio, la suba de las naftas, la medicina prepaga y la estacionalidad positiva en esparcimiento (por el receso invernal)".

Lebacs: una bomba de tiempo

Junto al aumento de precios que mantiene el ritmo creciente y acelerado de la inflación en la Argentina, el Banco Central de la República Argentina (Bcra) -la máxima entidad monetaria del país- aumenta el stock de Lebacs a récords históricos: en agosto de 2017, por primera vez, el stock en estos bonos superó el billón de pesos y en tan sólo un semestre la colocación creció un sesenta por ciento en comparación al año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Qué, tal como argumentan los economistas del establishment, es mentira que “enfriando” la economía y reduciendo la liquidez se logra combatir, con efectividad, la inflación.

Por el contrario, el caso argentino desnuda los mitos de la ortodoxia neoliberal ya que, no sólo crece el stock de moneda nacional en Lebacs y la tasa de interés de referencia es la más alta en décadas, sino que esta aspiradora de pesos cabalga a caballo de una inflación cuyo costos son asumidos por los sectores populares que con sus bolsillos financian la timba financiera. Pérdida del poder adquisitivo del salario y destrucción del mercado interno es la contracara del agresivo proceso de valorización financiera del capital al que está siendo sometido nuestro país en base a endeudamiento externo y fuga de capitales.

El fracaso de la política monetaria del gobierno está a la vista. Por el momento, con el grifo del endeudamiento externo aún abierto, el macrismo puede sostener su política económica sin mayores sobresaltos: cuenta con dólares para financiar la fuga de capitales y la bicicleta financiera, el stock de Lebacs en pesos lo mantiene lejos del default porque cuenta con la maquinita de imprimir billetes y la tasa alta de interés evita, por el momento, una corrida cambiaria.

Sin embargo, pese a estas ventajas coyunturales, el gabinete económico no puede controlar la inflación. Además, como si no bastara, la política monetaria del Bcra desestimula la inversión y la generación de empleo. Eso explica que el gobierno tenga que recurrir al espiral ascendente de las Lebacs -una verdadera bola de nieve que mientras rueda se agranda para terminar volviéndose en contra- y la represión a la protesta social. Sucede que todo aquello que no se puede sostener con el endeudamiento externo y la bicicleta financiera, como el poder adquisitivo del salario y el empleo, se sostiene con represión y disciplinamiento. La desaparición de Santiago Maldonado, el encarcelamiento de Milagro Sala o el intento de reforma laboral tributan a la conformación del mismo esquema económico-social que se sustenta en el endeudamiento y la fuga de capitales, cuyo objetivo no es más que el de agrandar las desigualdades sociales y profundizar el proceso de concentración de la riqueza.

Incrementos en sectores claves07.09.2017

Todo aumenta

Prepagas, monotributo, telefonía celular y cigarrillos son algunos rubros que impulsarán la perforación del techo inflacionario impuesto por el gobierno para este año.

La inflación es un verdadero pacman en el bolsillo de los trabajadores. El gobierno nacional montó parte de su campaña electoral bajo la promesa de erradicar lo que, ciertamente, era y es un grave problema para los asalariados del país: los incrementos de precios.

Sin embargo, desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2015, la inflación -al contrario de lo que había prometido y garantizado- se disparó: de esta manera, la Argentina está sumergida en el proceso inflacionario más severo desde los coletazos de la crisis de 2001 a esta parte. Sólo en 2016, la inflación fue del 42 por ciento.

Los aumentos de precios en el país vienen cabalgando al ritmo de dos fenómenos claramente identificados y que, lejos de apaciguarse, siguen marcando la cancha: devaluación y aumentos en las tarifas del transporte y los servicios públicos. En Argentina, dada la estructura económica dependiente moldeada por el modelo agroexportador y la importancia que tienen determinados insumos importados para la actividad agroindustrial, el precio del dólar es una de las variables fundamentales que afecta, rápidamente, el índice de precios.

Por ello no extraña que, según dio a conocer el propio Indec durante agosto, la inflación en precios mayoristas durante el mes de julio haya sido del 2,6 por ciento. La cifra no hace más que poner blanco sobre negro respecto a una verdad evidente a la luz de los hechos: la imposibilidad del gabinete económico para cumplir con la meta inflacionaria establecida por el Banco Central en un 17 por ciento anual.

La fuerte devaluación del 15 por ciento en casi dos meses producida en el período junio-julio, impactó fuertemente en este segmento de la economía, que velozmente influye en el precio de los alimentos y artículos de consumo popular. Contrariamente a lo que argumentan los miembros del gabinete nacional, y sus escuderos mediáticos, las variaciones del dólar impacta sobre los precios de la economía.

Los beneficiados de siempre

Si para octubre se espera que, definitivamente, la meta inflacionaria del 17 por ciento impuesta por el Banco Central sea superada, el proceso inflacionario contará con un trimestre de “yapa” para seguir su curso. El panorama no es alentador ya que, como adelantamos, se espera que el gobierno habilite una batería de incrementos sensibles para la estructura de precios tras los comicios generales de octubre. Prepagas, monotributo, telefonía celular y cigarrillos son algunos rubros de la economía que ayudarán a perforar la meta inflacionaria durante el último trimestre.

Sin dudas que el rubro salud es uno de los que mayores impacto tiene. Ya para agosto el gobierno había autorizado un nuevo incremento -el cuarto en lo que va del año- del 5 por ciento en las cuotas de las prepagas. En resumidas cuentas, hasta la fecha, estos aumentos superan con creces la meta inflacionaria en al menos 4 puntos. El gobierno autorizó subas del 6 por ciento en febrero, igual cifra en julio, 5 por ciento en agosto y otro tanto en septiembre. El acumulado es del 21 por ciento y las empresas del sector presionan para que el gabinete económico habilite uno más durante octubre, rozando así el 30 por ciento anual.

También se esperan cambios en el monotributo y las tarifas de la telefonía móvil. En este último caso se espera que Personal, la compañía que ahora quedó en manos del Grupo Clarín a través de la integración de Cablevisión con Telecom, aplique un aumento promedio del 4 por ciento en los precios de los abonos. Por su parte Movistar, del grupo Telefónica, se adelantó y comenzó a aplicar aumentos del casi 13 por ciento durante este mes de septiembre.

En paralelo, el poder adquisitivo de los salarios, asignaciones, pensiones y jubilaciones disminuye día a día, lo que amplía los índices de pobreza e indigencia en todo el país. La crisis se sabe cuándo y cómo empieza pero no cuando y como termina, aunque la historia argentina tiene precedentes que permiten avizorar las consecuencias que tiene la profundización de los procesos inflacionarios, siempre presente en las mayores crisis económicas del país.

Listos para seguir ajustando15.09.2017

Un presupuesto para después de octubre

El proyecto del ejecutivo ratifica su identidad y el rumbo del Gobierno Macri, al tiempo que deja en claro quiénes integran el selecto club de ganadores del modelo que intenta imponer el tándem de poder real que se instaló en La Rosada en diciembre de 2015.

Con la expectativa de que los resultados electorales de octubre construyan un Congreso proclive a votarlo casi a libro cerrado, por medio del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ejecutivo presentaba -al cierre de esta edición- su proyecto de Presupuesto 2018.

Según se pudo saberse, el proyecto de Presupuesto que debe ser debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado por Cambiemos, Luciano Laspina, prevé un crecimiento económico del 3,5 por ciento y una inflación anual del diez, dentro de una banda que contempla un máximo del 15,7 y un piso del ocho.

En lo inherente al comercio exterior, la proyección es optimista: un crecimiento del 6,5 por ciento en exportaciones como en importaciones, aparece como un porcentaje demasiado presuntuoso tras un año que va a cerrar con un déficit de alrededor de ocho mil millones de dólares.

Por otra parte, de acuerdo al texto gubernamental, está previsto un déficit fiscal del 3,2 por ciento del PBI y un nuevo endeudamiento, ya que solicita autorización para tomar otros treinta mil millones de dólares, de los que veinte mil millones van a destinarse a cubrir el déficit fiscal y el resto al pago de intereses. Otro punto interesante es el que señala que, según la estimación de La Rosada, el tipo de cambio va a oscilar entre los 19 y 20,50 pesos por dólar.

Sin dudas el proyecto de Presupuesto 2018 es ambicioso, pero también se choca de bruces con algunos datos duros de la realidad que lo vuelve poco creíble.

¿Es que si la previsión de inflación tiene un techo del 15,7 por ciento, por qué la tasa anual de referencia que paga el Banco Central está en el orden del 27 por ciento?

Un ejercicio elemental indica cuál es la maniobra ¿Qué cree usted que haría con estas condiciones una persona o grupo que se dedica las finanzas? Sí, la respuesta es clara: transformaría sus pesos en Lebacs y, tras un año, cambiaría las letras por dólares y con la diferencia en el bolsillo se va del país, a menos que el gobierno vuelva a ofrecerle posibilidades para interesarlo en retomar la rueda de la timba.

Pero claro, el incentivo va a tener que ser cada vez más extremo. Entonces, lo que se propicia es la profundización del proceso de hiper-endeudamiento emprendido por La Rosada desde que Mauricio Macri es presidente que, tal como lo reconoce –aunque modestamente- el proyecto de Presupuesto tiene como objetivo rutilante el pago de intereses y tapar el agujero fiscal al que le endilga ser el factor determinante de la inflación.

Pero el monto de los intereses crece conforme se va acabando el crédito que le dejó -al Gobierno Macri- el proceso de desendeudamiento llevado a cabo durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Y también crece el agujero fiscal y cuasi-fiscal, entre otras cosas, porque para pagar deuda el gobierno toma el camino más sencillo que le dicta su conciencia de clase y hace caer el peso del ajuste sobre el universo del trabajo.

Así las cosas, el avance de la desocupación es un dato que explica, en parte, la caída del consumo interno. El círculo vicioso se cierra con otro derivado de esta suerte de regulador social en que el Gobierno transformó a la Lebacs.

Es que al mantenerlas en los índices actuales, se obstruye la posibilidad de que el crédito para inversión sea un factor dinamizante de la economía ¿Quién tomaría deuda para destinarla a la producción a una tasa del cuarenta por ciento cuando puede poner su dinero en Lebacs y hacer la plancha mientras espera quedarse con la diferencia que, respecto a la inflación que anuncia el gobierno, paga esta letra? Y, además, así se evita pagar impuestos porque -como se recordará- la renta financiera sigue sin estar gravada.

De ahí que quede claro que, por este camino el costo de bajar la inflación lo van a seguir pagando los sectores populares. El gobierno festeja que la inflación de agosto –de acuerdo al Indec- se haya colocado en el 1,7 por ciento, pero oculta que esa cifra es un promedio y que se hinca el cuchillo a hueso se advierte que la canasta de alimentos básicos, aquella en la que emplean prácticamente la totalidad de sus ingresos los sectores populares, trepó en ese período al 2,7.

Negro sobre blanco

Entonces y como no podía ser de otra manera, el presupuesto ratifica la identidad y el rumbo del Gobierno, al tiempo que vuelve a dejar en claro quiénes integran el selecto club de ganadores del modelo que intenta imponer el tándem de poder real que se instaló en La Rosada en diciembre de 2015.

El ochenta por ciento de los participantes en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) que se desarrolla en Bariloche estima que, durante 2018, va a incrementar la rentabilidad de sus empresas. Así se desprende de un relevamiento realizado por la consultora Ernst & Young Argentina, en el marco de ese encuentro donde, días atrás, el presidente del Iaef, Alejandro Oberts, dijo que el sector al que representa “cruza los dedos” para que “se apruebe la reforma laboral” ya que, recalcó, “los costos laborales siguen siendo muy altos”.

Pero el optimismo se diluye cuando se observa otro trabajo, en este caso de la consultora Manpower, que en un relevamiento realizado entre ochocientas empresas de sectores como agricultura, industria, construcción y comercio señala que ocho de cada diez no piensa contratar empleados en lo inmediato.

Queda claro que, como en los 90, la maximización de la tasa de ganancia es una especie de verdad canónica y que, como entonces, la variable es el universo del trabajo y a eso apunta la regulación regresiva que -cada vez con mayor desparpajo- anuncia el gobierno y el poder real que lo sustenta como eje central de la agenda post-electoral.

¿Mercado Libre?15.09.2017

No...libre mercado

La cultura emprendedora tiene la palabra ¿Someter a los trabajadores a peores condiciones que las perpetradas por la contrarreforma laboral brasilera va a generar más empleo?

“Viendo la reforma laboral brasilera, Argentina puede: imitarla, salirse del Mercosur o resignarse a perder millones de empleos a Brasil”. La frase –que suena a amenaza- fue dicha por el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, quien reclamó que nuestro país avance en un esquema de flexibilización laboral similar al que Brasil concreto este año a instancias de las “recomendaciones” del Banco Mundial y el FMI.

Los dichos de Galperín se inscriben en un contexto que se viene construyendo desde los think tank que apuntalan al Gobierno y desde la propia Rosada, en consonancia con el rediseño regresivo que, en la relación trabajo-capital, se intenta imponer en el mundo y, particularmente, en nuestra región.

Entre otras cosas, la contrarreforma brasilera retira al sindicato de la negociación entre trabajadores y patronal a la que habilita a despedir sin indemnización y, simultáneamente, contratar nuevos trabajadores con menos salario y menores beneficios.

También se eternizan los contratos temporales y la jornada de trabajo sin pago de horas extra. Se exime a la patronal de la obligación de dotar de indumentaria adecuada para la tarea que se realiza y se faculta al empleador a parcelar el período vacacional. Y se legaliza la tercerización, esto es, empresas que contratan empresas, lo que destruye el diseño piramidal de las relaciones laborales, hasta el punto de que no quede claro quién es el que contrata y, por lo tanto, a quién debe reclamarse.

En síntesis, crece la superexplotación, cae el salario y sube la maximización de tasa de ganancia. Y, sobre todo, se debilita letalmente el rol del sindicato como actor en la negociación entre trabajadores y patronales, así como ante el propio Estado.

Incertidumbre

Galperin fundó Mercado Libre y es uno de los más importante exponentes que en Argentina tiene la “nueva economía”, ese término asociado al auge de las empresas punto-com, que devino en el nacimiento del Nasdaq.

Esto es, una economía fundamentada en la fabricación de bienes de tecnología virtual y reproducción de la industria del conocimiento, que pretende surfear sobre las turbulencias a las que los ciclos macroeconómicos del capitalismo somete a otros rubros.

Y no le va nada mal. En poco más de una década, Mercado Libre pasó estar valuada en trece mil millones de dólares, lo que la coloca como la cuarta compañía de nuestro país.

Con poco más de cuarenta años, este amigo –y hombre de consulta- del presidente Macri se ganó su lugar en el Círculo Rojo, pero también es un claro exponente del grupo Endeavor que, tal como lo señala su sitio web, está desde 1998 en Argentina, “contribuyendo al desarrollo del país a través de la promoción de la cultura emprendedora”.

Y es aquí donde los dichos de Galperin toman relevancia. El modelo que merced a la connivencia de algunos jeques de la burocracia sindical se estableció en el sector primario de la economía, amenaza con avanzar y consolidarse en los restantes.

En este diseño caracterizado por descentralización, deslocalización, inestabilidad y rotación de trabajadores, así como por la flexibilidad laboral, el empresariado es libre para modificar las condiciones y reducir plantillas de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, es decir, de su interés por maximizar ganancias.

Así, la subcontratación como un derivado necesario de los modelos empresarios en red que sustituyen a los piramidales, quiebra la relación entre empresario-empresa y trabajador, por lo que la unidad productiva deja de ser el lugar de disciplinamiento y resistencia, es decir el escenario de la lucha de clases.

Todo esto provoca precariedad jurídica y estructural, ya que afecta todo el horizonte de las personas como sujetos, pero también lo hace en tanto sujetos sociales que poseen identidad de clase.

Es que en este postfordismo con sus empresas en red derivadas de subcontratos de subcontratos y trabajo a tiempo parcial, se verifica la consolidación de un cambio en el que el paradigma del trabajo es la individualización superlativa que promueve la descolectivización. Por eso el riesgo que trae aparejada la flexibilización lo asumen personas individuales que, aunque puedan compartir el mismo entorno laboral, lo hacen bajo contratos de diferentes características, lo que fragmenta cualquier posibilidad de resistencia.

Pero para que esto sea posible, es preciso internalizar socialmente que el proceso por el que se crea la fantasía de que los trabajadores se convierten en empresarios –en sus propios patrones-, es una alternativa viable y, además, buena.

De ahí a aseverar que el trabajador industrial despedido puede ponerse al frente de un prometedor emprendimiento para fabricar cerveza artesanal, hay sólo un paso. Lo importante no es decirlo, sino que les crean y en esta dinámica del pustch argumental, Galperin es un ejemplo paradigmático que se busca exhibir.

Y aunque desde cualquier perspectiva sensata se debe aceptar que este camino de la cultura emprendedora puede repartir prosperidad entre muy pocos, lo importante es que muchos crean que al que le toca es a uno mismo. Es como jugar al Quini, pero mucho más peligroso.

El “debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla” que deslizó el candidato por Cambiemos, Esteban Bullrich, es un instructivo del lugar hacia donde el Gobierno pretende llevar a las relaciones entre los universos del trabajo y el capital, pero también a las relaciones sociales.

Este elogio a la managementización es un paradigma del “cambio cultural” que, construido como discurso dominante a partir de fórmulas ligadas a autoayuda new-age, pretende como válido esto de que -a partir del camino de individualización- vale la pena enfrentar los ataques del entorno como si no fueran producto de la lucha de clases y, por lo tanto, aceptar el “desafío” que plantea resignar las regulaciones estatales heredadas del fordismo.

Pero asimismo intenta imponer la idea de que es preciso aceptar que el Estado deje de regular como lo venía haciendo, para regular sólo en favor del capital porque, de acuerdo a este discurso, hay que flexibilizar ya que los costos fijos retrasan la competitividad.

La idea que subyace es permitir que las empresas externalicen y licuen entre toda la sociedad la responsabilidad que -hasta ahora- asume el Estado. De ahí el feroz ataque al Fuero Laboral y la ansiedad que tienen por modificar el cuerpo de la legislación que regula la relación entre trabajo y capital.

Pero para esto necesitan desarticular a los trabajadores y a sus organizaciones, porque aquello a lo que apuntan, no es otra cosa que a destruir la conciencia de clase, esto es, avanzar en la tarea de transformar el proletariado en precariado.

 

La mirada de Apyme15.09.2017

¿Recuperación, qué recuperación?

Lejos de lo intenta mostrar el Gobierno, las micro, pequeñas y medianas empresas padecen el estancamiento de la demanda en el mercado interno, la importación de bienes de consumo, el ahogo impositivo por la falta de facilidades, el bajo acceso al crédito y las continuas subas de insumos y tarifas, puntualizó la entidad que agrupa a pequeños y medianos empresarios de todo el país.

La Asamblea de Pequeños y Medianos (Apyme) advirtieron que la situación del sector es preocupante, por lo que instó al gobierno nacional a reconocer la emergencia productiva y social, al tiempo que recalcó que es preciso que se declare la emergencia nacional Mipyme.

“Lejos de la recuperación que intenta mostrar el Gobierno, el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas continúa padeciendo el estancamiento de la demanda en el mercado interno, la importación de bienes de consumo, el ahogo impositivo por la falta de facilidades, el bajo acceso al crédito y las continuas subas de insumos y tarifas”, puntualizó la entidad que agrupa a pequeños y medianos empresarios de todo el país.

Tras lo que insistió en que “la supuesta ‘recuperación’ de la actividad, sólo es levemente positiva en relación con las cifras de 2016 y sólo para algunos rubros” pero no alcanza los niveles de 2015. Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “la mayoría de las empresas están cada día más cerca del cierre que la recuperación”.

En este contexto, Apyme lamentó que la Ley Pyme que promociona el Gobierno, “no tiene en cuenta los factores reales que afectan al sector”, algo que “queda demostrado en que sólo una parte ínfima del universo Pyme llega a aprovechar algún beneficio”.

Y ejemplificó: “en estos días se informó que, en Mendoza, de 34.665 pymes registradas hasta agosto de este año, sólo 12.129 están ‘categorizadas’ para poder acceder a los beneficios de la mencionada ley”, en tanto que de ellas “sólo 91, el 1,5 por ciento, fueron alcanzadas por los beneficios del impuesto a las ganancias y bono de IVA crédito fiscal”, mientras que el beneficio del impuesto al cheque alcanzó sólo 2.195.

Mientras tanto, en esta provincia cerraron 958 comercios durante el último año por incidencia de los “viajes compras” a Chile.

Por este camino, no

Así las cosas, Apyme solicitó que el ejecutivo nacional “tome nota de la verdadera situación económica y social y escuche a todos los sectores”, ya que en el actual modelo “hay unos pocos beneficiados: el complejo agroexportador, las empresas mineras y de energía y el sistema financiero especulativo”.

Tras lo que resaltó que es mentira que se carezca de alternativas para aspirar a la recuperación y al crecimiento con equidad social, pero para avanzar en esa dirección “debe modificarse la orientación de las políticas en curso”.

Por lo que reclamó que se adopten medidas tendientes a fomentar la demanda en el mercado interno, impulsar y proteger la industria nacional, facilitar la regularización fiscal de las Pymes, abordar una reforma tributaria progresiva y dar prioridad al crédito productivo “en lugar de sostener altísimas tasas alientan la especulación y el endeudamiento del Estado”.

Asimismo expresó la preocupación del sector por las negociaciones que, en el marco de la OMC, está llevando a cabo el Gobierno para avanzar con un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que tendrían “alcances imprevisibles para la industria local”.

Las tarifas de servicios y transporte también van a aumentar07.09.2017

Ajuste después de octubre

El gobierno nacional tiene diseñado una batería de aumentos para después de las elecciones en sectores claves como transporte, energía, luz, agua y naftas. De esta manera, busca consolidar un esquema social regresivo donde el acceso a los servicios básicos sea cada vez más costoso para los trabajadores, los cuales, deberán devengar una porción cada vez más grande de sus ingresos para cubrir transporte y servicios

En octubre, el gobierno nacional buscará consolidar un esquema social regresivo fundamentado en la profundización de las desigualdades sociales. Una de las herramientas que emplea para ello es el despliegue de un modelo tarifario que carga sobre la espalda de los trabajadores las cuantiosas ganancias de empresas que ostentan la explotación de servicios públicos fundamentales que debería proveer el Estado, como el agua, luz, gas, combustible y transporte de pasajeros y mercancías.

Este proceso coincide con la política de eliminación de los subsidios que viene emprendiendo el gabinete económico en diversos ámbitos de la economía nacional. Nuevo esquema tarifario y quita de subsidios es el coctel explosivo que explica, en gran medida, el ritmo inflacionario bajo el que está sumergido en el país mientras las principales empresas con intereses en el transporte y los servicios públicos multiplican obscenamente sus ganancias.

Los incrementos en las tarifas van desde peajes hasta colectivos, trenes, taxis y subtes pasando por naftas, luz, gas y agua. De esta manera los aumentos más sensibles, ya pautados por el Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren, tiene ganadores y perdedores nítidos y no son más que los que, a grandes rasgos, se vienen beneficiando desde que la Ceocracia administra el Estado nacional, el cual, se encuentra consolidando su perfil liberal burgués.

Como se sabe el aumento de tarifas en los servicios y el transporte público impacta rápidamente en todos los precios de la economía, lo que se traduce en un aumento sostenido de la inflación en toda la estructura económica del país. A su vez, el encarecimiento del costo de vida redunda en una caída del consumo, la cual, golpea drásticamente al mercado interno por lo que aumenta el desempleo y a causa de ello la pobreza y la indigencia. Se trata de un combo letal para los sectores populares que absorben los costos de la transferencia de recursos que se hace hacía las principales empresas vinculadas a los servicios públicos y la logística.

Las consecuencias inevitable de este modelo es el de la contracción del mercado interno y una profundización de la brecha social entre los que pueden utilizar los servicios públicos y los que no, hechos todos confirmados por las decenas de informes y estudios que se vienen analizando en los artículos y notas publicados por este diario.

Se viene el boletazo

El segmento transporte es uno de los más sensibles para los sectores populares, ya que se trata de la única vía posible que tienen millones de personas en el país para llegar a sus lugares de trabajo, realizar trámites y acceder a espacios de recreación y esparcimiento. Es un gasto cotidiano imposible de evitar y que, en el día a día, con los aumentos, se transforma en un “gasto hormiga” que explica que, en muchos casos, familias enteras tengan que restar un plato de comida diario en la mesa familiar para afrontar algo tan elemental como la carga de la tarjeta Sube.

Mientras, las empresas del sector son cada vez más rentables. La paradoja es que, a contrapelo de lo enunciado durante la campaña electoral y del sentido común que la derecha busca instalar en la población, los subsidios para los pasajes de tren y colectivo son los únicos que crecen mes a mes. Por ello, el gobierno buscará reducir el déficit de cara a fin de año y lo hará absorbiendo recursos de los bolsillos de los trabajadores a través del aumento de tarifas en este segmento.

Desde el Ministerio de Transporte se admite que es “viable” un aumento antes de fin de año y consultoras privadas ya vienen hablando de un boleto de colectivo a 11 pesos, es decir, un aumento del 73 por ciento, casi cuatro veces más que la inflación de este año. Lo mismo ocurre con trenes y subterráneos. En el caso del sistema a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vale recordar que Sbase -Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado- había calculado que, para este año, el pasaje de metro debería rondar los 15 pesos, el doble que el precio actual.

En el sector energético también se esperan incrementos que, como en el caso de las naftas, se trasladaran rápidamente al resto de la economía, especialmente a aquellos que incluyen en su costo el traslado en fletes. En el caso de la luz, el agua y el gas, los aumentos ya se encuentran pautados por el Ministerio de Energía y Minería pero no se descarta que, un buen rendimiento electoral de Cambiemos en octubre, habilite al gabinete económico a modificar las escalas previstas para subir el piso de los mismos.

Estos nuevos tarifazos se producirán en un año marcado por fuertes subas en el sector. Por ejemplo, en menos de un año, las tarifas de gas en el conurbano bonaerense aumentaron hasta un 500 por ciento. A causa de este aumento, los bonaerenses han recibido facturas de gas por hasta 4500 pesos y a partir de octubre se podrían volver a disparar.

El caso de las tarifas de gas es de lo más llamativos, no sólo porque el ministro a cargo de regular el mercado tiene intereses económicos directos con una de las empresas más grande del mundo en el sector como lo es Shell, sino también porque preveé una inflación del 11 por ciento en dólares.

Como si no fuera poco, para el mes de diciembre el cronograma estipula un aumento en las tarifas de gas para transporte y distribución, que en la actualidad representa el 40 por ciento de la factura que paga el consumidor. En este caso, como sucede también con la nafta, el incremento impactará rápidamente en todos los productos de la economía que incluyen entre su costo el traslado en flete.

En el caso de las tarifas eléctricas también se esperan incrementos, tanto para el consumo residencial como industrial. El Ministerio de Energía y Minería ansía aumentar el precio estacional que actualmente rige en el país, fijado en 640 pesos por megavatio/hora. En tanto Edenor y Edesur, que concentran la distribución eléctrica en el área metropolitana, tienen previsto aumentar los precios de las boletas a partir del 1 de noviembre.

 

 

Apertura de importaciones 29.08.2017

Que el último apague la luz

Un nuevo paso en la quita de aranceles para productos extranjeros va a provocar que haya dos mil personas más sin trabajo en Argentina. Apyme convocó a la unidad de los sectores productivos y sociales perjudicados por la política económica.

La nueva quita de aranceles para importaciones de bienes de capital usados pone en zona de riesgo a dos mil empleos. Así lo advirtió el flamante titular de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (Cappitel), Eugenio Hadges, quien no ocultó su preocupación por la decisión gubernamental de eliminar posiciones en el Régimen de Incentivo Fiscal y de aranceles para importaciones de bienes de capital usado.

Días atrás, por medio del decreto 593/2017, el ejecutivo sacó del listado de posiciones que integran el Régimen de Incentivo Fiscal. La posición arancelaria en cuestión, la 9406.00.92, corresponde a construcciones prefabricadas que incluye galpones y módulos habitacionales para las industrias de la energía, el petróleo, minería y construcción.

En este sentido, Hadges dijo que “se desconoce con qué criterio fueron excluidas las posiciones, ya que no fueron convocados los sectores involucrados para evaluar el impacto de esta decisión”, tras lo que hizo hincapié en que con esta decisión, el Gobierno provoca una situación en la que muchas pymes que hasta ahora abastecían un debilitado mercado interno, van a tener que competir desde una posición absolutamente desventajosa con importaciones, fundamentalmente chinas.

La cosa en sencilla. Además de la pérdida de puestos de trabajo que originará, la importación de bienes de capital implica la salida de dólares del país, por lo que el Estado recauda menos ingresos por impuestos lo que pone, aún más, en tensión al déficit fiscal. Pero para eso, el Gobierno Cambiemos tiene una receta: el endeudamiento a cualquier precio.

“Por cada mil pesos de facturación de una pyme, el Estado percibe 390 en concepto de impuestos, que al importarse esos productos dejan de ingresar”, precisó el dirigente gremial empresario y remarcó que esta decisión se suma a la medida por la que se elimina el arancel al ingreso de bienes de capital usados para las industrias petrolera y minera”.

Apyme

En este contexto, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) convocó a la unidad de los sectores productivos y sociales perjudicados por la política económica que impone el gobierno que advirtió, intenta exhibir índices de actividad que señalarían algún grado de crecimiento económico durante los últimos meses pero sólo son “un rebote respecto del pozo de 2016 y están muy lejos de beneficiar al grueso de la producción y el consumo local, fuente de ingresos de las Pymes”.

Apyme recordó que, incluso de acuerdo a los datos del Indec, la actividad continúa un 1,1 por ciento por debajo del registro de 2015. “Aun en la Construcción, un rubro favorecido por la obra pública preelectoral, el aumento del 13,2 respecto del año pasado es inferior en 5,5 por ciento respecto de 2015 y se perdieron 21 mil puestos de trabajo”.

Tras lo que resaltó que en lo inherente a la actividad industrial, “pese a la mejora interanual, aún está 5,3 por ciento debajo de las cifras oficiales de hace dos años” y añadió que en rubros enteros como el calzado, textiles, línea blanca y madera, entre otros, se está lejos de cualquier señal de recuperación, comportamiento similar al que se advierte en actividades de servicios vinculadas con el consumo, como el comercio, hoteles y restaurantes, entre otras.

Asimismo, puntualiza que la caída promedio en las ventas es constante como consecuencia de un mercado interno destruido y la constante suba de importaciones. Por eso, “lejos de ganarle ‘por goleada’ a la inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores privados y estatales fue en julio un 7,5 por ciento menor al observado en noviembre de 2015”, en tanto que desde que Mauricio Macri es presidente, el salario real mediano acumuló, en promedio, un retroceso del seis por ciento.

De ahí que Apyme advierta que la mayoría de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el trabajo nacional “siguen al margen de una política que no los contempla” y que por este camino “el crecimiento no llegará a todos, sino que seguirá beneficiando a una cúpula de grandes corporaciones en perjuicio del entramado productivo local”.

Y aclara que “son las mismas que en nombre del ‘republicanismo’ no dudan en influir sobre las instituciones, en una actitud antidemocrática que demuestra sus verdaderos intereses, ajenos al bienestar del conjunto de los argentinos”.