Un documento de ocho puntos con diferentes medidas elaborado por la Ladh, fue puesto a disposición del debate, de cara al período que se va a inaugurar el 10 de diciembre.
La libertad “a las y los presos políticos y pleno respeto a las garantías constitucionales”, es una de las medidas de emergencia que la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) demanda en el contexto de la construcción de “programa para conquistar la democracia verdadera”.
Al respecto, la Liga recalca que “para terminar con el macrismo no alcanza con derrotar a Macri, hace falta un proceso de luchas para reconquistar y conquistar derechos y esa lucha requiere de un programa”.
Tras lo que señala que el movimiento de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, luchadores por Derechos Humanos y las fuerzas que resisten el avance de políticas de entrega, miseria y represión, “tiene ante sí el desafío de alcanzar la victoria en esta larga y difícil lucha: terminar con el neoliberalismo en su nueva expresión brutal, deshumanizante, cruel y perversa, que ha llevado a límites históricos los espacios de libertad, el buen vivir del pueblo y casi ha terminado con las garantías constitucionales de lo que se conocía entre nosotros como ‘Estado de Derecho’”.
Y resalta que el movimiento de Derechos Humanos debe jugar un papel fundamental en el proceso de debate programático sobre las políticas públicas “que se exigen al actual gobierno y se postulan para uno nuevo, de carácter popular”.
Por lo que postula al debate, ocho ejes programáticos “que anhelamos sirvan como disparadores para el debate fraterno y sincero entre compañeros”, para aportar a “la construcción plural y unitaria que será imprescindible para derrocar no solo a un gobierno particular, sino al modelo que este representa”.
Con este telón de fondo, el martes 27 de agosto, bajo consigna de que “con presos políticos no hay democracia”, la Ladh va a participar del acto que se llevará a cabo el microestadio de Ferrocarril Oeste.
En este sentido, el militante del PC, coordinador del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos y miembro de la Lahd, Marcelo Boeykens, fue claro cuando dijo que “la Liga demostró coherencia en este tema durante todos estos años”.
Y apuntó contra el Poder Judicial. “Hay que señalarle que las condiciones cambiaron y que hay que librar a todos los presos políticos”, exigió.
Tras lo que no dudó en asegurar que “las personas que tengan que rendir cuentas a la justicia, deben hacerlo con un juicio justo y teniendo todas las garantías constitucionales, más ahora con los tiempos que vienen donde muchos van a tener que rendir cuentas a la justicia, como Patricia Bulrrich por lo de Santiago Maldonado”. Y recordó: “Videla y los genocidas tuvieron juicio justo, pero Milagro Sala y Amado Boudou no, esa es una gran deuda de la justicia Argentina”.
Para la libertad
Además de la libertad a los presos políticos, la Ladh propone el “fortalecimiento de los ámbitos constitucionales encargados de defender la democracia”, la disolución de los actuales servicios de Inteligencia, que se anulen los decretos y reglamentaciones “que limitan o anulan los derechos de los migrantes, los pueblos originarios, las mujeres, la infancia y que afecten los derechos económicos, sociales consagrados en la Constitución Nacional y los pactos asumidos por el Estado argentino”.
También reafirma su oposición a proyectos que impliquen la baja de la edad de punibilidad, postula que es preciso avanzar en la democratización del Poder Judicial “de arriba abajo”, para lo que propone que se ponga en comisión a los jueces y fiscales federales, al tiempo que se revisan “todas las causas judiciales armadas para perseguir al movimiento popular”.
Otra demanda es la anulación de “normas policiales, militares y de seguridad aprobadas por el gobierno macrista”, que ejerza control político sobre esas fuerzas y se prohiba reprimir y de utilizar armas de fuego en las expresiones de protesta popular.
También, entre otras cosas, pide que se recupere el proceso de Memoria Verdad y Justicia mediante el fortalecimiento de todas las instancias, que se ponga en marcha la comisión parlamentaria de investigación de los delitos económicos sociales y se demande internacionalmente a EE.UU. “y sus socios por la complicidad manifiesta con aquellos crímenes y estas políticas coloniales”.
Asimismo, se señala que es preciso que el Estado se comprometa “con los valores de la paz y los derechos humanos en su política de relaciones internacionales e integración latinoamericana”.