El 20 se discute en Diputados un proyecto consensuado para una nueva ley de alquileres en todo el territorio nacional. Tarde, pero necesaria, la ley contempla algunas modificaciones muy importantes para los inquilinos, pero que no alcanzan a solucionar los problemas de fondo en materia habitacional.
Finalmente, después de años de idas y vueltas, el 20 de noviembre se tratará en la Cámara de Diputados la denominada Ley de Alquileres. En comisión, la cámara baja aprobó un proyecto consensuado entre los distintos bloques que permitirá discutir nuevas condiciones en la celebración de contratos de locación.
El proyecto consensuado, contiene las siguientes modificaciones: los contratos ya no serán por dos años, sino por tres; cada contrato quedará registrado en la AFIP; y, he aquí uno de los puntos más importantes, la actualización será anual mediante un mecanismo que combinará, en partes iguales, el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de variación salarial de los trabajadores registrados (Ripte).
Otro punto importante, eje de conflictos muchas veces entre los inquilinos y propietarios, es el que fija que, a partir de la nueva normativa, las expensas denominadas extraordinarias quedarán siempre a cargo del propietario. Por su parte, se establece que las garantías podrán ser, además de propietarias, bancarias, y el propietario deberá elegir una de las dos, pero ya no podrá imponer obligatoriedad sobre esta última.
En concreto, se trata de un proyecto que después de varios años de discusión se tratará en Diputados, pero que para aprobarse deberá discutirse luego en el Senado y reglamentarse. En el medio, puede suceder cualquier tipo de modificaciones, a favor o en contra de los inquilinos.
Para que esto último no termine siendo la opción que se imponga, frente al siempre poderoso lobby de inmobiliarias y constructoras, dependerá de la voluntad política del nuevo Congreso que se conformará tras el 10 de diciembre. Bajo la orientación de un nuevo gobierno, más cercano a los intereses de los trabajadores, habrá que ver qué aspectos del proyecto se pueden mejorar para aliviar las durísimas condiciones a la que se enfrentan los inquilinos cada vez que tienen que alquilar o pagar la renta.
En Argentina, el problema habitacional, muchas veces postergado, resulta una problemática de primer orden, especialmente para millones de personas a las que les resulta imposible, en el mediano y largo plazo, comprar una propiedad por miles de dólares cuando no se llega a fin de mes.
Mientras, el precio del alquiler, más expensas y servicios, implica en la actualidad para un salario promedio entre el 50 y el 60 por ciento del ingreso personal. Por ello, se entiende que en la actualidad el déficit habitacional en todo el país alcance a casi cuatro millones de personas.
En efecto, las personas que sufren el déficit habitacional viven en condiciones inhumanas, hacinadas, en zonas no aptas para el hábitat -donde escasea el acceso a los servicios públicos básicos como red cloacal, agua, luz, gas- y en viviendas precarias que ponen en peligro la integridad física de sus residentes. En su gran mayoría, se trata de viviendas que son alquiladas u ocupadas por trabajadores de bajos ingresos, trabajadores informales, estudiantes e incluso jóvenes profesionales.
Estas condiciones permitieron que con el paso de los años se produjera un crecimiento exponencial de los grandes conglomerados urbanos. En Argentina, más del 90 por ciento de la población vive en ciudades. En las zonas periféricas a las principales urbes del país, se multiplicaron los barrios y asentamientos que fueron testigo del encuentro entre trabajadores rurales, expulsados de las zonas agrarias por la expansión del monocultivo y la extensión de los latifundios, y trabajadores urbanos a los que cada vez se les hace más difícil sostener el costo de vida, primero por las dificultades para acceder a la casa propia y, luego, por los altos precios de los alquileres y los tarifazos.
Este proceso es, en parte, consecuencia del boom del negocio inmobiliario y la concentración en la propiedad de la tierra. Ambos están relacionados y existen fenómenos coyunturales que los acentúan, como la fragilidad del sistema financiero mundial, que hizo que una porción muy grande de las cuantiosas ganancias de los sectores agroexportadores se trasladen al negocio inmobiliario.
Así, la valorización inmobiliaria de la renta financiera es un fenómeno creciente que explica, en gran parte, la cantidad de viviendas ociosas que hay en la actualidad. San Miguel de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario e incluso Esquel, Bariloche y Ushuaia son conglomerados urbanos más allá del Amba que pueden dar cuenta de ello.
Por un lado, viviendas ociosas, timba financiera e inmobiliaria y negocios para las grandes constructoras aliadas del gobierno. Por el otro, déficit habitacional, alquileres impagables y tarifazos insoportables. Una realidad que es urgente cambiar en el corto plazo.