Se necesitan tres jubilaciones mínimas para no ser pobre. La inflación, en áreas sensibles como alimentos y medicamentos está muy por encima del promedio. El ajuste y la timba financiera de cuatro años de macrismo lo pagan los que menos tienen.
La crisis económico-social en la que se encuentra sumergido el país a causa de las políticas del gobierno del Fondo Monetario y Mauricio Macri continúa haciendo estragos entre los sectores más vulnerables. En ese contexto, ser jubilado o pensionado en la Argentina hoy es dramático. Según un informe reciente de la Defensoría de la Tercera Edad, un jubilado necesita tres jubilaciones mínimas para cubrir la canasta básica de alimentos.
Los adultos mayores, como así también los pensionados, es uno de los sectores más golpeados por las políticas de ajuste del gobierno. La responsabilidad del gobierno es total. La herencia de la reforma previsional de 2017 —que en efecto derivó en un fuerte ajuste en las jubilaciones con relación a los aumentos estipulados por la Ley de Movilidad Jubilatoria— y el ritmo galopante de la inflación, está siendo estragos entre los adultos mayores. Ambos factores son determinantes a la hora de analizar cómo fue que el macrismo pulverizó el poder adquisitivo de los jubilados.
Sucede que según el informe, en promedio un jubilado necesita para cubrir sus necesidades mínimas 37.815 pesos. En los últimos seis meses, la canasta básica se encareció para este sector de la población un 24 por ciento. En términos nominales, la vida para un adulto mayor se encareció 7.291 pesos respecto a abril de este año.
Esta situación explica porque, si se toman los datos del Indec, del 35,4 por ciento de la población que estaba por debajo de la línea de la pobreza en el primer semestre de este año, el 10,4 eran personas mayores de 65 años. En este período enero-agosto la inflación en los rubros más sensibles para los adultos mayores fue galopante. Pero especialmente en uno: los medicamentos. Con una inflación promedio del 30 por ciento, los precios de este segmento aumentaron entre el 42 y el 48 por ciento.
Un área sensible: medicamentos
Desde que asumió Macri los medicamentos aumentaron un 360 por ciento, lo que a todas luces parece un despropósito. Pero no, en el plan económico del gobierno no es un despropósito. Es la consecuencia de una política bien definida por la derecha en nuestro país. Los datos al respecto son elocuentes. Según el último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019, el nivel de inflación general suma un 260,1 por ciento, mientras que en el sector medicamentos los precios aumentaron un 360,9. Los incrementos más importantes se produjeron en medicamentos para las tiroides, antiespasmódicos, ansiolíticos, broncodilatadores y anticonceptivos.
El estudio se concretó en base a un relevamiento de precios sobre una canasta de ciento veintitrés productos de diversas características y marcas. En el relevamiento, se constató que al menos ocho de cada diez remedios relevados triplicaron sus precios en los últimos tres años.
Según remarca el informe de la Undav “el incremento de precios por sobre el avance en el nivel de ingresos determinó que el poder de compra de una canasta representativa de medicamentos cayera un 36,6 por ciento en relación al salario mínimo y 14,7 por ciento respecto a la jubilación mínima”.
Los jubilados siempre pierden. Y no lo hacen solo los que dependen del Pami para realizar sus consultas y comprar sus medicamentos. Golpea incluso a aquellos que pueden pagar una prepaga. El ajuste en ese sentido es “democrático”. Tal como consigna el informe, después de cuatro años de incrementos, la cuota de la medicina prepaga representa el 72 por ciento de una jubilación media y el 30,4 por ciento de un salario promedio. “En el acumulado desde febrero de 2016, el aumento en la cuota fue del 255 por ciento hasta septiembre de 2019”, se detalla.
No se trata solo de guarismos. Entre la estadística se cuentan jubilados —trabajadores— que interrumpen tratamientos, jubilados que se ven obligados a optar por la medicación o comer y niños que a muy temprana edad no pueden acceder a los remedios. Vale recordar que tal como lo reconoció el propio presidente en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, es en la niñez donde la pobreza alcanza los índices más altos.
En todos los casos se trata de un problema de salud pública de primer orden. Sin embargo, este escenario no puede separarse de la situación general del país. Recesión, caída de la industria, desempleo, derrumbe del consumo, devaluación, aumento de la pobreza y la indigencia.
Esta situación es la contracara del balance final que harán prepagas y laboratorios. Estos se anotan, junto a las empresas energéticas y los agroexportadores, entre los principales beneficiarios de la política económica del macrismo.
Los aumentos en los precios de los medicamentos en estos cuatro años de macrismo no tienen nada que envidiarle a los incrementos que lograron imponer las empresas prestadoras de servicios públicos. Tarifazos por acá y aumentazo en los precios de los remedios por allá.
Tal como informó el Observatorio de Políticas Públicas de la Undav en promedio desde que Macri es presidente el precio de los medicamentos aumentó un cien por cien por encima de la inflación del período.
Resulta claro que los aumentos en los precios de los medicamentos se inscribe tanto en el deterioro de la salud pública como en el espiral inflacionario en que se encuentra sumergido el país. Respecto a lo último, la principal variable que explica los incrementos es la devaluación.
Y las consecuencias, severas, del movimiento en el tipo de cambio en el sector obedece a la decisión del gobierno de descontinuar la política de producción regional de medicamentos y de compra al por mayor a la India que desde América Latina se coordinaba cuando, hace no mucho tiempo, los rumbos eran otros.
Vale recordar que el aumento indiscriminado de los precios de los medicamentos tuvo como contrapartida una flexibilización a favor de los laboratorios para que puedan comercializar nuevos productos sin la aprobación directa del Estado mediante la Anmat.
Así Macri le regaló a las empresas un tubo de ensayo con cuarenta millones de personas adentro.
Con esa media del 2017, Cambiemos redujo los plazos del sistema de control y ensayos clínicos de seis meses a setenta días e impuso un sistema de autorización automática sin precedentes en el mundo.
Estas medidas contribuyeron a una pérdida de soberanía tecnológica, científica y sanitaria que es coherente con la política de ajuste y entrega que lleva adelante el gobierno nacional en todos los ámbitos.
Una vez más, la cuestión de fondo está relacionada con el negocio de los medicamentos y dentro del mismo, con su sistema de patentes, producción y comercialización.
Vale recordar que a través del sistema de compras y reintegros que regula el Estado nacional, Desarrollo Social ejecuta una jugosa partida millonaria que es pretendida desde hace largo tiempo por las multinacionales norteamericanas.
Pero esta política no es nueva en el macrismo. Haciendo un poco de historia encontramos que apenas asumió como jefe de Gobierno en 2007, Macri vetó la producción de medicamentos genéricos en la Ciudad de Buenos Aires. La tendencia es favorecer a las grandes multinacionales de la salud.