Una vez más el enemigo es construido puertas para adentro. A mayor conflictividad social, mayor represión. Con la creación de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (Sait) y la intentona de permitir a las Fuerzas Armadas intervenir en “seguridad interior”, avanza el plan operativo contra el pueblo. Todos “somos posibles terroristas” , dijo Stella Calloni a NP diario.
Las consecuencias económicas y sociales del acuerdo leonino con el FMI se siente en los bolsillos de los trabajadores pero también en las calles, fronteras y espacios estratégicos donde residen recursos naturales y actividades económicas fundamentales para la soberanía del país.
La iniciativa de reforma de las Fuerzas Armadas que impulsa el gobierno para que estas intervengan en cuestiones de “seguridad interior” tiene su correlato en la inteligencia y el despliegue operativo de las fuerzas del Estado para reprimir la protesta social.
Que la conflictividad social está en franco ascenso es una verdad evidente para cualquiera. Que a la luz del pacto con el Fondo Monetario la misma se agudizará, también. Esto bien lo sabe el gobierno que comienza a dar forma a una serie de dispositivos legales que blanquean el rol que la derecha atribuye a las Fuerzas Armadas y de seguridad.
En sintonía con este propósito, el gobierno dio forma a través del Procurador Interino Eduardo Casal, a la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (Sait) para reavivar la lucha contra el “narcotráfico” y el “terrorismo” con el objetivo de impulsar un reestreno de la doctrina de seguridad nacional y un nuevo enemigo interno.
Al respecto la periodista y especialista en soberanía e imperialismo, Stella Calloni, afirmó en diálogo con Nuestra Propuesta diario que “la situación es gravísima, es un relanzamiento de la lucha contra el enemigo interno” y precisó que “como ellos nunca han caracterizado al terrorismo internacional, no se sabe a qué se refieren”. Todos “somos posibles terroristas” según el criterio que aplique el gobierno y las Fuerzas Armadas.
Para contrarrestar la creación de la Sait y evitar la implementación de la reforma de las Fuerzas Armadas, la especialista valoró que “el Congreso tiene que tomar cartas en el asunto”, más aún si se tiene en cuenta que “la Procuración no puede instalar un organismo de esta naturaleza sin pasar por el Congreso”.
Calloni especificó que el gobierno tiene “el deber de ser muy claros y explicitar a que se refiere con el concepto de extremismo violento” que aparece en la resolución de la Procuración y en los dichos de los funcionarios que agitan el intervencionismo militar en cuestiones de seguridad interior.
Un claro ejemplo de los peligros que estas arbitrariedades pueden generar, lo podemos hallar en la situación de la RAM en la Patagonia. Calloni afirmó que “si tenemos en cuenta que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich culpó a la RAM de extremismo violento para reprimir a la comunidad Mapuche en favor de los intereses terratenientes, es evidente como la misma operación se puede extender contra otras organizaciones políticas, sociales, sindicales, etc.”, explicó.
Un clásico de la derecha y el imperialismo
El gobierno de Macri se suma a la lista de países que se incorporan a la doctrina yanqui. Si Colombia y México son los principales aprendices en la materia, Argentina y Brasil representan al grupo de novatos con los que Estados Unidos busca equilibrar, definitivamente, la balanza hacia el lado de sus intereses. En contrapartida, Venezuela y Nicaragua que se oponen a los intereses del imperialismo en la región, al igual que Bolivia, sufren los ataques articulados de las derechas locales con el Departamento de Estado y las grandes empresas del mundo capitalista que reniega de los caminos de soberanía iniciados por el chavismo y el sandinismo respectivamente.
En el caso de Argentina el presidente Macri busca concretar el plan del imperialismo cuyo objetivo es que las Fuerzas Armadas asuman “un nuevo rol” en la lucha contra el “narcotráfico” y el “terrorismo”. Para ello, el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, espera que se derogue la norma que limita el rol de las instituciones militares a las agresiones externas por parte de otros países. Se trata del decreto 727 impulsado por Néstor Kirchner en el cual se estableció claramente, siguiendo las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en asuntos de seguridad interior.
De esta manera, y en el marco del acuerdo con el FMI, el macrismo se encuentra decidido a darle tareas de seguridad interior a las Fuerzas Armadas.
Específicamente, lo que busca el Ejecutivo es alivianar las tareas de Gendarmería -la cual se espera que esté en la calle con mayor presencia- con nuevas custodias en zonas de recursos naturales, Vaca Muerta o centrales nucleares como Atucha.
El objetivo, lejos de ser el del cuidado de la soberanía nacional, no es otro que el de aumentar el poder represivo del Estado ante un escenario de creciente conflictividad social. Para ello, el gobierno pretende opacar los límites -que tendrían que ser clarísimos y están estipulados por la Constitución Nacional- entre “seguridad interior” y “seguridad nacional”.
¿Cómo intenta opacar estos límites el gobierno? Según justifican desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, en la actualidad los países son blancos de ataques por organizaciones que no necesariamente representan a un Estado, como puede ser el caso de una organización terrorista o un ciberataque.
Con esta excusa el gobierno busca legitimar y legalizar las tareas de inteligencia, infiltración y represión contra dirigentes y organizaciones políticas, sociales, sindicales, etc. El macrismo es avezado en la materia. Basta con recordar las tareas de inteligencia que realizó el Fino Palacios contra familiares de víctimas de la Amia, lo que le valió luego la designación por parte de Macri como Jefe de la Policía porteña en 2009.
Luego, ya como presidente de la Nación, Macri aumentó considerablemente el presupuesto de la AFI y eliminó la responsabilidad de que el organismo y sus agentes tengan que rendir los gastos.
Ahora, con las calles de los principales aglomerados urbanos del país saturados de fuerzas policiales, el gobierno está avanzando en su plan operativo de represión al movimiento popular y criminalización de la pobreza. No es casualidad que la decisión esté tomada y se eche manos a la obra después del acuerdo con el Fondo Monetario.