En 2018 Argentina sufrió la fuga de capitales más alta desde 2002: 27.300 millones de dólares. Así las cosas, lejos de llover inversiones tal como había prometido Macri en campaña electoral, los dólares se fueron al exterior. La fuga equivale al seis por ciento del Producto Bruto y es la consecuencia lógica de un modelo económico que se basa en la desregulación del mercado cambiario y del sector financiero. En tres años de gobierno macrista, la fuga total supera a los dólares que ingresaron vía crédito Stand By con el Fondo Monetario.
Tras la publicación del informe anual del Banco Central se confirmó que el 2018 fue el año en el que se fugó la mayor cantidad de dólares del país en los últimos dieciséis años: 27.300 millones. Se trata de la fuga más cuantiosa desde el 2002. Este récord nocivo para la economía nacional se produce en un contexto recesivo y de aceleración inflacionaria -la más alta en veintisiete años- que golpea a la economía real; sus consecuencias lógicas son la caída de la inversión productiva y el incremento sostenido de los precios, lo que redunda en la destrucción del empleo y un encarecimiento del costo de vida.
Una vez más, la principal medida macroeconómica que explica la fuga récord de capitales es la liberalización del tipo de cambio en el país. La salvaje devaluación iniciada en diciembre de 2015 disparó los precios de la economía. Como si fuera poco, la política de dejar que el mercado regule el precio de la moneda estadounidense produce un espiral ascendente en el mercado cambiario imposible de resistir para todos aquellos que tienen su única fuente de ingresos en pesos: los trabajadores, la pequeña y mediana empresa, el comercio minorista y los productores regionales. No por nada, estos son los sectores más golpeados por el modelo económico del gobierno.
En términos técnicos la fuga de capitales es la formación de activos externos en dólares. La formación de estos activos externos en dólares no solo da cuenta de la sangría de dólares que producen, en su gran mayoría, las grandes empresas multinacionales al sacar del país la riqueza que los trabajadores producen y que estas se apropian, sino que además denota un acelerado proceso de dolarización de la economía ya que una parte de la fuga se explica por la compra de moneda extranjera para el ahorro o el turismo.
Pero posar los ojos sobre los pequeños ahorristas o el turismo significa correr el eje de la cuestión sobre las características estructurales que la fuga de capitales implica. En gran parte, es el sector bancario y las multinacionales las que arman y desarman sus posiciones en dólares o en pesos, según la política del Banco Central y el contexto económico. Por eso no extraña que, tal como señala el informe del Bcra para el mes de diciembre, los bancos hayan expandido sus tenencias en dólares por casi 1600 millones de dólares.
Es preciso señalar que la dolarización del sector bancario se produce en un contexto en el que la tasa de interés local es altísima -una de las más altas del mundo- por lo que la inversión en bonos como las Leliq es altamente rentable cuando se trata de inversiones a gran escala. Pese a ello, hay una tendencia por parte del sector financiero a incrementar sus posiciones en dólares. Esto se puede explicar tanto por factores externos -el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos es el principal de estos factores- como por la dinámica del tipo de cambio en el país y los evidentes problemas estructurales de la economía, entre ellos, el déficit comercial, la baja inversión productiva y la destrucción del mercado interno.
Es así como tirando de la punta del ovillo se llega al principal problema económico que tiene hoy la Argentina y cuya autoría intelectual y material es, por entero, del macrismo: el endeudamiento externo masivo.
El 2018 es, hasta el momento, el peor año económico del país en lo que va del siglo XXI. La inflación más alta en 27 años, la tasa de desempleo más elevada desde el 2006 y fuga de capitales récord se conjugan con otros problemas notorios como la caída del salario real, la caída del consumo, etc. Sin embargo, el 2018 pasará a la historia como el año en el que el gobierno de Macri decidió dejar en manos del Fondo Monetario el destino socioeconómico de la Argentina al negociar un crédito stand by de alto acceso por algo más de 57 mil millones de dólares.
El argumento oficial del Ejecutivo para justificar el acceso a un crédito de este tipo fue que, con todas las vías de acceso a los mercados internacionales cerradas por la insolvencia de la economía nacional -que el gobierno se empeña a explicar por el déficit fiscal- era necesario recurrir al Fondo para lograr la inyección de dólares que el país necesita para satisfacer las “necesidades financieras” del modelo económico. Pero ¿qué son las “necesidades financieras” de las que habla el gobierno?
Más que “necesidades financieras” sería más preciso hablar de “necesidades de mercado” y cuando decimos necesidades de mercado, nos referimos a las exigencias y demandas del sector privado, especialmente, de los inversores -locales y externos-, bancos y multinacionales que apuestan a la bicicleta financiera y la posterior fuga de capitales.
En numerosos artículos publicados en Nuestra Propuesta Diario se dio cuenta del mecanismo para el saqueo y la expoliación que el gabinete económico diseñó a través del círculo virtuoso -para el gran capital- entre endeudamiento externo, bicicleta financiera, dolarización de cartera y fuga de capitales. Esto explica porque el capital concentrado es el principal beneficiario del proyecto político de Cambiemos. Y porque, a pesar de las debilidades estructurales del país en materia económica, el FMI haya aprobado para la Argentina uno de los créditos más cuantiosos de toda su historia.
Entre las necesidades de mercado se encuentran los vencimientos e intereses de los bonos en pesos y dólares que viene colocando el gobierno. Desarmada la bomba de las Lebac, el Banco Central creó una nueva: las Leliq. Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Undav, en el 2019 el gobierno deberá afrontar, por intereses de Leliq, el equivalente a 2,7 millones de salarios mínimos, 3,2 millones de jubilaciones mínimas y 16,5 millones de asignaciones por hijo.
El costo social de un modelo económico de este tipo está a la vista. El vaciamiento del Estado, el desmantelamiento de ministerios, programas y áreas destinadas a financiar derechos como la educación y la salud tiene su contrapartida en las ganancias siderales de los grandes ganadores del proyecto económico macrista: las energéticas, los agroexportadores y los bancos. Estos últimos, sólo en 2018, incrementaron sus ganancias un 21,2 por ciento por encima de la inflación. La rentabilidad del sector financiero está garantizada y la fuga de capitales es una de sus consecuencias.