El constitucionalista recalcó que el presidente no puede autorizar que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Señaló que el pueblo va a resistir la medida y que evalúa hacer una presentación judicial que salga al cruce del decreto. Organismos de Derechos Humanos –entre ellos la Liga- convocan a movilizar el jueves hacia el Ministerio de Defensa.
-Macri anunció que, por decreto, va a volver a habilitar que la Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior...
El sistema legal argentino establece, claramente, desde la Constitución y luego desde la ley específica de organización de las Fuerzas Armadas de la Nación, que todo aquello que refiera a la organización de las mismas (su permiso para salir, el de entrada para las fuerzas extranjeras en territorio argentino, etcétera), todo, es materia que tiene que ser resuelta por el Congreso de la Nación. De manera que pretender vía decreto, sea decreto simple o decreto de necesidad y urgencia, modificar el régimen constitucional sobre las potestades que tiene el Poder Legislativo en materia de organización, régimen y contralor de las fuerzas armadas, significa una usurpación de potestades del Poder Legislativo.
-O sea que no pasa sólo por sancionar un decreto, sino que sea el Congreso quien intervenga…
Sí, porque el Congreso es el que ha regulado que las Fuerzas Armadas no intervienen en conflictos internos. Es absolutamente inviable desde el punto de vista del texto constitucional que el Poder Ejecutivo, por sí, dicte un decreto, sea de necesidad de urgencia o simple (que es lo que hace cuando no quiere enviarlo al contralor del Congreso de la Nación), donde establezca la intervención de las fuerzas armadas argentinas en tareas de inteligencia, vigilancia y/o represión respecto del interior del país. Eso es convertir al pueblo argentino en enemigo interno, lo cual es absolutamente detestable desde el punto de vista del estado de derecho y la organización democrática de la Nación.
-¿Qué papel juega en esto la Ley Antiterrorista vigente en nuestro país?
No le otorga ninguna función a las Fuerza Armadas, de manera que, más allá del acierto o error (y yo creo que tiene más de error que de acierto), no afecta la funcionalidad de las Fuerzas Armadas y no hay manera de introducir a las Fuerzas Armadas que no sea por una ley del Congreso de la Nación, respetando las incumbencias que discierne la Constitución Nacional, particularmente en su artículo 75.
-El Ejército en las calles tiene precedentes duros para el pueblo argentino ¿Estamos ante una nueva instancia represora en nuestro país?
Yo creo que eso es bastante claro desde el decreto de seguridad interior, que modificó 45 figuras del Código Penal en cuanto a quién le corresponde la prevención, la investigación y, eventualmente, la represión de esas 45 figuras, que además tienen un tipo penal abierto porque luego el decreto ese afirma “o cualquier otra figura penal que a juicio de la autoridad pueda considerarse que afecta la seguridad interior. Desde ese decreto simple, porque no lo hicieron por decreto de necesidad y urgencia para evitar el contralor.
-¿Empeora la situación el hecho de que hay antecedentes de las Fuerzas Armadas actuando en asuntos internos en función del narcotráfico y el terrorismo, como por ejemplo los rotundos fracasos en México y Colombia?
El derecho comparado siempre es una fuente de inspiración y de ilustración sobre cómo resultan estas innovaciones, inducidas siempre por la fuerza imperial porque, obviamente, esto es para que el imperio tenga asegurada la continuidad del modelo y no que sea tumbado por la protesta y la movilización populares. Obviamente hay una línea directriz entre dominación, sujeción imperial y este proyecto de militarizar el Estado argentino. Y además subordinado a los militares, que es la otra faceta grosera de inconstitucionalidad.
-La muerte de Santiago Maldonado y el 2x1 movilizaron a la sociedad argentina. ¿Vale esperar una movilización de similar índole ante la perspectiva del Ejército en las calles?
Yo creo que el pueblo argentino va a movilizarse, va a ganar la calle y va a resistir el hecho de que las fuerzas armadas intervengan en inteligencia, prevención y represión interior, porque eso es decir que el pueblo argentino es parte del enemigo de las fuerzas armadas, lo cual es, por supuesto, volver al período nefasto de la doctrina de la seguridad nacional.
-¿Hay jurisprudencia internacional en contra de lo que anunció Macri?
La jurisprudencia extranjera, al igual que las experiencias de otros países del continente americano que emplearon a las Fuerzas Armadas en represión interna es una fuente para informarse, pero no son de ninguna manera una política que sea impuesta al gobierno argentino. Basta ver los malos resultados para las Fuerzas Armadas de haberlos inmiscuido en represión interna y terminaron siendo parte del aparato del narcotráfico. Esto es una experiencia adquirida y por lo tanto no tiene ningún sentido repetirlo. Pero de ahí a hablar de una jurisprudencia en otros países, no creo que haya intervención alguna que no sea por hipótesis de conflicto externo.
-¿Y algún pacto internacional suscripto por Argentina que evite esta acción?
Los tratados suscriptos por la Nación Argentina y que no se han aplicado nunca, el Tratado del Atlántico Sur, por ejemplo, como otros que son secuelas del mismo, en esto son parte de lo que debe ser removido no parte de lo que debe ser instrumentado.
-¿Existen caminos judiciales para poder evitar la implementación de este decreto?
El artículo 75 que define las potestades del Congreso dice que le corresponde al Poder Legislativo dictar las normas para las Fuerzas Armadas, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Por eso no es incumbencia del Poder Ejecutivo ampliar o modificar los roles existentes de la Fuerzas Armadas en una medida que significa volverlas a poner bajo la hipótesis del enemigo interno, que es el pueblo argentino. Por eso empezaremos el estudio del decreto para hacer una presentación judicial después de la feria.