El ministro Dujovne anuncia más recesión y ajuste, les cierra la puerta en la cara a los jubilados y firma un cheque en blanco para los acreedores. El gobierno lanza el Operativo Confianza para los sectores medios. La sombra de Grecia.
“El presupuesto no es infinito”, dijo hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y aunque reconoció que la economía argentina “va a estar en recesión por un tiempo”, descartó un bono de fin de año para jubilados, pero aclaró: “no es que no seamos sensibles”.
Vale recordar que, en agosto de este año, 3.093 millones de pesos de los 9.683 millones -un tercio de la partida- por una decisión administrativa el ejecutivo amplió el Presupuesto Nacional, que fueron a parar al pago de intereses de la deuda.
Pero esto no es todo: de acuerdo al Proyecto de Presupuesto 2019, el 14,9 por ciento se va a destinar a pagar servicios de deuda externa, lo que representa la mayor proporción del Gobierno Cambiemos y es el doble de lo que representaba en 2015.
Queda claro hacia dónde se objetiva la sensibilidad del Staff Cambiemos, más aún cuando se advierte qué pasa con las jubilaciones.
A principios de septiembre, el poder adquisitivo de los haberes de jubilados y pensionados, acumulaban una caída de casi diez puntos, según estimó el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien advirtió que -hacia fin de año- el retroceso sería de trece puntos porcentuales.
Y esto si se aplica el cálculo de la Ley de Movilidad que impuso el gobierno, en base a una inflación de cuarenta por ciento que -todo parece indicar- es una estimación que se va a quedar corta.
Quizás por eso Dujovne pidió “paciencia” a la “gente” porque, anticipó “nos espera un momento difícil” del que, recalcó con optimismo, “saldremos adelante” ¿Pero quién es la “gente” a la que le está hablando el gobierno?
“Tenemos que recuperar la confianza que perdimos en la clase media”, advirtió no hace mucho el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el espacio que aquellos a quienes dirigió su mensaje ponderan como una especie de ágora del republicanismo.
Al participar en La Noche de Mirtha Legrand, el programa televisivo que emite Canal 13, Frigerio insistió con la cantinela de las “tormentas” y, tras destacar las virtudes que el gobierno que integra le atribuye al acuerdo que suscribió con el FMI, recalcó que “con el Presupuesto 2019 tenemos resuelto el programa fiscal”.
Es que, según parece, desde las facciones menos gurkas del staff gobernante, comienzan a darse cuenta que aunque buena parte de esos sectores medios firmaron un cheque en blanco en 2015 y 2017, el ajuste ya comienza a horadar heladeras de Caballito y Palermo.
En la Ciudad de Buenos Aires, quien desee adquirir una propiedad para vivienda, choca contra la realidad que impone la escalada del precio de la moneda estadounidense, que afecta un mercado absolutamente dolarizado.
Así, como consecuencia de la drástica devaluación que padeció el peso, para acceder a un crédito UVA se necesita el doble de salario que en enero.
Y para los que respiran aliviados porque ya pudieron comprar su vivienda, Horacio Rodríguez Larreta, les tiene reservado algo. Es que aunque el gobierno nacional dice que durante 2019 va a haber una inflación del 23 por ciento, el de la Ciudad dispuso que el impuesto inmobiliario de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL) se incremente hasta el 38 por ciento.
Un dato alarmante en este sentido lo aporta la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que, días atrás, presentó un informe que revela que un 35,87 por ciento de quienes alquilan viviendas en la Ciudad tienen dificultad para afrontar el pago del alquiler y expensas, por lo que creció la rescisión de contratos durante 2018.
Es que, de acuerdo a un trabajo de la ONG Inquilinos Agrupados, en la capital de Argentina, los inquilinos deben destinar casi la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Esta situación es similar a la que se verifica en Córdoba, San Juan y la provincia de Buenos Aires. Y, si a esto se le suma expensas y servicios, el porcentaje trepa al setenta por ciento.
Del otro lado de la puerta quedan las personas en estado de indigencia que, en la Ciudad de Buenos Aires, crecieron durante el segundo trimestre. En la capital del país hay 41 mil personas en esa situación más que el trimestre anterior y 59 mil más que un año atrás. Por su parte, casi dos de cada tres personas que viven en la Ciudad son pobres, según reconoció la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
Todo por las nubes
En este contexto, octubre llega con otra vuelta de rosca del tarifazo permanente que impuso el Gobierno Cambiemos. Desde el lunes 15, el boleto de colectivos y trenes aumenta en la zona Amba, para sumar -en lo que va de 2018- una suba de 116 por ciento.
La tarifa de servicio de gas ya fue incrementada en hasta un 45 por ciento, pero también suben -por cuarta vez en el año- las prepagas para acumular un treinta por ciento en lo que va de 2018. Y las expensas van aumentar alrededor de quince por ciento.
A esto se suma el aumento de los combustibles que acumula un sesenta por ciento durante 2018 y la tarifa de peajes: en el caso de la autopista Buenos Aires-La Plata entre un veinte y un 25 por ciento, al tiempo que en las que conducen a la costa atlántica bonaerense, el incremento es del orden del veinte.
Pero para los conductores parece que el calvario no termina aquí. Desde la Confederación de Estaciones de Combustibles, su titular Carlos Gold, alertó que “puede haber más aumentos en los combustibles hasta fin de año”.
Todo esto aprieta más aún los bolsillos que ya vienen sufriendo -y mucho- con la inflación que pone en zona roja a la canasta alimentaria cuyo precio, durante el último año, creció por encima del 42,5 por ciento para la correspondiente a productos de alimentación esencial, 39,2 para la media y 28,2 en el caso de la premium.
Sobre esto da cuenta un relevamiento del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que recalca que los precios que más subieron corresponden a productos que se ven obligados a consumir sectores de más vulnerabilidad socioeconómica.
En esta lista productos de categoría de alimentación esencial, está la harina que aumentó 123,7, fideos casi el 65, arroz 54,6, huevos 53,4, aceite cerca del 49 y pan 46,6 por ciento.
Por su lado, el relevamiento del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), refleja que en septiembre los precios se elevaron 6,7 por ciento, con un 7,5 en el caso de los alimentos. De ahí que coloque a la perspectiva inflacionaria de este año por encima del 45 por ciento, la más alta desde 1991.
Por eso a nadie puede sorprender que este año la inflación apunte a acercarse a la barrera de los cincuenta puntos, después de un 2016 con más de cuarenta y un 2017 con 25 por ciento.
Así las cosas, Dujovne pide tiempo para el Gobierno Cambiemos y confía en que diciembre va a cerrar “sólo” con un tres por ciento mensual de inflación.
Y en La Rosada cruzan los dedos y ratifican el rumbo basado en un plan impuesto por el FMI, que sólo garantiza que cobren los acreedores del sobreendeudamiento impuesto al país por el Gobierno Cambiemos.
Pero -queda claro- nada bueno puede salir esa estrategia y, para corroborarlo, nada mejor que la voz oficial del propio FMI.
Un reciente informe de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), que es el auditor interno del Fondo, da cuenta de que el plan de salvataje que impuso a Grecia en 2011, terminó de hundir a la economía de ese país.
Como se recordará, esa vez, el paquete fue acordado por la Troika que el organismo multilateral integra con el Banco Central Europeo y el Banco Mundial.
Al respecto, la OEI resalta que la estrategia que utilizó el FMI -similar a la que ahora impone aquí- evitó tener en cuenta el verdadero “impacto de los ajustes fiscales en el crecimiento y en la dinámica de la deuda”.
Lo del informe sobre Grecia habla con elocuencia a qué se refiere Frigerio cuando dice que el ejecutivo tiene “resuelto el programa fiscal”, pero también permite alertar sobre un panorama que invita a reflexionar que si, como dice Dujovne “el presupuesto no es infinito”, la paciencia tampoco lo es.