Al igual que con el Nacional, el proyecto de Larreta recorta recursos en áreas sensibles como Salud, Educación y Vivienda. Mientras cada vez es más difícil alquilar, los sectores vinculados a la construcción incrementan sus ganancias con la especulación inmobiliaria y la timba financiera.
El Presupuesto de la Ciudad de Buenos replica, en todas sus líneas, los ajustes propuestos por el FMI en el proyecto que el macrismo puja por sancionar en el Congreso Nacional. La inversión en Hábitat y Vivienda no escapa a esta lógica. Al igual que en Educación, Salud, Género y demás áreas sensibles, los recortes son notables.
El Presupuesto porteño prevé los siguientes ajustes: Salud 2,7 por ciento, Educación tres, Cultura 42,5, Trabajo veinte, Acción Social 0,4, Agua 38, Obra Pública 19 y Vivienda 7,6 por ciento.
Mientras tanto, en este 2018 la subejecución se encuentra a la orden del día. El caso de Vivienda, quizás, sea una de los más paradigmáticos: el Instituto de la Vivienda (IVC) ejecutó sólo el 28,7 por ciento en diez meses de gestión.
El recorte en la inversión social del Estado en Vivienda tiene un objetivo: ampliar la participación -dígase, los negocios- del sector privado. Es así como las constructoras y las inmobiliarias, para hacer negocios en el ámbito de vivienda, encuentran tierra fértil.
En Argentina, más de 3,5 millones de personas están en situación de precariedad habitacional. Y, como se sabe, para Cambiemos, donde hay una necesidad hay una posibilidad de negocio. Así lo entendió en la capital del país, donde el déficit habitacional alcanza a trescientos mil hogares, el cuarenta por ciento de la población alquila y el seis por ciento vive en condiciones de precariedad.
A ello ha contribuido, como nunca antes nadie, el gobierno porteño administrado por el PRO. Desde el 2007, tanto Macri como Larreta aprobaron permisos para construir algo más de doce millones de metros cuadrados en la Ciudad. La cifra equivale a 250 mil departamentos de dos ambientes.
Sin embargo, y contra las premisas ortodoxas del liberalismo, el impresionante aumento de la oferta no disminuyó el precio de las viviendas –para alquiler y para venta- ni tampoco solucionó el déficit habitacional. Por el contrario, este problema estructural que lleva un siglo en la Ciudad se acentuó por las políticas del macrismo.
Frente a esta realidad porteña, se percibe una aparente paradoja: nunca se construyó como antes en la Ciudad. Pero ¿la paradoja es tal? Si se observa quiénes, cómo y para qué se construye la paradoja se disipa y se revela ante los ojos de la sociedad el negocio de la bicicleta financiera y la inversión inmobiliaria no con fines sociales sino lucrativos. Claro está, no se puede culpar al capitalismo por ello: está en su esencia hacer negocios con la necesidad de las personas.
Cifras que asustan
Para 2016, según cifras de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el cuarenta por ciento de los hogares porteños viven bajo un techo alquilado, cifra que denota un aumento de un sesenta por ciento respecto a 2001. Es decir, cada vez hay más propietarios y menos dueños, más inquilinos y mayor renta. La contundencia de los datos queda expuesta si se tiene en cuenta que la población de la Ciudad se muestra estable desde hace años con casi tres millones de habitantes.
Otro dato que da cuenta de la gravedad del problema, es el que desnuda el carácter especulativo de la construcción de viviendas en Buenos Aires: en una ciudad donde se estima que el déficit habitacional supera los 130 mil hogares, la cantidad de viviendas ociosas asciende a 120 mil. Los guarismos demuestran que, con decisión política para poner a disposición de los sectores populares esa capacidad ociosa, el Estado podría dar un paso serio para dar solución a la falta de vivienda en el distrito con más ingreso per cápita del país.
Sin embargo la falta de voluntad política para avanzar en ese sentido explica, en parte, las condiciones que permitieron a los grupos económicos vinculados a la construcción –Irsa, Roggio o Calcaterra- aumentar sus dividendos.
Este escenario favorable para las corporaciones fue potenciado con las facilidades que otorga el modelo económico del gobierno nacional: blanqueo de capitales, exenciones impositivas, cesión de terrenos fiscales y mega-proyectos de “urbanización” como los de la Villa 31 que no son más que arreglos cosméticos pagados como obras colosales.