Las aplicaciones que traen precarización laboral se mantienen impunes pese al fallo del juez Roberto Gallardo.
Rappi, Glovo y Pedidos Ya siguen operando con normalidad pese a estar suspendidas en Capital Federal tras el fallo del juez Roberto Gallardo del pasado 5 de agosto. Gallardo, tras el reclamo de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios, dispuso que las empresas de delivery regularicen a su personal, cumplan con el Código de Tránsito y Transporte, bloqueó los pagos con tarjetas de crédito y ordenó que se hagan operativos policiales para decomisar las mercaderías de los repartidores.
También se controla que los repartidores tengan casco, chaleco refractario, libreta sanitaria y la caja fija en la moto o en la bicicleta, ya que no la pueden usar como mochila. La apelación a este falló la encabezan el Gobierno de la Ciudad junto a las aplicaciones.
Los trabajadores de las plataformas aseguraron que trabajan con normalidad, mientras que el ejecutivo porteño asegura que mantiene los controles, mismo método que plantearon para frenar el avance de Uber, la madre de las nuevas tecnologías que traen precarización laboral a la Argentina.
Al respecto, la Asociación de Taxistas de Capital remarcó en un comunicado el accionar de este tipo de plataformas que ingresaron a Argentina luego de 2016, tras la reunión de Mauricio Macri con Barack Obama.
“Uber y Cabify, a quienes hace tres años enfrentamos en defensa de nuestra fuente de trabajo operan de la misma manera y con los mismos métodos: se burlan impunemente de leyes, normas, de trabajo, seguridad, impositivas, etc.
Estas empresas han tenido una estrategia que se apoya en acuerdos con el actual gobierno (todas ingresaron a partir del año 2016) por arriba o por debajo de la mesa. Ingresar de prepo, sin inversión alguna, sin solicitar aprobación oficial, desconociendo las leyes vigentes, apoyándose en la crisis económica y el crecimiento de la desocupación para incorporar una masa crítica de personal, aún por arriba de las necesidades reales. Para regularizarse de hecho y posteriormente, cuando se produzca la aprobación de leyes del trabajo que estén en sintonía con su modelo de negocios, hacerlo legalmente.
Que haya más trabajo de “calidad” (con todos los derechos laborales) no se resuelve apadrinando con el reclamo de regulación a estas empresas de servicio que, encima, no agregan una moneda de valor a nuestra economía sino, por el contrario, fugan al exterior sus ganancias y ,como en nuestro caso, intentan apoderarse de nuestro servicio como transporte público. Macri los dejó entrar y con Macri se deben ir”.