A casi dos meses de la promulgación de la Ley de Emergencia Alimentaria, el gobierno lejos de instrumentar su implementación, continúa recortando la asistencia social en sectores muy sensibles como la niñez. Producto de ello murió un niño por desnutrición en Salta.
Después de la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, muchos son los sectores que levantan la voz advirtiendo que se retrasa su implementación o que la misma es defectuosa y no basta para atacar la problemática. Por ello, en las últimas horas murió un niño por desnutrición en la provincia de Salta.
Distintas organizaciones sociales, entre ellas el MTL, denuncian que no están llegando los refuerzos alimentarios a los comedores barriales. A ello, se suma la mala calidad de alimentos que se reparten en los comedores escolares en distritos como la provincia de Buenos Aires. Es lógico, para los gobiernos de Macri y Vidal la cuestión social no solo nunca fue una prioridad sino que trabajaron para aumentar los niveles de desempleo, pobreza e indigencia.
En concreto, la Emergencia Alimentaria entró en vigor el 30 de septiembre. Desde entonces, la inflación de octubre trepó al 3,3 por ciento y se espera que noviembre cierre en un orden del cuatro por ciento. Más de siete puntos en apenas dos meses. Esta es una de las razones que explican la carestía de la vida extendida en todo el país.
En efecto, la muerte del niño en Oran es apenas una muestra de una situación más recurrente en el norte del país y en los grandes conglomerados urbanos, como el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Tucumán y Paraná, solo por mencionar algunos.
En este contexto, la niñez en Argentina está en peligro. Así se desprende de un informe del Centro de Economía Política de Argentina (Cepa), difundido antes de las elecciones. Según el Cepa, el noventa por ciento de los niños, niñas y adolescentes no tiene cubiertas sus necesidades de alimentación por el ingreso mensual de AUH.
Ello surge del análisis del poder de compra de la Asignación Universal en comparación con la Canasta Básica Alimentaria para adultos. En efecto, de la comparación surge que la AUH “no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos de los niños, niñas y adolescentes a partir de los dos años”.
Es evidente que desde el minuto cero, uno de los sectores más perjudicados por las políticas neoliberales fue la niñez. Según datos del Indec, la mitad de los niños son pobres y once de cada cien son indigentes. En otras palabras, hoy el 49,6 por ciento de los menores de catorce años están en situación de pobreza —viven en hogares que no pueden cubrir sus necesidades básicas—, y el 11,3 permanece en la indigencia, es decir, no tienen para comer.
La grave crisis económico-social que pesa sobre un sector tan vulnerable como la niñez, no es un daño colateral de medidas “equivocadas” o “erróneas”. Por el contrario, es producto de políticas concretas, implementadas a sabiendas de las consecuencias que generan.
Un claro ejemplo de ello puede seguirse en las subejecuciones presupuestarias que el gobierno llevó a cabo en diversas áreas que afectan la niñez. Este es el caso del Programa de Atención a la Madre y el Niño: entre 2015 y 2018 su financiamiento se redujo en términos reales un ochenta por ciento. O las acciones para la promoción y protección integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, la cual se redujo en un doce por ciento. También el programa de Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de niños y adolescentes se achicó, en este caso, un doce por ciento.
Estos datos se desprenden de otro informe, presentado hace dos meses por el Cepa, en este caso sobre los impactos del ajuste económico en las políticas de niñez y adolescencia. En ese sentido, cobra notoriedad la denuncia efectuada en las últimas horas por el ex ministro de Salud Daniel Gollán, respecto a que la ahora Secretaría de Salud restringió el reparto de leche. Según el ex ministro de Cristina Fernández, la medida tiene un impacto directo en miles de niños del país que se encuentran al borde de la desnutrición.
Se trata de la entrega de leche fortificada, cuyo objetivo es evitar la desnutrición infantil entre los sectores más vulnerables de la población. Gollán recordó que el gobierno de Macri ya había reducido a la cuarta parte la entrega de leche, pero que ahora decidió profundizar el ajuste. Esta política hizo que en los últimos cuatro años se hayan multiplicado los casos de problemas de crecimiento en niños de entre uno y cinco años. Esta es la verdadera herencia que deberá contrarrestar el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre.
Sin más, estos ejemplos resultan ilustrativos de la situación general de la niñez. En el mismo sentido, se podría demostrar las consecuencias terribles de las políticas de ajuste para jubilados, trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, el ajuste del gobierno fue muy democrático ya que alcanzó a casi todos los sectores, menos a los ganadores de siempre que ¡oh casualidad! son también los amigos del Presidente.