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Parlamentarios tucumanos en los que se encuentra Ricardo Bussi, hijo del represor, y de cambiemos, no adhirieron a la ley Micaela, que tiene como objetivo una captación en genero de los empleados públicos.

Legisladores de Fuerza Republicana, partido de Ricardo Bussi, hijo del represor Eduardo Bussi, rechazaron la implementación de la ley, algo que se logró en todas las provincias del país, menos en Tucumán.

El objetivo de la ley es incorporar el enfoque de género para prevenir la violencia, identificar los roles y estereotipos de género, y conocer los recursos del Estado para la prevención y atención de las mujeres en situación de violencia de género.

Gracias a la Ley Micaela, ya se han capacitado en materia de género y violencia contra las mujeres el presidente Alberto Fernández, los ministros del Poder Ejecutivo y secretarios de Estado, 5.000 empleados de la Cámara Baja. Esta semana se sumaron las y los diputados y el personal del Congreso. La próxima capacitación tiene fecha de realización entre el 19 de mayo y el 1 de junio del año corriente en formato virtual.

Recién ahora la Legislatura tucumana está por debatir su adhesión para dejar de ser la única provincia que no adhirió a esta norma. En ese contexto aparecieron tres legisladores, entre los que se encuentra Ricardo Bussi, el hijo del genocida, que presentaron un proyecto donde sostienen que la norma nacional, “empodera a la mujer como una suerte de Gestapo ideológica”.

También sostienen que “se evidencia que en realidad, la verdadera intención no es la lucha contra la violencia de género, sino la de imponer por la ventana una visión ideologizada y confrontativa, utilizando para ello una tragedia social”.

El proyecto lleva la firma, además de la del hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, la del macrista Walter Berarducci y la bussista Nadina Pecci. Estos pretenden imponer un proyecto de ley “con modificaciones” a la ley nacional Ley Nº 27499, que aún espera ser instrumentada en Tucumán.

Al respecto, Adriana Guerrero, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres e integrante de Ni una menos Tucumán, señaló que “hay legisladores dispuestos a que no se sancione la ley”.

 Asimismo, criticó los “proyectos alternativos que presentaron”, ya que argumentan que “deben adecuarse a la idiosincrasia de los tucumanos”, tras lo que aseveró que “en estos términos parecería que Tucumán no formara parte de la argentina”.

A su vez, apuntó contra Fuerza Republicana, el partido de Ricardo Bussi, por “utilizar la ley porque para atacar al momento de mujeres y Lgtb, asustando con la falsa idea de la ‘ideología de género’”. También, en base las comparaciones con la  Gestapo que se hicieron en el documento presentado por FR, Guerrero aseguró que “esto no es de sorprender”. Por otro lado, se refirió a los altos números de femicidios que hay en Argentina.

“Los últimos datos dicen que se muere una mujer cada 36 horas”. A lo que agregó que “en Tucumán hay una ley de emergencia de violencia de género pero no se sabe cuál es su presupuesto porque no se aplica y no tiene gente capacitada”. En ese sentido, remarcó que “en este contexto de aislamiento social los casos de violencia se vuelven más notorios  porque las mujeres que  lo sufren están encerradas con un violento”.