Recuperar herramientas clave: un planteo fundamental de los movimientos sociales.
“La energía es un insumo básico de cualquier esquema sustentable de desarrollo productivo” de ahí que “salir del extractivismo de los recursos naturales, que toma al complejo energético como un comodity de exportación a través enclaves extranjeros, va a requerir una estrategia de reapropiación y control estatal de los mismos”, recalca el documento de los movimientos sociales.
Tras lo que añade que el marco del derrumbe del valor patrimonial de las acciones empresarias “abre la oportunidad para que el Estado vuelva a ocupar un papel central en actividades neurálgicas, sobre todo del complejo energético”.
Y señala que “recuperar el control sobre YPF y el proceso de distribución energética, podría permitir volver a tener un sistema centralizado fundamental para pensar en un proyecto centrado en el desarrollo productivo nacional”.
Asimismo, indica que la estatización de las empresas de servicios públicos, “va a permitir un acceso democrático a la energía como derecho humano e insumo productivo estratégico”.
Por otra parte, sostiene la importancia de la defensa de la soberanía marítima. “Reconstruir la flota mercante de bandera nacional, permitirá disminuir en forma significativa los costos por servicios de fletes que hoy paga nuestro país a barcos extranjeros para transportar los productos de exportación”, resalta.
Y hace hincapié en que nacionalizar los puertos es primordial, ya que “recuperar esta herramienta soberana, permitirá al Estado promover las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas y controlar mejor las importaciones”.
También destaca que es preciso proteger los recursos marítimos de la depredación, impulsar los astilleros nacionales en tanto “industria clave para un país que pretende industrializarse y recuperar la flota mercante de bandera nacional y la industria de defensa marítima”.
Ingresos
Otro punto central del documento, es el que plantea que es preciso garantizar un piso de ingresos “para el conjunto de la población”, algo que impactaría en un “shock distributivo en la economía que, en tanto promueve una modificación de la demanda agregada, se articula con la reorientación del modelo productivo”.
Esto, según indica, se compone de tres instrumentos: la universalización de un salario social de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados o con ocupaciones de subsistencia.
Otra es establecer una “verdadera universalización de la Asignación Universal por Hijo”, ya que aproximadamente cuatro millones de niños no son alcanzadas por esta cobertura.
Y la tercera es el establecimiento de una jubilación universal para la población adulta mayor, equivalente al 82 por ciento del salario social de empleo y formación. “La articulación del salario social y la universalización de la asignación por hijo debe garantizar que en el proceso de recuperación productiva se garantice que ningún hogar caiga por debajo de la línea de la pobreza”, recalca.
Vivienda
Por otro lado propone herramientas para posibilitar el acceso a la vivienda digna y avanzar en la planificación territorial.
“Poner en marcha un plan de construcción de un millón de viviendas populares en un año”, postula y advierte que no puede haber salud para todos, sin viviendas dignas planificadas con urbanismo popular, saneamiento y vinculación a su producción.
Asimismo, sostiene que el Estado nacional debe regular las condiciones y precios del acceso a la vivienda. “Es hora de terminar con los contratos cortos, el libre precio, las exigencias abusivas para poder acceder a un techo pagando alquiler, el negocio de las garantías financieras, y los abusos de intermediarios que recuerdan el papel de los capataces de conventillo”, recalca.
Por eso hace hincapié en que hay que impulsar la Ley de Alquileres que plantee “registro de contratos, plazo mínimo legal de siete años, y recuperación de un índice estatal de ajuste de precios basado en un promedio entre precios al consumidor y variación salarial”.
También resalta que es relevante avanzar en el “reordenamiento del territorio nacional con nuevas ciudades creadas alrededor de nuevas unidades productivas”.
Y añade que es preciso que se concrete la integración social y urbana de los 4.416 barrios populares y la creación de doscientos mil lotes con servicios para las jóvenes familias humildes.
“Es fundamental cambiar las condiciones de extrema exclusión en las que vive el sector más empobrecido de nuestro pueblo: sin agua potable ni cloacas, sin recolección de residuos, aislados de los centros urbanos donde se concentra el trabajo, la salud y la educación” concluye.