Organizaciones sociales, políticas, sindicales y religiosas de la provincia de Corrientes se suman para enfrentar la situación provocada por el Covid-19.
Referentes de organizaciones sociales, políticas, sindicales y religiosas de la provincia de Corrientes conformaron el Comité Social de Crisis que busca salir al cruce de las situaciones que impone la pandemia, por medio de la organización popular.
El Comité hizo pública su preocupación por “el discurso estigmatizante del gobernador, Gustavo Valdés, quien le echó la culpa ‘a la gente de los barrios’ por la circulación cada vez mayor del coronavirus en la ciudad de Corrientes”.
Asimismo, advirtió que estos dichos “pueden ser interpretadas por las fuerzas de seguridad como un guiño para profundizar aún más la represión contra los sectores más humildes de nuestro pueblo”.
Por otro lado, recuerda que la circulación masiva del Covid-19 en la capital provincial, “comenzó con el contagio de su secretario de Deportes, Jorge Terrille, quien contrajo el virus en las mesas de póker que organizaba junto a amigos de Corrientes y Chaco”.
Y que mucho tuvo que ver “la irresponsabilidad de los propietarios de Tipoiti, quienes obligaron a sus trabajadores a seguir concurriendo a la planta a pesar de que había personal con síntomas primero, y un caso positivo de Covid-19 confirmado después”.
Propuestas
Esta situación, recalca el Comité, obliga al ejecutivo “a bajar la movilidad de personas en la Capital a valores ínfimos, cosa que solo se logrará con una vuelta a Fase 1 para cumplir un aislamiento estricto por, al menos, 14 días para cortar de cuajo la circulación que existe actualmente. Permitiendo movilidad de la población solo en su barrio, accediendo a los comercios de proximidad”.
Y hace hincapié “puede haber miles de camas de terapia intensiva y respiradores, sin embargo el recurso humano es lo que escasea y por allí puede venir el colapso del sistema sanitario”, ya que Corrientes tiene 38 terapistas en toda la provincia.
Tras lo que señala que “la vuelta a un aislamiento estricto traerá dificultades económicas para grandes sectores de nuestra población, que viven de la changa en situación de extrema informalidad laboral, o que son pequeños comerciantes”, por lo que el ejecutivo “debe disponer de los mecanismos financieros que solvente la ayuda social y económica que la emergencia sanitaria demanda”.
De ahí que proponga que se grave a sectores que pagan escasos impuestos y recibieron “innumerables beneficios en los últimos años, como los bancos, casinos y los grandes productores del campo grandes forestadores, arroceros, ganaderos”.