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Política
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Mientras el presidente Alberto Fernández se encuentra de gira en parte de Europa para reunir “apoyos” en el marco de la renegociación de la deuda con el FMI, las patronales agrarias continúan amenazando con voltear cualquier tipo de incremento en las retenciones

 

En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa, cuya resolución se espera para la última semana de marzo, y en el marco de los dispuesto por la Ley de Emergencia Económica sancionada en diciembre último, resta aún definir un instrumento de política económica fundamental con el que cuenta el Estado para enfrentar una situación como la que se vive actualmente: las retenciones móviles a las exportaciones.

Tras las modificaciones introducidas en dicha Ley, los derechos de exportación quedaron fijados en 30 por ciento para la soja y 12 por ciento para los cereales. Más aún, se le delegó al Ejecutivo la potestad de fijar cuotas de incremento de hasta 3 puntos hasta fines de 2021. Mientras, el Estado necesita de recursos que le den músculo para nutrir los programas sociales necesarios para profundizar el alivio a los sectores más castigados por los cuatro años de gobierno de Macri.
En ese sentido, el dirigente del PC de Santa Fe y del Movimiento Campesino Liberación (MCL), José Luis Livolti, remarcó que “el gobierno logró cambiar el rumbo por donde se venía en materia agropecuaria, que era un camino de quita de retenciones y de beneficio al proceso de concentración de las agroexportadoras y los productos más importantes del país”. Y amplio que “ahora vamos en la dirección contraria: suba de las retenciones y segmentación de los pequeños productores, que nunca las hubo, ni siquiera en la lucha por la 125”.
Livolti recuerda que algunas de las aristas incorporadas en la Ley de Emergencia Económica respecto a las retenciones, contiene parte de las demandas incluidas durante el conflicto con las patronales agrarias por la 125. En ese sentido, el dirigente comunista enfatizó que “si la 125 se aprobaba, lo hacía con veinticinco modificaciones que había introducido el gobierno a favor de los pequeños y medianos productores, pero que el lobby sojero logró voltear”. En síntesis, manifestó que “la Federación Agraria no tenía razones para rechazar la 125, pero lo hizo porque Bussi estaba aliado con la Mesa de Enlace”.
Por lo pronto, con el escenario ya planteado, es momento de avanzar a nivel nacional y en cada una de las jurisdicciones. En ese sentido, no fue positivo la decisión por parte del gobierno de suspender en enero parte del aumento estipulado en la Ley de Emergencia Económica. Una vez más se hacen sentir las presiones de los sectores más concentrados de la economía, que a su vez representan a los principales ganadores del programa económico del macrismo. Por ejemplo, recientemente, la Sociedad Rural junto la Carbap y Confederaciones Rurales Argentinas, rechazaron nuevamente de pleno el programa de incrementos y amenazaron con el cese de la comercialización.
Al mismo tiempo, crecen las repercusiones tras el saqueo perpetrado por Vicentín, con complicidad del gobierno macrista, que otorgó a través del Banco Nación un megacrédito que ahora dice no poder honrar, y que afecta la solvencia de la banca nacional. Vicentín no solo es la empresa cerealera de mayor facturación del país. Es también un factor fundamental en un sector en el que las economías regionales y los pequeños y medianos productores tienen mucho para aportar y desarrollarse: ¿no es hora de proponer, enfáticamente, su nacionalización y disponer de herramientas de decisión económica y política en un área clave de la producción y el comercio nacional?
Frente a esto, algunos sectores que integran el mismo Frente de Todos se encuentran desanimados o pasivos frente al poderío sojero. Por el contrario, resulta claro que es necesario avanzar cuidando los intereses de la agricultura familiar y de los pequeños y mediano productores, y afectar a los sectores que realmente no solo marcan la diferencia, sino que además tienen que devolver parte de lo que saquearon, como las agroexportadores y los principales productores del país, para lo que no hay que esperar que ofrezcan hacerlo.