El ejecutivo concretó el ajuste en el esquema de retenciones a diferentes granos. Dos entidades patronales del campo anunciaron medidas de fuerza.
En el marco de lo que lo autoriza la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que una abrumadora mayoría –incluido el bloque de Juntos por el Cambio- votó en el Congreso, el gobierno modificó el esquema de derechos de exportación granos. Y aunque lo hizo de una forma más que moderada, Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural se aprestan a llevar a cabo un cese en la comercialización de granos y hacienda, entre el próximo lunes y el jueves.
Así se confirmó desde estas entidades, después de la reunión que mantuvieran ayer con el titular de Agricultura, Luis Basterra, junto a los otros dos integrantes de la Mesa de Enlace, Coninagro y Federación Agraria que en principio desestimaron la idea de sumarse al lockout patronal, pero rápidamente -y sin chistar- obedecieron la decisión de los dos grandes jugadores de ese espacio.
Basterra explicó la decisión gubernamental “debe ser analizado en toda su complejidad”, añadió que sólo una cuarta parte de los productores se ve afectados por el incremento de las retenciones y defendió la medida que –recalcó- “genera equidad territorial y social”.
Vale señalar que de acuerdo al nuevo esquema, las retenciones a la soja crecen de treinta a 33 por ciento, mientras que bajan de nueve a cinco las aplicadas a arvejas, porotos, garbanzos y lentejas, de nueve a siete de la harina de trigo y de doce a siete las de maní y girasol.
Por su parte, en el caso del girasol confitero y aceite de esa oleaginosa, la rebaja es del doce al cinco, en los del maíz pisingallo y arroz pulido es de nueve a cinco, y de doce a seis en el de arroz paddy.
Otro aspecto clave de lo anunciado por el Ministerio de Agricultura es que el esquema prevé que se destine una parte de la recaudación adicional para compensar a las tres cuartas partes de los productores de soja, aquellos a los que se considera “pequeños” porque su producción no superó las mil toneladas en la campaña anterior.
Aquí es prudente puntualizar que este esquema de segmentación de la suba aplicada sobre los derechos de exportación tiene, según reconoce el propio gobierno, una suma cero en términos fiscales.
¿Plantea esto una redistribución, pero sólo tranqueras adentro de un sector social y productivo muy específico? ¿Impacta en alguna medida sobre el universo de la agricultura familiar, pequeños productores asociados en formas cooperativas y comunitarias?
De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario el 54,6 por ciento de los productores del país trabajan en extensiones de hasta cien hectáreas y representan sólo el 2,5 por ciento de la tierra explotada, lo que habla de la drástica concentración de la propiedad privada e individual de la tierra que se galvanizó –todavía más- en lo que va del siglo.
Un cambio de enfoque
Cabe destacar que con la llegada de Basterra se reactivó el área de Agricultura Familiar que había sido destruida durante el Gobierno Cambiemos.
“Hay que fortalecer los canales de comercialización directa” dijo no hace mucho el ministro aludiendo a una dinámica de producción y comercialización propia de cientos de miles de pequeños productores que –según el Censo- producen más del sesenta por ciento de los alimentos que se consumen en el país y lo hacen en condiciones absolutamente desventajosas.
¿Pero será posible avanzar en la línea que postula Basterra cuando se sigue cuestionando buena parte del derecho a la propiedad de la tierra que trabajan muchos de estos pequeños productores? ¿Es viable esta idea cuando gran parte de ellos no reúne las condiciones mínimas que se exige para la bancarización? ¿Se podrá fomentar este tipo de producción sin tomar drásticas decisiones vinculadas a la inversión estatal en logística y fomento impositivo?
La Unión de Campesinos Poriajhú viene llevando a cabo –desde hace muchos años- una experiencia productiva comunitaria que, además, avanzó en el camino de la comercialización de forma asociada con otros pequeños productores.
Organizarse e ir por más
Raúl Toto Galván, secretario gremial de la CTA Chaco y miembro del Partido Comunista, dio su parecer tras estas medidas. "Esto traerá en el que iremos viendo que resultados va a tener. En cuanto a las retenciones me parece interesante que sea beneficioso para las economías regionales, pero sigue siendo insuficiente la retención para el poder concentrado de la soja", expresó.
Sobre las regionales, continuó aseverando que "hay que defender fuertemente la posibilidad de que se le bajen las retenciones a todos esos productos de consumo masivo como es el caso del maíz y otros granos que aportan mucho a la alimentación".
Con el caso de Vicentín, Galván enfatizó: "no se aprovechó la oportunidad de nacionalizarla, lo que implicaría que el Estado maneje casi que el ochenta por ciento de los granos. Estas medidas -si bien garantizan redistribución del ingreso- no tocan los intereses de los que se beneficiaron estos cuatro años".
En lo que respecta al papel que deben cumplir las organizaciones en esta nueva etapa tras el triunfo del Frente de Todos, el integrante de la CTA recalcó: "hay que seguir presionando y nos tenemos que seguir organizando para avanzar sobre todos los que se han beneficiado con el macrismo, mientras eso no se haga, vamos a estar siempre caminando sobre el filo de la navaja. Esa tarea implica una lucha constante para no quedar en una mera redistribución del ingreso y que la derecha nos vuelva a quitar todo".