desde sus propaladoras massmediáticas, el universo del capital presiona para que se levante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para enfrentar al coronavirus.
Hoy se supo que la UOM y el Grupo Techint, acordaron suspensiones rotativas y rebajas salariales para los casi cinco mil trabajadores que se desempeñan en las plantas de Ternium-Siderar ubicadas en las localidades de Haedo, Ensenada, Canning y Florencio Varela. El grupo es el mismo que, días atrás, dejó en la calle a 1450 obreros de la construcción.
En este caso, la decisión se ampara en el “consenso” entre sindicato y patronal que considera el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pero además señala un camino –según deslizó la UOM- puede alcanzar a alrededor de doscientos mil trabajadores de diferentes empresas.
En la misma dirección, Renault y Smata ya habían acordado suspensiones con el pago del sesenta por ciento de los salarios, algo en lo que también avanzaron Acindar y multinacionales Burger King y McDonald’s.
En el caso de las casas de comida rápida, la intervención del Ministerio de Trabajo abrió la puerta a una negociación que todavía está en curso.
El dato es duro, más cuando se considera cuál es el contexto en el que se da. El martes, en una sesión virtual ante la Comisión de Salud del Senado, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo que se perdieron 45 mil puestos laborales desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La cifra es dinámica y empeora casi cotidianamente, tal como lo revela una breve síntesis de lo que pasó durante las últimas jornadas.
La semana pasada, Danone-La Serenísima, arremetió con su intento por reducir el cuarenta por ciento del salario de sus trabajadores.
Esto pese a que es la empresa que prácticamente monopoliza la industrialización lechera, uno de los pilares de la industria alimenticia, rubro que no se ve demasiado afectado por la situación provocada por la pandemia.
Las subas de precios perpetradas por este sector, son determinantes para explicar por qué la inflación subió al 3,3 por ciento en marzo, pese a la desaceleración de la economía que impone el aislamiento social.
Por su parte, GSA Collections SA, empresa que realiza tareas terciarizadas para Cablevisión, informó que no sabe si va a pagar los salarios de abril, al tiempo que los 43 trabajadores de la empresa Yerry SRL, denuncian que la firma cerró la planta que posee en Ciudadela, sin previo aviso.
Mientras que, pese a que sigue trabajando, la cadena de heladerías Freddo -del Grupo Pegasus- sólo está pagando el sesenta por ciento del salario de sus empleados.
Y en Santa Fe, la firma láctea encargada de la venta de los productos Verónica, está abonando salarios en cuatro cuotas, aunque procesa alrededor de un millón de litros de leche diarios y, en febrero, facturó cerca de 440 millones de pesos.
Asimismo, en la ciudad de Buenos Aires, TodoModa e Isadora –de la firma Blue Star Group- recortaron salarios y amenazan con el despido a los que no acepten. Y el lavadero industrial Apparell Argentina despidió a treinta operarios, al tiempo que la cadena de pizzerías La Continental recortó salarios a la mitad y amenaza con dejar trabajadores en la calle.
Mientras que en San Luis, la empresa Mabe suspendió a todo el personal de la fábrica de heladeras y anunció que solo pagará el setenta por ciento del salario.
Apuestas
Queda claro que el gobierno apuesta a minimizar los cierres de empresas y que para ello echa mano a herramientas como el Programa de Emergencia al Salario y la Producción, por el que el Estado abona parte de los salarios a los trabajadores de firmas privadas de hasta cien empleados.
Pero también que liderado por los sectores más concentrados, el universo del capital apura un tire y afloje, en su afán por avanzar sobre derechos adquiridos por el universo del trabajo.
Los doce millones de personas que se inscribieron con la esperanza de cobrar los diez mil pesos mensuales que prevé el Ingreso Familiar de Emergencia, hablan de la criticidad de una situación que la pandemia ayudó a poner en evidencia.
Pero también señala la permeabilidad de buena parte del sindicalismo para aceptar recetas impuestas por las patronales, en un escenario construido por años de connivencia entre la burocracia y el empresariado.
Asimismo, señala la fragilidad que presenta la postura de un gobierno que –desde su mirada- intenta preservar a los sectores más vulneabilizados, pero lo debe hacer con las herramientas que impone la institucionalidad democrática burguesa.
El DNU 329/2020 que prohíbe los despidos sin causa es una barrera de defensa para los trabajadores. Pero también señala que se exceptúa de esta prohibición a las suspensiones que se lleven a cabo en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Este artículo habla de los límites que impone, aún a un gobierno bienintencionado, el carácter simbiótico que posee el Estado Liberal Burgués y el poder corporativo-empresarial.
¿Pero será que el universo del capital sólo busca proteger su tasa de rentabilidad y por eso aprieta, incluso, en medio de una situación como la que provoca la pandemia?
Quizás la respuesta se encuentre cuando se advierte cuáles son las proyecciones para el día después y –sobre todo- para el mientras tanto.
Según un trabajo de la OIT, el Covid-19 va a destruir el equivalente a catorce millones de empleos formales en América Latina y el Caribe durante el segundo trimestre de este año.
Desde su propia perspectiva, este escenario se presenta prometedor ya que le permite al universo del capital apretar las clavijas y profundizar con su intento de modificar drástica y regresivamente, la relación que tiene con el universo del trabajo, desde mediados del siglo 20.
Por eso aprieta aquí y ahora cuando –entre otras cosas- presiona para que se flexibilice la estrategia de aislamiento social, preventivo y obligatorio implantada para enfrentar la pandemia.
Las condiciones que vienen reclamando sus principales propaladoras massmediáticas, exhiben descaradamente lacara más criminógena del capitalismo. Y, de prosperar, convertirán al trabajador en un insumo pasible de contagiarse coronavirus y, por lo tanto, más descartable que nunca.
Es que una inflación y recesión disparadas por la crisis que desnuda la pandemia, sumadas a una desocupación y subocupación que alcanza al cincuenta por ciento, configuran un escenario ideal para que el universo del capital presione para imponer el precariado.
Pero asimismo, presiona por la apertura indiscriminada de la cuarentena, para que los trabajadores paguen con su vida el precio de una crisis que fabricaron los que, mientras tanto, esperan confiados en que el Covid tenga pocas posibilidades de atravesar los muros de los barrios privados.