La cuarentena está provocando que las asimetrías entre inquilinos y propietarios e inmobiliarias se acentúe. En lo que va de abril se pudieron pagar poco más de la mitad de los alquileres. Esta situación se suma a los problemas estructurales de vivienda que persisten en el país.
Uno de los principales problemas para los sectores populares en Argentina es el acceso a la vivienda. Según diversos estudios, en la actualidad el déficit habitacional, esto es la imposibilidad de acceder una vivienda digna, afecta a cuatro millones de personas. Si la problemática se extiende a los millones de inquilinos obligados a vivir en un alquiler, se entiende por qué la cuarentena, en el marco de la crisis sanitaria, es una instancia que afecta a los sectores populares y que exige una intervención más fuerte por parte del Estado.
Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno nacional tras decretar el aislamiento preventivo, social y obligatorio, fue congelar el precio de los alquileres por seis meses y prohibir, por el mismo término, los desalojos, previendo que la morosidad iba a crecer igual o más rápido que la pandemia en Argentina, debido al parate económico que supone la cuarentena y las consecuencias que esto tiene en los miles de trabajadores que viven “al día”.
En efecto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, afirmó que al 15 de abril solo se habían pagado entre el 50 y el 60 por ciento de los alquileres y reconoció que uno de los problemas es la “logística” para cobrarlos. Respecto a esto último, el problema de “logística” en verdad es un eufemismo, ya de lo que se trata es de la negación por parte de las inmobiliarias y los propietarios de facilitar un CBU a los inquilinos para que puedan pagar el alquiler de forma electrónica.
Esto último, que debería ser la regla general en todo momento, lo debería ser aún más en un contexto de aislamiento. Sin embargo, inmobiliarias y propietarios se niegan ya que no quieren “blanquear” los ingresos ni las propiedades, tampoco asumir el costo de la bancarización, por lo que suelen cargar sobre los inquilinos la responsabilidad y los costos por abonar el alquiler.
Bennazar enfatizó que “tradicionalmente las inmobiliarias se han manejado con efectivo” (sic) y detalló que “la gran mayoría está cambiando hacia distintas formas de pago”. Sin embargo, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, afirmó que los inquilinos se encuentran con grandes dificultades para pagar el alquiler, no solo por las dificultades económicas que acarrean el aislamiento, sino también por las trabas de las inmobiliarias que hasta ofrecen pasar a cobrar el alquiler —que no es una actividad esencial que esté permitida— con tal de no facilitar un CBU y blanquear los ingresos. Ante este escenario, Muñoz sentenció que es “alto el número de dificultades para pagar el alquiler en abril, en torno al 40 por ciento de los inquilinos” y vaticinó que “en mayo va a ser un poco más grave” todavía.
Asimismo, Muñoz aseveró que “la intención es seguir con la medida de que se suspendan los desalojos y se congelen los precios de los alquileres”, debido a que “en Argentina 9 millones de personas viven en viviendas alquiladas, en la Ciudad de Buenos Aires un 40 por ciento de la población alquila”. Estos datos, que dan cuenta de la problemática estructural que hay en todo el país respecto a la vivienda, y en la que la cuestión de los alquileres es una de las cuestiones relevantes —aunque existen otras, como el acceso a la vivienda de los distintos hogares que conviven bajo un mismo techo—, explica por qué es necesario, en opinión del presidente de Federación de Inquilinos, “aprobar cuanto antes, en octubre, la ley de alquileres”.
Ante este escenario, el Partido Comunista propone un paquete de medidas de emergencia económica por el agravamiento que el aislamiento, necesario para frenar la pandemia, tiene en la economía de los sectores populares. Entre ellas, el Partido impulsa un impuesto a las grandes fortunas, el cese de la precarización laboral, la implementación de la ley de abastecimiento para combatir la especulación, la inflación y el acopio de los productos básicos, como así también que se profundice en las medidas adoptadas para proteger a los inquilinos. También, es necesario plantear con carácter de urgencia un plan nacional de vivienda para los sectores populares. Más que nunca, en este contexto de crisis sanitaria, las condiciones de hábitat e higiene en la que viven millones de trabajadores implican un problema ambiental y sanitario que cabalga sobre las dificultades económicas del país, y de las que solo se podrá rendir cuentas para superarlas si se afecta a los grandes intereses de las corporaciones y se invierten esos recursos en mejorar las condiciones de vida de las personas.