El bloque del Frente de Todos en Senadores aprobó esta madrugada el proyecto de Ley de Reforma Judicial, que será remitido a Diputados, en medio de las presiones desestabilizadoras de la derecha política y mediática
A primera hora de esta madrugada el Senado de la Nación, con los votos del bloque del Frente de Todos, dio media sanción al proyecto de Ley de Reforma Judicial, que ahora se discutirá en Diputados.
El proyecto que finalmente se aprobó con 40 votos afirmativos y 26 en contra, estos últimos todos de la coalición de derecha Juntos por el Cambio, ahora espera una votación más reñida en la Cámara Baja. Los puntos más sobresalientes del proyecto votado recientementes son: la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal; la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires; que los sorteos de causas deberán ser grabados mediante medios técnicos; entre otros.
El proyecto aprobado esta madrugada puede ser analizado a partir de las implicancias técnicas y jurídicas de cada uno de los puntos que la integran. Sin embargo, no son estos aspectos los que permitirán desandar la relevancia que esta reforma podría tener en el corto y mediano plazo en nuestro país, mucho más en medio de la avanzada derechista que se verifica en el último tiempo, con manifestaciones en plena pandemia como las del 17A.
Como insistimos repetidamente en Nuestra Propuesta Diario, la importancia de la reforma estará en la eficacia que pueda demostrar a la hora de desarticular a uno de los poderes que mejor viene trabajando para perpetuar el dominio del bloque de poder en Argentina, integrado por los grupos económicos nacionales y transnacionales, los agroexportadores y la oligarquía financiera, todos ellos bajo la conducción política de la derecha representada en Juntos por el Cambio.
En este contexto, proyectos como el de la reforma judicial deben ser acompañados por otras iniciativas como la de un impuesto —permanente— a la riqueza, la creación de empresas estatales de producción y explotación de recursos económicos nacionales, una reforma tributaria progresiva, el impulso y financiamiento de políticas públicas de vivienda y construcción, solo por mencionar algunas posibles.
Este programa de acción se sustenta en la comprobación empírica de que el bloque de poder real en Argentina no es estanco ni compartimentado. Su aparato de poder, que es económico, político, judicial, mediático y cultural no funciona por separado. Por el contrario, es una maquinaria muy aceitada, en la que a pesar de las contradicciones internas —que todo bloque de poder contiene de por sí, dada la heterogeneidad de las fracciones de clase que lo integran— actúa de forma coordinada en todos los ámbitos. Si la reforma judicial, junto a otras medidas, son capaces de desarticular o, por lo menos, de esmerilar estos mecanismos coordinados con los que las clases dominantes garantizan su hegemonía, sin dudas será progresiva.