El Frente de Todos a través de Oscar Parrilli ingresó en el Senado un proyecto de ley para la creación de un sistema de ahorro en pesos destinado a la construcción de viviendas.
Mientras continúa el ataque de la derecha contra las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país debido a la crisis económica y habitacional, el Frente de Todos a través de Oscar Parrilli ingresó en el Senado un proyecto de ley para la creación de un sistema de ahorro en pesos destinado a la construcción de viviendas.
Según el texto del proyecto que se difundió esta semana, se trata de un “programa nacional de ahorro para la producción, infraestructura y vivienda” que consiste en la creación de cajas de ahorro en pesos indexadas al índice “construcción”, que a su vez deberán estar previamente consolidado con plazos fijos, también en pesos. En términos de macroeconomía, uno de los objetivos es alivianar la “presión” sobre el dólar, para que los pesos que un sector de la población destina a la compra de moneda extranjera pase a estar destinado al financiamiento de viviendas, lo que implica la generación de trabajo y la dinamización del mercado interno de la construcción.
Sin embargo, nuevamente, se trata de medidas destinadas a un sector minoritario de la “clase media” argentina, que dispone de capacidad de ahorro, ya sea para comprar dólares o para invertir en la construcción de propiedades, que luego suelen integrarse al negocio de las grandes inmobiliarias, quizá una de las actividades más usureras y abusivas en la actualidad.
El acceso a la vivienda es un problema que afecta a más de cuatro millones de personas. Dentro de este universo, que no contempla el total de viviendas en condiciones edilicias o sociosanitarias precarias, se encuentra un sector de la denominada “clase media”, pero en su mayoría, afecta a trabajadores no registrados que viven por debajo de la línea de la pobreza. Es un problema complejo, porque existen cientos de miles de jóvenes trabajadores calificados que con ingresos medios les resulta imposible adquirir una vivienda propia, y gran parte de su salario se licúa con los precios de los alquileres, expensas y servicios públicos.
Pero también los hay, en una proporción mayor y en condiciones mucho más precarias, una enorme cantidad de personas que directamente tienen dificultades para acceder a un terreno o un techo para vivir, que son trabajadores precarizados que están excluidos del sistema de créditos bancarios, etc. Muchos de ellos, son los protagonistas de las tomas de tierras, que luchan por una porción de tierra para levantar una casilla. Pero incluso, si esa lucha se gana, las condiciones de habitabilidad seguirán siendo inadmisibles en tanto no se emprenda una verdadera política de viviendas populares y urbanización.
Una política de viviendas populares implica afectar intereses varios. El del mercado inmobiliario, por supuesto, que obtiene gran parte de su renta de las comisiones leoninas que recauda entre los inquilinos; de las grandes empresas constructoras, muchas de ellas contratistas del Estado, ya que una política de viviendas a gran escala solo podrá tener músculo si recurre a las cooperativas de trabajo; de los grandes propietarios de tierras, porque como ya se señaló en varias notas de Nuestra Propuesta Diario, el déficit habitacional es un fenómeno relacionado fuertemente con la concentración del suelo; y, por ende, de las grandes fortunas, sobre quienes no solo habrá que imponer límites a la tenencia de tierras, sino a las que se deberá gravar para financiar la construcción de viviendas.
No se trata solo de construir nuevas viviendas, que son necesarias. El número de casi cuatro millones de viviendas que faltan en el país se podría reducir en 150 mil unidades rápidamente si, en la Ciudad de Buenos Aires, se pusiera un coto a la vivienda ociosa, que en la actualidad se estima en ese número. Grandes capitales del centro capitalista europeo, como Berlín, imponen fuertes restricciones a la vivienda ociosa. ¿Por qué no en Argentina? Y no es solo un problema de “porteños”. El déficit habitacional es una problemática de los grandes centros urbanos del país, que afecta también al Gran Rosario, el Gran Córdoba, Tucumán o Santa Fe. En estos conglomerados urbanos también existe una enorme cantidad de viviendas ociosas.
Insistimos, la dicotomía que surge es clara: ¿la vivienda es un derecho o una mercancía? En otras palabras: ¿es un derecho al que como máximo puede aspirar la denominada “clase media”?