La inflación de enero y datos sobre el curso de la de febrero, demuestran que desde hace más de un año, se sostiene el aumento en los precios de los alimentos. Esto plantea peligro para lograr una cierta estabilidad económica, hasta que mermen las consecuencias de la pandemia.
Luego de cuatro años de macrismo y un año de pandemia, que incluye fuertes titubeos y falta de decisión política por parte del gobierno del Frente de Todos para cuidar el bolsillo de los trabajadores, Argentina se encuentra sumergida en un fuerte proceso inflacionario en los ítems más sensibles de la economía popular. Con las tarifas de servicios públicos congeladas en el marco de la emergencia sanitaria, los aumentos en alimentos y bebidas –y a partir de enero hay que agregar telecomunicaciones— ponen en peligro cualquier aspiración a lograr una cierta estabilidad económica hasta que mermen las consecuencias de la pandemia.
Si aun con niveles altísimos de contagios, la transmisión del virus del Covid-19 se encuentra en franco descenso desde la segunda quincena de enero, no puede decirse lo mismo con los precios de los alimentos. Según un informe de la consultora Consumidores Libres, durante la primera quincena de febrero los precios promedio subieron un 2,99 por ciento, mientras que la carne aumentó 3,95 por fuera del acuerdo oficial.
En la edición de ayer de Nuestra Propuesta, se analizó la “super semana” pasada en la que el Ejecutivo nacional mantuvo reuniones con empresarios, la Mesa de Enlace y la CGT. Según trascendidos, en el balance final, los funcionarios nacionales mostraron cierta “perplejidad” ante el aumento tan marcado en los alimentos, ya que parece que en las reuniones con empresarios y la Mesa de Enlace nadie se declaró culpable. El gobierno dice no saber qué actores empujan la subida de precios. Sin embargo, con tan solo enfrentar los números y observar la incidencia de alimentos y telecomunicaciones, se pueden obtener algunas pistas.
En primer lugar, sin lugar a dudas, la gran locomotora que llevó el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al cuatro por ciento, fueron los aumentos en el sector telecomunicaciones. Allí el protagonista fue el tarifazo del 15,1 por ciento, no autorizado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en las tarifas de los servicios de telefonía e Internet para los clientes de Cablevisión-Fibertel del Grupo Clarín.
En segundo lugar, la inflación fue impulsada por los aumentos en el rubro de alimentos y bebidas, que subió un 4,8 por ciento. Aquí, la foto muestra el mismo desenlace que la película. El año pasado la inflación anualizada para alimentos y bebidas fue del 45,5 por ciento, cuando la inflación fue del 36,1.
Con los precios de los alimentos por las nubes y sin fuerza ni legitimidad para impedir el tarifazo en el sector de telecomunicaciones, el gobierno se encuentra en una difícil situación e imposibilitado de contrarrestar los factores que inclinan la puja distributiva hacia el lado del capital.
Es cierto que el Ejecutivo mejoró y amplió el Programa Precios Cuidados, dispuso “precios populares” para algunos cortes de carne, además de los acuerdos con la industria aceitera y con la Asociación de Supermercados Unidos y el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina ABC, además de impulsar junto a organizaciones políticas, sociales y sindicales una fiscalización de precios en góndolas. Sin embargo y a pesar de que la gente no tiene plata en los bolsillos, la inflación no se detiene, y pega allí donde más duele, en el consumo popular. ¿Cómo explicar entonces el aumento sostenido en alimentos y bebidas?
Los formadores de precios
La situación en el sector alimenticio es más que ilustrativa para comprender cómo actúan los responsables de la inflación en el país y del empobrecimiento diario de millones de trabajadores. Con la inflación en este rubro, otra vez, sale a la luz el problema de los formadores de precios. Los alimentos antes de llegar a las góndolas, están sometidos a una serie de factores determinantes.
Una breve radiografía por el sector alimenticio ayudará a comprender lo que decimos. En la actualidad un grupo de no más de 30 empresas concentra el 80 por ciento de la producción de alimentos y bebidas destinados al mercado interno. Estas empresas, que son las primeras pero no las únicas responsables de la inflación, son: Arcor, Molinos Río de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez, Molinos Cañuelas y Morixe. Falta todavía aquí la otra cara de la misma moneda y es la de las grandes cadenas de comercialización o supermercados. Estas son Coto, Carrefour, Cencosud —Jumbo, Disco y Vea—, La Anónima y Walmart, que concentran el 65 por ciento de la comercialización de los alimentos y bebidas que se consumen en el país. Ambos polos, el de la producción y la comercialización de alimentos se encuentran concentrados y en manos privadas.
En ambos casos, se trata tanto de grandes empresas nacionales como multinacionales. En las esferas del gran capital no hay contradicciones entre unas y otras, no tienen patria, solo avidez de ganancias. Esto mismo es lo que permite explicar en gran medida el acuerdo tácito que existe entre ambos polos de la cadena y que por ejemplo se sustenta en la decisión de trasladar al precio de los alimentos las variaciones del precio del dólar, aún cuando producen en pesos.
¿Por qué si producen en pesos trasladan la suba del dólar a los precios? Una de las claves está en las exportaciones que realizan. Recordemos que durante los cuatros años del gobierno de Macri el comercio exterior se flexibilizó a punto tal que las grandes empresas gozaron de las máximas libertades. De allí también que durante ese período la fuga de capitales haya sido récord: 86 mil millones de dólares, veinte mil más que el préstamos del FMI.
Durante 2020 la demanda externa de productos alimenticios fue superior al 2019. Por eso, estas empresas de enorme capacidad de intervención en la economía nacional presionaron y presionan constantemente por una devaluación y en ese afán dolarizan los precios de los alimentos.
En el rubro aceites comestibles el ejemplo puede ser claro. Aceitera General Deheza (perteneciente a la familia Urquía), Molinos Río de la Plata (del Grupo Pérez Companc) y Arcor (Pagani) manejan el noventa por ciento del mercado interno. En tanto, en el rubro de oleaginosas, cuyo procesamiento deriva en aceites comestibles, las compañías Moreno-Glencore (Estados Unidos), Vicentín y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) concentran el noventa por ciento de las exportaciones.
Así, pues, se observa porqué los precios locales están sometidos a la implacable presión de la dolarización. En otras palabras, son estas empresas las que dolarizan de hecho el precio de los alimentos. Por ello, una botella de litro y medio de aceite mezcla cueste en el super local trescientos pesos o más, ya que AGD (Natura), Molinos Río de la Plata (Cocinero) y Arcor venden esa misma botella a dos dólares en Europa.
Asimismo, hay que remarcar que este proceso no se asienta en las ventajas que hayan podido obtener en el último lustro, sino que se funda en décadas de saqueo y concentración. El problema es de fondo y está enquistado en la estructura del Estado nacional. De ahí que la voluntad de una coalición de gobierno para modificar ciertas estructuras no alcance si dicha voluntad no afecta las condiciones estructurales que permiten a estas empresas mantener esta posición de privilegio.
Queda claro porqué cuando se llega al control de precios en góndolas ya es demasiado tarde. Es una medida efectiva para determinado momento, con relación a determinados productos. Pero no tiene la capacidad de cortar el problema allí donde surge.
La problemática histórica de la inflación en la Argentina en esta etapa está ligada a la existencia de oligopolios que tienen el poder de fijar precios de acuerdo a sus intereses. Justamente, para atacar las verdaderas causas de la inflación, es que el Partido Comunista insiste en recuperar y nacionalizar Vicentín. Pero además, propone nacionalizar el comercio exterior. ¿Qué otro flagelo afecta más a los trabajadores que la inflación de los alimentos?