Territorio

Movilización contra la OMC13.12.2017

Y peligroso acting policial

Diferentes organizaciones, entre ellas el Partido Comunista y el MTL, repudiaron a la Organización Mundial de Comercio. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad montó un desproporcionado despliegue en el centro de la Ciudad.

Una importante movilización se llevó a cabo ayer entre el Congreso hasta el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, protagonizada por diferentes organizaciones políticas y sociales –entre ellas el PC y el MTL- en el contexto de las actividades que lleva adelante la Cumbre de los Pueblos, contracara de la reunión de ministros de la OMC que se celebra en Puerto Madero.

La marcha que tuvo un marcado mensaje de oposición a la Cumbre de la OMC, transcurrió sin incidentes y cuando la mayoría de los participantes se estaba desconcentrando, un grupo pequeño se dirigió hacia el vallado policial ubicado en la intersección de Carlos Pellegrini y Avenida Corrientes.

Ahí hubo una pequeña refriega, tras lo que los que integraban esa columna se replegaron por Corrientes en dirección oeste. En Corrientes y Cerrito algunos arrojaron piedras contra móviles de televisión que realizaban la cobertura de la marcha.

Aquí vale destacar tres constantes que se vienen repitiendo desde las primeras marchas que exigían justicia por Santiago Maldonado. Como ocurrió en cada una de ellas, ayer, tras una movilización pacífica, aparecen en escena individuos que agreden móviles de televisión.

También, como en casos anteriores, estas personas están ataviadas de una forma que llamativamente encaja con el estereotipo que el Ministerio de Seguridad y sus propaladoras massmediáticas construyen a modo de catalizador del miedo a un otro cercano, indefinido y peligroso, que según el grado de radicalidad conceptual del emisor, se designa como “revoltoso” o “terrorista”.

Y otro punto que no es menor: durante la escaramuza que tuvo lugar en Cerrito y Corrientes, el personal de la Policía de la Ciudad presente, superaba ampliamente a escaso número de personas que arrojaron piedras. Pero pese a esto, nada hizo por conjurar este accionar.

Lejos de esto, como si el guión ya estuviera preparado, dejó que la pequeña columna –una veintena de personas- avanzara por Corrientes.

Entonces, como de la nada, aparecieron decenas de móviles y uniformados que coparon el tramo de esa avenida ubicado entre la 9 de Julio y Callao. Pero eso no fue todo. El despliegue se extendió sobre Callao y en la bocacalle que forma esta avenida con Corrientes, donde se montó un verdadero acting en el que el Ministerio que preside Patricia Bullrich hizo una exhibición obscena de parte la parafernalia de herramientas represivas que –por supuesto con dineros públicos- esta cartera adquirió recientemente.

Las imágenes que multiplicaban diferentes canales de televisión dieron cuenta de lo patético y peligroso de la situación: ahí se vio a gendarmes armados hasta los dientes adoptando formaciones y actitudes de combate para posar ante otro uniformado que les sacaba fotos.

Mientras tanto, a pocos metros, personal policial reducía a cinco personas y, ante el atento foco de las cámaras televisivas que transmitieron todo en vivo, vaciaba sus bolsos de los que no se vio que salieran las “facas y bombas molotov” que, más tarde, el Ministerio de Seguridad dijera que incautó.

Movilizados

Por su parte, al cierre de esta edición se esperaba el comienzo de una nueva movilización, sobre la avenida 9 de Julio para protestar contra la reforma previsional y laboral.

La manifestación fue convocada por los trabajadores de la economía popular agrupados en la Ctep, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, a la que según se anunció, se sumarán integrantes de la Corriente Federal, la CTA, ATE y el moyanismo.

Ahí también se va a reclamar el pago de un bono de fin de año para los jubilados y quienes acceden al derecho de la AUH.

Por tal motivo, ayer tuvo lugar en la sede de la Ctep una conferencia de prensa en la que, además de los anfietriones, participaron el titular de Suteba, Roberto Baradel, el integrante de la Corriente Federal, Walter Correa y Facundo Moyano.

 

 

Del ARA San Juan al atentado a la Amia13.12.2017

Traición a la Patria

¿Qué pasó y dónde está el submarino? ¿Qué pasa en el juicio por el encubrimiento del atentado a la Amia? Un avión de la RAF británica en Ezeiza y el agradecimiento de Macri a May.

“En julio los persiguió un submarino nuclear inglés y los tuvo cerca, eso lo contaron muchos familiares”, dijo en declaraciones a Radio 10, Claudio Rodríguez, hermano del maquinista del submarino ARA San Juan, Hernán Rodríguez, quien después de pedir que el Congreso cree una comisión que investigue qué pasó con la nave desaparecida hace casi un mes, recalcó que “vamos a destapar todas las cosas que sabemos”.

Rodríguez también aseveró que dentro del submarino “había, por lo menos, una persona de Inteligencia Naval”, tras lo que señaló que el dato fue aportado por “la mujer de ese hombre” y añadió “nos dijeron que los agentes de Inteligencia fueron por el tema de la pesca ilegal, pero eso es mentira”. Y fue claro cuando hizo hincapié en que “de ida fueron prácticas de guerra, se hicieron ejercicios militares”.

En este contexto y cuando en medio de una interna con el ejecutivo, ayer la Armada suspendió los partes que diariamente venía suministrando sobre el estado de la búsqueda, otra familia, la del suboficial segundo, Roberto Daniel Medina, dio a conocer un mensaje que este tripulante del ARA San Juan envió al grupo de WhatsApp que comparte con sus familiares, en medio de la travesía, el 4 de noviembre.

“El lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá”, dice el último mensaje de Medina en el que también contó que había estado cerca de las Islas Malvinas y que volvería a tierra los primeros días de diciembre.

En este contexto, ayer la premier británica, Theresa May llamó por teléfono a Mauricio Macri y, según dijo la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, fue para expresarle su solidaridad por la situación del ARA San Juan.

Vale recordar que para la búsqueda del submarino, Gran Bretaña aportó los buques HMS Protector y HMS Clyde, ambos con base en el territorio de Islas Malvinas que la Corona Británica usurpa ilegalmente desde 1833.

También, desde que el ARA San Juan está desaparecido, tuvieron lugar dos episodios llamativos y preocupantes.

A principios de diciembre, una aeronave de la Real Fuerza Aérea Británica, proveniente la Base militar de Mount Pleasant -en las Islas Malvinas- aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. Tanta familiaridad con un Estado que ocupa parte del territorio nacional, no puede menos que ser repudiada.

De acuerdo a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Macri agradeció a su par inglesa por el aporte del Reino Unido al operativo de búsqueda del ARA San Juan. Nada dice esa Secretaría sobre la posibilidad de que el presidente de Argentina aprovechara a la oportunidad para indagar sobre la verosimilitud que pueden tener los datos aportados por tripulantes del submarino, que a partir de revelaciones de sus familiares, comienzan a aparecer y ubican al ARA San Juan dentro o demasiado cerca de la zona de exclusión que ilegalmente impone Gran Bretaña.

¿Dónde buscar?

El que busca encuentra, pero para encontrar nada como buscar en el lugar correcto. Es imposible saber el sitio exacto en que se encontraba el ARA San Juan, pero es prudente considerar todas las pistas –esto incluye a los datos que aportan los familiares de los 44 tripulantes- a la hora de confeccionar un diseño que permita dar con el submarino.

Claro que esto es válido si lo que se quiere es encontrar al submarino.

Para que quede claro: si el ARA San Juan fue reportado por última vez muy cerca –o dentro- del área de exclusión impuesta por Gran Bretaña. Por eso, cuando 27 días más tarde la premier May lo llama por teléfono, el presidente Macri no puede contentarse con darle las gracias.

Hay muchas preguntas que debió hacer, pero quizás no sea sólo May quien debería dar respuestas. Si es verdad la versión del suboficial segundo Medina ¿qué hacía una nave de guerra argentina en esa zona sin autorización del Congreso?

Pocos días antes de que desapareciera el ARA San Juan, el ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley en el que se solicita autorización para que las Fuerzas Armadas Argentinas participen en 23 ejercicios militares, entre ellos, algunos que violarían las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.

En este contexto, el Senado dio media sanción a la iniciativa enviada por La Rosada a instancias de la Armada que, si prospera, autorizará el ingreso de tropas de EE.UU. a territorio nacional para participar en un ejercicio combinado denominado Cormorán.

Pero en Diputados el proyecto quedó bloqueado, al tiempo que se levantan diferentes voces que señalan que el Cormorán es un ejercicio diseñado a la medida de los intereses de latifundistas amigos del presidente como Benetton y Joe Lewis.

Es aquí cuando la búsqueda del ARA San Juan puede llevar a escudriñar algunos caminos que La Rosada prefiere eludir. Es que en este punto resulta ineludible hablar de la disputa abierta en torno a la apropiación de la tierra –especialmente en la Patagonia- por parte de grandes jugadores del mundo financiero internacional.

Pero también de la postura que respecto a esto tiene el actual gobierno nacional y de las herramientas de las que se vale para blindar a estos intereses.

Es que indefectiblemente y aún a vuelo de pájaro, transitar este camino pone en el centro de la cuestión a los exorbitantes recursos públicos que se ponen al servicio de armar una estructura destinada sólo a la represión interna, pero también a la represión en sí misma que, en la zona en cuestión, ya se cobró las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

¿Tapadera?

Quizás nunca sepamos qué pasó con el ARA San Juan, si es que está hundido en aguas del Mar Argentino ubicadas dentro de la zona de exclusión que usurpa Gran Bretaña y, en tal caso, si Macri no aprovechó su charla con May para exigir que Londres autorice la búsqueda en esa área.

Es probable que nunca sepamos si no lo hizo por la falta de pericia en la cuestión inherente a las relaciones internacionales que ya exhibió en reiteradas oportunidades, si no lo hizo porque una actitud tal no se correspondería con el grado de sumisión que el Gobierno Cambiemos pretende que tenga nuestro país o si, simplemente, no lo hizo porque de hacerlo podría estallarle en las manos una formidable tapadera cuya efectividad estaría ligada, necesariamente, a que el submarino nunca aparezca.

Es que sin pruebas no hay delito, salvo que te agarre Bonadío. Y es precisamente este juez quien inscribe otra de las paradas de este camino que comienza a recorrerse con la desaparición del ARA San Juan.

¿Si con pruebas inexistentes sobre las que apoyar su acusación de “traición a la Patria” llevó a la cárcel a cuatro personas, pidió el desafuero de una senadora para meterla presa y tiene al ex canciller Timerman con prisión domiciliaria ¿qué debería hacer de oficio el Poder Judicial ante las evidencias que dejaron los tripulantes Rodríguez y Medina?

Pero, aparentemente, el Poder Judicial no está preocupado por indagar por ahí, sino por demostrar -a como dé lugar- que Cristina Fernández y parte de lo que fue su gobierno, son traidores a la Patria, porque desde ese argumento pretende fundamentar que a Alberto Nisman lo asesinaron.

Y aquí está el plato fuerte, porque el relato que pone a Nisman asesinado en el medio de la escena, coloca también a Argentina como pieza clave en un relato más peligroso aún, que no es otro que el que pretende imponer Israel, ahora nuevamente con el abierto apoyo de EE.UU.

Desde esa perspectiva debe dinamitarse, la distensión alcanzada a partir del acuerdo suscripto, en 2015, entre Irán y el Grupo 5+1 que –en ese momento- representaban EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia, la República Popular China y Alemania. Y para ese objetivo, ubicar a la República Islámica como autor de la voladura de la Amia, es justificar por qué para la Gestión Trump e Israel, ese país debe estar al tope de la lista de “Estados Terroristas”.

Por su parte, en este juego a varias bandas, a Macri todo lo que caiga sobre la cabeza de Cristina Fernández le sirve como justificativo para las barbaridades que su gobierno perpetra desde diciembre de 2015. Pero, asimismo, es un buen elemento de distracción en su intento de que el Paquetazo pase lo más desapercibido que se pueda.

Y, también, lo es para evitar que los ojos atentos por saber qué pasó el 18 de julio de 1994 en la Amia, se posen sobre los tribunales donde ahora se está llevando a cabo el juicio por el encubrimiento de ese atentado, una causa en la que en el banquillo están sentados –entre otros afines al actual gobierno- el ex titular de la Daia, Rubén Beraja, y Jorge Alberto El Fino Palacios, el ex comisario a quien, cuando era jefe de Gobierno, Macri le encargó, ni más ni menos, que armar la que sería la Policía Metropolitana.

Queda claro entonces que a la hora de intentar saber qué pasó y dónde está el ARA San Juan, resulta prudente analizar cuál es el contexto en el que se coloca Argentina a partir del diseño de política exterior que trajo el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015.

Y, para esto, es preciso tener claro cuál es el lugar que el rediseño que a escala global está impulsando el sistema capitalista, tiene reservado para Argentina, lo que no quiere decir que haya un destino inexorable, sino que, en tal caso, lo que resulte será producto de la construcción que como sociedad podamos hacer.

Llamado a la unidad en a la acción12.12.2017

Resistencia en el Chaco

Diferentes organizaciones populares, entre ellas el Partido Comunista, advierten sobre el “deterioro de las instituciones” que perpetra el gobierno nacional.

En la provincia del Chaco, diferente organizaciones sociales, partidos políticos y sectores populares suscribieron un documento titulado “Unidad para defender la democracia”, que van a presentar mañana miércoles 13 en la Cámara de Diputados en la que hacen pública su preocupación “ante el creciente deterioro de la democracia en nuestro país”.

El documento que, entre otros, firmaron el Partido Comunista y la CTA de esta provincia, señala que es preciso “constituirnos en alerta permanente ante el creciente deterioro de la democracia y el empleo de métodos contrarios a las libertades civiles para imponer un modelo económico-social”, por parte del Gobierno.

Y, en esta dirección, recalca que “las detenciones masivas a dirigentes sociales y políticos y el intento de encarcelar a la principal líder de la oposición, Cristina Fernández, son sólo una muestra de ese deterioro”.

También señala distintos hechos que califica como “métodos irregulares por los cuales el ejecutivo, junto a un aparato mediático y judicial, impone restricciones a las libertades y procura fortalecer un poder que se aparta del marco constitucional de nuestro país”.

Entre ellos, recuerda el asesinato de Rafael Nahuel “por la espalda en el marco de un conflicto de tierras”, el empleo de policías provinciales para reprimir la protesta social, “la apelación al relato de que existen focos terroristas” y la demonización de familiares de víctimas como Santiago Maldonado y los tripulantes del submarino ARA San Juan.

“No tenemos dudas de que las acciones descriptas constituyen el marco político desde el cual se ejecutan reformas en contra del pueblo”, por lo que “atemorizar, ocultar, acallar voces, establecer un discurso único y demonizar políticas populares trae tras de sí un proceso de transferencia patrimonial y de ingresos a favor de empresas extranjeras, sectores de las finanzas y grandes empresas e históricos sectores del poder concentrado de nuestro país”.

Convocatoria

Asimismo, los firmantes coinciden en puntualizar que “algunas de las políticas en marcha que se tratan de garantizar a través del deterioro de las instituciones” y cita al respecto al Paquetazo que esta semana espera debatir el Congreso.

“A punto de ser consagradas con el apoyo de opositores comprados, cómplices o temerosos”, las reformas regresivas que consagran esos proyectos, remarca, “significan conculcar derechos de la tercera edad, de sujetos de derecho de la AUH, trabajadores, cooperativas y pequeñas y medianas empresas nacionales”.

Y hacen hincapié en que “con el Pacto Fiscal se persigue continuar manteniendo de rodillas a las provincias, como marco de la creciente pérdida de federalismo y autonomías provinciales y legitimar el endeudamiento que compromete a nuestras futuras generaciones”.

Por eso, destacan, “entendemos la necesidad de llevar adelante acciones concretas de unidad con los sectores y espacios que hoy resisten las políticas de exclusión y defienden la democracia, a la vez de comprometer nuestra tarea en pos de sumar esfuerzos para profundizar el debate social sobre las nefastas consecuencias que el proyecto de Cambiemos tendrán para nuestro país”.

 

 

Las pymes advierten12.12.2017

Con TLC no

Apyme encendió luces de alarma por la inminente concreción del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Diferentes voces se alzaron desde el espacio pyme para rechazar a la Cumbre de la OMC que durante estos días se celebra en la ciudad de Buenos Aires y, sobre todo, para señalar el peligro que para este sector significan los acuerdos de libre comercio.

En este sentido, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) participó hoy martes de la Cumbre de los Pueblos que protagonizan sectores sindicales, políticos, productivos y sociales.

Lo hizo en un encuentro que tuvo lugar en la sede que la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo posee en el centro de la ciudad bajo el lema “Hacia una verdadera Agenda del Desarrollo para los/as trabajadores/as y los excluidos”.

Apyme viene alertando sobre el peligro que representan los acuerdos acuerdo de libre comercio como el que pretende suscribir el gobierno entre el Mercosur y la Unión Europea, “de espaldas a la sociedad y en consonancia con la reunión ministerial de la OMC”.

Al respecto, Apyme denunció que el Ejecutivo “busca ratificar la voluntad de nuestro país de ‘insertarse en el mundo’, lo que desde la perspectiva del libre comercio significa desarticular las políticas soberanas que permitan a los países más débiles corregir las asimetrías con los más desarrollados en el intercambio comercial, favoreciendo los negocios y el abaratamiento de costos de las grandes multinacionales”.

Y advirtió que, “de avanzar en este sentido, lejos de paliar la emergencia en que se encuentra la mayoría de las pymes el gobierno las dejará libradas definitivamente a su suerte en un contexto de ahogo financiero, subas de tarifas y combustibles, agobio fiscal y caída del crédito productivo”.

Contra el Paquetazo

Por su parte, días atrás, Apyme se pronunció contra el Paquetazo del Ejecutivo que, en estos días, se debate en el Congreso. “Las reformas que se debaten significan mayores desregulaciones y beneficios para las grandes empresas locales y extranjeras en perjuicio de los sectores más vulnerables, los trabajadores y las pymes, que dependen del mercado interno”, dijo el presidente de la entidad, Eduardo Fernández.

Asimismo, Fernández alertó sobre los proyectos de modificaciones a la Defensa de la Competencia y el mercado de capitales impulsado por el gobierno, que buscan “una mayor desregulación en favor de las empresas concentradas y los mercados, en perjuicio de la producción nacional y las pymes”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “el sentido de estas leyes queda claro con las afirmaciones del ministro Dujovne ante los grandes empresarios de la UIA, en cuanto a que el Estado tendrá menos peso de ahora en más. Cuando el Estado se retira, se impone la ley de la selva”.

Tras lo que enfatizó que el “reformismo permanente” que predica el gobierno “no es otra cosa que la implementación de un programa de ajuste de las cuentas públicas, de acuerdo con la política de endeudamiento externo y las recomendaciones del FMI”.

MARCHAS POR VENIR08.12.2017

Con los jubilados luchando

Para el 13 de diciembre se realizará una marcha que será prolegómeno del abrazo al Congreso previsto para el 20 en contra del ajuste macrista.

Se prevé que el día 20 de diciembre, organizaciones sociales y políticas realicen un abrazo al Congreso Nacional en rechazo de las políticas de ajuste del gobierno macrista. Pero, como antesala de esa masificación de las protestas, el día 13 ya se va a realizar otra, contando esta con el activo apoyo de la Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, los cuales se hallan entre los más perjudicados por el ajuste.

Ambas manifestaciones, sujetas todavía a los resultados en los debates congresales del paquete de medidas ajustadoras, se realizarán de común acuerdo en unidad con las conducciones de las dos CTA y del sector de la CGT que es crítico a las políticas del gobierno.

Carlos Valle, presidente de la dicha Confederación, explicó al respecto: “estamos unificados con el resto en contra del ajuste y hemos rechazado de plano los proyectos presentados por el Ejecutivo”. Y sobre estos, repuso: “son en contra del pueblo y continúan con la línea de transferencia económica de los más pobres al poder económico concentrado”.

Expresó también que el macrismo “continúa la línea de meter en el hambre y la miseria al pueblo y de flexibilizar el trabajo” aunque, especificó, “hay una cantidad de legisladores y dirigentes sindicales que están reaccionando en este momento”. “Vamos despertando”, consideró con esperanza.

Asimismo, manifestó que a los jubilados y pensionados que aún no se han movilizado contra el paquete ajustador “hay que decirles que es necesario hacerlo aunque la víctima principal sean los trabajadores en actividad, que van a perder parte de sus posibilidades para jubilarse y, tal vez, la jubilación”.

“Esperemos que la lucha unitaria permita que eso no se concrete”, adujo y fustigó: “han venido por todo y pretenden que el sistema previsional argentino quiebre para volver ellos a hacerse cargo de todos los fondos previsionales”.

En ese sentido recordó que “habíamos pasado los 80 mil millones de dólares en el Fondo de Garantías y ellos recibieron más de 55 mil millones de dólares, muy superior a las reservas del país”. Agregó que “eso es lo que nosotros habíamos conseguido para hacer sustentable el sistema” y señaló: “si ellos se apropian de los fondos previsionales el sistema entra a decaer sin ninguna duda”.

“De ninguna manera estamos dispuestos a que quiebre”, dijo Valle con energía y sentenció que para el actual gobierno argentino (al que recriminó su seguidismo de los dictámenes del FMI) “es un gran problema que los mayores vivan más”.

 

Prevención contra la Tortura07.12.2017

Rosario, zona de riesgo

Un informe da cuenta de que se tortura en el Instituto para la Recuperación del Adolescente. “Los pibes de ese centro confirman lo que verdaderamente ahí pasa”, señaló el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galloti.

El Subcomité para la Prevención contra la Tortura de la ONU reveló un informe de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho que dirige Enrique Font, en el que se advierte que en la provincia de Santa Fe se demora la implementación de un mecanismo tendiente a detectar y erradicar la tortura en instituciones policiales y penales.

Uno de los casos que se denuncia es el del Instituto para la Recuperación del Adolescente (Irar) que tiene sede en Rosario, donde de acuerdo a este trabajo, se detectaron malos tratos y “casos atroces”.

Ahí constan denuncias que señalan que en el Irar, los internos suelen ser esposados con sus manos en la espalda, boca abajo, al tiempo que se les coloca peso encima y guardias caminan sobre sus cuerpos y los golpeaban sin dejar marcas sólo detectables por medio de estudios complejos.

El informe también da cuenta del caso de María de los Ángeles Paris, quien murió en circunstancias nunca aclaradas dentro de la comisaría 10 y el de Franco Casco quien, en 2014, fue detenido ilegalmente dentro de la comisaría 7, tras lo que su cadáver apareció flotando en aguas del río Paraná.

Vale citar que el protocolo que se reclama ya fue puesto en vigencia en Chaco, Río Negro, Mendoza, Salta, Corrientes y Misiones, pero en Santa Fe fue presentado en la Cámara de Diputados un proyecto tendiente a la creación de este mecanismo, en cinco oportunidades y sin que pudiera prosperar.

Zona caliente

“Los pibes de ese centro confirman que, verdaderamente, ahí se tortura”, señaló el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galloti y recordó que “para hablar de la zona sudoeste de Rosario, tenemos que hablar de la connivencia que existe entre el sector político, judicial y la policía con diferentes tipos de delito, fundamentalmente, aquellos vinculados al tráfico de drogas”.

Y fue claro cuando recalcó que “hay cerca de 1500 bunkers de venta de droga en Rosario y la justicia provincial solamente actúa sobre delitos comunes, en caso de los delitos de drogas, es la justicia federal la que interviene, pero parece que trabajan de forma absolutamente independiente y nadie puede actuar de oficio conociendo el volumen del negocio de la droga en la ciudad de Rosario”.

Tras lo que, en esta dirección, recordó que “en estos días se está juzgando a la famosa Banda de los Monos, la organización más grande de narcotraficantes y de sicarios que hay en Rosario y que más de la mitad de sus integrantes son ex policías y policías en actividad”, por lo que “la connivencia no pasa sólo por hacer la vista gorda, sino que son actores principales del negocio de la droga, junto a sectores del Poder Judicial y de la política”.

Todo esto, reflexionó Galloti, “lleva a entender que no existe un Poder Judicial ni político ni fuerza de seguridad que tenga como objetivo central combatir todo tipo de delitos y, por supuesto, menos querer desterrar las practicas de las torturas de cualquier tipo de delincuente”.

Y denunció que el gobernador, Miguel Lifschitz, “tiene un fuerte compromiso con la mirada de la alianza Cambiemos, sobre todo, después de haber firmado el acuerdo el Pacto Fiscal que significa un achicamiento en todas las áreas públicas que, por supuesto, afecta a los sectores más castigados por las políticas de concentración de la riqueza”.

Algo que, destacó, “tiene como consecuencia el crecimiento de bolsones de pobreza y exclusión en Rosario, donde a veces el delito es la salida desesperada, todo al tiempo que se estigmatiza al pobre y al desocupado igualándolo a un delincuente”.

Esto, puntualizó, “trae aparejada una mirada fascista de la sociedad, apoyada desde los medios de comunicación, que insiste con que es preciso bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes desde un enfoque que plantea que por el lugar donde se nace se es delincuente”.

Todo esto, aseveró el dirigente del PC de Rosario, “son datos a tener en cuenta para comprender qué pasa en el Irar donde hay pibes con causas penales y de los barrios más pobres a los que, difícilmente, alguien quiera defender”.

La pampa y Río Negro07.12.2017

La clave es la movilización

El titular del partido Comunista de Bariloche, Rubén Terrile confía en que la lucha, en unidad y acción, frene las reformas regresivas que intenta imponer el gobierno.

“Debe crecer la idea de estar movilizados para reclamar a los diputados de la provincia que voten en contra de estos proyectos de ley”, señaló el secretario del Partido Comunista de Bariloche, Rubén Terrile, quien aclaró que esta decisión “debe tomarse en un contexto de amplia unidad en la acción, tal como lo propone la CTA de los Trabajadores”.

Pero no sólo desde Río Negro se escuchan voces en tal sentido. En La Pampa, el dirigente del PC, Sergio Ibaceta, recalcó que es preciso que la movilización cuestione a la posición de los senadores que votaron a favor de la reforma previsional y que “haga reflexionar a los diputados que tendrán que manifestarse al respecto”.

Asimismo, Ibaceta hizo hincapié en que, en algunos casos “hubo traición”, pero también funcionó la presión que ejerció el Ejecutivo nacional hacia los gobernadores. “Aquí, en La Pampa, el gobernador Verna se había mostrado como opositor al gobierno, pero después del Pacto Fiscal, él mismo denunció que sufrió extorsión por parte del gobierno central y que por eso firmó, por una cuestión de gobernabilidad, pero bajo extorsión”.

Y fue contundente cuando destacó que “ellos aprueban estas leyes y como dijo Pichetto, lo hacen ‘incómodos’, pero los que deberían sentirse incómodos son los jubilados y trabajadores que son los principales perjudicados”.

Tras lo que puntualizó: “ahora habrá que ver qué compromisos son los asumidos por los gobernadores en función de una gobernabilidad momentánea, porque cuando el Estado nacional comience a manifestar sus crisis, los va a arrastrar, por más que hayan firmado Pacto Fiscal”.

Y, destacó, “ahí la historia los va a mostrar como lo que han sido, los cómplices de la pérdida de derechos, en concreto, a personas de carne y hueso”.

Postura del Partido Comunista07.12.2017

Se desató una cacería política

“Sin precedentes en democracia”, así califica a la andanada de detenciones de ex funcionarios gubernamentales llevadas a cabo a instancias del juez Claudio Bonadío. Una de ellas incluye a la ex presidenta Cristina Fernández. “Estamos ante una situaciónasqueante”, dijoEduardo Barcesat.

“La detención del ex funcionario Carlos Zanini y del dirigente Luis D’Elía, llevadas a cabo en la madrugada de hoy, y el pedido de desafuero de la recientemente electa senadora Cristina Fernández de Kirchner es un paso más del plan de ajuste, entrega y represión del gobierno de Mauricio Macri, que ha desatado una cacería política sin precedentes desde la recuperación de la democracia”.

De esta manera define, por medio de una declaración, el Secretariado del Partido Comunista, a la decisión del juez federal, Claudio Bonadío, quien pidió el desafuero y la prisión preventiva para la senadora Cristina Fernández, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la Amia que investiga el memorándum de entendimiento que Argentinasuscribió con Irán.

Vale recordar que ese documento, que nunca entró en vigencia, fue firmado por los entonces cancilleres de Irán y Argentina, Ali AkbarSalehi y Héctor Timerman, en 2013, en la capital de Etiopía, Addis Abeba. El documento pretendía un punto de acercamiento que permitiera que el Poder Judicial argentino indagara a ciudadanos iraníes imputados de haber participado en el atentado perpetrado en julio de 1994 contra la sede de la Amia en Buenos Aires.

Bonadío también pidió también la detención del ex canciller Héctor Timerman, aunque por su estado de salud que es delicado, solicitó la prisión domiciliaria.

Por su parte, durante la madrugada fueron detenidos el ex secretario General de la Presidencia, Carlos Zannini, el dirigente social, Luis D’Elía y el referente de parte de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil.

Por otra parte, el juzgado a cargo de Bonadiodictó el procesamiento sin prisión preventiva del ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y del diputado y dirigente Andrés Larroque.

Estas detenciones tienen lugar en el contexto de la decisión de Bonadiode avanzaren la denuncia que, en 2015, hiciera el fiscal Alberto Nisman, quien acusó la firma del memorándum como “traición a la patria”.

Cabe citar que este memorándum nunca se aplicó porque, pese a que fuera aprobado por el Congreso de Argentina, donde ni siquiera aquellos que votaron en contra señalaron que fuera ilegal, no hizo lo propio el Parlamento iraní.

Memorándum

La imputación de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, a quien acaban de poner al borde del juicio político, porque básicamente este magistrado dijo que no podía investigar algo que nunca sucedió, ya que el memorándum nunca se puso en marcha.

Pero la denuncia de Nisman, que en 2015 fue un ariete que el tándem de poder real utilizó para consolidar masa de maniobra y azuzar al gobierno que encabezaba Cristina Fernández, ahora se convirtió en una herramienta que ese mismo tándem, ya en La Rosada, está dispuesto a seguir utilizando.

“Aescasas horas de cumplir dos años de gestión, el macrismo concentra en sus manos la suma del poder político, económico, mediático y judicial, con medidas de amedrentamiento, amenazas, una lista de presos políticos”,recalca el Secretariado del PC.

Y al concatenar estos episodios con las detenciones ordenadas por Bonadío, recuerda que esta estrategia de amedrentamiento “comienza con la detención de Milagro Sala y sus compañeros, con muertos y presos en ocasión de acciones represivas, persecución a medios de comunicación opositores y despido de periodistas”, al tiempo que “se consuma con este atropello a la oposición para despejar el camino que le permita aplicar sin voces críticas las recetas del Fondo Monetario Internacional”.

Por lo que, finaliza, “hoy más que nunca es imprescindible la unidad de acción del movimiento popular, para resistir la andanada de medidas de desmantelamiento y enajenación del Estado”.

Por su parte, el constitucionalista Eduardo Barcesat, advirtió que con este tipo de medidas “asistimos a un derrumbe del Estado de Derecho y de la institucionalidad, que es necesario informar”, tras lo que recalcó que “estamos ante una situaciónasqueante” y recordó que “el Congreso aprobó el memorando con Irán”, por lo que definió al caso como “una causa ficcional”.

Y, sin dudarlo, hizo hincapié en que “estamos ante una persecución política, donde el Poder Judicial se convierte en una dependencia jurisdiccional del Poder Ejecutivo” para concluir que “cuando estamos ante un estrago doloso de los tripulantes del ARA San Juan, esta decisión de Bonadio cae como anillo al dedo”.

Salta y San Luis07.12.2017

Resistencia al Paquetazo

“Debemos ser miles de personas en la puerta del Congreso, gritándoles en la cara a los diputados que el pueblo no votó esto”, dijo Juan Larrea, ex legislador puntano.

La llave con la que el Ejecutivo confía abrir en el Congreso la puerta que le permita convertir en realidad el Paquetazo, es el pacto que celebró semanas atrás, en La Rosada, con casi todos los gobernadores del país.

Pero hubo una excepción. El puntano,Alberto Rodríguez Saá, se diferenció. “San Luis no firmó ni firmará” el Consenso Fiscal en el que estamparon sus firmas 23mandatarios provinciales, recalcó y añadió que su decisión se basa en que, hacerlo, “implica un fuerte ajuste de la inversión pública y la reducción de impuestos provinciales”.

Al dar a conocer su postura, Rodríguez Saá recalcó que no podía resignar, a cambio de bonos, la deuda de la Nación posee con su provincia, porque esto ocasionaría un enorme perjuicio.

“San Luis es particularmente distinta a la del resto de las provincias”, señaló al respecto el titular del Partido Comunista puntano, Juan Larrea, quien explicó que “este es uno de los fundamentos más importantes por los que hemos integrado el Frente de Unidad Justicialista que triunfó en las elecciones de octubre, recuperando una situación electoral de las primariasdonde estábamos veinte puntos abajo”.

Asimismo, Larrea aclaró que lossenadores y diputados nacionales de este espacio “estarán al servicio de la causa de impedir que esta nefasta reformulación de la política social de Argentinapueda avanzar alegremente”.

Y puntualizó que el Paquetazo, como el Impuestazo crónico que impone el gobierno, plantea “que el trabajador le está robando al capital, este es elsentido común que quieren instalar”.

Tras lo que denunció que, si prospera la reforma previsional, “los jubilados actuales perderemos alrededor de siete puntos porque se estableceuna fórmula mentirosa”, tras lo que destacó que “esto pega fuerte en el bolsillo de cualquiera de los millones de jubilados que ganan la mínima, es decir, alrededor de siete mil pesos.

Por lo que sin dudarlo aseveró que “la situación actual esterrible”, ya que “los que se jubilen a partir de esta reforma perderán, de movida, el veinte por ciento de lo que debían percibir”.

La pregunta es entonces qué hacer ante esto. Para Larrea la clave está en la movilización popular que, aclaró, “debería propiciar un gran debate y que la Cámara de Diputados, pero para esto debería haber miles de personas en la puerta del Congreso, gritándoles en la cara a los diputados que el pueblo no votó esto”.

Voces

También desde Salta llegan voces que se alzan contra el paquetazo. Germán Lozano, integrante del PC y referente de la lucha por los derechos humanos en esta provincia, advierte es precisa la movilización para salir al cruce de este intento gubernamental.

“Los organismos de Derechos Humanos hemos convocado aquí a cada uno de los legisladorespara pedirle que paren esta reforma que es un robo contra los jubilados”, pero aclaró que “para dale fuerza a este reclamo planteamos la necesidad de la organización y de la movilización porque es preciso parar todos los ajustes que se vienen”.

Y, en idéntica dirección, denunció que “este gobierno va contra todo el pueblo argentino y, especialmente, contra los trabajadores y por esto comienzan por los jubilados”, tras lo que reflexionó que “es muy fácil decir que todos tenemos que poner algo, pero los jubilados ponemos toda la vida de trabajo para tener la jubilación que es un derecho conquistado”.

Tras lo que cargó contra el gobernador de su provincia,Juan Manuel Urtubey, “como los demás que firmaron el pacto con Macri no lo hizo por ignorante sino por pícaro que se aprovecha del cargo, noolvidemos que nuestro gobernador es de los primeros que salió a aplaudir a Macri de quien es socio en la propiedad de tierras del Chacho salteño”.

 

Misiones contra el Paquetazo06.12.2017

Movilizados y alerta

El espacio que integra el Partido Comunista marchaba hoy para exigir que los legisladores de esta provincia no avalen los proyectos gubernamentales.

Conforme avanza el proyecto por el que el Ejecutivo pretende avanzar en una reforma previsional regresiva, comienzan a articularse voces de resistencia en diferentes puntos del país.

“Desde el frente que conformamos el Partido Comunista, el Partido Agrario y Social¸ junto a la Ctep y diferentes organizaciones sociales, sindicales, hace dos semanas nos expedimos sobre esto, enviando una nota a los diputados por la provincia de Misiones en la que pedimos que por favor voten en contra de todas las políticas de ajuste que está queriendo imponer el gobierno nacional”, dijo la integrante del PC y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de esta provincia, Valeria Silvestri.

Asimismo, la referente comunista que en las elecciones de medio término fuera candidata a legisladora, recordó que el espacio que integra el PC está movilizado.

“Hace pocos días hicimos una marcha hacia la sede del Ministerio de Desarrollo y hoy 6 de diciembre tenemos una gran movilización de todas las centrales de trabajadores, organizaciones sociales y culturales hacia la Plaza 9 de Julio, en Posadas”.

Ahí, al cierre de esta edición, los manifestantes exigían que los representantes de Misiones en el Congreso Nacional no voten los proyectos que incluye el paquetazo de La Rosada.

“Queremos evitar que voten todas las reformas neoliberales que está queriendo imponer este gobierno que golpea fuertemente a los sectores más vulnerables de la sociedad, como la tercera edad y quienes reciben la Asignación Universal por Hijo”, destacó Valeria Silvestri.

La referente del PC misionero fue clara a la hora de señalar que “esta reforma no viene sólo por los jubilados”, ya que “también atentar contra los sectores más pobres, las mujeres, los niños, los ancianos y los trabajadores precarizados”.

Por lo que recalcó “instamos a los legisladores nacionales de la provincia de Misiones a que protejan a nuestra provincia y, fundamentalmente, a las personas de la tercera edad que son los que sufrirán esta reforma con la movilidad jubilatoria que significa un retroceso muy grande en las políticas de jubilación”.

Marcha contra el desguace06.12.2017

Cuando tenga la tierra

La Subsecretaría de Tierras está en peligro. Zona de riesgo para muchos puestos laborales y para una política facilitadora del acceso universal a un hábitat adecuado.

“Vamos a la Subsecretaría de Tierras para rechazar este desguace que está planteando la gobernadora”, dijo Mario Micheli al convocar a la movilización que la CTA Cañuelas-Lobos llevará a cabo, el jueves, junto a la Mesa de Hábitat, hacia la sede de esa dependencia provincial, en La Plata.

Ahí, los trabajadores resisten el intento del gobierno de María Eugenia Vidal de disolver esta dependencia, con lo que sus puestos laborales están en zona de riesgo.

La iniciativa que nació a partir de la modificación de la Ley de Ministerios, implica el traslado de la Subsecretaría a la órbita del Ministerio de Desarrollo.

Pero esto no es todo. Al dinamitarla, también queda en el limbo la tarea que desarrolla una dependencia dedicada a facilitar el acceso universal a un hábitat adecuado para personas que están situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica.

Este recorte que acompaña al proyecto que el Ejecutivo enviará a la Legislatura, se prevé que alcance a personal capacitado técnica y profesionalmente, así como en lo inherente a recursos económicos que no queda claro en qué se van a emplear.

Vale recordar que esta Subsecretaría es la autoridad de aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que fue aprobada a finales de 2012 y que sirve de marco general de gestión de la política provincial de tierra, vivienda y urbanismo.

La norma es un potente instrumento facilitador del acceso universal a un hábitat adecuado, para lo que creó un programa participativo de integración socio-urbana de villas y asentamientos, otro de loteos sociales planificados y uno de microcréditos para viviendas. Así, el camino que se quiere adoptar con esta reforma deja, insólitamente, sin autoridad de gestión a la ley y no hace otra cosa que imposibilitar la ejecución de todos estos programas.

En pocas manos

“La CTA está al tanto de los reclamos que provoca este desguace de tierras que va pegado a toda la política de ajuste de Macri y, en particular, de Vidal”, apuntó Micheli y añadió que, además, “esto convierte a la Secretaría en una Dirección que va a pasar a formar parte de Desarrollo Social, lo que supone una gran pérdida de puestos de trabajo”.

Pero a esto, recalcó el titular de la CTA de Cañuelas-Lobos “el tema de fondo es que se desarma la propia Ley de Hábitat de la Provincia con las terribles consecuencias que esto trae aparejado”.

Y fue contundente a la hora de resaltar que “el tema de la distribución de la tierra en la provincia es fundamental y con el cierre de esta Secretaría lo que se fomenta es que la tierra quede cada vez en menos manos y no se la ponga al servicio de la economía y la vivienda popular”.

 

 

Otra del Feudo Morales04.12.2017

Despidos y tensión en La Esperanza

Los trabajadores tomaron el ingenio y mañana se movilizarán en San Pedro contra el despidos de 370 operarios. “Esto provoca incertidumbre que la familia azucarera no está dispuesta a tolerar”, dijo Leonardo Rosales.

En Jujuy, trabajadores ocuparon el Ingenio La Esperanza para frenar 370 despidos que se perpetrarían cuando se concrete el traspaso de esta planta a la empresa de Omega Energy, cuya concreción fue revelada el viernes por el gobernador, Gerardo Morales.

El mandatario provincial hizo el anuncio junto al representante del grupo inversor colombiano Omega Energy International S.A, Omar Leal, con quien suscribió un acuerdo de adquisición del Ingenio La Esperanza por cien millones de dólares.

La firma sólo precipitó el conflicto. El acuerdo señala que en un plazo que antes de treinta días, el Poder Judicial debe avalar la oferta presentada por Omega, lo que le daría luz verde a la confección de los documentos que habilitarían al grupo colombiano a emprender la interzafra.

Esto anticiparía el proceso de la transferencia del fondo de comercio y el paquete accionario definitivo, algo que si prospera, va a crear una nueva empresa con seiscientos operarios.

Y aquí está el problema: la flamante empresa que se establecería alrededor de marzo de 2018, dejaría en la calle a alrededor de 370 trabajadores, a partir de un plan de reestructuración que contempla despidos y que algunos operarios acepten dejar la planta para acogerse a trabajar en planes productivos.

También se adelantó que la firma colombiana va a reducir alrededor de setenta puestos de trabajo, por medio de la aplicación de un plan compulsivo de jubilaciones.

Luces de alarma

Todo esto encendió luces de alarma en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza, que acompaña a los trabajadores en la ocupación pacífica de la planta.

A su reclamo también se sumó el Partido Comunista de Jujuy, que por medio de su secretario, Leonardo Rosales, recalcó que el PC va a estar presente, mañana martes, en la marcha que tendrá lugar en la ciudad de San Pedro -donde está el ingenio- con la que los trabajadores pretenden visibilizar la situación que viven.

Ahí también se van a dar cita vecinos de San Pedro, ya que los despidos en el ingenio afectan a la economía de esta localidad de alrededor de 60 mil habitantes.

“Esto tiene un gran impacto en San Pedro, ya que casi la totalidad de los trabajadores son de esta ciudad y sus alrededores”, recordó Rosales y añadió que en la zona el ingenio es casi la única fuente de trabajo, tras lo que fustigó al gobierno que encabeza Morales, porque “pretende que los operarios acepten ser despedidos con la promesa de incorporarlos a alguna área del Estado”.

Esto, aclaró, “genera toda una incertidumbre que la familia azucarera no está dispuesta a tolerar”, más aún “teniendo en cuenta que ya hay antecedentes de que el gobierno provincial nunca llevó a cabo las promesas como en los casos de los trabajadores de la mina La Aguilar y Las Pirquitas”.

El Lobby sojero y una ordenanza04.12.2017

“Concejales paquete” en Rosario

EL deliberativo comunal había sancionado una ordenanza para prohibir la utilización de glifosato, pero mágicamente apareció otra por la que se autoriza el uso de este peligroso herbicida.

La bancada del PRO se salió con la suya y consiguió imponer, en el Concejo Deliberante de Rosario, el lobby sojero que hizo dar marcha atrás a una ordenanza por la que se prohibía el uso del agrotóxico glifosato.

Lo hizo por medio de un proyecto de modificación presentado por el concejal, Carlos Cardozo, que habilita la aplicación de productos incluso más tóxicos que el glifosato.

La iniciativa que, mañana martes, debería considerar la Comisión de Ecología, puso en estado de alerta a organizaciones ecologistas que denunciaron que es lamentable que los concejales den marcha atrás en su decisión inicial de proteger la salud y el ambiente de la población rosarina, “cediendo a las presiones del lobby sojero”.

La modificación elimina la prohibición del herbicida glifosato, para habilitar la aplicación de productos más tóxicos, por medio de un protocolo que todavía no se redactó, algo que “viola principios de no regresión de las normas y el ordenamiento público ambiental”, según denuncias las organizaciones Taller Ecologista, Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná No se Toca, Cátedra de Salud Socioambiental, Instituto de Salud Socioambiental, STS, Propuesta Sur, Rosario es un Pueblo Fumigado, Movimiento Universitario por la Agroecología y Multisectorial Paren de Fumigarnos.

Por lo que estas organizaciones, instaron al poder político a que anule el proyecto de modificación y deje firme la ordenanza que, oportunamente, fuera aprobada por unanimidad, al tiempo que convocaron a la sociedad a manifestarse “en favor de la vida, por la salud y el ambiente”.

Pedido

A la hora de referirse a lo que pasó, el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Gallioti, no dudó en calificar que quienes dieron vuelta su voto son “concejales paquete” y recordó que, una semana antes, todos los bloques habían apoyado la prohibición del uso del glifosato.

También aclaró que, si bien en la mayor parte de la ciudad de Rosario no hay plantaciones, se vende glifosato que se aplica en quintas ubicadas en la periferia.

Asimismo, Galiotti señaló que la utilización de este herbicida también puede afectar las napas de donde sale el agua que se bebe en algunas zonas de la periferia de Rosario. “El problema de las napas es que están absolutamente contaminadas y lo mismo pasa en los pueblos donde no tienen el permiso de agua corriente del Río Paraná o de los afluentes, sino que trabajan directamente con las napas subterráneas”, puntualizó.

Y apuntó: “Rosario se transformó en el más importante puerto del mundo en el movimiento sojero, lo que da un indicador del poder económico que tienen los sojeros a quienes, además, el presidente Macri les redujo notablemente las retenciones”, por lo que “están obteniendo muchísimas ganancias”.

Tras lo que le apuntó al gobierno municipal y al provincial, ambos del Partido Socialista, “que tienen una orientación a mantener la tasa de rentabilidad y de ganancia de las grandes empresas que se radican en la zona de Rosario”.

Y añadió: “aquí falta un actor que no se expresó y que, en todo caso, se pretende preservar, que es la intendenta municipal, Mónica Fein, que podría vetar una ordenanza vergonzosa como esta”.

Pero, recordó, “Mónica Fein fue anteriormente secretaria de Salud municipal, es médica y debería saber que es nocivo el glifosato y, por lo tanto, en caso de prosperar esta ordenanza, debería vetarla porque atenta contra la salud de todos los ciudadanos”.

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Aunque hubo represión01.12.2017

Córdoba se movilizó por Nahuel

Seis detenidos tras la marcha convocada por diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos para exigir justicia por el asesinato del joven mapuche.

“Varios de nuestros jóvenes fueron golpeados a tal punto que debieron ser internados en distintos hospitales”, dijo Solana López, secretaria del Partido Comunista de Córdoba, al referirse a la brutal represión perpetrada por personal policial contra quienes se manifestaban en la capital provincial para exigir justicia por el fusilamiento de Rafael Nahuel.

Seis personas terminaron detenidas acusadas de “resistencia a la autoridad, amenazas y daños”, en una jornada atravesada por la importante movilización, pero también por la ferocidad de los uniformados.

“Durante varias horas esas personas permanecieron desaparecidas”, explicó la secretaria del PC provincial y advirtió que la policía tardó mucho en reconocer que había detenidos y, más aún, en reconocer dónde estaban alojados.

Finalmente, tras una larga y angustiante búsqueda, lo detenidos fueron encontrados y fueron liberados a las cuatro de la madrugada. “Ahora continuamos con la lucha para que les retiren las acusaciones que pesan en su contra”, recalcó Solana López, tras lo que hizo hincapié en que, “a diferencia de lo que intentaron instalar varios medios no hubo enfrentamiento, sino que las detenciones se llevaron a cabo en el contexto de una clara represión y persecución contra los jóvenes que se manifestaron”.

Y adelantó que diferentes organizaciones y partidos políticos agrupados en la Mesa de Derechos Humanos de la provincia, evalúan cómo articular la construcción de un plan de lucha “para salir al cruce de la represión policial que se vive a nivel nacional y provincial” y alertó que “la policía y el gobierno provincial vienen desarrollando, junto al gobierno nacional, actos represivos y de persecución”.