El diputado por el Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, presentó un proyecto que –si prospera- llevará a los chilenos a un plebiscito en el que expresen si quieren cambiar de Carta Magna.
El debate sobre la reforma constitucional debe “tomar la demanda y la urgencia del movimiento social”, recalcó el diputado por el Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, por lo que propuso que se lleve a cabo un plebiscito en tal sentido, antes de que termine este año.
La indicación de Gutiérrez fue avalada por sus pares René Saffirio y Loreto Carvajal, y propone que sea el 15 de diciembre la fecha del plebiscito que defina el cambio de Constitución, pero también qué mecanismo se va a seguir para hacerlo.
“Planteo la realización de la fecha 15 de diciembre del año en curso, un plebiscito en que se le pregunte al pueblo de Chile si está o no de acuerdo con una nueva Constitución y que señale el mecanismos que optaría para que esta nueva Constitución se hiciese”, recalcó Gutiérrez y añadió que para ello podría seguirse el camino de una asamblea constituyente, o el Congreso Pleno.
Y, tras aclarar que para el plebiscito el voto deberá ser obligatorio, fue contundente cuando remarcó que se trata de “una propuesta relevante”, porque “todos tenemos que estar a la altura de las exigencias del pueblo de Chile”.
Si prospera este proyecto, los chilenos habilitados para votar, deberán responder por la positiva o negativa a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una nueva Constitución Política de la República?”.
Quienes lo hagan por la positiva, tendrán que optar por que el mecanismo sea “asamblea constituyente” o “Congreso Pleno”.
Movilización
Mientras tanto, Chile sigue siendo escenario de multitudinarias movilizaciones en las que se expresa el rechazo al gobierno.
En este contexto, esta semana, el Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció que cuatro personas detenidas fueron crucificadas en una antena de la comisaría 23 de Carabineros, en la comuna de Peñalolén.
Por más espeluznante que sea este episodio, no es disonante con lo que desde hace más de dos semanas atraviesa Chile, donde el resumen provisorio señala que –al cierre de esta edición- se perpetraron más de 3500 detenciones, hay una cifra superior a los 1100 heridos hospitalizados, medio centenar de pibes fueron maltratados por fuerzas represivas y hay un número similar de violaciones y hechos de violencia sexual, además de casi ochenta casos de torturas.
Este es el telón de fondo en que asumió el nuevo gabinete en el que se ven caras más amables, pero que de ninguna manera se aparta de la mirada de clase que tiene el gobierno que encabeza.
Al juramentar a sus ministros, Sebastián Piñera, habló de luchar “contra la desigualdad y los privilegios” y por Twiter celebró el “clima festivo” de la movilización que ese mismo día intentaba llegar hasta el Palacio de La Moneda.
Esa jornada, como cada día, la represión fue brutal. Pero pese a las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que perpetran las fuerzas militares y policiales, la ONU aplazó la llegada de la misión que designó para investigar ese tipo de delitos.
Por su parte, la OEA valoró positivamente “la apertura del gobierno de invitar a las Organizaciones internacionales de derechos humanos a visitar Chile y evaluar la situación”, pero evita pronunciarse claramente contra la represión que perpetran las fuerzas comandadas por Piñera.
Tampoco habla sobre los motivos que siguen llevando a millones de personas a manifestar en las calles chilenas. Lejos de eso, elige abonar la versión rocambolesca que señala que existe un complot internacional, encabezado por Cuba y Venezuela, tendiente a la “desestabilización” del modelo chileno.