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La LADH advirtió que no se debe naturalizar que los presos políticos sean espiados por el Estado. Lo hizo después de que se difundiera una conversación entre Roberto Baratta y su hija de siete años, tomadas ilegalmente.

La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) fustigó la difusión de una conversación telefónica privada entre Roberto Baratta y su hija de siete años, que se hizo el 30 de julio en ADN, programa televisivo que se emite por C5N.

Al respecto, la Ladh instó a evitar que se naturalice “la ilegalidad y perversidad de que las y los presos sean espiados sistemáticamente por una alianza que involucra desde la Corte Suprema hasta el Servicio Penitenciario Federal, pasando por las jueces responsables de las condiciones de encierro”.

Al respecto, señala que aunque la intención de ADN pudo ser “visibilizar que ‘la cloaca’ que los servicios sigue haciendo circular el producto de sus espionajes, supervisada por algunos mal llamados jueces federales como Claudio Bonadío”, no es legítimo ni ético violar las leyes para denunciar una violación más grande.

Y asimismo, recalca, en este caso se violó la ley de protección integral de niños y adolescentes sancionada en 2006, además de “toda la doctrina fundacional de nuestro sistema jurídico normativo en cuanto a la privacidad de las conversaciones y la correspondencia”.

También reitera sus denuncias “sobre el uso casi descarado del espionaje a los presos políticos, la violación del secreto profesional en sus conversaciones con sus representantes legales, sus amigos, compañeros de lucha y familiares”.

Y recalca: “a los cultores del orden liberal les decimos que eso es lisa y llanamente un gesto autoritario digno de regímenes no democráticos”.

Tras lo que señala que el caso que investiga el juez Alejo Ramos Padilla, que involucra a Carlos Stornelli y  Marcelo D’Alessio “revela, sin lugar a dudas, la trama de relaciones entre las agencias estatales de espionaje, el Poder Judicial, el Poder Mediático y el Gobierno”.

Y, destaca, “ahora se revela que el Servicio Penitenciario Federal es parte de esta red de instituciones estatales dedicadas a la estigmatización, persecución, judicialización y castigo de sus opositores políticos”.

La Ladh también advierte que “como organizadores de las visitas a los penales de Ezeiza (varones y mujeres) y Marcos Paz, nos sentimos objeto de estas escuchas y reclamamos el respeto de nuestra lucha por la vigencia de las garantías constitucionales y el derecho”.