Una dura solicitud de informe hecha al gobierno nacional por parte de la ONU expone, a pocos días de concluir su gobierno, cómo el macrismo utilizó a la justicia para perseguir opositores. El pedido es producto de gestiones realizadas, entre otros, por la Liga.
Las Naciones Unidas, a través de su Relator para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, realizó un contundente pedido de informe al gobierno de Mauricio Macri por la manipulación del Poder Judicial para perseguir opositores y desplazar a jueces, fiscales y defensores que representaban una amenaza para la implementación del programa político y económico de la derecha en el país.
El pedido de informe es fruto de una presentación realizada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), junto a Abogados por la Justicia Social (Ajus) e Iniciativa Justicia, en la que se denunciaba un “plan sistemático y estructural de disciplinamiento y amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina”.
En la presentación se exponían una serie de hechos que ilustran cómo la justicia federal (presionada por el gobierno) vulneró la estabilidad de algunos funcionarios judiciales, casualmente los que presentaron objeciones a algunas de las medidas más salvajes del gobierno. Además, los denunciantes lograron demostrar como este accionar fue articulado con acciones mediáticas de desprestigio, utilización del sistema de control judicial para disciplinar a aquellos magistrados que se animaran a dictar sentencias adversas a los intereses del poder político y de los grupos económicos, y la cobertura de cargos por mecanismos contrarios a los establecidos por la ley.
Sobre el informe de Sayán, Pedro Dinani -abogado de la Liga- afirmó que “Argentina bajo el gobierno de Macri ha concitado la atención mundial, pero no por buenas actividades sino por violaciones a los derechos constitucionales y humanos”. Por ello, remarcó que ahora “el Estado nacional está obligado a responder en un plazo máximo de sesenta días. Si no lo hace, el Estado argentino puede ser sancionado”. Dinani remarco que por los plazos, si no responde Macri, podrá hacerlo el nuevo gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos.
El abogado comunista analizó que “están ampliamente comprobadas y documentadas las violaciones por parte del gobierno de Cambiemos a la independencia de poderes y, por ende, a los derechos constitucionales de los ciudadanos”. E hizo especial énfasis en que “las violaciones a los derechos constitucionales derivan en violaciones a los derechos humanos, porque cuando uno viola una norma constitucional compromete esos derechos inalienables”.
En efecto, se trata de “un duro informe contra el Estado argentino y el gobierno de Cambiemos” ya que “revela como esta fuerza política utilizó la justicia para atentar contra los derechos constitucionales de las personas”.
Más allá de las cuestiones judiciales, Dinani valoró que la denuncia y el posterior pedido informe “expone ante la ciudadanía los manejos del gobierno para perseguir opositores políticos o para remover a aquellos jueces que podían ser un obstáculo para la ejecución del programa político de la derecha”.
Por eso, aseveró que “vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto no quede en la nada porque se trata de violaciones a los derechos fundamentales”. En ese sentido, remarcó que “una de las tareas de la Liga es estar muy atentos sobre quienes tienen el poder de decidir sobre la libertad de las personas. En ese caso, si el Poder Judicial y Ejecutivo en vez de proteger a los ciudadanos, los persigue y viola sus derechos, la Liga tiene la obligación histórica de actuar con toda su fuerza y capacidad”.