El chalet donde funcionó un centro clandestino durante la última dictadura cívico-militar fue transferido a la Comisión Provincial por la Memoria por 99 años, según la ley provincial 14.895.
El Pozo de Quilmes fue transferido al Estado por 99 años tras la cesión del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a la Comisión Provincial por la Memoria del predio que fue un centro clandestino en la última dictadura cívico-militar.
La firma del acta contó también con la presencia de la intendenta Mayra Mendoza y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Así el chalet de la esquina de Garibaldi y Allison Bell, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como Pozo de Quilmes durante la última dictadura cívico-militar, fue desafectado y otorgado a la Comisión Provincial para su conservación y preservación, tal como lo indica la ley provincial 14.895.
“Después de mucho tiempo de espera, hemos recuperado este lugar que está cargado de una historia oscura. Se va a poder reconstruir esta historia para que se conozca, para que los y las jóvenes sepan lo que sucedió aquí y para que no se vuelva a retroceder. Donde hubo muerte y oscuridad, habrá luz y vida”, subrayó Mayra Mendoza, presente en el acto.
Vale recordar que entre 1975 y 1979, el Pozo de Quilmes fue un depósito de prisioneros y un lugar de tortura para obtener información. Entre las personas secuestradas hubo al menos siete mujeres embarazadas, estudiantes de La Noche de Los Lápices, como Emilce Moler, también jóvenes como Nilda Eloy, Walter Docters, Gustavo Calotti y Cristina Gioglio.
Una medida importante
Al respecto, Nora Huertas, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Quilmes, expresó: “el Pozo de Quilmes fue un centro de detención del circuito camps. Allí pasaron alrededor de doscientos cincuenta compañeras y hay testimonios de que pasó Hebe de Bonafini”.
En cuanto al espacio cedido, la también militante del PC quilmeño señaló: “militantes de Derechos Humanos prepararon una ley para presentar en la legislatura y la misma fue aprobada. A partir de allí el Pozo es posesión de un consejo de sitio integrado por La Municipalidad de Quilmes, la Provincia de Buenos Aires, El Colectivo de Derechos Humanos de Quilmes y la Comisión de la Memoria de la Provincia”.
Huertas recordó la desidia que llevó adelante Martiniano Molina en materia de DDHH durante su gestión de 2015 a 2019, al recordar que “cuando le preguntaban sobre la situación del Pozo, Molina respondía que los baches de la Ciudad eran una preocupación de la intendencia”.
De esta manera, la integrante de la Ladh destacó que se entregue el Pozo, al aseverar que “es importante tener este espacio para que los jóvenes participen del mismo. En materia de Derechos Humanos -que son aquellos que el Estado vulnera- aún tenemos mucho por hacer”.